martes, 28 de marzo de 2017

Salud y su relación con los trabajadores

SD 69289 – Expte. CNT 44020/2012 – “B. D. C. c/ Casino Buenos Aires S.A. – CIE S.A. – UTE s/ cobro de salarios” – CNTRAB – SALA VI – 20/12/2016

Resumen del fallo:

Resultado de imagen para prepagaDESPIDO INDIRECTO. FALTA DE PAGO DE SALARIOS durante período de ENFERMEDAD DEL TRABAJADOR. DISCREPANCIAS DE DIAGNÓSTICOS MÉDICOS, referidos a la capacidad laboral del subordinado. EL EMPLEADOR DEBIÓ ARBITRAR UNA PRUDENTE SOLUCIÓN PARA DETERMINAR LA REAL SITUACIÓN DEL DEPENDIENTE, por encontrarse en mejores condiciones fácticas. Deber de diligencia consagrado en Art. 79 de la LCT. Facultad de control prevista en Art. 210 de la LCT. La demandada no ha obrado conforme la directiva que consagra el Art. 62 de la LCT

“En efecto, frente a las discrepancias entre los criterios médicos referidos a la capacidad o incapacidad presentada por el trabajador y la ausencia de organismos oficiales donde se pueda dirimir la cuestión, es el empleador quien debe arbitrar -por encontrarse en mejores condiciones fácticas- una prudente solución para determinar la real situación del dependiente (por ej., designar una junta médica con participación de profesionales por ambas partes, requerir la opinión de profesionales de algún organismo público, etc.). Tal obligación resulta de su deber de diligencia consagrado en el art. 79 de la L.C.T. y de la facultad de control prevista por el art. 210 del mismo cuerpo legal. En tales condiciones, estimo que la demandada no ha obrado conforme la directiva que consagra el art. 62 de la L.C.T., que establece una regla genérica que determina el modo de obrar de buena fe que deben adoptar las partes del contrato de trabajo para superar aquellas cuestiones que no estén previstas en forma específica. Aplicando esta regla genérica de conducta al caso y frente a lo normado por los arts. 208/210 de la L.C.T., no habiendo ordenado un nuevo control médico a través de un organismo imparcial (junta médica oficial o a través de una decisión administrativa o judicial); como ya señalara.”

Fallo completo: 

SD 69289 – Expte. CNT 44020/2012 – “B. D. C. c/ Casino Buenos Aires S.A. – CIE S.A. – UTE s/ cobro de salarios” – CNTRAB – SALA VI – 20/12/2016 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2016.-

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.-

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar parcialmente a la demanda se agravian ambas partes –actora y demandada- según los escritos de fs.424/427 y fs.428/434, cuyas réplicas lucen a fs.436/438 y fs.439/444.- El Sr. Juez “a quo” hizo lugar a la demanda en lo principal al considerar justificada la decisión del actor se considerarse despedido ante la falta de pago de sus salarios en el periodo que se encontraba enfermo.- Sostuvo el sentenciante que desde fines de febrero de 2012 hasta mediados de enero de 2013 no se le abonaron sus salarios, en tanto en dicho periodo el actor manifestó que no estaba en condiciones de trabajar conforme al informe de su médica de cabecera; mientras que la parte demandada lo intimaba a que se presente a trabajar en función de que tres médicos que lo revisaron oportunamente (conforme lo dispuesto en el art.210, L.C.T.), coincidieron en que B. estaba en condiciones de trabajar.- Por razones de método trataré el agravio de la parte demandada, quien cuestiona la decisión del sentenciante de entender que la decisión del actor de considerarse despedido se ajustó a derecho, en tanto a su entender este estaba en condiciones de trabajar y no concurría al trabajo.- Estimo que el planteo no tendrá favorable recepción. No se discute que a partir del mes de febrero de 2012 B. dejó de concurrir al trabajo por encontrarse enfermo.- Al respecto acompañó los certificados médicos correspondientes en los cuales la Dra. S estableció que B. presentaba signos de ansiedad y labilidad emocional, refiriendo irritabilidad e insomnio, evidenciando una situación de gran angustia en el ámbito laboral, es decir que estaba cursando un trastorno de ansiedad muy importante, por lo que consideró que no estaba en condiciones de trabajar (cfr. fs.26/30).- A su vez, y tal como lo dispone el art.210, L.C.T. el demandado ejerció el control a través de tres médicos psiquiatras, quienes establecieron que B. estaba en condiciones de trabajar (cfr. informes médicos de Dr. S, Dr. C y Dr. B, que obran en sobre reservado).- Lo cierto es que el intercambio telegráfico entre las partes se inició en el mes de febrero 2012 y se extendió hasta el 14 de enero de 2013, fecha en que el actor se consideró despedido por “el actuar malicioso de la demandada en falta con los arts.62 y 63 de la LCT, y por la falta de pago de los salarios del periodo marzo – diciembre 2012”(fs.243).- En este contexto, y sin perjuicio del extenso intercambio telegráfico, el que duró casi un año, y la falta de concordancia entre los informes médicos del actor y de la demandada se entiende que esta última a fin de evitar la prolongación del mismo, debió haber requerido una Junta Médica que en definitiva hubiera permitido dilucidar la situación.- Sentado ello, en función de la discrepancia planteada con el criterio que sustentaba el accionante -apoyado en la opinión de su médica particular- no pudo decidirse a favor del criterio del médico patronal sin antes acudir a una junta médica oficial o a la búsqueda de una decisión administrativa o judicial que dirima el conflicto.- Vale decir que, frente a la comunicación de continuación de la enfermedad que había hecho el accionante y en caso que existiera discrepancia sobre la capacidad del B. para reintegrarse a su puesto de labor (o, en el caso, para obtener su alta), la empleadora tuvo a su alcance y debió agotar otras medidas tendientes a mantener la continuidad del vínculo (arts.- 10, 62 y 63 L.C.T.), actuando de modo tal que dejara en claro que su conducta no estaba dirigida a eludir el cumplimiento de sus obligaciones (en el caso, el pago de los salarios por enfermedad hasta la obtención del alta.).- En efecto, frente a las discrepancias entre los criterios médicos referidos a la capacidad o incapacidad presentada por el trabajador y la ausencia de organismos oficiales donde se pueda dirimir la cuestión, es el empleador quien debe arbitrar -por encontrarse en mejores condiciones fácticas- una prudente solución para determinar la real situación del dependiente (por ej., designar una junta médica con participación de profesionales por ambas partes, requerir la opinión de profesionales de algún organismo público, etc.). Tal obligación resulta de su deber de diligencia consagrado en el art.79 de la L.C.T. y de la facultad de control prevista por el art.210 del mismo cuerpo legal.- En tales condiciones, estimo que la demandada no ha obrado conforme la directiva que consagra el art.62 de la L.C.T.- que establece una regla genérica que determina el modo de obrar de buena fe que deben adoptar las partes del contrato de trabajo para superar aquellas cuestiones que no estén previstas en forma específica. Aplicando esta regla genérica de conducta al caso y frente a lo normado por los arts.208/210 de la L.C.T., no habiendo ordenado un nuevo control médico a través de un organismo imparcial (junta médica oficial o a través de una decisión administrativa o judicial); como ya señalara.- En base a lo expuesto, propicio confirmar el pronunciamiento de grado.- La misma suerte correrá el reclamo efectuado en relación con la procedencia del rubro SAC 2012, ya que, tal como lo sostiene el Sr. Juez “a quo”, en el caso no se adjuntó la constancias del pago de dicho rubro, no encontrándose prueba del depósito que hace referencia el demandado en su apelación. Por ello, propongo confirmar en este aspecto el pronunciamiento de grado.-
Se agravia asimismo la parte demandada respecto a la remuneración que se tuvo en cuenta para el cálculo de salarios caídos, en tanto se ha incluido en la misma el Fondo Común de Propinas.- Estimo que el planteo no tendrá favorable recepción, en tanto el recurrente no impugna debidamente los argumentos expuestos en el pronunciamiento de grado.- En efecto, el argumento fundado en que la parte actora no solicitó en la demanda la inclusión del FCP en el cálculo de la remuneración para el cómputo de los salarios caídos, fue expresamente contemplado por el Sr. Juez “a quo”, sin perjuicio del cual, y conforme al análisis integral de la cuestión planteada, se consideró procedente dicho rubro.- Incluso y en lo que se refiere puntualmente al rubro en cuestión, sostiene el sentenciante que lo dispuesto en el art.208, LCT configura una disposición de orden público laboral que no puede ser desplazada “in pejus” por un CCT de empresa –en el caso el 208/06-, sobre todo tratándose de una disposición menos favorable al trabajador (art.7, Ley 14.250).- En este contexto, a mi modo de ver, la crítica del reclamante no reúne el requisito de admisibilidad formal que establece el art.116 de la L.O. por cuanto advierto que pese a discrepar con el análisis efectuado en grado no señala qué extremos probatorios avalan su contrario punto de vista, lo cual transforman a su crítica en una mera discrepancia dogmática que no cabe más que desestimar (cfr. art.116 de la L.O).- En efecto, el recurrente se limita a disentir con lo decidido en primera instancia, pero lo cierto es que no aportó elementos objetivos y concretos que justifiquen apartarse de lo allí resuelto.- Al respecto, cabe puntualizar que la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga un análisis serio, razonado, y crítico de la sentencia recurrida, que exprese argumentos en los que se sustenta la solución adoptada en el decisorio de grado, e invoque aquella prueba cuya valoración considere desacertada o ponga de manifiesto una incorrecta interpretación del derecho aplicable a la controversia.- Sin embargo, repito, tales extremos no se advierten satisfechos con las dogmáticas alegaciones contenidas en el escrito que se analiza, lo cual me lleva a proponer se confirme el pronunciamiento de grado en relación con este tema.- La parte actora se agravia porque el Sr. Juez “a quo” no incluyó en los rubros indemnizatorios los rubros preaviso, el SAC correspondiente y la integración del mes de despido.- En este aspecto entiendo que el reclamo resulta procedente en tanto no encuentro en el caso elementos que justifiquen excluir dichos rubros, ya que estamos en presencia de un despido indirecto, que resultó justificado, por lo que corresponde hacer lugar a los rubros indemnizatorios reclamados.- Se agravia asimismo la parte actora porque en el pronunciamiento de grado no se hizo lugar a las multas previstas en los arts.9 y 15 de la Ley de Empleo. Sostiene el recurrente que en el caso ha quedado probado que ingresó a trabajar en marzo de 2004 y no en junio de dicho año conforme los registros de la demandada.- Estimo que el planteo no tendrá favorable recepción, en tanto del análisis de las constancias de la causa, no ha quedado debidamente acreditada la fecha de ingreso denunciada en la demanda, esto es marzo de 2004.- En efecto, el único testigo que hizo referencia a la fecha de ingreso del actor es el testigo Rossi, quien declaró a fs.327 que ingresó a trabajar para la demandada en diciembre de 2004, por lo que, en definitiva, sus dichos en relación con la fecha de ingreso no resultan fundados; incluso el dicente manifestó que B. trabajó aproximadamente desde mayo de 2004, coincidiendo –en definitiva- más con la fecha de ingreso registrada que con aquella que pretende el accionante.- En conclusión, entiendo que los dichos de Rossi no resultan convincentes para acreditar la fecha de ingreso denunciada, máxime si tenemos en cuenta que tiene juicio pendiente con el demandado y que sus dichos no fueron corroborados por otros medios de prueba.-
Por lo hasta aquí expuesto, propongo confirmar lo decidido en primera instancia.- Estimo asimismo improcedente el reclamo de la parte actora destinado a pagar una indemnización por daño moral, como se reclama en la demanda, toda vez que el rubro del art.245 L.C.T.- constituye, en principio, la reparación de todos los perjuicios que pudo al actor haberle causado la extinción del vínculo; y en el caso de autos, no se imputaron al actor conductas delictivas, sino meras omisiones a sus deberes como trabajador, no se presentan los presupuestos fácticos que podrían llevar a otorgar una reparación adicional, con fundamento en el derecho civil.- De igual manera cabe resolver en lo que atañe a la sanción por temeridad y malicia es dable señalar que en este caso no observo un uso desaprensivo de la jurisdicción – litigar con la conciencia de la sin razón- o la articulación de defensas claramente obstruccionistas con el fin de controvertir o dilatar una situación clara de derecho. El demandado negó la fecha de ingreso denunciada en la demanda, cuestión de hecho que debía elucidar el Juez conforme a las pruebas producidas en la causa, y más allá del resultado obtenido, observo que el recurrente hizo ejercicio regular de un legítimo derecho como es el de defensa y debido proceso (arts.18 y 19 de la Constitución Nacional).- Por la forma en que se resuelve, el actor resultará acreedor a los siguientes rubros y montos: 1- indemnización por antigüedad, $ 68.696,73; 2-preaviso /SAC, $ 9.750; 3- integración mes despido y mes de enero de 2013, $ 9.000; 4-SAc prop. año 2013, $ 293; 5-SAC adeudado no prescripto año 2012, $ 7.633; 6-salarios caídos, art.208, L.C.T., $ 91.956; 7-art.2 Ley 25.323, $ 43.723,36, lo que asciende a un total de $ 231.052,09, que llevará los intereses dispuestos en el pronunciamiento de grado.- En atención a la extensión e importancia del trabajo realizado, valor económico del litigio y pautas arancelarias de aplicación estimo que los honorarios regulados a los profesionales intervinientes se ajustan a derecho por lo que propongo que sean confirmados (cfr. art.38, L.O. y normas reglamentarias).-
Por lo hasta aquí expuesto, estimo razonable imponer las costas de alzada a cargo de la parte demandada (cfr.- art.68, C.P.C.C.N.), a cuyo efecto regulanse los honorarios de los letrados intervinientes en un 25% de lo que les corresponde percibir por su labor en la anterior etapa.-

EL DR. LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

Que adhiero al voto que antecede.-

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), El Tribunal RESUELVE: 1- Modificar la sentencia de primera instancia y en su mérito establecer el capital de condena en la suma de $ 231.052,09, que llevará los intereses dispuestos en primera instancia. 2- Confirmar la sentencia de primera instancia en lo restante que decide. 3- Imponer las costas de alzada a cargo de la parte demandada, a cuyo efecto regulanse los honorarios de los letrados intervinientes en un 25% de lo que les corresponde percibir por su labor en la anterior etapa.- Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.-
Conste que la Vocalía Uno se encuentra vacante (art. 109, RJN).-
Regístrese, notifíquese y vuelvan.-

Fdo.: GRACIELA L. CRAIG - LUIS A. RAFFAGHELLI 

Fuente: elDial.com

Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.

lunes, 27 de marzo de 2017

Menos del 20% de los vecinos de la Ciudad usa el sistema público de salud

En 15 años, la cantidad de porteños que usa los hospitales públicos bajó un 7%. Los habitantes de la zona Sur son los que más los utilizan. 

Menos del 20% de los vecinos de la Ciudad usa el sistema público de saludSólo el 18,7% de los porteños usa exclusivamente el sistema público de salud. Integrado por 34 establecimientos hospitalarios y con una disponibilidad de 3.578 camas, la mayoría se encuentran en la zona Norte y Centro de la Capital, mientras que los que más los utilizan son los vecinos de la zona Sur porteña.

El restante 81,3% de la población está afiliada a algún tipo de salud privada, que incluye prepagas y obras sociales sindicales, y concurre principalmente a centros privados. Los datos surgen del último análisis de la Dirección General de Estadísticas y Censos, que a su vez fueron presentados en un informe anual del Consejo Económico y Social de la Ciudad (CESBA) sobre la calidad de vida porteña.

Aunque el porcentaje de ciudadanos que utiliza el sistema estatal de salud bajó un 7,3% en 15 años, una encuesta del CESBA indica que más de la mitad de los porteños (56,5%) aún tiene un alto nivel de confianza en la salud pública. Por su parte, un 67% confía plenamente en la oferta privada.

Menos del 20% de los vecinos de la Ciudad usa el sistema público de salud

El relevamiento indica que existe una alta disparidad entre vecinos de la zona Norte y Sur de la Capital, en cuanto al uso de los servicios de salud pública. Mientras que en algunas de las comunas más grandes del Centro y Norte (como la 2, 13 y 14) sólo el 4,1% de los vecinos depende exclusivamente del sistema público, en las comunas del Sur sube a un tercio y hasta un 40% para los habitantes de barrios como Villa Soldati y Lugano.

"Es interesante destacar que son los propios usuarios del sistema público de salud quienes más confían en la salud pública", dijo a Clarín el presidente del CESBA, Federico Saravia. Además, señaló que "el alto nivel de confianza de usuarios en los profesionales de la salud convive, sin embargo, con la falta de infraestructura sanitaria y la continua desinversión en salud por parte del Gobierno porteño".

Por su parte, fuentes del Ministerio de Salud de la Ciudad informaron a Clarín que a través de todos sus hospitales y centros, recibe por año 9 millones de consultas, realiza 300 mil cirugías y 27 mil partos. En tanto, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que abarca todo el ámbito porteño, realiza un promedio de 1.000 auxilios diarios, lo que equivale a uno cada 2 minutos.

El estudio muestra que mientras que hasta el 2007 el presupuesto de salud oscilaba entre el 23% y el 27%, hoy alcanza el 20%. "Ante este panorama, es imprescindible que el Estado atienda las necesidades y expectativas de los usuarios, revea sus prioridades y asegure a toda la comunidad el acceso a la salud pública y de calidad, en pos de construir una ciudad de iguales".

En tanto, se desprende del informe que la dependencia del sistema de salud pública es mayor entre la población más joven de la Ciudad: el 27,9% de los menores de 19 años deben atenderse en el sistema estatal. Sin embargo, en los barrios del Norte esos jóvenes suponen apenas el 5,4% del total, mientras que en los del sur, esa cifra se dispara al 44,2 por ciento. Además se da una relación Idéntica en los mayores de 60, donde sólo el 1% de los mismos está en el norte y un 6,5% en el sur.

Fuente: Clarín

miércoles, 22 de marzo de 2017

La falta de agua potable mata más que los accidentes y el sida

Calculan que 3,5 millones de personas mueren cada año por no tener acceso a aguas seguras.

La falta de acceso al agua potable, un derecho humano universal declarado en 2014 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), provoca la muerte de 3,5 millones de personas cada año, el doble de los decesos que se producen por accidentes viales y casi el triple de los ocasionados por el sida, según un informe del Consejo Mundial del Agua (WWC, por sus siglas en inglés), con motivo de celebrarse hoy el Día Mundial del Agua, instituido en 1993 cada 22 de marzo.

La falta de agua potable mata más que los accidentes y el sida

El documento de la WWC, un organismo dependiente de la ONU, señala que “las enfermedades relacionadas con el agua representan 3,5 millones de muertes al año”, mientras que 1,3 millones de personas fallecen anualmente por accidentes automovilísticos y 1,1 millones como consecuencia del Sida.

La situación en nuestro país

Nahuel Schenone, especialista en calidad de agua y recursos hídricos, asegura que “en Argentina hay mucho recurso hídrico, pero hay que fomentar políticas que sirvan para concientizar a la población para cuidarlo, porque de otra manera estamos condicionando este recurso a futuro”.

“En Argentina hay mucho recurso hídrico, pero hay que fomentar políticas que sirvan para concientizar a la población para cuidarlo, porque de otra manera estamos condicionando este recurso a futuro”

El especialista consideró apropiado discriminar en relación al acceso al agua potable entre “zonas urbanas o zonas rurales”, y afirmó que “no está garantizado el acceso a este recurso esencial para toda la población”.

“En muchas zonas rurales o comunidades de pueblos originarios, el agua es obtenida de ríos, canales o espejos de agua; en cambio en zonas urbanas el acceso al agua potable es a través de plantas potabilizadoras, que es donde mayor inversión hay, ya que requiere una mayor infraestructura”, explicó.

Otro grave problema “es el alto porcentaje de aguas residuales que vuelven a los ecosistemas sin ser tratada”, aseguró Schenone, al explicar que se trata de un ciclo: “tomamos agua de los mismos lugares a donde la devolvemos, tenemos que tomar conciencia de la importancia del saneamiento”.

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), el 80% de las aguas residuales que se generan en el mundo vuelven al ambiente sin ser tratadas ni recicladas.

En nuestra región, la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) “debe controlar los afluentes que terminan en el Riachuelo, pero muchas empresas no mejoran la reconversión de afluentes que son arrojados allí, por lo que se produce una contaminación constante”, aseguró Schenone.

“Hay otras cuencas, como la del Salado, que reciben desechos de industrias de agricultura intensiva, o la del Río Dulce en Santiago del Estero, o la cuenca del Paraná, donde a lo largo de Rosario y Santa Fe las grandes ciudades aportan afluentes sin tratamiento, lo cual afecta la calidad en lo que es la cuenca baja”, argumentó el especialista.

El desafío en Latinoamérica

“Las cuencas son compartidas, no discriminan provincias ni municipios, tomamos agua de los ríos Paraná, Uruguay, de la Plata, y devolvemos el agua a los mismos; por eso es fundamental concientizar sobre la importancia de cuidar un recurso tan esencial como el agua, y para ello es necesario inversión publica, controles, mantenimiento y regulaciones”, concluyó Schenone.

En América latina, en tanto, la relación con el agua es muy diversa. Existen por ejemplo zonas terriblemente afectadas, como Haití, donde sólo el 58% de la población tiene acceso al agua potable, lo que lo convierte en el único país de Latinoamérica y El Caribe que se encuentra dentro del ranking de los 20 países más afectados a nivel global.

Sin embargo, el presidente del WWC, Benedito Braga, calificó la situación regional como “esperanzadora” en comparación con otras áreas del planeta, y estimó que “en latinoamérica el 8% de la población no tiene acceso a agua potable, cifra que se incrementa al 12% en Asia y al 32% en el Africa subsahariana”.

Fuente: El Día

martes, 21 de marzo de 2017

Síndrome de Burnout alcanza al 30% de los médicos

Según los expertos, en llamado “síndrome del quemado” en muy común en profesiones como la médica. 

El Síndrome de Burnout, también conocido como "Síndrome del Quemado", afecta a más del 30% de los médicos del país y es muy común entre quienes tienen profesiones que trabajan "las 24 horas". Según explicó Francisco Appiani, médico psiquiatra de la 4º Cátedra de Medicina del Hospital de Clínicas "se caracteriza por tres puntos: agotamiento emocional, despersonalización y sensación de fracaso con total pérdida de confianza en sí mismo”.

Es decir, el desgaste de trabajar en un contexto altamente exigente agota emocionalmente a las personas, que no solo se sienten faltos de energía sino que además se vuelven negativos, cínicos y pierden la capacidad de conectar empáticamente.

"Lo que ocurre en el burnout es que el trabajo fagocita la vida personal. Curiosamente a lo que podríamos esperar, de acuerdo con un estudio realizado por el Royal College del Reino Unido, los factores personales son causas en solo el 20% de los casos, el 80% es atribuido a problemas administrativos y a las actitudes agresivas que se observan en los pacientes o en sus familiares", afirmó Appiani.

En Holanda se hizo una encuesta a 1000 profesionales médicos en la que el 55% de los médicos holandeses decían trabajar bajo altos niveles de estrés, sin embargo de este 55% el 81% afirmaba tener un alto grado de satisfacción laboral, por lo que las tasas de burnout eran bajas.

Es decir, que no tiene que ver tanto con el nivel de estrés sino con la satisfacción que uno obtenga de su trabajo.

Los trabajadores de la salud son aquellos que están más expuestos al burnout, por estar permanentemente en contacto con el sufrimiento ajeno y la enfermedad, al mismo tiempo son quienes lidian con dificultades organizativas del sistema de salud.

En 2016, la Asociación Médica Americana realizó una estadística en la que ninguna especialidad evaluada está por debajo del 40% en los índices de burnout.

El primer lugar es para la emergentología, con el 70%, luego la medicina familiar y en tercer lugar quienes se dedican a la rehabilitación.

"Si bien puede ocurrirle a cualquier persona que se encuentre en estas situaciones de estrés, exigencia y desgaste emocional, está comprobado que es más frecuente en quienes denominamos "workoholics" (adictos al trabajo), personas con un alto sentido de responsabilidad, perfeccionistas y quienes no pueden o no saben delegar tareas, trabajar en equipo", puntualizó el médico.

Appiani afirmó que "hay distintas estrategias para abordarlo", por lo que sugirió "generar actividades recreativas o de relajación dentro del ámbito de trabajo".

"En lo personal, el individuo tiene que balancear su vida fuera del trabajo con su actividad profesional, dedicar tiempo a la familia y amigos, buscar contención y tener por lo menos dos semanas de descanso o vacaciones al año", remarcó.

Fuente: DocSalud