Desde las obras sociales quieren
que haya un tiempo para evaluar la respuesta del fármaco en cuestión, para
evitar gastos excesivos que no generen avances en materia de salud real.
Además, piden que los tratamientos sean prescriptos por un especialista y se propone un comité de expertos para evaluar cada pedido de cobertura
vía judicial. La medida se da ante el auge de los reclamos judiciales por
coberturas de alto costo que no siempre son beneficiosos para los pacientes.
El aumento de los amparos judiciales que obligan a obras
sociales y prepagas a cubrir medicamentos y tratamientos experimentales sigue
generando preocupación en especialistas, que alertan que esta tendencia termina
“judicializando” la atención de la salud, dejando los intereses del paciente en
un segundo lugar. El mecanismo
que hace que un paciente se presente a la justicia para acceder a un fármaco de
alto costo o una terapia experimental se incrementó con el tiempo, y para
muchos esto pone en jaque la sustentabilidad del sistema sanitario. Ante esto,
desde las obras sociales proponen una serie de pasos previos a que un amparo
obtenga el visto bueno. Entre las medidas, se pide que el medicamento sea
prescripto por un especialista reconocido, y que haya un tiempo de evaluación
para que el juez determine la cobertura.
La propuesta surgió de un texto publicado en la edición de
ayer por el diario porteño El Cronista Comercial, escrito por Carlos Felice,
presidente de la Obra Social del Personal de la Actividad del Turf (OSPAT).
Felice pide una serie de medidas previas a que un juez apruebe un fármaco
experimental, una terapia o cualquier deba decidir sobe cuestiones de salud.
En materia de medicamento, Felice pide que “se limite el
plazo de la indicación del tratamiento” cuando se trate de una medicamento
experimental, importado o de indicación infrecuente, de manera que el juez
“pueda evaluarse la evolución del paciente para continuar la provisión”. Para
esto, se pide que “la prescripción de dichos medicamentos emane de un
especialista en la patología de la que se trate, por ejemplo, por un neurólogo
pediatra y no por un pediatra”. Además, para analizar la evolución del
paciente, un perito médico de oficio, comité de expertos o Defensor en Salud
“realice seguimiento de casos particulares y evalúe conveniencia de la
continuidad del tratamiento o medicamento indicado”.
En uno de los últimos encuentros del Consejo de Obras y
Servicios Sociales de la República Argentina (COSSPRA), que reúne a las
entidades públicas de asistencia de todo el país, funcionarios y especialistas
se quejaron de la “judicialización de la salud”, por la cual a través de
recursos de amparos se obliga a cubrir medicamentos y tratamientos experimentales
de alto costo y que no aseguran la efectividad ni la seguridad del paciente. La
advertencia es parte de una preocupación de un sector de la salud, que ve como jueces autorizan la compra de
fármacos que no siempre son seguros ni garantizan ser efectivos, y que crean
falsas expectativas en los pacientes.
Los especialistas dicen que este proceso es complejo, ya que
no garantiza la efectividad ni la cura del paciente, y eleva considerablemente
los costos para las entidades médicas. En algunos casos, estos fármacos tienen
un costo mensual de 50 mil pesos, y deben aplicarse por seis u ocho meses. Si
bien se admite que su resultado “es potencialmente un poco mejor que una
combinación de fármacos existentes en la Argentina”, el costo del tratamiento
local es del 10 por ciento, una ecuación que termina lesionado al sistema de
atención.
En la propuesta de Felice, además de controlar los
medicamentos experimentales se hace referencia a otro tipo de amparos. Ante
esta situación, propone el presidente de OSPAT, “los jueces llamen a audiencia
a las partes, previo dictado de la medida, con presencia de un perito médico de
oficio”. Para esto, se creará “un Tribunal Arbitral conformado por
profesionales de la salud altamente calificados, a un Comité de Expertos que
asesore en casos complejos”. Para los supuestos en que se reclama fertilización
asistida, cirugía bariátrica o reasignación de sexo, insiste Felice, “requerir
asesoramiento psicológico y que el profesional informe al magistrado
conveniencia y consecuencias psicológicas”.
“La judicialización de la salud ha pasado a ser tema de
agenda prioritaria. Por ello, es necesario convocar a los actores del Sistema
de Salud a un debate amplio, que permita sugerir soluciones e iniciativas para
que los magistrados cuenten con herramientas positivas, a los fines de la
morigeración de los perjuicios que pueden causarse a raíz de una precoz
admisión del recurso de amparo/medida cautelar que, si bien reconoce un derecho
individual, puede llevar a desfinanciar el sistema de salud, afectando así el
derecho de la colectividad”, concluyó el dirigente de la obra social.
Los datos de los amparos son concretos, y la mayoría de los
casos tienen que ver con medicamentos. Según datos oficiales, en el período
abril 2010-2011, hubo un total de 469 amparos, un 37 por ciento por
medicamentos. Además, se pidieron amparos por fertilización (16 por ciento),
prótesis (8), cirugía (9), escuelas especiales (9), internación domiciliaria
(5), terapias (5), acompañamiento terapéutico (4), transporte (4)y centro de
día (3).
Fuente: Mirada Profesional Farmacéutica
