lunes, 19 de febrero de 2018

El big bang de la salud y la receta uruguaya

Nuevas generaciones de medicamentos con precios elevadísimos golpean al sistema de salud. El paliativo que aplican en Uruguay. 

Resultado de imagen para salud y medicoPodría decirse que en la Argentina la industria de la salud vive su propio big bang y nadie se anima a predecir qué puede surgir de esa gran explosión. En el sector describen una realidad con ola de amparos judiciales, medicamentos y aparatología de costos superlativos y compañías con dueños que buscan venderlas pero no encuentran compradores porque dejaron de interesar a otros jugadores internacionales. Un dato: en 2017 el rojo de las prepagas trepó a 6.000 millones de pesos.

Una gran parte de la población debe afrontar cuotas cada vez más elevadas que aumentaron 28% en 2017 y este mes se ajustan otro 4%y, sin embargo, no son suficientes para esas empresas que afirman que la inflación médica es superior al costo de vida que mide el Indec. Aseguran, además, que el fenómeno de la judicialización les provoca heridas incurables. Los amparos, solicitando tratamientos especiales, aumentaron 30 % en lo que va de este año y la mitad se conceden en la Capital Federal. En la cámara sectorial citan el caso de la enfermedad atrofia muscular espinal con 301 pacientes registrados. El costo del primer año del tratamiento asciende a US$ 900.000.

Por cierto, Argentina no es una excepción para decisiones judiciales que privilegian con razón la vida de la persona. Pero en otros países, como el vecino Uruguay, existe la obligación de recurrir a un ente especializado. En Uruguay, con asistencia médica universal, desarrollaron una agencia de evaluación de la técnica médica con los profesionales más prestigiosos y la participación del Estado y los privados que define en cada caso la decisión a adoptar. En esa línea, también se inscribe el Nice del Reino Unido. “Una agencia de este tipo está contemplada en el proyecto de reforma laboral. Está pensada como de carácter de no vinculante. Igual será un aporte significativo para la mitigación de los efectos más negativos de la judicialización”, sostienen en la Cámara sectorial .

En el Gobierno están convencidos que se requiere un nuevo marco jurídico, como sucedió con la ley de ART ( Aseguradoras de Riesgo de Trabajo) que puso un límite a la industria del juicio. Por eso se inspiran en Uruguay donde este tipo de decisiones cuentan con el aval de un organismo independiente.

Pero ahí no terminan los problemas. Los precios de los medicamentos son el talón de Aquiles. Consumidores Libres relevó los precios de los que más se venden entre octubre de 2015 y junio de 2017. Esos 48 medicamentos subieron 132% promedio, 60% más que la inflación del período.

Sucede que los laboratorios marchan al compás de exigencias financieras que los impulsan a lanzar nuevos medicamentos al mercado y esas novedades engordan a su vez la cotización de sus acciones. Esos productos tienen los precios más altos y cuentan con una protección de la patente por 10 años . La inversión promedio de cada nuevo remedio es de 2.500 millones de dólares.

Esos costos tienen un impacto creciente sobre las finanzas de los sistemas de salud. Y a la falta de acceso para muchos se suma la irrupción de una nueva generación de medicamentos cuyo elevadísimo valor genera aún más inequidad.

A su vez, Argentina no escapa a lo que pasa en el mundo con un crecimiento inusitado de la discapacidad. La Organización Mundial de la Salud calcula que el 15% de la humanidad padece algún tipo de discapacidad. Se añaden lo que se han dado en llamar enfermedades catastróficas por su devastación.

Actualmente unas 15 millones de personas se atienden en obras sociales sindicales y de dirección. Las universidades y Fuerzas Armadas se ocupan de otras 7 millones. El Pami abarca 5,5 millones y 5,5 millones van a las prepagas. Decididamente, nos alcanza a todos. Es una cuestión de Estado.

Fuente: Clarín

viernes, 16 de febrero de 2018

El PAMI quiere comprar los remedios un 30% más baratos

Para la industria farmacéutica, las vacaciones este año duraron poco. Las cámaras que reúnen a los laboratorios nacionales y extranjeros ya comenzaron a negociar con el PAMI, la obra social de jubilados y pensionados, el convenio para la compra de medicamentos que debería empezar a regir en abril. Todo indica que la negociación no será fácil: el PAMI ya anticipó que piensa pagar este año un 11% menos que el año pasado, lo que en términos reales representaría un ajuste aún mayor, frente a la inflación prevista por los analistas privados para 2018 de más del 19%.

Resultado de imagen para medicamentos pami"Lo que está buscando el PAMI es comprar a precios más baratos. Esto puede ayudar también a que el afiliado que compra con descuento termine pagando menos", explicaron en la obra social que le da cobertura a unos 5 millones de jubilados y pensionados. "Pero de ninguna manera se está pensando en tocar las prestaciones ni los descuentos. Estamos hablando sólo de los precios de los medicamentos", aclararon.

El PAMI, responsable del 40% de los medicamentos que se venden en el país, planteó a la industria que preveía destinar este año $2400 millones mensuales a la compra de remedios, contra $2700 millones que pagó en 2017. Para reducir costos, anticipó, buscará precios de referencia específicamente para 23 productos oncológicos y de tratamientos especiales, y también para otros 50 ambulatorios. "La idea no es quitarlos del convenio -explicó a LA NACION un directivo de un laboratorio internacional, que pidió no ser identificado-, sino buscar precios de referencia tanto en el mercado interno como en el externo". 

En el PAMI están convencidos de que muchos medicamentos se venden en la Argentina a precios superiores a los que se consiguen en países desarrollados. Afirman que detectaron que en algunas drogas hay una dispersión de precios en el mercado local que puede llegar al 30% según la marca o el laboratorio que las produce. De ahí la idea de contar con valores de referencia. En una misma droga, PAMI cubriría los remedios de aquellas marcas que estén en torno a ese precio, pero no incluiría en algunos casos las más caras.

"Hay medicamentos que PAMI dice que compra más caros que en Noruega, y son medicamentos viejos, no de innovación", ejemplificó una fuente al tanto de las conversaciones.

Para los medicamentos complejos, de innovación, este año además PAMI piensa adoptar una estrategia nueva. No negociará con toda la industria en su conjunto, sino con cada cámara farmacéutica de forma individual. Las principales cámaras son: Cilfa (laboratorios de capital nacional), Caeme (internacionales) y Cooperala (los laboratorios más chicos). También planea avanzar con licitaciones para la compra de medicamentos junto con el Ministerio de Salud, IOMA -la obra social de la provincia de Buenos Aires- y la Superintendencia de Salud. El año pasado ya hizo la prueba con medicamentos para la hemofilia y la idea este año es comprar en bloque algunos medicamentos oncológicos. 

El miércoles pasado, según confirmó LA NACION, las cámaras farmacéuticas se reunieron para analizar la propuesta. Consultados al respecto, no obstante, ni en Cilfa ni en Caeme hicieron comentarios.

"Hay buena voluntad, hablaron de la importancia de tener una industria nacional fuerte, pero el tema de los precios sigue en veremos. Está verde todavía la negociación", resumió el responsable de un laboratorio nacional. "Las negociaciones aún están muy verdes -coincidió el directivo de otro laboratorio internacional-. No hay definiciones, excepto que el presupuesto del PAMI tiene que cerrar y alguien tendrá que achicarse", continuó la fuente, que recordó además que la obra social todavía tiene una deuda corriente con los laboratorios de al menos $1400 millones.

El año pasado, la industria farmacéutica amenazó en más de una ocasión con patear el tablero durante la negociación. No está claro qué sucederá ahora, dado que las conversaciones recién comenzaron. Pero todo indica que este año el responsable del PAMI, Sergio Cassinotti, piensa mostrarse más firme que nunca en su postura. Aquí también la orden de la Jefatura de Gabinete es mantener este año a raya su déficit presupuestario. En los últimos 9 meses de 2017, la obra social logró bajar del 15% al 2,4% el déficit de su presupuesto. La compra de medicamentos representa para el PAMI cerca del 30%.

Fuente: La Nación

jueves, 15 de febrero de 2018

Santa Fe: órgano de revisión y promoción de derechos de los usuarios de los servicios de salud mental

Resultado de imagen para salud mentalLey 13.733 - Provincia de Santa Fe

Sanción: 30 de Noviembre de 2017
Boletín Oficial: 19 de Enero de 2018

Texto de la norma:




LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE SANCIONA CON FUERZA DE LEY

CAPÍTULO 1- DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1 - Creación. Créase el Órgano de Revisión y Promoción de Derechos de los Usuarios de los Servicios de Salud Mental de la Provincia de Santa Fe, que funcionará en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe. Su sede tendrá domicilio en la ciudad Capital de la Provincia.

ARTÍCULO 2 - Objeto. Tiene por objeto garantizar la protección de los derechos humanos de los/as usuarios/as de los servicios de salud mental que se presten en todo el territorio de la Provincia de Santa Fe.

ARTÍCULO 3 - Ámbito de aplicación. Lo dispuesto en la presente Ley es de aplicación a todo tratamiento, proceso de atención y/o internación por motivos de salud mental que sea efectuada tanto en el ámbito público como privado de la Provincia de Santa Fe, como también fuera de su jurisdicción cuando la derivación asistencial haya sido efectuada por autoridades de las áreas ministeriales que tuvieran competencia para ello.

ARTÍCULO 4 - Remisión legal. A los fines de la aplicación de esta Ley se entenderá que las menciones realizadas por la Ley Nacional de Salud Mental N° 26657 en sus artículos 7, 17, 18, 21, 24, 25, 29 y 30 y concordantes, refieren al Órgano creado en la presente.

ARTÍCULO 5 - Fines. El Órgano de Revisión tiene por finalidad promover y resguardar los derechos humanos de los/as usuarios/as de los servicios de salud mental de acuerdo a los principios, directrices y disposiciones contenidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes adoptada por Nacionales Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto San José-, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por Naciones Unidas, y demás instrumentos internacionales vinculados a los derechos humanos, así como la Ley Nacional de Salud Mental N° 26657 y la Ley Provincial de Salud Mental N° 10772, respetando las normas y recomendaciones emitidas en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. En caso de duda o discrepancia de criterios siempre deberá aplicarse la opción menos restrictiva de la libertad de la persona internada.

ARTÍCULO 6 - Funciones. Son funciones del Órgano de Revisión y Promoción de Derechos de los Usuarios de los Servicios de Salud Mental:

1. Supervisar periódicamente, de oficio o por denuncia de particulares, las condiciones de internación, prácticas y tratamientos realizados por razones de salud mental.

2. En los supuestos de internación voluntaria prolongada e internación involuntaria, llevar a cabo periódicamente un control de la legalidad de la internación, debiendo evaluar que toda internación se encuentre debidamente justificada y no se prolongue más del tiempo necesario. En caso de verificar irregularidad/es, el Órgano de Revisión se encuentra facultado para realizar las denuncias pertinentes ante el/los organismo/s correspondiente/s.

3. Requerir cualquier información a la/s institución/es de internación que permita evaluar las condiciones en que se realizan los tratamientos y/o procesos de atención. Dichas solicitudes deben ser respondidas por la/s institución/es en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles.

4. Derivar a un equipo interdisciplinario la evaluación de las internaciones involuntarias que superen los noventa (90) días.

5. Controlar que las internaciones que se realizan fuera del ámbito de la Provincia de Santa Fe por derivaciones de áreas competentes del gobierno provincial, cumplan con los requisitos y condiciones legales.

6. En los casos de internación de personas menores de edad, velar por el cumplimiento de la normativa local, nacional e internacional de protección integral de derechos de los niños, niñas y adolescentes, particularmente su derecho a ser informado/a, a ser oído/a y a que su opinión sea tenida en cuenta, a contar con un abogado/a, al consentimiento informado y a la convivencia familiar.

7. Informar periódicamente a la autoridad provincial en materia de salud mental sobre las evaluaciones realizadas y datos relevantes y proponer las modificaciones pertinentes a las prácticas y normativas, debiendo realizar recomendaciones en relación con directrices de supervisión de prácticas institucionales.

8. Requerir y procurar la intervención judicial y/o administrativa ante situaciones irregulares, así como la de otros organismos de protección y/o del Ministerio Público.

9. Recibir y dar trámite a toda información relativa a posibles o efectivas irregularidades que pudieran implicar un trato indigno, cruel, inhumano y/o degradante a personas bajo tratamiento, o una limitación indebida de su autonomía.

10. Efectuar presentaciones ante las autoridades competentes para evaluar y, en su caso, sancionar, la conducta de los funcionarios públicos en situaciones en las que hubiera irregularidades.

11. Realizar toda la actividad administrativa o judicial que correspondiere a los fines de asegurar los derechos y garantías indicados por la normativa nacional e internacional.

ARTÍCULO 7 - Composición. El Órgano de Revisión estará compuesto por un Consejo Directivo, una Secretaría Ejecutiva y Equipos Interdisciplinarios. Sus integrantes deben ser personas con integridad ética, compromiso con los valores democráticos y trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos, con especial énfasis en el resguardo de los derechos de personas con padecimientos subjetivos.

CAPÍTULO II- CONDUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERNA

ARTÍCULO 8 - Consejo Directivo. Funciones. El Consejo Directivo tendrá a su cargo la conducción del Órgano de Revisión y definirá las políticas y lineamientos estratégicos de sus intervenciones en el marco de los objetivos asignados. Deberá dictar su reglamento interno de funcionamiento, fijando como mínimo una reunión por mes y sus decisiones deberán ser adoptadas por simple mayoría de votos. En caso de empate, el voto de la Defensoría del Pueblo, a través de su titular o de quien éste designe, se computará doble a los efectos de desempatar.

ARTÍCULO 9 - Integración. El Consejo Directivo se integrará de la siguiente manera:

1. Un (1) representante por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe.

2. Dos (2) representantes del Ministerio de Salud, pertenecientes a la Dirección Provincial de Salud Mental de esa jurisdicción.

3. Dos (2) representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, correspondientes a la Secretaría de Derechos Humanos.

4. Dos (2) representantes por los Colegios Profesionales con incumbencias en materia de salud mental.

5. Dos (2) representantes de los trabajadores/as que se desempeñen en el ámbito del Ministerio de Salud de la Provincia.

6. Cuatro (4) representantes de las Asociaciones de Usuarios/as de Salud Mental de la Provincia.

7. Dos (2) representantes de organizaciones de la sociedad civil abocadas a la salud mental y/o la defensa de los derechos humanos.

La designación y actuación de los integrantes del Consejo Directivo será, en todos los casos, ad honorem.

En su integración se tenderá a alcanzar, dentro de las posibilidades, una representación equilibrada entre géneros sobre la base de los principios de igualdad y no discriminación.

Los integrantes del Consejo Directivo durarán en sus cargos dos (2) años, pudiendo ser renovados.

ARTÍCULO 10 - Designación. Los integrantes del Consejo Directivo serán designados del siguiente modo:

1. Los representantes de la Defensoría del Pueblo y de los Ministerios de Salud y de Justicia y Derechos Humanos serán propuestos por sus respectivos organismos jurisdiccionales.

2. Para la designación de los representantes de las asociaciones de usuarios y familiares del sistema de salud y de las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, se abrirá un período de inscripción para que se registren todas aquellas entidades con interés en proponer candidatos. Las organizaciones que se inscriban deberán acreditar trayectoria y especificidad en la materia. El período de inscripción deberá tener como mínimo un plazo de veinte (20) días corridos y un máximo de cuarenta y cinco (45). La convocatoria se efectuará mediante publicación en el Boletín Oficial y en dos diarios de gran circulación en la Provincia y por todo otro medio que se estime conveniente. Vencido el plazo fijado, se publicarán los nombres de las organizaciones inscriptas. A los diez (10) días de publicado el listado se convocará a las organizaciones para que propongan representantes, estableciéndose el período para ello. Vencido este plazo se difundirá el listado de los candidatos propuestos, llamando a la ciudadanía a enviar adhesiones o impugnaciones a los mismos. Posteriormente se convocará a las organizaciones inscriptas a una reunión en la cual los delegados de las mismas -dos (2) por cada una- deberán elegir a los representantes de sus respectivos estamentos por mayoría simple de votos. En caso de empate, el representante se determinará por sorteo únicamente entre los candidatos que obtuvieron la mayoría de votos.

3. Para la selección de los representantes de los trabajadores se convocará a inscribirse a aquellos interesados que cuenten con formación, capacitación o trayectoria en materia de derechos humanos y salud mental. En cuanto a la convocatoria, plazos y modalidad de selección se estará al procedimiento establecido en el inciso 2) de este artículo, respecto de los representantes de las asociaciones de usuarios y familiares del sistema de salud y de las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos.

4. Para la selección de los representantes de los Colegios Profesionales con incumbencias en materia de salud mental, se convocará a los distintos Colegios para que propongan candidatos en un plazo que no podrá ser inferior a veinte (20) ni superior a cuarenta y cinco (45) días corridos. Cumplido con ello, se convocará a una reunión conjunta de los Colegios intervinientes a los fines de la elección de sus representantes.

ARTÍCULO 11 - Secretaría Ejecutiva. Funciones. La Secretaría Ejecutiva tendrá a su cargo ejecutar o hacer ejecutar las decisiones del Órgano, siendo enlace referencial entre las políticas que determine el Consejo Directivo y las acciones, programas y planes de los Equipos Interdisciplinarios. Anualmente deberá realizar un informe de lo actuado por los equipos y elevarlo al Consejo Directivo.

El Secretario/a Ejecutivo/a durará seis años en su función, siendo renovable por un sólo período.

La Secretaría Ejecutiva, tendrá a su cargo la integración, articulación, ejecución y evaluación de las acciones y tareas de los equipos interdisciplinarios.

ARTÍCULO 12 - Designación. La persona que ocupe la Secretaría Ejecutiva será seleccionada mediante concurso abierto y público de oposición y antecedentes, debiendo priorizarse en su perfil -especialmente- una acreditada formación y trayectoria interdisciplinaria en derechos humanos y salud mental. El concurso deberá garantizar transparencia, publicidad, excelencia y celeridad, conformándose el Jurado por representantes de los tres Poderes de la Provincia de Santa Fe, a razón de uno por cada uno, dos representantes del ámbito académico, debiendo ser uno de institución externa a la Provincia de Santa Fe, y dos representantes de organizaciones de reconocida trayectoria en las temáticas de alcance provincial o nacional.

ARTÍCULO 13 - Equipos Interdisciplinarios. Funciones. Los equipos encargados de las intervenciones deberán estar conformados interdisciplinariamente, debiendo priorizarse quienes cuenten con específica capacitación en materia de salud mental, adicciones y derechos humanos.

En los equipos se deberá asegurar, también, la participación de profesionales del derecho, psicología, medicina, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y toda otra disciplina y/o profesión afín, cuya incorporación colabore al proceso, intervención y reinserción social, cultural, familiar y laboral de las personas afectadas en su salud mental.

ARTÍCULO 14 - Consejo Consultivo. El Órgano de Revisión contará con un Consejo Consultivo a constituirse en el ámbito de la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe. Este Consejo tendrá como función principal proponer medidas que procuren una óptima defensa e innovación en las políticas de derechos humanos de los usuarios del sistema de salud mental. Los integrantes del Consejo Consultivo serán designados por el Procurador General y deberán tener reconocida trayectoria en la materia.

CAPÍTULO III- ACTUACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

ARTÍCULO 15 - Garantía de Defensa. A fin de brindar una debida defensa de los derechos de los pacientes, se deberá constituir un cuerpo de abogados con formación/capacitación especial en la materia. Ese cuerpo de abogados defensores funcionará en el ámbito de la Procuración General ante la Corte Suprema de Justicia ( de la Provincia de Santa Fe y sus integrantes serán incorporados mediante concurso de ingreso y ponderación de conocimientos específicos en derechos humanos y salud mental.

Tendrán intervención en los supuestos previstos por el artículo 22 de la Ley Nacional de Salud Mental y artículo 41 inciso d) del Código Civil y Comercial de la Nación, así como también en otras cuestiones atinentes a sus derechos cuando la demora pudiera producir grave perjuicio a sus intereses, en especial en las situaciones previstas por los artículos 31 inciso e), 35 y 36 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Se procurará también la asistencia legal de este tipo a través de convenios con los Colegios de Profesionales u organizaciones específicas a tales fines, de acuerdo a standards de capacitación y remuneración a determinar.

ARTÍCULO 16 - Cooperación. Las funciones del Órgano de Revisión se deben coordinar con las que ejerzan otros organismos públicos de la Provincia. A tal fin, se promoverá la cooperación y complementariedad en los casos que corresponda articular actuaciones que recaigan sobre el mismo sujeto de intervención. El Órgano de Revisión prestará colaboración activa con los mecanismos nacionales e internacionales de monitoreo de la aplicación de las Convenciones de Derechos Humanos y de las Recomendaciones de los Organismos Internacionales.

El Órgano de Revisión podrá realizar convenios con entidades públicas o privadas, con competencia en la materia, para que brinden asesoramiento técnico a efectos de coadyuvar al buen funcionamiento del mismo y llevar adelante sus objetivos de manera efectiva.

ARTÍCULO 17 - Actuaciones. Compatibilidad. Las comunicaciones al Órgano de Revisión no reemplazan ni suspenden la interposición de las acciones judiciales o administrativas que pudieren corresponder. Las intervenciones del Órgano no sustituyen ninguna de las funciones y atribuciones asignadas a otros organismos públicos en el marco de su jurisdicción y competencias, las que no pueden ser afectadas o inhibidas por la presente norma.

La creación del presente Órgano y su actuación no deroga ni limita ninguna institución o función creada y regulada por la Ley Provincial de Salud Mental N° 10772 ni las funciones instituidas a las Junta Especiales en salud mental por dicha ley.

ARTÍCULO 18 - Deber de Colaboración. Toda institución pública o privada que preste servicios dentro del sistema de salud de la Provincia de Santa Fe, debe prestar colaboración con el Órgano de Revisión en sus investigaciones e inspecciones. En caso de incumplimiento de dicha obligación, el Órgano deberá reportar esa situación al ente superior en jerarquía y/o al que realice el contralor del organismo renuente.

ARTÍCULO 19 - Registro de Instituciones. El Órgano de Revisión deberá organizar y llevar un Registro actualizado de Instituciones que brindan servicios de salud mental. A tales efectos, podrá requerir de las mismas la información que fuera necesaria para conformarlo. Es obligación de toda Institución que brinde servicios de salud mental inscribirse en el mismo.

ARTÍCULO 20 - Deber de información. Todas las instituciones que brinden servicios de salud mental, con o sin internación, deberán exhibir en lugar visible para las personas internadas y sus familiares una cartelería en la cual conste una breve descripción de sus derechos y funciones protectorias del Órgano de Revisión y todas las vías de contacto con el mismo y las que informe la autoridad local en materia de salud mental. Esa cartelería será provista por el Órgano de Revisión.

ARTÍCULO 21 - Financiamiento. El Poder Ejecutivo deberá realizar las reasignaciones presupuestarias y/o gestionar los recursos necesarios para el funcionamiento del Órgano de Revisión, de su estructura orgánica y de los equipos interdisciplinarios.

ARTÍCULO 22- Reglamentación. La presente ley será reglamentada en el término de ciento (180) días desde su vigencia.

CAPÍTULO IV- DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 23 - A los fines de la constitución del Órgano de Revisión, se procederá a cubrir en primer término el cargo correspondiente a la Secretaría Ejecutiva, desde donde se deberán realizar las convocatorias y procedimientos respectivos para la integración del Órgano en un lapso que no supere los ciento ochenta (180) días de la respectiva asunción.

ARTÍCULO 24 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Firmantes

ANTONIO JUAN BONFATTI- CARLOS A. FASCENDINI- Dr. MARIO GONZÁLES RAIS- D. FERNANDO DANIEL ASEGURADO

miércoles, 14 de febrero de 2018

Reafiliado y con cobertura

Un fallo en Salta ordenó a una obra social la reafiliación inmediata y cobertura integral en favor de un hombre que padece un trastorno que le impide caminar. La demandada había dado de "baja" la prestación por "incumplimiento de los aportes" por parte del empleador.

Reafiliado y con coberturaEl juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán, Sebastián Fucho, hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por un hombre contra una obra social de Salta y ordenó la inmediata reafiliación, como así también la cobertura integral de los beneficios y prestaciones, prótesis indicada por su médico e intervención quirúrgica, medicación, traslado y cualquier otro estudio o tratamiento.

La causa se inició por la acción de amparo de un hombre contra Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS), para que se ordene su reafiliación inmediata y cobertura integral de los beneficios y prestaciones. El actor padece un trastorno fibroblástico, no especificado – gonartrosis, que le impide caminar y, en consecuencia, trabajar para sustentarse.

Por su parte, la obra social alegó que el actor fue dado de baja a raíz de la reserva de puesto laboral efectuada por la empleadora. “Por ende su responsable laboral no efectúa los aportes pertinentes de la obra social, siendo este pago una conditio sine qua non para mantener vigente su afiliación y acceder al usufructo de prestaciones médicas”, señaló la demandada.

En los autos “Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS); G., M. A.- Amparos Constitucionales”, el juez calificó de “sorprendente” que la obra social “haya dejado sin cobertura por un supuesto incumplimiento por parte del accionante", al entender que "la obligación de los aportes pesa sobre empleador y no sobre el empleado y a la fecha conforme constancias obrantes en autos la relación laboral no se encuentra extinguida”.

“De las constancias surge que el accionante sigue siendo empleado, razón por la cual los aportes supuestamente adeudados por obra social deberán ser reclamados al empleador, obedeciendo ello como ya quedó expresado a que no se encuentra extinguida la relación laboral”, concluyó el magistrado y así falló a favor del amparista.

Fuente: Diario Judicial - Fallo completo

Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.