Tras la fuga de la semana pasada, el Gobierno decretó hoy
esa medida. Rige también para los "procesados con privación de la
libertad". Una comisión evaluará su estado de salud
La prohibición fue firmada el viernes por el ministro de
Defensa, Agustín Rossi, luego de que se conociera que los condenados por
delitos de lesa humanidad Jorge Antonio Olivera y Gustavo de Marchi se habían
fugado del Hospital Militar Central de la ciudad de Buenos Aires.
Ese viernes Rossi también resolvió relevar al personal del
Ejército que desempeñaba tareas de conducción en distintas dependencias del
área de salud.
Hoy, en el Boletín Oficial salió publicada la resolución
85/2013 la cual prohíbe “el alojamiento y la atención ambulatoria en hospitales
militares de quienes se encuentran condenados penalmente o procesados con
privación preventiva de la libertad que tengan o hayan tenido estado militar”.
La medida, añade la resolución, “alcanza a la totalidad del
personal civil y/o militar de las Fuerzas Armadas”.
“Todo requerimiento de carácter judicial de internación o
asistencia médica, vinculado a la situación de procesados con prisión
preventiva o condenados penalmente y que sea dirigido a esta jurisdicción,
deberá ser comunicado inmediatamente al Ministerio de Defensa para su
consideración y efectos, bajo apercibimiento de aplicación de sanciones
administrativas o disciplinarias”, completa el texto que lleva el sello de
Rossi.
El ministro, explicó ayer que "adoptamos la resolución
de no aceptar dentro de hospitales militares la atención de aquellos que estén
condenados por delitos de lesa humanidad, ya sea en el caso de internación o
tratamiento ambulatorio para evitar situaciones como la que se produjo la
semana pasada", en relación con la fuga de dos represores, Jorge Antonio
Olivera y Gustavo de Marchi, del Hospital Militar Central, ubicado en Luis
María Campos al 700. El Gobierno ofreció una recompensa de 2 millones de pesos
para quien pueda aportar datos fehacientes de ambos.
Ayer, además, se informó
que los ministerios de Defensa, Salud y Justicia y DDHH firmaron un
convenio para crear un organismo que determinará si deben continuar internados
en los centros de salud de las Fuerzas Armadas.
El titular de Defensa explicó que el informe de dicha
evaluación "será elevado a la Justicia, para determinar si aquellos
condenados por delitos de lesa humanidad deben permanecer en dichos centros
asistenciales, si pueden ser trasladados al Hospital Penitenciario Central de
Ezeiza o regresar a las unidades penales correspondientes".
Fuente: Infobae