En consecuencia, y según recoge la resolución, los
pacientes, que hasta ahora no debían abonar ninguna cantidad por estos
medicamentos, deberán pagar el 10% del importe de los mismos, hasta un tope
máximo de 4,20 euros.
La medida, de cumplimiento obligatorio por todas las
comunidades autónomas, deberá entrar en vigor el próximo mes de octubre, ya
desde el día 1 en aquellas en las que resulte posible. Y es que varias regiones
ya han comunicado la imposibilidad de aplicar la medida desde el mismo día 1
del mes al carecer de los equipos y sistemas informáticos para efectuar el
cobro.
Críticas desde todos los sectores
La nueva resolución adoptada por Sanidad ha topado con el
rechazo generalizado de distintas asociaciones de pacientes, sociedades
científicas, organizaciones de consumidores e incluso algunas comunidades.
Así, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), miembro
de Somos Pacientes, ha mostrado su “preocupación por la aprobación del nuevo
copago para algunos medicamentos que se dispensan en las farmacias
hospitalarias a pacientes no ingresados, ya que afectan en buena medida a
enfermos oncológicos con distintos tipos de tumores, entre otros el renal, el
de próstata, los linfomas o las leucemias”.
Iniciativa preocupante
En opinión de la AECC, “la iniciativa es preocupante, si
bien no puede saberse todavía cuál será su alcance, ya que hay que analizar los
fármacos a los que afecta y la frecuencia con la que suelen utilizarse. Y es
que no es lo mismo tener que pagar 4,2 euros, precio máximo que se abonará por
un medicamento de este tipo, una vez a la semana que hacerlo cada más o menos
tiempo”.
En la misma línea, la Federación Española de Padres de Niños
con Cáncer (FEPNC), miembro de Somos Pacientes, ha lamentado la resolución y ha
solicitado que no afecte a niños y adolescentes con cáncer.
Penalizados por seguir el tratamiento
Y es que como ha recordado Pilar Ortega, presidenta de la
FEPNC, “las familias afectadas suelen incrementar sus gastos entre 400 y 600
euros, y algunos de sus miembros han de dejar sus puestos de trabajo para
atender al menor afectado”.
Por su parte, la Confederación Española de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), miembro de Somos Pacientes, ha
señalado que “con el establecimiento de este nuevo copago se continúa
penalizando a las personas con discapacidad y enfermedades crónicas por el
simple hecho de seguir el tratamiento indicado por el personal sanitario”.
Así, como refiere Mario García, presidente de la
Confederación, “desde COCEMFE pedimos a Sanidad que rectifique y dé marcha
atrás en esta injusta medida para que las personas con enfermedades graves y
diferentes discapacidades no vean mermada su atención y protección sanitaria y
continúen recibiendo gratuitamente los medicamentos en el entorno
hospitalario”.
La Federación Española de Lucha contra la Esclerosis
Múltiple (FELEM), la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid) y Acción
Psoriasis, miembros de Somos Pacientes, también se han sumado a las críticas a
la medida aprobada por el Gobierno según la cual los pacientes deberán abonar
un 10% –con un límite máximo de 4,20 euros– por los fármacos que, para uso
ambulatorio, se dispensan en las farmacias hospitalariasde nuestro país.
En su comunicado, la FELEM califica la resolución como “un
error y un gesto poco afortunado” y recuerda que el “colectivo de personas con
esclerosis múltiple ya está cargando con demasiados copagos y recortes –caso,
entre otros, en la farmacia comunitaria, la atención sociosanitaria
especializada y el transporte adaptado y ambulancias”.
Así, desde la Federación consideran que “la decisión del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad conduce a una mayor presión
hacia el colectivo de afectados, creando una alarma de incertidumbre respecto a
su futuro dado que tal medida agrava aún más su difícil situación por las
dificultades asociadas a la crisis económica”.
Medida meramente recaudatoria
Por su parte, FAMMA-Cocemfe Madrid muestra su rechazo a una
medida que “tiene un carácter claramente recaudatorio, pues la Administración
logrará recaudar más dinero y contribuirá a que los pacientes más vulnerables
del sistema sanitario, los que precisan medicaciones durante más tiempo
precisamente por tener dolencias crónicas, se decanten por no adquirir los
fármacos que necesitan, teniendo en cuenta el contexto actual de recesión
económica, que golpea con más dureza a quienes tienen menos recursos”.
Por ello, la Federación solicita a las autoridades
sanitarias que “recapaciten y que se paralice la implantación de la medida,
pues provocará que el colectivo de enfermos crónicos, en el que se hallan
muchas personas con discapacidad, tenga más dificultades de las que ya tiene
para acceder a los medicamentos necesarios y para poder afrontar cualquier
dolencia grave con garantías, entendiendo que el derecho a la salud es un
derecho universal y fundamental para cualquier persona”.
En la misma línea, Acción Psoriasis manifiesta su
“desacuerdo” con una resolución que “perjudica al enfermo crónico, que aparte
de ver debilitada su calidad de vida, se ve obligado ahora a pagar parte de la
medicación. Y es que esta medida puede favorecer que algunas personas abandonen
sus tratamientos”.
Otro aspecto de la decisión que esta organización considera
criticable es que “solo se aplica a determinados fármacos para la psoriasis,
mientras otros que también se usan para tratar esta patología quedan excluidos,
hecho que crea injusticias entre los pacientes que sufren esta enfermedad”.
Es más; como recuerda Acción Psoriasis, “los fármacos son
una inversión y no un gasto y además, a la espera de saber cuál será el
procedimiento de pago de estos medicamentos en los hospitales, dudamos
realmente que la medida sirva para reducir el gasto sanitario, pues los
mecanismos que se deberán habilitar para hacer estos cobros pueden ser más
costosos que el beneficio obtenido por la venta”.
También la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados
Hepáticos (FNETH), la Associació Catalana de Malalts d’Hepatitis (ASSCAT) y el
Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt/VIH), miembros de Somos
Pacientes, han emitido sendos comunicados para exigir al Gobierno la retirada
del copago en los fármacos para el tratamiento de la hepatitis C que se
dispensan en las farmacias para el uso ambulatorio por los pacientes –los
denominados fármacos de ‘diagnóstico hospitalario’– al considerar que la nueva
medida “supone más obstáculos para la curaciónde los pacientes con hepatitis
C”.
En su comunicado, la FNETH lamenta que “la publicación en el
BOE de la resolución del Real Decreto-ley 28-2012, que impone un copago de un
10% de ciertos fármacos de dispensación hospitalaria ambulatoria, hasta un
límite de 4,20 euros por envase, aún restringe más el acceso a la medicación y
la curación de los pacientes con hepatitis. Y es que según esta resolución, los
afectados tendrán la obligación de pagar de su bolsillo un copago por los
fármacos necesarios para su curación”.
Así, la Federación denuncia al Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad por “silenciar e ignorar sistemáticamente la alta
prevalencia y necesidad de recibir tratamiento de los pacientes con hepatitis
C”, criticando que, “en cambio, se haya acordado de estos enfermos al aprobar
su primer ‘medicamentazo’ en farmacia hospitalaria”.
Más aún cuando, como recuerda Antonio Bernal, presidente de
la FNETH, “el 65% de los casos de hepatitis C corresponde a pacientes que han
sido infectados en el medio sanitario o a través de transfusiones. Es
inconcebible que los pacientes con una hepatitis C, una enfermedad que
mayoritariamente está causada por transfusiones e infecciones contraídas en el
medio sanitario sufran este perjuicio para su salud y tengan que pagar para
curarse”.
Barrera económica para enfermedades mortales
En su comunicado conjunto, la ASSCAT y el gTt/VIH denuncian
que, “finalmente, el Gobierno ha cruzado una línea roja. Y es que esta
aportación reducida no tiene ningún sentido, pues si el copago se ha presentado
hasta ahora como una medida para disuadir el consumo poco responsable de
medicamentos por parte de los pacientes, es difícil de entender que se aplique
para enfermedades que, de no tratarse, pueden ser mortales”.
Una situación, además, que se ve agravada en el actual
contexto de crisis económica. Pues como recuerda el comunicado, “cualquier
barrera económica en el acceso a fármacos muy necesarios conlleva excluir a los
pacientes que están en situación económica precaria, que en el caso de la
hepatitis C, supone un elevado porcentaje de personas entre los afectados,
entre ellas las coinfectadas por el VIH”.
Todo ello a pesar de que “poner más barreras al tratamiento
de la hepatitis C con medidas como ésta supone ignorar las ventajas que
conllevan la curación de los pacientes. Numerosos estudios certifican que
tratar a los pacientes es coste-efectivo, ya que un enfermo curado deja de ser
una carga para el sistema sanitario porque se ahorra en ingresos hospitalarios,
en fármacos para tratar la cirrosis o el cáncer de hígado y en trasplantes
hepáticos”, inciden la ASSCAT y el gTt/VIH.
En consecuencia, “esta decisión, que se presenta como un
ahorro, va a suponer un mayor gasto sanitario a medio y largo plazo, además de
una vulneración de los derechos de los pacientes e implicará mayor sufrimiento
para éstos”, concluye el comunicado.
Profesionales, consumidores y CC AA
La medida, según denuncia la Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria (SEFH), carece de sentido. Como apunta su presidente, el doctor
José Luis Poveda, “el copago tiene dos objetivos, el disuasorio y el
recaudatorio; y en este caso no se cumple ninguno de los dos”.
Concretamente, y como refiere Poveda, “en este caso, la
mayor parte de los pacientes son crónicos, por lo que no se dan las condiciones
de abuso de fármacos que podrían aludirse en otras circunstancias. Además, dado
que los tratamientos son continuos, tampoco hay peligro de que sobren y se
acumulen en el botiquín doméstico. Y con respecto al efecto recaudatorio, con
el copago fijado no se recaudará demasiado, cuando no menos no lo suficiente
para compensar el gasto que supone desplegar mecanismos de cobro en todos los
servicios de farmacia hospitalarios”.
También los consumidores
Por su parte, FACUA-Consumidores en Acción acusa a Sanidad
de llevar a cabo un “nuevo ataque contra los enfermos que padecen enfermedades
crónicas o graves. Y es que esta medida, a todas luces injusta, supone otro
paso más del Gobierno por desmantelar el sistema sanitario español gratuito,
público y universal”.
Y en la misma línea, denuncia que “el copago no tiene
sentido con la nueva aplicación, pues es el facultativo quien receta los
medicamentos que considera necesarios para el enfermo”.
Finalmente, Castilla y León y País Vasco ya han solicitado
al Gobierno que la nueva medida no se aplique en sus territorios, pues como
explica Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, no
solo tiene “escasísima repercusión económica”, sino que debe ser retirada “por
coherencia ya que los pacientes afectados, enfermos crónicos en su mayoría,
precisan necesariamente esos medicamentos”.
Fuente: Somos Pacientes