Las minorías étnicas siguen estando expuestas a situaciones
de discriminación, racismo y desigualdad socioeconómica.
Por: Carlos A. Purroy
Las migraciones han sido parte inherente de la historia de
la humanidad. Todas las personas hemos sido, somos o podemos llegar a ser
migrantes. La globalización, la actual crisis económica y las políticas de
recortes han precipitado que las políticas migratorias se hayan convertido en
un reto de primer orden en Europa.
Europa no puede ser una fortaleza blindada al exterior con
vallas, concertinas y fuerza disuasoria. No puede permanecer indiferente ante
las injusticias y dramas humanos que acontecen en los países de origen y
destino, ni en los trayectos migratorios.
Al mismo tiempo, las minorías étnicas siguen estando
expuestas a situaciones de discriminación, racismo y desigualdad
socioeconómica.
Ésta no es nuestra Europa. Necesitamos políticas inteligentes
y justas de migración, equidad social, diversidad cultural y reconocimiento de
los derechos de las personas migrantes y de las minorías étnicas.
En el contexto de la actual crisis económica y sistémica se
está produciendo un deterioro en derechos sociales y un aumento de las
desigualdades. Asistimos con preocupación a un avance de discursos excluyentes,
racistas y xenófobos, en demasiados casos retroalimentados por partidos
políticos, instituciones e incluso gobiernos. Y esto es inaceptable. Conocemos bien
lo que pasa en Europa cuando se persigue a personas de la comunidad gitana o
judía, migrantes u otros grupos de población.
Hablamos de un reto que hay que abordar desde una
imprescindible gobernanza global. Necesitamos con urgencia un gran pacto europeo
en políticas migratorias integrales e inclusivas, sustanciado en el Parlamento
y otras Instituciones Europeas, con la participación activa de la sociedad
civil. Un acuerdo transversal y multisectorial que aborde las causas
estructurales desde una responsabilidad compartida, en la mejor tradición
europea de protección de los Derechos Humanos.
En el pacto del que hablamos, debe garantizarse “el derecho
de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental”, establecido en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos
y Culturales. Dicho acuerdo debería incluir también el compromiso de trabajar
hacia la cobertura pública de la atención sanitaria y el acceso en igualdad de
condiciones para todas las personas que conviven en un país.
La Europa de los Derechos Humanos y de la justicia social es
la que tenemos que seguir construyendo desde un concepto de ciudadanía europea
cosmopolita, de múltiples identidades, adhesiones y filiaciones.
Fuente: Diario El País (España)