viernes, 28 de noviembre de 2014

Cuba y Argentina firmaron un acuerdo para crear un laboratorio de medicamentos biotecnológicos

Representantes del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) firmaron nuevos acuerdos de colaboración científica, entre los cuales se destaca la creación de un laboratorio para la investigación, desarrollo y evaluación de medicamentos biotecnológicos en conjunto.

El día jueves en La Habana, Cuba, autoridades científicas locales y argentinas rubricaron 17 acuerdos de colaboración científica para los próximos años, incluida la creación de un laboratorio para la investigación, desarrollo y evaluación de medicamentos biotecnológicos en conjunto, que será bautizado Ernesto Che Guevara.

Según reporta la agencia EFE, el director general del CIGB, Luis Herrera Martínez, dijo que estos acuerdos marcan una “etapa superior” en la colaboración académica, que posibilitará concretarla en proyectos de desarrollo “novedosos, productos y beneficios” para ambas naciones, en declaraciones que cita la estatal Agencia de Información Nacional.

Por su parte, el presidente de la institución argentina Conicet, Roberto Carlos Salvarezza, explicó que en 2009 se firmaron los primeros convenios entre ambos centros, de los que hay actualmente cuatro proyectos en ejecución, uno de ellos relacionado con la terapia contra el cáncer.

También consideró que los convenios recién firmados permitirán trabajar en el área de los nanomateriales y la síntesis de nuevas moléculas, y además aprovechar todas las capacidades que tiene el CIGB para llevar las investigaciones básicas al terreno.

El desarrollo de la biotecnología en Cuba, en los últimos años, se ha caracterizado por la obtención de nuevos productos con una tecnología propia y novedosos en términos de sus propiedades, entre ellos, sistemas de diagnóstico, vacunas y fármacos para paliar enfermedades como el cáncer, la hepatitis B y C, y la úlcera del pie diabético.

Los productos de la biotecnología y de la industria farmacéutica están entre los principales renglones exportables de la isla a más de 50 países.

Según las previsiones anunciadas en 2013 por el estatal Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica “BioCubaFarma”, sus exportaciones se duplicarán en los próximos cinco años y superarán los 5.000 millones de dólares.

Fuente: Mirada Profesional

jueves, 27 de noviembre de 2014

Se obliga a obra social a brindar cobertura de leche materna hidrolizada

Partes: R. P. A. c/ O.S.P.E. s/ amparo

Obligación de la obra social de otorgar la cobertura del 100 % de la leche materna hidrolizada peticionada por el amparista para su hijo menor de edad.

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata 
Fecha: 21-may-2014

Sumario: 

1.-Corresponde confirmar la sentencia por medio de la cual el magistrado hizo lugar a la acción de amparo promovida por el padre de un niño menor de edad en contra de la obra social ordenándose la entrega en forma urgente al menor de la fórmula de leche hidrolizada requerida en las cantidad y el tiempo indicado por el médico tratante, toda vez que se encuentra en juego el derecho a la vida, su calidad de vida y salud que deben ser privilegiados frente a las razones legales y aún contractuales expresadas por la demandada.

2.-Debe brindar la obra social demandada la cobertura de la leche materna hidrolizada al menor, en virtud del interés superior de éste niño peticionante, máxime si la razón obstativa, para no cumplir con la petición del afiliado, se centra en que la misma no se encuentra incluida en el PMO, y su cumplimiento compulsivo afecta la responsabilidad patrimonial de la requerida, desde que las provisiones del PMO son mínimas, y no pueden entenderse o considerarse como techo , ya que tal interpretación reticente, va en desmedro de los derechos fundamentales del niño afiliado, a quien el Aquo le ha provisto en sentencia, debidamente motivada, la cobertura solicitada consistente en la provisión de la fórmula de leche hidrolizada.

3.-Toda vez que la demandada no ha discutido su pertenencia al Sistema Nacional del Seguro de Salud6 y debe cumplir el Programa Médico Obligatorio, resultan insuficientes los argumentos desarrollados para justificar el incumplimiento a la prestación de cobertura de lecha materna hidrolizada que el amparista requiere para su hijo menor de edad pues la interpretación y alcance del no puede redundar en perjuicio del derecho a la vida y a la salud del niño afiliado, y de aceptarse el criterio del recurrente que pretende justificar la negativa a la cobertura integral de la leche hidrolizada con sustento en que el PMO no cubría leches maternizadas, se vulneraría el derecho a la conveniente y oportuna asistencia sanitaria.

4.-Toda vez que en caso de duda debe prevalecer la interpretación que favorezca a quien contrató con aquél o contra el autor de las cláusulas uniformes, habida cuenta de la jerarquía de los valores que se hallan en juego: la vida y el derecho a obtener conveniente y oportuna asistencia sanitaria, derechos que se verían frustrados si se admitiera la negativa de la demandada fundada en la edad del menor, no es posible concebir como ajustada a derecho la conducta reticente de la obra social demandada de negarse a brindar la cobertura de lecha materna hidrolizada. 

Fallo:

En la ciudad de Mar del Plata, a los 21 días del mes de mayo de dos mil catorce, avocados los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata al análisis de estos autos caratulados: "R., P. A. c/ OSPE si Amparo". Expediente N° 81052736/2012 (Ex 15.271), procedentes del Juzgado Federal N° 4, Secretaria N° 3 de esta ciudad. El orden de votación es el siguiente:

Dr. Jorge Ferro, Dr. Alejandro O. Tazza, Dr. Eduardo P. Jiménez.

El Dr. Ferro dijo:

Llegan los autos a .esta Alzada, con motivo del recurso de apelación deducido a fs. 52/8 por la demandada (Obra Social de Petroleros, en adelante O.S.P.E.) en oposición a la sentencia obrante a fs. 48/9vta., por medio de la cual el magistrado hizo lugar a la acción de amparo promovida por P. A. R. - en nombre y representación de su hijo menor de edad J. B., R. en contra de la O.S.P.E. y, en consecuencia, ordenó entregar en forma urgente al menor beneficiario de este amparo la cobertura solicitada, consistente en la provisión de la fórmula de leche hidrolizada: Kas 1000 Nutricia Bago 3 latas mensuales, por 400 gramos, ello con el 100% de cobertura, con costas a la vencida.

Los agravios están orientados a cuestionar que se haya hecho lugar a la acción de amparo y se la obligue a cubrir las prestaciones solicitadas por la amparista pues su parte sólo debe dar cobertura con los alcances que determinan el contrato y las leyes. En ese aspecto destaca que brindó el 100% de la cobertura en cuestión desde el nacimiento del menor hasta su primer año de vida, momento a partir del cual, se debe estar a lo establecido en el PMO. Por ello, concluye que no tiene obligación de brindar la cobertura pedida pues la prestación reclamada no se encuentra contemplada en el programa referido.

En segundo término, objeta que el a quo fundamente su fallo en el art.14 bis* de la Constitución Nacional ya que fue el mismo juez quién puso en cabeza del Estado la obligación de la cobertura reclamada y aduna que la cobertura solicitada debe serlo dentro de los términos de la resolución 1991/05 y 201/02 del Ministerio de Salud.

En otro orden de ideas, cuestiona la interpretación realizada por el juez de grado respecto de las provisiones contempladas en el PMO, afirma que su mandante resulta un administrador de fondos de terceros que debe utilizarlos en los porcentajes que la normativa establece y en condiciones de igualdad con la totalidad de los beneficiarios.

A continuación, critica la postura del a quo en cuanto no valoró la responsabilidad patrimonial de la obra social que se sostiene sobre la base de la administración de los aportes y contribuciones que gobierna y no puede brindar más prestaciones que las establecidas en la normativa vigente.

Por último, impugna la imposición de costas y solicita que se impongan a la actora o por su orden. Hace reserva del caso Federal y peticiona se revoque la sentencia, con costas.

Concedido el recurso de apelación, corrido el traslado de ley, a fs. 64/6 comparece el Sr. Defensor Público Oficial a contestar los agravios resumidos precedentemente y efectúa un análisis pormenorizado de los fundamentos de la contraria. Elevadas las actuaciones a este Tribunal, con el decreto de fs. 73, quedaron en condiciones de dictar sentencia.

Que la cuestión traída a decisión de esta Alzada está centrada en dilucidar si el niño de un año y once meses, al tiempo de promoción de esta acción, tiene derecho a obtener la cobertura integral -por parte de la OSPE- de la leche hidrolizada Kas 1000 Nutricia Bago (3 latas mensuales, por 400 gramos) que le fue prescripta por el médico pediatra Juan E. Gallo como consecuencia del diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca y al no poder cubrir la necesidad de lácteos (nutrición infantil) de otra manera. (Ver certificado de fs.1).

Es importante destacar que encontrándose en juego el interés superior del niño en aspectos esenciales como su salud (arts. 6.1 y 2, 23, 24 y 26 de la Convención sobre Derechos del Niño; art. 25.1, DUDH; 12, PIDESyC; arts. 1° y 3°, ley 23.660; arts. 1°, 2° y 3°, ley 23.661) y su vida (arts. 1°, 2°, y 4°, CADH; art. 75, !. inc. 22, CN), es deber del Estado respetar tales derechos en forma efectiva.1 . En tal sentido, cabe recordar lo sostenido en reiterados precedentes en ¡ cuanto a que el derecho a la inviolabilidad de la vida es de carácter absoluto, en el ! sentido que vale para todos los hombres, desde siempre y para siempre. El Alto Tribunal ha sostenido inveteradamente que el derecho a la vida constituye un primer derecho natural de la persona, preexistente a toda legislación u positiva (Fallos: 302:1484 consid.8; 312:1953; 323:1339 ; 324:754 ; 326:4931 ; 329:1226; S.C.S. N° 1091, L. XLI del 22/05/2007, dictamen de la Procuración Gral.); es un bien esencial en sí mismo, garantizado tanto por la Constitución Nacional, como por diversos tratados de derechos humanos: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -art. 12.1-; Convención Americana sobre Derechos Humanos -arts. 4.1 y 5.1-; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -art. 6.1-; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre - art. 1-; Declaración Universal de Derechos Humanos -art. 3-; art. 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna; Fallos 329:1226  y 2552; 326:4931 ; 325:292 ; 323:1339 ap.X del dictamen al que remitió la Corte Suprema; 302:1284; SCM N° 2648, L.XLI del 30/10/2007).

El derecho a la vida -no sólo a la vida sino también a una buena calidad de la vida y por consiguiente, a una adecuada atención médica- asume un papel central : en la sistemática de los derechos humanos, ya que tiene por contenido un bien humano más básico que todo el resto, pues resulta ser la condición necesaria, primera y más fundamental para la realización de los otros bienes; por otra parte, tiene como objeto a la misma existencia sustancial del hombre, que es el sustrato en el que inhieren las restantes perfecciones humanas existencialmente no autónomas.

Con similar directriz, aborda la cuestión el profesor Alberto Charzman Birenbaum quien analiza el derecho a la salud desde una visión holística, integradora, como derecho personalísimo y de incidencia colectiva, a la luz de su jerarquía constitucional, criterio del que participo: "El estudio del derecho a la salud no tiene sentido, emancipándolo de la vida. La salud representa un delicado equilibrio que garantiza la continuidad de la vida. El derecho a la vida no abarca sólo un período, sino toda la vida" .Con esta tendencia, indicó: ".cabe referirse a la salud no solamente en relación a las condiciones corporales y fisiológicas de la persona, sino señalando su inserción en el medio social, tal como aparece definida en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud: " La salud no es algo puramente negativo, como si la salud, en general, consistiere en la simple exclusión de la enfermedad corporal y de las tareas físicas, como si la salud mental, en particular, no significara otra cosa que la ausencia de toda alienación o anomalía.La salud comprende positivamente el bienestar espiritual y social de la humanidad y, por este título, es una de las condiciones de la paz mundial y de la seguridad común". Por lo tanto, se trata de un estado de completo bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia de afecciones o enfermedades. (El destacado me pertenece).

En sintonía con esta noción, nuestro derecho interno a través de la ley 23.661 instituyó el sistema nacional de salud, con los alcances de un seguro social, "a efectos de procurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica". Con tal propósito, ese seguro ha sido organizado en el marco de una concepción "integradora" del sector sanitario, en el que la autoridad pública reafirme su papel de conducción general del sistema y las sociedades intermedias consoliden "su participación en la gestión directa de las acciones" (art. 1), su objetivo fundamental : es "proveer al otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y '" humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones eliminando toda forma de discriminación."(art. 2°).

Puede destacarse que entre las motivaciones expuestas por el Congreso Nacional a fin de fundamentar aquel articulado, se mencionaron: los compromisos internacionales del Estado Nacional sobre el derecho a la vida, a la dignidad de las personas y lo establecido en el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional; la justificación de igualar las prestaciones entre afiliados a obras sociales y entidades de medicina prepaga, como un imperativo de responsabilidad y de solidaridad social; como así también se destacó que con la ley se implementa un sistema basado en la responsabilidad compartida del Estado, las obras sociales y las entidades de medicina prepaga.¿Ahora bien, en autos está reconocida la vigencia de la relación que une al actor con la OSPE, así como el padecimiento del niño y que la leche recomendada le es imprescindible para promover un crecimiento y desarrollo normal.

En este contexto, la demandada no ha discutido su pertenencia al Sistema Nacional del Seguro de Salud y sabido es, entonces, que debe cumplir el Programa Médico Obligatorio, resultando insuficientes los argumentos desarrollados para justificar el incumplimiento pues la interpretación y alcance del punto 1.1.2 de la Res. 201/2002 no puede redundar en perjuicio del derecho a la ¡ vida y a la salud del niño afiliado, pues si se aceptara el criterio del recurrente que pretende justificar la negativa a la cobertura integral de la leche hidrolizada, se pondría en serio riesgo su calidad de vida en flagrante violación de los compr omisos asumidos por el Estado Nacional en el cuidado de la salud, tal como lo afirma el médico pediatra que atiende al niño (ver certificados de fs. 1 y 11), extremo que no fue objetado por la obra social.

Y, a mi juicio, es esta circunstancia la que determina -en el caso particular de marras- la conducta arbitraria de la demandada toda vez que de las pruebas rendidas en autos surge que la actora puso en oportuno conocimiento de OSPE, que la leche solicitada estaba indicada por prescripción médica, (v. réplica de fs. 2). No obstante, los propios dichos de la demandada indican que denegó el pedido de cobertura por justipreciar que no se hallaba obligada. Conclusión que, además de ser falaz, ocasiona un grave perjuicio contra los derechos que le asisten al menor al no poder recibir con cobertura integral el tratamiento específico que necesita acorde con sus padecimientos, resultando palmariamente incompatible con la afligente situación que se trata de subvenir. Ello así, en tanto el punto 1.1.2 de la resolución 201/2002 del MSyAS, indica: "Atención del recién nacido hasta cumplir un año de edad.Todo con cobertura al 100% tanto en internación como en ambulatorio y exceptuado del pago de todo tipo de coseguros para las atenciones y medicaciones específicas. Esta cobertura comprende (.) c) A fin de estimular la lactancia materna no se cubrirán ¡as leches maternizadas o de otro tipo, salvo expresa indicación médica, con evaluación de la auditoría médica."

Sin embargo, la demandada hizo caso omiso a la excepción que contempla la misma norma en la que intentó escudarse y afirmó que el PMO no cubría leches maternizadas, omitiendo -además- considerar la excepción que contempla expresamente la norma y sin valorar que en caso de duda debe prevalecer la interpretación que favorezca a quien contrató con aquél o contra el autor de las cláusulas uniformes, habida cuenta de la jerarquía de los valores que se hallan en juego: la vida y el derecho a obtener conveniente y oportuna asistencia sanitaria, derechos que se verían frustrados si se admitiera la negativa de la demandada fundada en la edad del menor (1 año y 11 meses al iniciar la acción y actualmente 3 años).

De allí que la demandada desajustó su conducta de las prescripciones indicadas por el médico interviniente, como respecto de las condiciones de salud del menor y lejos de dar una opción acorde a los parámetros delineados por el profesional de la salud respecto de la necesidad de su paciente, rechazó la cobertura (nota agregada a fs. 2).

Resulta oportuno recordar el dictamen del Sr. Procurador Fiscal de la Nación in re: "Neira Luis Manuel y otra c/ Swiss Medical Group S.A.", que hizo suyo el Alto Tribunal, por cuanto sostuvo que:"no puede escapar a este examen, que lo decidido compromete el interés superior de un menor; cuya tutela encarece, elevándolo al rango de principio, la Convención sobre los Derechos del Niño, de jerarquía constitucional con arreglo al artículo 75 inciso 22, de la Constitución Nacional (.) los menores, máxime en circunstancias en que se encuentra comprometida su salud y normal desarrollo, a más de la especial atención que necesitan de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también de la de los jueces y de la sociedad toda; siendo que la consideración primordial del interés del niño que la convención citada impone a toda autoridad nacional en los asuntos concernientes a ellos - según parecer de Fallos: 322:2701 y 324:122, y voto de los Sres. Ministros Moliné O'Connor y López en Fallos: 324:975- viene tanto a orientar como a condicionarla decisión de los jueces llamados al juzgamiento en estos casos".

En este marco, estimo que la protección y el derecho a la salud constituyen una política pública de nuestro país que ostenta rango constitucional, circunstancia esta que no puede ser soslayada en manera alguna, por disposición de la obra social, dejando en un desamparo riesgoso al menor afiliado. Siendo un principio rector dentro de nuestro ordenamiento jurídico el que los órganos del Estado y los habitantes se sometan a la Carta Magna y a las normas dictadas conforme a ella, en el caso, no proporcionar la adecuada atención médica prevista por la ley, constituye una omisión contraria a la Carta Magna pues atenta contra los derechos fundamentales contenidos y protegidos por ella.Frente a tal tesitura, no habiendo la demandada adoptado ninguna medida razonable a su alcance para lograr la realización plena del derecho a la salud que le atañe al niño de autos, ni cuestionar las normas en juego y aplicables en la especie, el negar la cobertura de la leche prescripta al menor genera una actitud en la demandada que es injustificada, arbitraria y ausente de motivación y violatoria de las normas en cuestión, motivos por los cuales no me cabe duda alguna que corresponde confirmar el porcentual integral de cobertura atribuido por el Sr. Juez a quo en la sentencia de grado a la provisión de la leche prescripta al niño, de modo

Excepcional tal como orienta lo dispuesto por el texto normativo aplicable al sublime -1.1.2 de la resolución 201/2002 del MSyAS-. En consecuencia, se desvanece la estructura argumental articulada por la demandada como defensa relativa a la ausencia de arbitrariedad en su c conducta por no hallarse obligada a la prestación requerida.

Por último, corresponde tratar lo concerniente al pedido de la accionada respecto de las costas impuestas. La regla general que rige en materia de costas se encuentra plasmada legislativamente en el art. 68 del CPCCN, que consagra el principio objetivo de la derrota como fundamento de la imposición de costas; las mismas son un corolario del vencimiento y tienden a resarcir al vencedor de los gastos en que debió incurrir para obtener ante el órgano jurisdiccional la satisfacción de su derecho.Es dable advertir por otra parte, que debe justipreciarse que la actora necesitó de un reclamo judicial para obtener la satisfacción de su pretensión principal y como lo he sostenido, reiteradamente, quien hace necesaria la intervención del Tribunal por su condena -acción u omisión- debe soportar el pago de las costas que la contraparte ha debido realizar en defensa de sus derechos.

En consecuencia, y conforme surge de las constancias de las presentes actuaciones, la imposición de costas debe realizarse de acuerdo al principio de la derrota comprendido en aquel artículo, por remisión de art. 17 del ritual civil y no poder aplicar el art. 14 de la ley 16986 habida cuenta la inexistencia de alguna causal eximente de tal imposición.

En virtud de lo expuesto ut-supra, entiendo que imponer las costas en el orden causado, me haría llegar a una solución injusta e inequitativa, por lo que entiendo las mismas deben cargarse a la demandada vencida. Por las razones expuestas, propongo rechazar el recurso de apelación deducido por la OSPE y, consecuentemente, confirmar la sentencia^^te-grado, con costas a la demandada vencida (art. 14 de la ley 16.986).

Tal es mi voto.

J0RGE FERRO

JUEZ DE CÁMARA

El Dr. Tazza dijo:

I. Efectuado el relato de los agravios y las circunstancias de la causa por mi colega preopinante, a cuyo desarrollo me remito en observancia de los principios de celeridad y economía procesal, manifiesto mi decisión de adherir a la solución propuesta por el Dr. Ferro en virtud de las consideraciones que a continuación se exponen.

II.Es que tratándose el presente de un amparo en materia de salud, conviene recordar de manera preliminar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que "el derecho a la salud, máxime cuando se trata de enfermedades graves, está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, y es el primero de la persona humana que resulta reconocido y arantizado por la Constitución Nacional, desde que el hombre es el eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su carácter trascendente- su persona es inviolable y constituye un valor fundamental, con respecto al cual los restantes revisten siempre condición instrumental" (doctrina de Fallos 323:3229, 325:292, entre otros). En esta línea, debe buscarse una solución que, fundada en derecho, satisfaga de la mejor manera posible la necesidad de los amparistas de poner en resguardo el derecho a la salud de su hijo.

En el presente, la amparista inició esta acción en nombre y representación de su hijo J. B. R. (ver certificado de nacimiento de fs. 4) afiliado a la prestadora demandada con el fin de que esta última cubra el 100% del costo de las prestaciones que el estado de salud del menor requiere. La parte accionante relata en el escrito de demanda que su hijo padece de alergia a las proteínas de la leche vacuna. Debido a tal cuadro el menor requiere de la fórmula de leche hidrolizada KAS 1000 Nutricia Bagó para tratar su enfermedad. De ello da crédito el certificado médico rubricado por el médico pediatra Dr. Juan Gallo de fs. 1. Ahora, debe tenerse presente, que el derecho a la salud del pequeño se encuentra amparado por un amplio marco de disposiciones de corte constitucional, es el caso de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (arts. 11 y 16), la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art.12), y la Convención de los Derechos del Niño (arts. 23/27). En el plano infra constitucional se encuentra protegido por las previsiones de la Ley 23.660 (de Obras sociales) y la Ley 23.661 (de Seguro de salud).

En el marco fáctico legal descrito considero que la solución que mayor coherencia guarda respecto de las particulares circunstancias del caso, el derecho y el complejo normativo en juego es hacer lugar a la acción de amparo promovida. Ello por cuanto han quedado debidamente acreditadas en esta causa tanto la patología que presenta el menor, como la necesidad de efectuar su tratamiento con la fórmula de leche solicitada en autos.

En efecto -como expuse ut sup ra- de la documental agregada a estos autos surge la necesidad del uso de fórmulas hidrolizadas al 100% para la alimentación del menor, tras lo cual se recomienda la fórmula reclamada en la demanda. En virtud de las circunstancias analizadas entiendo que la negativa de la Obra Social O.S.P.E. a cubrir la fórmula hidrolizada aquí solicitada constituye un accionar arbitrario y lesivo de derechos constitucionalmente protegidos que amerita el acogimiento de la acción. Considerando, además, que el hecho que dicha prestación no se encuentre contemplada en el Programa Médico Obligatorio, no resulta de por sí causa suficiente para eximir a la demandada de su obligación de prestar un adecuado servicio de salud, habida cuenta que los derechos que los amparistas estiman vulnerados son "derechos humanos que trascienden el orden positivo vigente".

Resta agregar que la solución que se propone en este voto resulta ser concordante con la adoptada por el Tribunal en autos "Valeiro, María Carolina c/ Swiss Medical y Otro s/ Amparo" (T° CXXII F° 16.985), oportunidad en la que ante similares circunstancias de hecho, se confirmo la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la acción promovida.

III. Por todo lo expuesto precedentemente propongo al Acuerdo confirmar la sentencia de fs.48/49 en todo y en cuanto hubiere sido objeto de apelación y agravios, con costas a la recurrente vencida (ai

Tal es mi voto.

ALEJANDRO OSVALDO TAZZA.

JUEZ DE CÁMARA

El Dr. Jiménez dijo:

Que he de adherir, a la solución dada por mis colegas a la cuestión debatida, aunque aportando ciertas consideraciones adicionales que hacen al fundamento de mi voto:_

No puedo olvidar aquí que esta decisión pone sobre el tapete y en juego, la valoración del denominado "interés superior del niño" con relación al cuidado de su salud (Art. 6.1, 6.2, 23, 24 y 26 CIDN; Art. 25.1 DUDH; 12 PIDES y C; Art. 1 y 3 Ley 23.660; Art. 1, 2 y 3 Ley 23.661 ).-

Y en éste contexto, coincido con quienes destacan que toda cuestión de índole formal, o aún sustancial que se oponga o pueda de algún modo obstaculizar el abordaje de cuestiones referentes a conflictos donde se encuentra involucrado el interés superior del niño, deben ser zanjadas en favor de éste último (Cfr. Lloverás, Nora y Monjo, Sebastián "El interés de los niños, niñas y adolescentes de cara al formalismo y ritualismo procesal inadmisibilidad y procedencia" en "Revista de Derecho de Familia" Edit. Abeledo-Perrot, 2012-11, pág. 253; id Cámara Especializada de la Niñez y Adolescencia de San Salvador, del 17/06/2011, Ref.N ° 2/A/SS2/11-1).-

Esta idea se ve reforzada con las disposiciones legales, convencionales y constitucionales que indican, como se lo ha sostenido en los votos precedentes, que ante todo, debe preservarse el interés por la tutela del derecho, y no quedarse en un análisis de las puras formas procesales o de fondo, pues al final, estas son solo un medio que debe favorecer toda discusión sobre la reivindicación o denegatoria de derechos; en suma, el acceso a la justicia reclamada, que también constituye un derecho fundamental de obligatorio cumplimiento, por parte de instituciones y personas.-

Y entiendo que no se trata aquí de considerar que el derecho a la vida, o aún el derecho a la salud del niño aquí involucrado pudiesen ser considerados como "derechos naturales de la persona, preexistentes a toda legislación positiva", sino que se encuentran expresa o implícitamente regulados por el texto fundamental, en particular con lo dispuesto por el Art. 33 CN. Así, expresaba Sarmiento, al fundar esa norma en 1860, que "no pudiendo enumerarse en las declaraciones previas de una Constitución todos los derechos adquiridos por el hombre, se establecen los principales, consignando el hecho de que aquellos no enumerados quedan siempre vigentes y se reserva al pueblo" (Cfr. De mi autoría "Los Derechos Implícitos de la tercera generación: una nueva categoría expansiva en materia de Derechos | Humanos" en "ED" del 6/5/1996, pág. 2 y ss.), pero también por lo dispuesto en el Art. 75 inciso 22 CN.- Bien ha señalado en éste sentido nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, que "(.) no puede aceptarse que por sobre los derechos de los habitantes de la Nación que reconoce expresamente la Constitución, puedan prevalecer derechos supuestamente naturales, pues ello implicaría dejar librada la aplicación i de la Constitución, no ya siquiera a restricciones impuestas por el Congreso, sino a la primacía de las ideas de los jueces sobre normas de la Ley Fundamental" (Cfr.CSJN, Autos "Servini de Cubría" del 8/9/1992, "LL" 1992-E, pág. 1149 y ss., en voto del Dr. Augusto Belluscio).-

Rescato también que en el fallo en cuestión, se rechazó que pudiera propugnarse constitucionalmente que existan disposiciones en el sistema constitucional, "per se" prevalentes sobre otras (Cfr. CSJN Fallos 300:1080; 301:460; 304:794; 307:518), señalándose en éste sentido, que "(.) sería absurdo entender que los constituyentes enunciaran una serie de derechos entre los cuales hubiese una escala de valores, de tal modo que unos prevaleciesen sobre otros, anulándolos. Por el contrario, es en la coordinación donde debe hallarse el verdadero criterio hermenéutico. de manera que todos subsistan en armónica coherencia (Cfr. CSJN Fallos 259:403; 272:231; 308:789, el resaltado me pertenece).-

Es en éste específico contexto, que propugno que el derecho a la vida, calidad de vida y a la salud que asiste al niño reclamante, debe ser privilegiado frente a las razones legales y aún contractuales expresadas por OSPE, actuando el principio del interés superior de éste niño peticionante.-

Máxime, cuando la razón obstativa, para no cumplir con la petición del afiliado, se centra en que la misma no se encuentra incluida en el PMO, y su cumplimiento compulsivo afecta la responsabilidad patrimonial de la requerida.-

Resulta claro, a esta altura del análisis, el hecho de que las provisiones del PMO son mínimas, y no pueden entenderse o considerarse como "techo", pues tal interpretación reticente, va en desmedro de los derechos fundamentales del niño afiliado, a quien el Aquo le ha provisto en sentencia, debidamente motivada, la cobertura solicitada consistente en la provisión de la fórmula de leche hidrolizada:Kas 1000, Nutricia Bagó, tres (3) latas mensuales, por 400 gramos, ello con el 100% de cobertura, lo que le ha sido médicamente recomendado en modo imprescindible para promover su normal desarrollo y crecimiento.-

Indudablemente, no es posible olvidar aquí, que el paradigma propiciado por el sistema constitucional Argentino, luego de operada la reforma constitucional de 1994, parte de la cosmovisión del niño como "sujeto" titular de derechos; de los mismos derechos de los que somos titulares los adultos, con más un "plus" de derechos específicos que se le otorgan, por su condición de persona en desarrollo, máxime cuando aquí se ventilan cuestiones relacionadas con su vida, su salud, y en suma, su calidad de vida.-

Desde tal cuadro interpretativo, se ha conceptualizado con acierto al interés superior del niño, como aquel que representa "(.) su reconocimiento como persona, la aceptación de sus necesidades y la defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos por sí mismo" agregando luego que "(.) esto significa que resultará en su interés toda acción o medida que tienda a respetar de manera efectiva, la mayor cantidad de derechos involucrados. Esta directriz cumple una función correctora e integradora de las normas legales, constituyéndose en pauta de decisión ante un conflicto de intereses, y en criterio para la intervención institución destinada a proteger al niño" (Cfr. Grossman, Cecilia "El Significado de la Convención de los Derechos del Niño en las Relaciones de Familia" "LL" 1993-B- 1095 y ss.).-

Es que como bien lo sostuvo Alessandro Baratta, "(.) si es verdad que los derechos humanos de la niñez representan el objetivo de la acción de transformación de la sociedad, la lucha por el cambio y por la aplicación de la ley (.) ello significa no solo llevar adelante el proceso formal de las enunciaciones normativas, sino también construir instrumentos adecuados de transformación social" (Cfr. del autor citado "Infancia y Democracia, Derecho a tener Derecho" t.IV UNICEF-IIN, Montevideo, 1998).-

Y como bien lo ha sostenido Mónica Pinto, el criterio hermenéutico del principio "pro nomine" "(.) implica que se debe acudir siempre a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos" (de la autora citada "El Principio pro nomine: criterios de hermenéutica y pautas sobre la regulación de los derechos humanos" en Abregú, Martín/Courtis, Christian (Comps.) "La Aplicación de los Tratados sobre Derechos Humanos por los tribunales locales" Edit. Del Puerto-CELS, Buenos Aires, 1997, pág. 163).-

También respecto del tema de la imposición de costas, coincido con lo propiciado por mis colegas preopinantes, ya que no encuentro válidas razones para apartarme de la regla general de imposición al vencido.- Es entonces, y por las razones antes invocadas que-propongo aracuerdo, al igual que mis colegas, la confirmación de la sentencia de fs. 48/49, en todo y cuanto hubiere sido objeto de apelación y agravios, con imposición a$ costas a la recurrente vencida (Cfr. art. 14 de ladey-46.986).-

Tal, el sentido de mi voto.-

EDUARDO PABLO JIMENEZ

JUEZ DE CAMARA

Mar del Plata, 21 de mayo de 2014.

VISTOS:

Estos autos caratulados: "R., P. A. c/ OSPE s/ Amparo".Expediente N° 81052736/2012 (Ex 15.271), procedentes del Juzgado Federal N° 4, Secretaria N° 3 de esta ciudad y lo que surge del Acuerdo que antecede SE RESUELVE:

Confirmar la sentencia de fs. 48/49 en todo yenictfanto hubiere sido objeto de apelación y agravios, con costas a la recurrente vencida (art. 14 ley 16.986). REGÍSTRESE. NOTIFIQOESE. DEVUÉLVASE.

ALEJANDRO OSVALDO TAZ2A

JUEZ DE CÁMARA

EDUARDO PABLO JIMÉNEZ

JUEZ DE CÁMARA

J0RGE FERRO

JUEZ DE CÁMARA

Fuente: Microjuris

miércoles, 26 de noviembre de 2014

Las complicaciones se pagan caro

La Justicia condenó a un cirujano a indemnizar con algo más de 58.000 pesos a una mujer que durante una operación para corregir sus pabellones auriculares le cercenó el catéter de drenaje intercraneano, generando un cuadro de hipertensión endocraneana cuando la intervenía.

En los autos “E. M. C. c/ G. S. F. y otros s/ daños y perjuicios”, los integrantes de la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, compuesta por Fernando Racimo, Mario Calatayud y Juan Carlos Dupuis, determinaron que un cirujano debía indemnizar con un poco más de 58.000 pesos a una paciente a quien le provocó un cuadro severo de hipertensión endocraneana mientras la operaba.

Los jueces relataron que la accionante estaba recibiendo una cirugía para corregir sus pabellones auriculares, y durante este procedimiento el profesional le cercenó, de forma accidental, el catéter de drenaje intercraneano.

El juez Calatayud precisó en su voto que “discrepo respecto a la inexistencia de relación causal (esgrimida por el accionado), pues ella se desprende claramente del dictamen médico tal cual lo he analizado anteriormente, cuando los profesionales sin ninguna clase de duda refieren que existe relación directa entre el seccionamiento del catéter y la cirugía plástica realizada en julio de 1990”.

El magistrado manifestó: “Lo que ahora sostiene en orden a que la ruptura pudo deberse a otras circunstancias como el vencimiento del implante por el transcurso del tiempo, más allá de que no fue alegada al contestar la demanda, no pasa de representar una mera afirmación unilateral sin respaldo probatorio alguno, de manera que no puede ser atendida en esta instancia”.

“Contrariamente a lo que entiende el apelante, la señora juez sentenciante no ha realizado un ligero examen del dictamen médico, sino que, por el contrario, las conclusiones alcanzadas por los Dres. G. y F. son tan claras y terminantes que no puede sino conducir a su aceptación por parte del tribunal”, añadió el camarista.

El vocal explicó: “Es que, como es sabido, esta Sala tiene decidido que, si bien el perito es un auxiliar de la justicia y su misión consiste en contribuir a formar la convicción del juzgador, razón por la cual el dictamen no tiene, en principio, efecto vinculante para él, la circunstancia de que el dictamen no obligue al juez -salvo en los casos en que así lo exige la ley-, no importa que éste pueda apartarse arbitrariamente de la opinión fundada del perito idóneo, en tanto la desestimación de sus conclusiones ha de ser razonable y fundada”.

“Dicho en otras palabras, si bien es cierto que el dictamen no lo vincula, cuando aparece fundado en principios técnicos innegables y no se dan razones valederas que demuestren fehacientemente que el auxiliar de la justicia, incurriendo en un error, ha hecho un inadecuado uso de su conocimiento científico se debe estar a sus opiniones, pues no es admisible apartarse de ellos en forma antojadiza y arbitraria”, agregó el miembro de la Sala.

El integrante de la Cámara indicó que “en forma congruente, ha adherido a la doctrina según la cual aun cuando las normas procesales no acuerdan al dictamen pericial el carácter de prueba legal, cuando el informe comporta -como en el caso- la apreciación específica en el campo del saber del perito -conocimiento éste ajeno al hombre de derecho-, para desvirtuarlo es imprescindible contar con elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente en el error o el inadecuado uso que el experto hubiese hecho de sus conocimientos técnicos o científicos, de los que por su profesión o título habilitante ha de suponérselo dotado”.

El sentenciante puntualizó que “por consiguiente, para que las observaciones que pudiesen formular las partes puedan tener favorable acogida, es menester aportar al expediente probanzas de similar o mayor rigor técnico o científico que desmerezcan las conclusiones alcanzadas en el peritaje, pruebas que, al no haber sido incorporadas al proceso donde ni siquiera se lo ha observado, permiten concluir de la manera anticipada”.

“Ello se hace aún más claro si se tiene en cuenta que el dictamen médico pericial cobra suma relevancia en este tipo de procesos, habida cuenta que en la gran mayoría de los casos versan sobre cuestiones eminentemente científicas que son ajenas al conocimiento del hombre de derecho, más aún si quienes lo emiten se trata de integrantes del Cuerpo Médico Forense, de reconocida solvencia profesional, que, como resolviera nuestro más Alto Tribunal, es un organismo que integra el Poder Judicial y su informe no es sólo el de un perito, ya que se trata de un asesoramiento técnico de auxiliares de la justicia cuya imparcialidad y corrección están garantidas por normas específicas y por otras similares que amparan la actuación de los funcionarios judiciales”, concluyó el juez.

Fuente: Diario Judicial - Fallo completo

martes, 25 de noviembre de 2014

Jerarquía constitucional para la Convención sobre Derechos de Personas con Discpacidad

La Cámara de Senadores aprobó y convirtió en ley, por unanimidad, un proyecto que le otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre Derechos de Personas con Discpacidad y su protocolo facultativo, adoptada por las Naciones Unidas (ONU) en diciembre de 2006. 
     
El tratado al que le dio rango constitucional el Congreso argentino es el primero del siglo XXI creado para proteger y reforzar los derechos y la igualdad de oportunidades de las 650 millones de personas con discapacidad que estiman hay a nivel mundial.

La Convención creó, a su vez, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que debe analizar los informes que los Estados parte le presenten sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones.

El protocolo facultativo del Convenio permite que individuos y grupos de los países que lo hayan ratificado presenten una petición ante el mencionado Comité, una vez que se hayan agotado todos los procedimientos nacionales de recurso.

Las instituciones de cada uno de esos países, sean públicas o privadas, tienen la obligación de promover la efectivización de esos derechos.

viernes, 21 de noviembre de 2014

Hoy es el Día de la Enfermería

Hace 50 años, el Ministerio de Salud de la Nación instituyó el 21 de noviembre como el Día de la Enfermería, en coincidencia con la festividad de Nuestra Señora de los Remedios, considerada patrona de la actividad. Una enfermera o enfermero es un profesional de la salud al servicio de la comunidad, capacitado para prestar servicios en la prevención de las enfermedades, promoción, protección, y recuperación de la salud, así como en la rehabilitación ya sea individual, familiar y comunitaria.


jueves, 20 de noviembre de 2014

La UBA tendrá su planta de producción farmacéutica

La Universidad de Buenos Aires (UBA) construirá su primera planta farmacéutica para la elaboración de medicamentos genéricos, a partir de un convenio con el Ministerio de Salud de la Nación. Estará ubicada en el segundo subsuelo del Hospital de Clínicas José de San Martín.

El pasado lunes 4 de agosto el rector de la Universidad de Buenos Aires Dr. Alberto Barbieri firmó en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada diversos convenios junto a la presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner; y otras autoridades del Poder Ejecutivo.

Como una continuidad de este acuerdo, el rector de la UBA, Dr. Alberto Barbieri y el Ing. Julio de Vido, Ministro de Planificación rubricaron sendos convenios sobre mejoras en los hospitales de Clínicas y Roffo, el desarrollo de una sede universitaria en el predio de la ex ESMA y la creación de un canal de televisión con el que contará la alta casa de estudios.

En ese marco, el Dr. Barbieri expresó “seguimos en la línea de lo que firmamos con la presidenta a mediados de año, poniendo en marcha diferentes etapas de refuncionalización y mejoras de los hospitales de Clínicas y Roffo, verdaderos centros de referencia a nivel nacional”.

Sobre la construcción de la planta farmacéutica Barbieri dijo “En el mismo sentido, está prevista la construcción de una planta farmacéutica de 1670 m2 en el segundo subsuelo del...                 clínicas, la que destinará a la fabricación de productos medicinales tanto con fines productivos como docentes”

La Facultad de Farmacia y Bioquímica proveerá su capacidad científica y docente, mientras que el Gobierno Nacional asignará los fondos para poder cumplimentar el proyecto. La producción de este emprendimiento abastecerá la red de Hospitales que dependen de la UBA y a los pacientes ambulatorios que sean afiliados de la Dirección de Obra Social de la Universidad de Buenos Aires (DOSUBA).

Asimismo se anunció la refuncionalización del Hospital de Clínicas, la ampliación del Instituto Ángel Roffo y la conformación del Plan CiberSalud, una red referencial de especialidades médicas.
Los proyectos para la creación de la Planta Farmacéutica estuvieron presentes en las autoridades de la UBA desde hace ya unos años.

Finalizando el mandato del Profesor Rubén Hallu, quien fue rector entre 2006 y 2013, durante el 56° aniversario de la Facultad de Farmacia y Bioquímica anunció la construcción de la Planta Farmacéutica FFyB – UBA auto sustentable, en el Hospital de Clínicas.

Fuente: Mirada Profesional

miércoles, 19 de noviembre de 2014

Jornada Abierta ISPOR en la Facultad de Derecho de la UBA: "Ética, Justicia, Judicialización y Salud: ¿el vaso medio vacío o medio lleno?"


El Estado nacional proveerá gratuitamente medicamentos de producción pública para paliar el dolor por cáncer

En esta primera etapa, el proyecto piloto se aplicará en 10 hospitales públicos. El Laboratorio LIF de Santa Fe es el encargado de la producción de metadona bajo normas de seguridad y calidad internacionales. Ese fármaco se usa para el alivio del dolor de los pacientes oncológicos y de otras enfermedades. 

A partir de ahora, los pacientes de 10 hospitales públicos del país comenzarán a recibir de manera gratuita medicamentos para paliar el dolor provocado por cáncer, fabricados por el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe. El proyecto piloto que anunciaron hoy autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Juan Manzur, forma parte de una política que busca promover la producción pública de fármacos con una visión orientada a garantizar el acceso a opioides para el alivio del dolor.

En esta primera etapa, la metadona se distribuirá en los hospitales Roque Sáenz Peña, Juan Alberdi, Intendente Gabriel Carrasco y el hospital de Niños Víctor Vilela de Rosario; los hospitales Tornú, Udaondo, Instituto Roffo e Instituto Lanari de la Ciudad de Buenos Aires y también en el hospital nacional Baldomero Sommer, de la provincia de Buenos Aires, ya que son establecimientos que cuentan con un equipo de cuidados paliativos experimentado y sólidamente constituido, además de farmacias hospitalarias con condiciones técnicas y humanas para coordinar el control de dicho fármaco.

"Llevamos muchos años de batallar para garantizar el acceso a los medicamentos, que para nosotros son un bien social. La principal preocupación ha sido cómo mejorar el acceso a medicamentos eficaces, seguros, de una sola calidad, que son requisitos absolutamente indiscutibles", dijo el viceministro de Salud de la Nación, Daniel Gollan, luego de agradecer el "esfuerzo diario" de diferentes organismos públicos para poner en marcha esta iniciativa.

Al subrayar que "hoy está absolutamente demostrado" que los laboratorios públicos "pueden funcionar muy bien", destacó que "hay cinco o seis que tienen bien armada su estructura de costos a precios que les permiten competir con las mayores empresas del mercado farmacéutico".

"Hablar de plata es hablar de acceso al medicamento", apuntó Gollan en referencia a que los altos precios de determinados fármacos "son una de las mayores barreras" para que los pacientes puedan acceder a la medicación que necesitan".

El producto desarrollado por el LIF –que cubrirá la demanda existente en los centros asistenciales que forman parte del sistema piloto– fue financiado por el Ministerio de Salud de la Nación, a través del Programa de Producción Pública de Medicamentos. Se estima que durante esta etapa inicial, el laboratorio produzca alrededor de 1 millón de comprimidos de metadona en dosis de 5 miligramos.

Además de cumplir con todos los estándares de calidad y seguridad fijados por la Administración Nacional de Medicina y Tecnología Médica (ANMAT) y las normas de seguridad que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) impone en el mundo a este tipo de medicamentos, la metadona del LIF se incluiría entre los productos trazados por la ANMAT para hacer un seguimiento transparente desde el origen, pasando por toda la cadena que recorre el fármaco hasta llegar al paciente.

"Este tipo de iniciativas son las que demuestran un Estado inteligente que no duplica tareas y que por medio de distintos organismos articula políticas que básicamente le cambian la vida a la gente", señaló el subadministrador de la ANMAT, Federico Kaski. Además puso de relieve la vigencia de un sistema de trazabilidad "que permite conocer en todo momento la situación de los medicamentos a lo largo de toda la cadena de distribución, desde que salen del laboratorio hasta que llegan al paciente" con lo cual se evitan adulteraciones, fraudes y otros ilícitos.

En este sentido, para garantizar aún más la seguridad de estos fármacos, el proyecto estipuló que cada uno de los hospitales nombre un responsable del área de cuidados paliativos y otro de farmacia, quienes serán los encargados de diseñar junto a las autoridades fiscalizadoras, los sistemas de registro de consumo de opioides, los circuitos de almacenamiento, provisión y distribución oportuna de la medicación, con el objetivo de que los pacientes reciban la medicación en forma gratuita, independientemente de si están internados, se controlan en forma ambulatoria o cursan una internación domiciliaria.

Otro de los actores indispensables en la construcción de esta iniciativa fue el Instituto Nacional del Cáncer (INC), que desde su rol rector en lo que concierne a normas de tratamiento y prácticas médicas en pos de la calidad de la atención, a través de su Coordinación de Cuidados Paliativos, elaboró guías de tratamiento y guías sobre interacciones medicamentosas en pacientes que reciben metadona.

Para cumplir con este fin, el INC diseñó tres guías, una de tratamiento para el equipo de salud, consensuada con los propios servicios y la Asociación Argentina en Medicina y Cuidados Paliativos, otra sobre Interacciones Medicamentosas con el objetivo de reducir el problema potencial de la metadona relacionado a su tipo metabolización que la hace sensible a otros medicamentos, y finalmente una guía dirigida a los pacientes oncológicos avanzados para que ellos mismos la lleven consigo en cada una de las consultas con otros especialistas y se la muestren a los profesionales a la hora de ser medicados para otra patología y evitar así cualquier riesgo.

En el mundo hay una gran carencia de opioides para el final de la vida, pero no por que no haya sino porque hay muchas barreras relacionadas con las regulaciones, el desconocimiento de los equipos médicos a la hora de prescribirlos y el prejuicio de la sociedad. Nuestro país dispone de una gama amplia de opioides, pero encuentra trabas en cuanto a la accesibilidad de los mismos, relacionadas a los costos, distribución y controles relacionados con los recetarios. La producción pública de medicamentos para el alivio del dolor se inscribe dentro de la ampliación de derechos de la sociedad, que considera que el alivio del dolor es un derecho humano.

A la puesta en marcha de este proyecto piloto en la sede del INC también asistieron Jorge Zarzur, responsable del Programa de Producción Pública de Medicamentos de la cartera sanitaria; Graciela Jacob, responsable del Programa de Cuidados Paliativos del INC; María Cecilia Selis, directora técnica del LIF; el médico Roberto Wenk, de la Fundación de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, quien durante años impulsó el acceso gratuito a este tipo de fármacos, y especialistas de los hospitales incluidos en el proyecto piloto.

Estudio comparativo de farmacovigilancia

Argentina es uno de los países de América Latina que más receta metadona para cuidados paliativos y tiene una amplia experiencia en este fármaco. En la actualidad existe metadona comercial y hospitalaria –que es metadona preparada en forma de jarabe por los farmacéuticos de los hospitales de acuerdo a las normas que establece la farmacopea vigente– las cuales se administran bajo supervisión médica a pacientes para el tratamiento del dolor.

A partir de la introducción de la metadona de producción pública en estos 10 hospitales, a los pacientes que necesiten este tipo de fármacos y que anteriormente estaban medicados con metadonas comercial u hospitalaria, se les suministrará la metadona LIF, lo que permitirá en el corto plazo analizar comparativamente efectividad y efectos adversos respecto de la que existe en el mercado, generando un estudio inédito de farmacovigilancia activa comparada.

A futuro y luego del análisis de los resultados de este piloto, la intención es que todos los pacientes oncológicos atendidos en hospitales públicos de nuestro país, al igual que lo que ocurre con los medicamentos oncológicos, reciban gratuitamente la medicación para tratar el dolor y otros síntomas habituales en pacientes con enfermedad avanzada, a partir del vademécum paliativo de medicamentos esenciales que promueve el INC.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

viernes, 14 de noviembre de 2014

Por ley, se harán estudios cardíacos a recién nacidos

Diputados aprobó un proyecto de ley que obligará a hospitales y clínicas a realizar análisis del corazón. También se deberán hacer otros estudios complementarios.

La Cámara de Diputados aprobó y giró en revisión al Senado esta semana un proyecto que obliga a las instituciones médicas públicas y privadas a realizar a los recién nacidos determinados estudios cardíacos, que se sumarán a otros análisis que ya se realizan para detectar otras enfermedades como el chagas o sífilis.

En la actualidad a los bebés se le realizan análisis para determinar si tienen las enfermedades de fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal, fibrosis quística, galactocemia, hiperplasia suprarrenal, congénita, deficiencia de biotinidasa, retinopatía del prematuro, chagas, sífilis, y ahora se incorpora la oximetría del pulso.

De esta manera, los médicos podrían detectar en las primeras 72 horas si un bebé tiene alguna complicación cardíaca teniendo en cuenta la cantidad de muertes de menores de dos años que se producen en la Argentina.

En ese sentido, el proyecto establece la incorporación de la obligatoriedad de la práctica de la Oximetría de Pulso al sistema público, privado y mixto de salud, en el marco de la ley 26.279.

La oximetría es un procedimiento simple, con una tecnología de acceso muy económico y que se practica antes de dar el alta domiciliaria como parte de otras prácticas que se realizan.

El proyecto fue aprobado en la sesión especial realizada ayer dentro de un paquete de iniciativas sin disidencias ni observaciones, con lo cual estos dictamen se sancionan sin debate y en una sola votación.

La diputada kirchnerista María del Carmen Bianchi explicó que "esta práctica está destinada a evitar más del 30 por ciento de las muertes por causas cardíacas" y señaló que "aproximadamente nacen 7.000 niños al año con fallas cardíacas congénitas".

En esa misma línea de pensamiento, Bianchi expresó que de esos 7.000 niños "cerca del 50 por ciento va a cirugía y cerca del 30 por ciento fallece en las primeras horas de vida". Agregó que "en general, estas cardiopatías se expresan alrededor de las 72 a las 96 horas de haber nacido, es decir, luego de que al niño se le da el alta médica".

Fuente: Mirada Profesional

14 de noviembre: Día Mundial de la Diabetes


Hoy 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, instaurado por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1991, como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo. En esa fecha se recuerda el nacimiento del Dr. Frederick Banting, médico de origen canadiense que recibió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año de 1923, por “el descubrimiento de la insulina”. Este año la campaña se centra en la alimentación saludable para la prevención de la diabetes con dos importantes mensajes: “Invertir en un desayuno saludable para reducir la carga mundial de diabetes y ahorrar miles de millones en pérdida de productividad y costos sanitarios” y “Garantizar el acceso a un desayuno asequible y saludable como pieza fundamental para reducir la carga mundial de diabetes”.

jueves, 13 de noviembre de 2014

Fallo ordena a obra social la cobertura total de medicación para menor con discapacidad

Partes: G. F. M. c/ Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación y otro s/ amparo de salud

La obra social debe otorgar a la menor discapacitada la cobertura integral del 100% del costo de la medicacion indicada por el médico tratante.

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal 
Sala/Juzgado: I 
Fecha: 17-jul-2014

Sumario: 

1.-Corresponde confirmar la resolución apelada que hizo lugar a la acción de amparo y condenó a la obra social a brindar a la menor discapacitada la cobertura total de la medicación requerida, toda vez que la actora acreditó suficientemente la necesidad de la medicación indicada por los médicos tratantes y que ha tenido una buena respuesta con su utilización.

2.-Las vicisitudes administrativas relacionadas con la importación del medicamento son inoponibles a la paciente menor de edad discapacitada, dado que debe optarse por proteger el superior derecho del niño discapacitado frente a las argumentaciones de ‘engorro’ administrativo opuestas por la obra social. 

Fallo:

Buenos Aires, 17 de julio de 2014.

Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por la demandada Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación a fs. 141/142 -que fue fundado en ese mismo acto y la contestación de traslado de la parte actora de fs. 148/149-, contra la resolución de fs. 134/136; y

CONSIDERANDO:

1.-La resolución apelada hizo lugar a la acción de amparo y, en consecuencia, condenó a la Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación a brindar a su afiliada la cobertura total de la medicación "Aquadecks" gotas pediátricas por 60 ml., de conformidad con lo que prescriban los médicos tratantes. Las costas fueron impuestas a cargo de la demandada.

2.-La demandada se agravió porque, sostiene, la medicación "Aquadecks" no se encuentra incluida dentro de la normativa vigente y, además, la obra social ya provee la cobertura de enzimas pancreáticas, aportes nutritivos adicionales y vitaminas solubles para la enfermedad del afiliado. Destacó que el medicamento debe ser importado desde E.E.U.U. y que su adquisición es engorrosa. Puso de relieve que no negó las prestaciones requeridas, sino que las mismas deben ser cumplidas en base al marco normativo vigente implementado por el Ministerio de Salud.

3.-En primer lugar, cabe destacar que no está discutida en el "sub lite" la condición de discapacitada de la actora menor de edad -cfr. certificado de discapacidad de fs. 4- ni su carácter de afiliada a la obra social Unión Personal -cfr. fs. 3-. Tampoco se cuestiona la enfermedad que padece (cfr. fs. 4, fibromatosis quística de páncreas).

Se encuentra cuestionado, en cambio, si la demandada debe otorgar --o no-- la cobertura integral del 100% del costo de la medicación "Aquadecks" (polivitamínico A, C, D y K, 2 ml. por día), según la indicación de la médico tratante (cfr. fs.7, 10).

4.-Conviene comenzar poniendo de manifiesto que a partir de la reforma constitucional de 1994 el derecho a la salud se encuentra expresamente reconocido con jerarquía constitucional por el art. 75 inc. 22 de la Carta Magna, que asigna tal calidad a los tratados que enumera. Entre ellos, el art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y bienestar y en especial la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (esta Sala, causa 798/05 del 27.12.05).

En el mismo sentido, el art. XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica correspondiente al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad (causa 798/05 antes citada).

A su vez, el art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estableció que entre las medidas que los Estados partes deberían adoptar a fin de asegurar la plena efectividad del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, deberían figurar la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas y la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad (causa 798/05 antes citada).

En procura de la consecución de los mismos fines, el art. 75 inc.23 de la Constitución Nacional, establece —en cuanto aquí resulta pertinente— entre las atribuciones del Congreso, legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad (el resaltado nos pertenece), situación en la que se encuentra la actora menor de edad (confr. certificado obrante a fs. 4).

5.-Ahora bien, en el caso debe decidirse si la demandada se encuentra o no obligada a otorgar la cobertura integral 100% del costo de la medicación "Aquadecks" indicada a favor de la paciente menor de edad discapacitada.

Al respecto se debe señalar que la ley 24.901 instituye un sistema de prestaciones básicas de atención a favor de las personas discapacitadas (confr. esta Sala, causas 2228/02, 6511/03 y 16.233/03 citadas; esta Cámara, Sala 2, causa 2837/03 del 8-8-03) y que, reiteradamente, se ha decidido que el Programa Médico Obligatorio (PMO) fue concebido como un régimen mínimo de prestaciones que las obras sociales deben garantizar (Resolución 201/02 y 1991/05 del Ministerio de Salud y esta Sala, causa 1913/08 del 19.3.09).

En ese contexto, la demandada no ha demostrado que la cobertura total de las prestaciones objeto de reclamo pudiese comprometer su patrimonio, a punto tal de impedirle atender a sus demás beneficiarios, y de esa forma, encontrarse imposibilitada de cumplir con sus objetivos (conf. esta Cámara, Sala 2, causa 5250/97del 18.3.99).

En tales condiciones, la actora acreditó suficientemente en autos que necesita la medicación indicada por los médicos tratantes y que ha tenido una buena respuesta con su utilización, según informó el perito médico a fs. 104, punto E). También surge de la pericia médica que la medicación "Aquadecks" se encuentra aprobada por la ANMAT (cfr. fs.104, punto F).

En consecuencia, las vicisitudes administrativas relacionadas con la importación del medicamento son inoponibles a la paciente menor de edad discapacitada, dado que debe optarse por proteger el superior derecho del niño discapacitado frente a las argumentaciones de "engorro" administrativo opuestas por la obra social.

Por lo demás, ante la argumentación de la demandada en orden a que ofreció otras vitaminas y medicamentos a su afiliada, debe estarse a la opinión y criterio de los profesionales tratantes, que son los que se encuentran a cargo del tratamiento que recibe el paciente discapacitado.

Así, esta Sala también hace mérito de que la solución propiciada es la que mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección se pretende -que compromete la salud e integridad física de las personas (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 302:1284)-, reconocido por los pactos internacionales (art. 25, inc. 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y art. 12, inc. 2, ap. d, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; cfr. esta Cámara, Sala 1, causas 22.354/95 del 2.6.95, 53.078/95 del 18.4.96, 1251/97 del 18.12.97, 436/99 del 8.6.99 y 53/01 del 15.2.01; en igual sentido, ver CSMendoza, Sala 1, del 1.3.93; CFed. La Plata, Sala 3, del 8.5.00, ED del 5.9.00).

Ello conduce a que deba confirmarse la sentencia recurrida, en cuanto ordena a la demandada que afronte el costo de la cobertura de la medicación "Aquadecks" en las dosis y modalidades que prescriban los médicos tratantes.

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: confirmar la resolución de fs. 134/136. Las costas de Alzada se distribuyen en el orden causado atendiendo a las particularidades que presentó la cuestión y a que la recurrente pudo creerse con un mejor derecho (arts.68 y 69 del Código Procesal).

Atendiendo al mérito, extensión y la eficacia de las labores desarrolladas en la anterior instancia, a la naturaleza de la causa y los derechos involucrados, y al éxito obtenido, se confirman los honorarios del letrado apoderado de la actora, Dr. Raúl Augusto Montesano (arts. 6, 9, 33, 37 y 39 del arancel de abogados y procuradores).

Ponderando el mérito, la extensión y la eficacia de las tareas desarrolladas por el experto médico y atendiendo a la adecuada proporción que los honorarios de los peritos debe guardar con los de los profesionales de las partes para procesos de estas características (conf. Corte Suprema, Fallos 300:70, 303:1569, entre otros), se confirman los honorarios del perito médico Manuel Arturo Ledda.

Regístrese, notifíquese -a la Sra. Defensora Oficial en su despacho- y devuélvase.

María Susana Najurieta

Ricardo Víctor Guarinoni

Francisco de las Carreras

Fuente: Microjuris

martes, 11 de noviembre de 2014

Aprobación del Programa Unidad de Resolución de Problemas y Asistencia Crítica

Resolución 2040/14 - Ministerio de Salud de la Nación

Título: Salud Pública. Programa Unidad de Resolución de Problemas y Asistencia Crítica. Aprobación.

Fecha B.O.: 11-nov-2014

Texto:

Visto el expediente N° 1-2002-18229/14-7 del registro del MINISTERIO DE SALUD, y

CONSIDERANDO:

Que corresponde al MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION encarar medidas tendientes a modificar la situación sociosanitaria que aqueja a los sectores más vulnerables de la población de nuestro país.

Que, según lo establecido, es un objetivo de la SECRETARIA DE SALUD COMUNITARIA la formulación y coordinación de mecanismos de monitoreo y evaluación de los distintos programas y proyectos sectoriales de manera de lograr el mayor impacto de las acciones en términos de cobertura y equidad.

Que, es asimismo un objetivo de la SUBSECRETARIA DE SALUD COMUNITARIA, MATERNIDAD E INFANCIA intervenir en la coordinación de las acciones relacionadas con el proceso de transformación del modelo de atención de la salud.

Que existen situaciones que generan que la población no encuentre la respuesta adecuada y oportuna, muchas veces producto de la falta de coordinación entre los diferentes niveles estatales (municipal, provincial y nacional).

Que es necesario centralizar la información relevada de las situaciones críticas vinculadas a la salud relacionadas con demandas no resueltas.

Que se deben establecer líneas de información y comunicación más idóneas para incentivar modelos participativos y movilizadores entre la población objetivo.

Que la articulación entre las entidades estatales será un bien de conveniencia mutua para la resolución rápida de problemas de la población y la no superposición de tareas.

Que las acciones que serán promovidas a través del PROGRAMA UNIDAD DE RESOLUCION DE PROBLEMAS Y ASISTENCIA CRITICA deben establecer indicadores para dimensionar la implementación de políticas tendientes a disminuir la inaccesibilidad e inequidad, a fin de mejorar el vínculo ya existente en los diversos actores comunitarios.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes de la Ley de Ministerios T.O. 1992 , modificada por su similar N° 26.338 .

Por ello,

EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE:

Artículo 1.- Créase el "PROGRAMA UNIDAD DE RESOLUCION DE PROBLEMAS Y ASISTENCIA CRITICA", en el ámbito de la SUBSECRETARIA DE MEDICINA COMUNITARIA, MATERNIDAD E INFANCIA y bajo dependencia directa de su Titular, cuya formulación se aprueba como ANEXO I de la presente. 

Artículo 2.- El Programa creado por el artículo anterior tendrá entre sus objetivos prioritarios los siguientes:

Identificación de casos en situaciones críticas de salud que requieran de una respuesta inmediata por parte del Estado.

Resolución, con carácter de urgencia, de situaciones críticas de salud no resueltas oportunamente por los efectores correspondientes en conjunta colaboración con los entes estatales adecuados, para mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad social y garantizar la continuidad de la atención y tratamiento que requiera.

Facilitar la articulación entre los diferentes niveles estatales para la resolución de los casos identificados, en pos de desarrollar una estrategia de seguimiento de los mismos. 

Artículo 3.- La coordinación de las acciones que demande el cumplimiento de los objetivos del "PROGRAMA UNIDAD DE RESOLUCION DE PROBLEMAS Y ASISTENCIA CRITICA" estará a cargo del Dr. Salvador GIORGI (D.N.I. N° 29.387.385). 

Artículo 4.- "El PROGRAMA UNIDAD DE RESOLUCION DE PROBLEMAS Y ASISTENCIA CRITICA" será solventado con las partidas específicas correspondientes a la jurisdicción del MINISTERIO DE SALUD, de acuerdo a lo establecido por el Presupuesto general para la Administración Pública Nacional. 

Artículo 5.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.-

Juan L. Manzur.


ANEXO I

"PROGRAMA UNIDAD DE RESOLUCION DE PROBLEMAS Y ASISTENCIA CRITICA"

Fundamentación

Las políticas sociales, laborales y sanitarias implementadas durante la última década tuvieron impacto en el acceso de la población al sistema de salud, principalmente en relación al aumento del empleo registrado y la mayor cobertura a través de obras sociales, pero también a partir de las políticas específicas dirigidas al sistema público de salud.

Sin embargo, en este contexto, y también producto de la falta de coordinación entre los diferentes niveles estatales (municipal, provincial y nacional) existen situaciones que no encuentran la respuesta adecuada y oportuna. En este contexto, la Unidad de Resolución de Problemas y Asistencia Crítica (URPAC), dependiente de la Subsecretaría de Medicina Comunitaria, Maternidad e Infancia, de la Secretaría de Salud Comunitaria, del Ministerio de Salud de la Nación, se propone garantizar el acceso equitativo a la salud de aquellas personas en situación de mayor vulnerabilidad que se encuentran atravesando una situación crítica que requiere una respuesta por parte del Estado con carácter de urgencia. 

Esta Unidad pretende de esta manera facilitar el abordaje de dichas situaciones que no han sido resueltas oportunamente en otras instancias o por los efectores de salud correspondientes, facilitando la gestión de recursos y la articulación de las diferentes instancias estatales a nivel municipal, provincial y nacional para el seguimiento de cada caso.

Objetivos

- Identificación de casos en situaciones críticas de salud que requieran de una intervención impostergable por parte del Estado.

- Resolución urgente de situaciones críticas de salud no resueltas oportunamente por los efectores correspondientes, para mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad social y garantizar la continuidad de la atención y tratamiento que requiera.

- Facilitar la articulación entre los diferentes niveles estatales para la resolución de los casos identificados, en pos de desarrollar una estrategia de seguimiento de los mismos.

Acciones

- Centralizar la información relevada de las situaciones críticas vinculadas a la salud relacionadas con demandas no resueltas oportunamente por efectores de salud correspondientes.

- Identificación y análisis de casos particulares teniendo en cuenta el contexto socio sanitario de la persona, determinando cuáles son las necesidades prioritarias para realizar las gestiones pertinentes.

- Adquirir medicamentos e insumos sanitarios a través de los programas pertenecientes a este Ministerio y arbitrar los medios necesarios para la adquisición de aquellos que queden por fuera de los mismos.

- Organizar equipos interdisciplinarios de contención y seguimiento a corto plazo de los casos identificados.

- Gestionar a nivel de los sistemas de salud nacional, provincial y/o municipal, turnos y estrategias de seguimiento a largo plazo de cada caso.