lunes, 22 de agosto de 2016

Buenos Aires: más de 500 familias reclamaron por tratamientos de fertilidad asistida

La Defensoría del Pueblo de la Provincia ya recibió más de 500 reclamos de parejas que piden a la seguridad social que le cubra tratamientos y medicamentos para tener familia. La nueva ley obliga a prepagas y obras sociales a cubrir las prácticas.       

Laura decidió buscar un hijo mediante un tratamiento de fertilización, cuando le diagnosticaron una patología que le impedía lograr un embarazo de manera natural. Una vez que el médico le aconsejó realizar una técnica de baja complejidad, pidió a su prepaga la cobertura de los costosos remedios y fue rechazada. El caso de Laura no es el único y forma parte del universo de más de 500 reclamos que llegaron a la Defensoría, que ahora insta a Medicus a cubrir el 100 por ciento de los remedios y de esa forma posibilitar a la mujer a llevar adelante el tratamiento.

En esa línea, el secretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo, Marcelo Honores, aclaró que “la normativa es clara respecto al acceso ‘integral’ a los métodos de fertilización asistida, los de diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo para quien lo solicite en el sistema de salud público o privado”.

“El aspecto clave de la ley es que reconoce — al igual que la Organización Mundial de la Salud (OMS)- a la infertilidad como una enfermedad, dando por tierra argumentos económicos de las prepagas que se niegan a cubrir de manera integral los tratamientos”, añadió Honores.

La empresa explicó que la cobertura para los remedios que se usan para estos tratamientos es del 40 por ciento. Y, por otra parte, que la mujer firmó como condición para ingresar en el sistema de la prepaga, que los métodos de fertilización quedaban fuera del alcance del plan contratado.

Sobre este punto, desde el Área de Consumidores de la Defensoría explican que “el acceso a la salud es irrenunciable, no existe la figura por la cual los consumidores y usuarios del sistema nacional de seguro de salud puedan declinar de sus derechos”. En tanto, Laura espera iniciar un nuevo tratamiento, ya que el primero (de baja complejidad) tuvo que interrumpirse porque corría riesgo de tener un embarazo múltiple.

En el caso de Adriana, la voluntad de tener un hijo la llevó a realizar cuatro tratamientos (tres de alta complejidad, uno en 2013 y dos en 2014; y una transferencia de embriones crio conservados, en 2015), sin éxito hasta el momento.

Cuando decidió realizar otro intento, Accord Salud, el plan privado de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), se lo negó por considerar que son sólo 3 los métodos de alta complejidad que el sistema de salud tiene obligación de pagar. Sin embargo, la Defensoría entiende que la ley garantiza el derecho a la salud y que debe ser interpretada en el sentido más amplio, y de esta manera se deben cubrir tres tratamientos de alta complejidad al año y no tres en toda su vida, ya que muchas mujeres lo necesitan.

En rigor, el texto de la normativa es claro al establecer que las obras sociales y prepagas deben cubrir cuatro tratamientos de baja complejidad anuales y cuando cita los tratamientos de alta complejidad, solo dice hasta tres con intervalos mínimos de tres meses entre cada uno de ellos, sin establecer lapso temporal en el cual deben ser contemplados esos tres procedimientos.

En este sentido, vale recordar que la Defensoría fue unos de los organismos impulsores de la ley provincial de fertilización asistida, y que lleva más de 500 casos atendidos sobre la temática.

La negativa de las obras sociales o prepagas a cubrir los tratamientos de fertilización, los de diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo, aparecen como los reclamos que los bonaerenses más acercaron a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires desde que se sancionó la ley.

En número, 517 fueron las quejas que atendió el organismo desde la promulgación de la normativa que garantiza a las mujeres el acceso a métodos asistidos para lograr un embarazo. En detalle, el 95% de las quejas presentadas fueron resueltas, mientras que el porcentaje restante se encuentra en vías de resolución.

Fuente: Impulso Baires