El proyecto oficial
establece que no se puedan introducir nombres comerciales en todas las recetas.
La iniciativa está en la comisión de Salud, y podría aprobarse en breve. La
Academia Nacional de Medicina se pronunció en contra de la medida: “se
desconoce la opinión del médico”.
La denominada Ley de
Prescripción de Medicamentos por su Nombre Genérico se aprobó en plena crisis
del 2002, y a lo largo de estos años tuvo altas y bajas. Una serie de reformas
buscaron potenciar su alcance, hasta que este año una iniciativa busca ir a
fondo con su aplicación. Así, si se aprueba, la nueva normativa prohibirá
definitivamente que las recetas de cualquier clase lleven el nombre comercial
de los medicamentos. La medida se analiza en el Congreso, en medio de la
disputa que el gobierno nacional tiene con la industria farmacéutica, por
varios temas, entre ellos la apertura a genéricos extranjeros para ingresar a
las licitaciones que hace el Estado. En estos días, la reforma avanza en la
comisión de Salud, cuya presienta es la autora. Una asociación médica cuestionó
el proyecto, y advirtió sobre su impacto.
La iniciativa de la diputada nacional Carolina Gaillard ya
logró consenso en la comisión de Salud –que la legisladora entrerriana preside
–y podría tratarse en la cámara baja en los próximos días. Los proyectos
modifica la ley 25.649, para que toda prescripción médica deba efectuarse “en
forma obligatoria expresando el nombre genérico, sin la posibilidad de sugerir la
marca comercial del medicamento”. “Las marcas no aseguran mejor calidad, en
Gran Bretaña y Estados Unidos el 60 por ciento de los medicamentos que se
consumen son genéricos, y sus precios son un 40 por ciento más baratos que las
marcas reconocidas”, manifestó la legisladora.
le Legisladora propone modificar los artículos 2 y 3 de la
ley 25.649, que actualmente obliga a la prescripción por el genérico, pero deja
abierta la puerta para que los médicos sugieran una marca. "Queremos que
los ciudadanos elijan libremente qué marca comprar y que ésta no sea impuesta
por el lobby publicitario de los laboratorios", afirmó. El proyecto fue
acompañado por los diputados nacionales Juliana Di Tullio, Diana Conti, María
Emilia Soria, Lucila De Ponti, Araceli Ferreyra, Lautaro Gervasoni, Jorge
Barreto, Julio Solanas, Juan Manuel Huss, Eduardo Seminara y Juan Manuel
Pedrini.
En ese sentido señaló que el Estado tiene el deber de
garantizar accesibilidad y calidad como política de salud. “La Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica (ANMAT), controla y
certifica la calidad todos los medicamentos que se venden en las farmacias y
cumplen con los protocolos internacionales que avalan su producción”, explicó.
“Si la calidad está asegurada por la ANMAT, nosotros debemos legislar por el
acceso a los medicamentos de calidad y menor costo, enmarcado en una política
pública de Salud que lo garantice”, concluyó.
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados está
trabajando en la organización de una jornada sobre medicamentos genéricos para
construir consensos en torno a la necesidad de garantizar el acceso a medicamentos
de calidad. Se invitará a especialistas, académicos, cámaras de laboratorios,
representantes de las farmacias y sindicatos de la industria. Es que en algunos
sectores causa resquemor esta medida, y no dejan de plantear dudas.
El fin de semana, la Academia Nacional de Medicina emitió un
comunicado en el que manifiesta su preocupación por este proyecto, y se destaca
que de esta forma “se desconoce la opinión del médico, único responsable ante
la ley del tratamiento de sus pacientes, y se pasa por alto que la farmacia
puede estar atendida por personal no profesional”.
En tanto, el académico Juan Antonio Mazzei, subrayó que
“como es sabido, en la Argentina no hay ‘ley de genéricos’, sino sólo de
‘prescripción por nombre genérico’. Para que haya medicamentos genéricos se
requiere que caiga la patente y se presenten estudios de biodisponibilidad y
bioequivalencia, que en el país no son exigibles. Si este proyecto prospera,
¿quién va a recetar? ¿El paciente? ¿El farmacéutico?”.
"Está bien establecido que entre tres remedios con la
misma sustancia activa muchas veces hay uno de más calidad -coincidió Mercedes
Weissenbacher, también integrante de la Academia-. Si no dejan que los médicos
elijan el tratamiento para su paciente, quedaría en manos de quien esté en la
farmacia, que no siempre es el farmacéutico." Partiendo de estos
criterios, el comunicado de la Academia advierte: "Reformas como la
propuesta impiden la actividad normal del médico, rebajan su calidad
profesional y no aseguran la efectividad de un tratamiento. Es de desear que
medidas como la presente no sean aprobadas por las autoridades".
La ley de prescripción por nombre genérico fue aprobada en
agosto de 2002, un proyecto que contó con un amplio respaldo del justicialismo,
el ARI, el radicalismo, Polo Social, Frente para el Cambio, los partidos
provinciales, y sólo anunciaron su voto negativo Marta Alarcia y se abstuvieron
los legisladores de Autodeterminación y Libertad. Según cálculos extraoficiales
del Ministerio de Salud en esos días, con la sanción de esta ley “se podría
ahorrar un 60 por ciento los costos en medicamentos de la población, que
representarían una cifra cercana a los 4.000 millones de pesos anuales”.
La discusión de esta medida se da en medio de una tensa
relación entre el gobierno nacional y la industria farmacéutica nacional, que
rechaza que se abra el mercado a los genéricos extranjeros. El Ministerio de
Salud ya permitió que sean parte de las licitaciones para surtir al Estado, e
incluso amenazan con incorporar estos fármacos –sobre todo indios y chinos –a
la seguridad social, algo que los laboratorios nacionales rechazan de plano.
Además, se negocian las condiciones del nuevo convenio de PAMI, otra pelea que
enfrenta a las partes.
Fuente: Mirada Profesional
