miércoles, 24 de agosto de 2016

Buenos Aires: advertencia a los médicos

El Ministerio de Salud provincial emitió un instructivo a hospitales y centros sanitarios sobre el procedimiento para esos casos. Los profesionales que denuncien pueden terminar sancionados. Un polémico cartel en Morón generó los cuestionamientos.

El Ministerio de Salud bonaerense advirtió ayer a los médicos que no deben denunciar a ninguna mujer que llegue a un centro de salud o a un hospital público con un aborto en curso, ya sea que se trate de una interrupción del embarazo producida espontáneamente o inducida. Además, les recordó que en esas situaciones deben brindar un “trato humanizado y de respeto y apoyo” a la paciente, y “mantener una actitud libre de prejuicios, sin discriminación ni coerción en la prestación de servicios, cualquiera haya sido la situación que llevó a la mujer a la consulta”, caso contrario podrán recibir sanciones “legales, administrativas, civiles o penales”. La directiva fue enviada a través del Programa de Salud Sexual y Reproductiva a los directores de las 12 regiones sanitarias y a los secretarios de Salud municipales, con la indicación de distribuirla en cada uno de los centros de salud de la provincia. También se mandó a hospitales y referentes de SSyR de todo el territorio bonaerense, según pudo saber Página/12. El instructivo fue redactado y distribuido por orden de la ministra Zulma Ortiz, luego de que el fin de semana organizaciones de mujeres del oeste del conurbano alertaran que se había dado la indicación de denunciar ante la “sospecha de aborto” –y también de abuso sexual y violación– en un centro de salud de la localidad de El Palomar, partido de Morón, donde gobierna el ex esposo de la gobernadora María Eugenia Vidal y dirigente de Cambiemos, Ramiro Tagliaferro.

El viernes –un día después de que Belén recuperaba la libertad– apareció pegado en una de las paredes del Centro de Atención Primaria de la Salud Dr. Springolo, de El Palomar, un cartel donde se informaba al personal médico que “de acuerdo a las leyes vigentes deberá efectuar la denuncia policial obligatoria” frente a la “sospecha de aborto”. La nota llevaba membrete del CAPS y del municipio. En el mismo cartel se incluía el teléfono de la comisaría 6ª de Palomar. Durante el fin de semana, organizaciones sociales y de mujeres expresaron su repudio ante “este accionar policial del municipio” y aclararon que no existen leyes ni reglamentos que obliguen a efectuar tales denuncias. Ayer, la intendencia informó que había desvinculado a los coordinadores médico y administrativo del centro de salud y que tal orden “no representa las opiniones ni las políticas sanitarias del Municipio de Morón, y que había respondido a “una burda operación política”.

De todas formas, desde la Red de Mujeres, María del Mar Ramón, advirtió que “el flamante secretario de Salud de la Morón es Mario Russo, quien viene de la gestión de Joaquín de la Torre, ex intendente de San Miguel, que se declaró un municipio abiertamente antiderechos durante su gobierno y cuya gestión se caracterizó por incumplir los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas”. “Los funcionarios suspendidos no son los que dictan la política de salud del municipio, política que cercena los derechos humanos de las mujeres y que persigue a las/los trabajadores de la salud. La municipalidad dejó de proveer misoprostol para las interrupciones legales del embarazo, no permite realizar abortos por aspiración manual endouterina (AMEU) en esas situaciones, está desmantelando el servicio de doulas en el Hospital de Morón, no provee adecuadamente de métodos anticonceptivos, no provee regularmente de médicos al consultorio de diversidad, entre otras deficiencias en la atención de la salud sexual, reproductiva y no reproductiva de la población”, señaló a Página/12 Zulema Palma, integrante de Mujeres al Oeste, una de las entidades que dio la voz de alerta.

En ese contexto, la reacción del Ministerio de Salud, que conduce Ortiz, fue muy rápida. Ayer emitió la comunicación Nº 4 del Programa de SS y R, donde precisó cómo debe proceder el personal médico “ante mujeres en situación de aborto”. El instructivo, al que tuvo acceso este diario, es respetuoso de los derechos de las pacientes, detalla la jurisprudencia vigente y las normativas que están obligados a cumplir los médicos, y les advierte, que “los equipos de salud que incumplen sus obligaciones profesionales y las instituciones, sus directivos y el personal médico y no médico son susceptibles de sanciones legales, administrativas, civiles o penales”.

En primer lugar, la directiva gubernamental advierte que las mujeres en situación de aborto no deben ser denunciadas bajo ninguna circunstancia y que los médicos deben “respetar la confidencialidad y el secreto médico, de acuerdo a lo establecido en las leyes nacionales 25.673 (Salud Sexual y Procreación Responsable), 26.529 (Derechos del Paciente), 26.061 (Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes), y 26.485 (Protección Integral contra todas las formas de violencia contra la mujer), y sus respectivos decretos reglamentarios, así como en el artículo 156 del Código Penal. “La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido que el deber de confidencialidad de profesionales de la salud tiene preeminencia sobre el eventual deber de denunciar (aun en el caso de una eventual comisión de un delito, como era en el caso el tráfico de drogas) ya que de lo contrario se violaría la garantía contra la autoincriminación de las personas (tal como se estableció en el Plenario Natividad Frías, en 1966). Así, en el Caso Baldivieso (2010) la Corte Suprema estableció que en la ponderación de intereses del Estado en juego tiene preeminencia el derecho a la autonomía, la privacidad, la dignidad y la vida de las personas”, detalla la comunicación del Programa de SS y R.

Al mismo tiempo, les explica a los médicos que a las pacientes en esas situaciones, ya sea que se trate de un aborto inducido o espontáneo, les deberán “brindar un trato humanizado, de respeto y apoyo por la situación personal de cada mujer”. Además, les advierte que “las posturas personales no deben modificar la conducta de las/los profesionales de la salud, quienes deberán valorar los procedimientos terapéuticos teniendo en cuenta la condición clínica de la mujer, el examen físico y los estudios diagnósticos que se realicen. En todos los casos, la principal obligación de los servicios de salud es garantizar la atención integral de las mujeres”.

La criminalización arbitraria de Belén, la joven tucumana, que estuvo presa durante dos años y cuatro meses y fue condenada tras sufrir un aborto espontáneo, se inició a partir de la violación del secreto médico y la denuncia que realizó el personal de salud del Hospital Avellaneda.

Fuente: Página 12

martes, 23 de agosto de 2016

Gran Bretaña: descubren que el gobierno autorizó experimentos de medicamentos psicotrópicos en niños de reformatorios

El gobierno británico autorizó en los años 60 a experimentar con niños y adolescentes sin consulta ni aprobación de los padres. Las pruebas buscaban determinar los efectos de medicamentos psicotrópicos, según archivos que acaban de ser desclasificados. 

El Ministerio del Interior británico autorizó ensayos experimentales de fármacos con niños en dos reformatorios ingleses en los años 60, según documentos desclasificados por los Archivos Nacionales y divulgados por la BBC. Las pruebas se hacían sin la consulta a los padres y con la intención de investigar una eventual “mejora” del comportamiento de chicos problemáticos mediante psicofármacos.

La investigación, realizada por el programa Today, reveló que los adolescentes de uno de los centros, el de Richmond Hill Approved School, en el condado inglés de North Yorkshire, que albergaba a alumnos a partir de los 15 años, fueron sometidos a consumir un fármaco anticonvulsivo llamado “Beclamida” sin el consentimiento de sus padres y durante un período de seis meses en 1968, en un intento de mejorar su comportamiento.

En otro colegio de niñas cercano a la ciudad de Leeds (norte de Inglaterra), el Gobierno autorizó otro ensayo –que no llegó a efectuarse– con un fármaco sedante.

En ese caso, se había previsto que el fármaco Haloperidol –un potente sedante que actualmente se emplea como medicamento antipsicótico– se administrara a todas las alumnas, de 14 y 15 años, del centro Springhead Park Approved School, en la localidad de Rothwell, Northamptonshire. Sin embargo, aunque las pruebas del antipsicótico fueron aprobadas en la escuela Springhead, Park, su directora, Shelagh Sunner, rechazó el experimento.

Sunner, actualmente ex directora del centro, dijo en declaraciones a la BBC que las drogas no eran la “solución para sus niñas. No eran mentalmente niñas enfermas. Teníamos que trabajar a través de sus emociones no de fármacos”.

Las escuelas que aprobaron estos métodos no recibían un consentimiento paterno, sino que los directores y médicos tomaban la decisión de manera unilateral. Todos estos sitios fueron financiados e inspeccionados por el Ministerio del Interior y administrados por organizaciones voluntarias, de acuerdo a la investigación.

Los archivos británicos registran correspondencia entre tres médicos –todos ya fallecidos– sobre los planes para los ensayos con esos medicamentos. En un en una carta de 1967, JR Hawkins, un psiquiatra que trabajaba en Richmond Hill, escribió al Ministerio del Interior pidiendo permiso para probar los medicamentos en los niños que estaban “impulsivos, explosivos, irritables, inquietos y agresivos”.

Fuente: Página 12

lunes, 22 de agosto de 2016

Buenos Aires: más de 500 familias reclamaron por tratamientos de fertilidad asistida

La Defensoría del Pueblo de la Provincia ya recibió más de 500 reclamos de parejas que piden a la seguridad social que le cubra tratamientos y medicamentos para tener familia. La nueva ley obliga a prepagas y obras sociales a cubrir las prácticas.       

Laura decidió buscar un hijo mediante un tratamiento de fertilización, cuando le diagnosticaron una patología que le impedía lograr un embarazo de manera natural. Una vez que el médico le aconsejó realizar una técnica de baja complejidad, pidió a su prepaga la cobertura de los costosos remedios y fue rechazada. El caso de Laura no es el único y forma parte del universo de más de 500 reclamos que llegaron a la Defensoría, que ahora insta a Medicus a cubrir el 100 por ciento de los remedios y de esa forma posibilitar a la mujer a llevar adelante el tratamiento.

En esa línea, el secretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo, Marcelo Honores, aclaró que “la normativa es clara respecto al acceso ‘integral’ a los métodos de fertilización asistida, los de diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo para quien lo solicite en el sistema de salud público o privado”.

“El aspecto clave de la ley es que reconoce — al igual que la Organización Mundial de la Salud (OMS)- a la infertilidad como una enfermedad, dando por tierra argumentos económicos de las prepagas que se niegan a cubrir de manera integral los tratamientos”, añadió Honores.

La empresa explicó que la cobertura para los remedios que se usan para estos tratamientos es del 40 por ciento. Y, por otra parte, que la mujer firmó como condición para ingresar en el sistema de la prepaga, que los métodos de fertilización quedaban fuera del alcance del plan contratado.

Sobre este punto, desde el Área de Consumidores de la Defensoría explican que “el acceso a la salud es irrenunciable, no existe la figura por la cual los consumidores y usuarios del sistema nacional de seguro de salud puedan declinar de sus derechos”. En tanto, Laura espera iniciar un nuevo tratamiento, ya que el primero (de baja complejidad) tuvo que interrumpirse porque corría riesgo de tener un embarazo múltiple.

En el caso de Adriana, la voluntad de tener un hijo la llevó a realizar cuatro tratamientos (tres de alta complejidad, uno en 2013 y dos en 2014; y una transferencia de embriones crio conservados, en 2015), sin éxito hasta el momento.

Cuando decidió realizar otro intento, Accord Salud, el plan privado de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), se lo negó por considerar que son sólo 3 los métodos de alta complejidad que el sistema de salud tiene obligación de pagar. Sin embargo, la Defensoría entiende que la ley garantiza el derecho a la salud y que debe ser interpretada en el sentido más amplio, y de esta manera se deben cubrir tres tratamientos de alta complejidad al año y no tres en toda su vida, ya que muchas mujeres lo necesitan.

En rigor, el texto de la normativa es claro al establecer que las obras sociales y prepagas deben cubrir cuatro tratamientos de baja complejidad anuales y cuando cita los tratamientos de alta complejidad, solo dice hasta tres con intervalos mínimos de tres meses entre cada uno de ellos, sin establecer lapso temporal en el cual deben ser contemplados esos tres procedimientos.

En este sentido, vale recordar que la Defensoría fue unos de los organismos impulsores de la ley provincial de fertilización asistida, y que lleva más de 500 casos atendidos sobre la temática.

La negativa de las obras sociales o prepagas a cubrir los tratamientos de fertilización, los de diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo, aparecen como los reclamos que los bonaerenses más acercaron a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires desde que se sancionó la ley.

En número, 517 fueron las quejas que atendió el organismo desde la promulgación de la normativa que garantiza a las mujeres el acceso a métodos asistidos para lograr un embarazo. En detalle, el 95% de las quejas presentadas fueron resueltas, mientras que el porcentaje restante se encuentra en vías de resolución.

Fuente: Impulso Baires

viernes, 19 de agosto de 2016

El SAME en Provincia: cuándo llega y a qué partidos del GBA alcanza

Buenos Aires arma un sistema basado en el modelo de Capital. Llegará a La Plata y 10 distritos del Conurbano. El teléfono será también el 107.

Las ambulancias del SAME ya asisten emergencias en Lanús. Llegarán a La Plata y 10 distritos del GBA.Un centro de monitoreo, 15 ambulancias ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, 105 médicos y paramédicos, 75 choferes, operadores y telefonistas. Con esta logística y una estrategia operativa copiada del modelo de la Capital Federal, saldrá a las calles de La Plata el “SAME bonaerense”, una iniciativa que se extenderá a otras 10 jurisdicciones.

El esquema que el gobierno de María Eugenia Vidal planificó para la capital bonaerense estará en funcionamiento en los próximos 60 días y según anunciaron en el ministerio de Salud provincial habrá modelos similares en Lanús (que ya estrenó su pripio SAME), Tres de Febrero, Berisso, Ensenada, Morón, Florencio Varela, Almirante Brown, Quilmes, San Miguel y José C. Paz. Es decir, que tendrán esta cobertura para casos de accidentes y servicios sanitarios inmediatos por episodios registrados en la via pública más de 4 millones de personas.

“Antes de poner en circulación las ambulancias, tenemos que garantizar que haya servicios sanitarios y emergencias que puedan atender las urgencias”, aclaró la ministra de Salud, Zulma Ortiz. No es un problema menor, en una provincia que tiene más de la mitad de los hospitales “al borde del desastre”, según definiciones de las propias autoridades.

Por eso, el lanzamiento del programa deberá esperar hasta mediados de octubre. Ortiz informó que en esta primera etapa se invertirán 80 millones de pesos para equipamiento de comunicaciones, la compra de 100 ambulancias y la convocatoria a médicos y profesionales.

Después, según establece un decreto que firmó la gobernadora Vidal, el plan se extenderá a otras 41 comunas y Buenos Aires aportará más de 1.000 millones de pesos, para recursos humanos y la logística. Después, en forma paulatina esa carga pasará a los distritos. Para fines de 2019 serán solventados por las arcas comunales.

Algunos ya tienen sistemas de emergencias médicos que intervienen bajo la modalidad. En Lanús comenzó a funcionar en junio. El Distrito se convirtió en el primero del GBA que, a través de un llamado al 107, el vecino se pone en contacto con un operador capacitado que evalúa la situación y envía una ambulancia al lugar de la emergencia. Por día, el SAME recibe un promedio de 40 auxilios, dijeron en la comuna.


En La Plata, el intendente Julio Garro ya firmó el convenio que habilita a la comuna a recibir los 32 millones de pesos para financiar los recursos humanos y poner en funcionamiento el sistema. “Convocamos a los médicos y seleccionamos 105 para capacitarlos en un curso que se hará en Capital. Nuestra meta es que cuando el servicio esté a pleno podamos llegar a cualquier punto de la ciudad en menos de 10 minutos”.

El jefe comunal adelantó que se construirá un centro de monitoreo en 32 y 122 (en la rotonda de acceso a la Autopista La Plata-Buenos Aires) donde concentrará los sistemas de cámaras de seguridad, el SAME y los otros servicios telefónicos municipales.

En Almirante Brown, el intendente Mariano Cascallares también firmó el convenio. “Es un gran avance”, dijeron en esa comuna. Consideran que se podrá “complementar y mejorar” el actual servicio. “En esta ciudad ya estamos atendiendo 600 auxilios mensuales y disponemos de un 107 que recuperamos con más ambulancias y un cuerpo de 14 médicos", dijo el secretario de Salud de esa comuna, Alejandro Costa.

Fuente: Clarín