lunes, 30 de enero de 2017

Nuevo proyecto para que los prospectos de los medicamentos lleven información en braille

Lo presentó el senador nacional Roberto Basualdo, y busca mejorar el acceso de las personas con discapacidad visual a la información a la hora de tomar un fármaco. Como novedad, la iniciativa busca que se entreguen prospectos extras en los mostradores, para ser distribuidos entre pacientes. Entidades que agrupan a personas ciegas dicen que es un primer paso, pero que falta mucho para garantizar los derechos de estos pacientes. 

Existen varios proyectos para que los medicamentos tengan información en braille, destinadas para personas con disminución visual. Esta semana, una nueva iniciativa incluye un dato novedoso: que los laboratorios entreguen a las farmacias prospectos extra con ese lenguaje, para que puedan ser entregados en los mostradores a personas que tengan esta discapacidad. El proyecto del senador nacional por San Juan Roberto Basualdo busca hacer protagonista a los farmacéuticos, para que puedan dar más información para que el paciente tenga acceso a todos los datos de los fármacos.

El proyecto de ley de Basualdo se presentó esta semana y propone que los laboratorios ofrezcan una partida de medicamentos con el nombre de su marca registrada, el nombre genérico y la fecha de vencimiento en tipología braille. “Muchas personas no videntes viven solas y no cuentan con un pariente o amigo que pueda asistirlos en sus tareas y necesidades, es por eso que se requiere que el Estado se haga presente con políticas que los incluya y les permita su total integración a la sociedad”, subrayó el autor del proyecto.

Según señaló el senador, “la población de no videntes desde hace tiempo viene reclamando, entre otras medidas, la identificación en tipología braille de los medicamentos. Esto les posibilitaría elegir libremente, con la información adecuada y por sus propios medios, la medicación a tomar, conocer su posología y contraindicaciones”. Para eso, los laboratorios deberán proveer a cada farmacia un prospecto de cada medicamento con este tipo de escritura.

“Tengamos presente que estas personas deben luchar a diario con un sinnúmero de obstáculos que les impide desarrollarse plenamente”, subrayó Basualdo, y agregó, “no debemos olvidar que nuestra Constitución Nacional establece los derechos y garantías de todos los habitantes de nuestro suelo argentino. No excluye a las personas con alguna discapacidad”.

En ese mismo sentido, el legislador recordó que “el artículo 42 de la Constitución Nacional, en su primer párrafo dispone que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Estos derechos están desarrollados por la Ley de Defensa del Consumidor”.

Basualdo explicó que “no es necesario que todos los envases de los medicamentos cuenten con el nombre de la marca, la fecha de vencimiento, los miligramos de droga y el laboratorio en escritura braille; lo que sí solicitamos es que el Ministerio de Salud determine la cantidad de unidades por partida de cada medicamento en función de la cantidad de personas no videntes registradas en todo el país”. Finalmente, manifestó: “como legisladores, debemos atender las necesidades de quienes nos eligieron para representar sus necesidades e inquietudes, sin discriminación, garantizando la equidad e igualdad para todos”.

Conocida la iniciativa, desde el Centro de Rehabilitación en Discapacidad Visual ASAC consideraron que el proyecto “es un avance”, aunque advirtieron que “no resuelve el problema en su totalidad”. "No todas las personas ciegas leen braille: de los 160 que acuden a nuestro centro, sólo unos 35 manejan ese código", explicó la titular de la entidad, Graciela Morel. La especialista señaló que el sistema "no es sencillo" y que "muchas de las personas que pierden la visión después de los 40 años no lo aprenden, por lo que son también útiles otro tipo de iniciativas". Entre ellas, mencionó la aplicación para teléfonos móviles con sistema Android que se está desarrollando en España con la colaboración de la asociación de farmacéuticos de ese país, que "lee los prospectos y los transforma en audio".

"Ninguna solución alcanza a todos, para acceder a esa aplicación hay que tener un smartphone con sistema Android. Además, hay particularidades a tener en cuenta: por ejemplo, a las personas con baja visión que suelen usar diferentes gotas y varias veces al día, les sirve que las cajas sean de distinto color o que tengan alguna distinción icónica, como ya hace la mayoría de los laboratorios oftalmológicos", agregó.

Otro de los puntos del proyecto que preocupa a Morel es la disposición para que los laboratorios tengan el prospecto de los medicamentos que venden en braille: "Lo que ocupa cuatro carillas impreso en tinta en braille ocupa el doble, las hojas son más grandes, las farmacias deberían tener una biblioteca y actualizarla cada vez que haya cambios en algún prospecto", advirtió.

Fuente: Mirada Profesional

viernes, 13 de enero de 2017

Abierta la inscripción al Programa de Actualización en Derecho de la Salud AABA-UBA

Programa de Actualización en Derecho de la Salud, Gestión de Organizaciones Sanitarias y Biolegislación



Dirigido a profesionales provenientes de las ciencias jurídicas y médicas, economía, enfermería, estadística, trabajo social, salud mental entre otros, de los sectores público, privado y de la seguridad social

jueves, 12 de enero de 2017

Encuesta sobre actividades del Observatorio de Salud

Te invitamos a tomarte unos pocos minutos para responder nuestra encuesta, que nos ayudará a diseñar la agenda temática de este año del Observatorio. Son sólo tres preguntas

¡Muchas gracias por tu tiempo!

Acceder a la Encuesta

Más vacunas obligatorias: lo que tenés que saber

Se incluyó en el calendario nacional la que protege contra el meningococo y se extendió a varones la del VPH. Para mayores de 65 años y grupos de riesgo, la que previene la neumonía. 

Más vacunas obligatorias: lo que tenés que saberEl 2017 llegó con calendario de inmunizaciones obligatorio renovado. Argentina se convierte así en el primer país de Latinoamérica en incorporar la vacuna contra la meningitis en lactantes y adolescentes, y en el tercero (junto a Brasil y Panamá) en ampliar la vacunación contra el HPV a los varones (hasta ahora solo estaban cubiertas las nenas). En cuanto a los adultos, está prevista la aplicación de la vacuna que previene la neumonía a mayores de 65 años y personas con factores de riesgo.

El Ministerio de Salud informó que ya están distribuyendo en todo el país las vacunas contra el meningococo y el virus del papiloma humano (VPH). En este primer envío se adquirieron un millón y medio de dosis de cada una. Como todas las incluidas en el calendario nacional (20), se aplican sin necesidad de orden médica, son gratuitas y obligatorias y están disponibles en hospitales y centros de salud públicos.

Más vacunas obligatorias: lo que tenés que saber


Meningitis: una vacuna esperada

La incorporación de la vacuna antimeningocóccica conjugada, que protege contra cuatro serogrupos (A, C, W, Y) de la bacteria Neisseria meningitidis, era muy esperada porque hasta el momento solo podía conseguirse en el sector privado. En el calendario actual está indicada en un esquema de tres dosis (a los 3, 5 y 15 meses) para los bebés que cumplan los tres meses a partir de enero, y de una sola aplicación para los chicos que cumplan 11 años. "Se trata de una estrategia combinada porque quienes más portan el meningococo son los adolescentes y vacunándolos a ellos van a disminuir más rápido los casos de lactantes afectados", sostiene en diálogo con Clarín Carla Vizzotti, secretaria de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y ex funcionaria de la Dirección de Enfermedades Inmunoprevenibles.

En Argentina, los dos tipos de meningococo más prevalentes son el W y B. La vacuna recientemente incluida en plan de inmunizaciones nacional protege contra el primero. Ya está aprobada por ANMAT otra contra el B, aunque todavía no se comercializa. "Es una vacuna que está recientemente licenciada, más nueva que la tetravalente. Se está esperando recibir los resultados del estudio que permitirá establecer si la cepa que circula en Argentina de meningococo B coincide con la que tiene la vacuna. Si la coincidencia es alta, sería una vacuna importante para evaluar para el calendario porque poco más de la mitad de los casos de meningitis son por meningococo B, que no está cubierto con la vacuna que se incorporó ahora", explica Vizzotti, quien en sus años en el Ministerio de Salud estuvo al frente de la ampliación del calendario nacional de vacunación.

El meningococo puede provocar meningitis (inflamación de la membrana que cubre el cerebro), una enfermedad temida porque es complicado detectarla en forma precoz (sus síntomas pueden ser confundidos con los de otras enfermedades, como la gripe), es de rápida evolución y puede llevar a la muerte entre las 24 y 48 horas posteriores al inicio de los síntomas, o dejar secuelas irreversibles. Si bien ataca a adultos, los menores de cinco años (y especialmente los menores de nueve meses) son la población más vulnerable a esta bacteria, que también puede desencadenar sepsis (infección generalizada).

Enrique Casanueva, jefe Infectología del Hospital Austral, celebra la incorporación de la vacuna al calendario, pero subraya que el hecho de que estén disponibles debe ir acompañado de elevadas tasas de cobertura (es decir, que los padres lleven a sus chicos a los vacunatorios). “Hemos vuelto a tener casos de meningitis por Haemophilus influenzae, que prácticamente no veíamos —dice a Clarín—. Es muy importante mantener buenas las coberturas porque la meningitis es una enfermedad que no solamente está asociada con muertes, sino con secuelas vinculadas a trastornos auditivos, con el desarrollo del lenguaje, convulsiones. A esto se agrega que el meningococo tiene también una forma es sistémica, con una alta mortalidad”.

El especialista resalta que la inmunización a través de las vacunas ofrece beneficios por diferentes vías, ya que protege en forma directa a los más chicos, a los adultos (porque se reduce la circulación de virus y bacterias), y alivia al sistema de salud: se calcula que por cada dólar invertido en vacunas, se ahorran muchos más entre tratamiento de la enfermedad y las secuelas. “Son medidas muy importantes. El desafío es mantener buenas coberturas de vacunación. De nada sirve tener vacunas si no son aplicadas”, advierte.

VPH, también para ellos

Los chicos que cumplan 11 años a partir de este mes también tendrán que poner el brazo. Así se sumarán a las nenas que, una vez que llegan a esa edad, desde 2011 vienen recibiendo la vacuna que protege contra las cepas del virus causantes de la mayoría de los casos de cáncer de cuello de útero. ¿Y por qué entonces se incorpora a los varones en la estrategia sanitaria? Su inclusión busca dos efectos: uno indirecto, que es bajar la cantidad de mujeres que mueren por ese cáncer (1800 al año); y uno directo, vinculado a proteger a los hombres de otro tipo de afecciones (como las verrugas genitales) y cánceres asociados al virus (de pene, ano y orofaríngeo).

Se trata de un virus muy común, que se transmite por vía sexual. “La vacunación en los hombres contribuiría con la equidad de género, al ser tanto hombres como mujeres responsables de la transmisión del VPH, por lo que ambos deberían asumir la carga de reducir el riesgo de las enfermedades, así como tener el mismo acceso a los beneficios directos de la vacunación”, explican desde el Ministerio de Salud.

El esquema consiste en dos dosis separadas por un intervalo mínimo de seis meses. Desde la cartera sanitaria continúan llamando a las chicas de entre 11 y 16 años que no hayan iniciado o completado el esquema, a que se acerquen a los vacunatorios. El período entre aplicaciones es clave: si en base al esquema anterior (compuesto por tres dosis) una nena recibió solo dos dosis con un intervalo menor a seis meses, debe aplicarse una tercera. No hay un intervalo máximo, por lo cual puede completarse en cualquier momento.

Proteger a los mayores de la neumonía

La tercera estrategia anunciada oficialmente incumbe a los adultos. “En conjunto con la vacunación antigripal, desde 2017 se realizará la vacunación contra neumococo para personas con factores de riesgo y mayores de 65 años”.

La vacuna que se encontraba disponible hasta ahora por calendario para ese grupo es la polisacárida 23 valente (PPSV23), que protege contra las formas invasivas de la enfermedad neumocócica (bacteremia, meningitis, artritis) y modera la gravedad de la neumonía. La que se incoporaría, según el anuncio, es la conjugada 13 valente (PCV13) -la misma que se aplica a los chicos-, que además de proteger contra las formas invasivas, previene en un 46% la neumonía producida por los serotipos de neumococo que contiene.

La Comisión Nacional de Inmunizaciones recomienda aplicarlas a todos los mayores de 65 y menores de esa edad con comorbilidades no inmunosupresoras en un esquema secuencial de PCV13, seguido de una dosis de PPSV23, con un intervalo entre ambas mayor a 12 meses.

Fuente: Clarín

miércoles, 11 de enero de 2017

El derecho a la cirugía bariátrica

La Justicia del Chaco ordenó a una obra social la cobertura del total de los gastos de una cirugía de bypass gástrico en favor de una afiliada que padece obesidad mórbida. Los jueces consideraron el grave peligro y riesgo en su salud que le provoca esta enfermedad.

dieta mujer pesoEn los autos “A.C.R. c/ Instituto de Seguridad Social, Seguros y Prestamos s/ medida cautelar innovativa”, la Sala Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia del Chaco desestimó el recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte demandada y, en consecuencia, confirmó la sentencia que ordenó a una obra social la cobertura del total de gastos de una cirugía de bypass gástrico.

La mujer, quien parece obesidad mórbida, promovió una cautelar innovativa a fin de lograr la cobertura  de la cirugía bariátrica. Así, señaló que ejerce esta medida pues tras haber efectuado el pedido administrativo y realizado todos los trámites y estudios pertinentes ante la obra social, pero sólo se le autorizó a cubrir la suma de $28.000 para la cirugía, descontándose el 30% cargo de la afiliada.

De este modo, argumentó que dicha disposición “contraviene la ley de obesidad que obliga a las obras sociales a cubrir el 100% de las sumas dinerarias  que deriven de los tratamientos”, y concluyó que su “reclamo es urgente, pues su vida se encuentra en situación de riesgo”.

Luego de analizar el caso, el STJ explicó que la accionante se “sometió a los  mecanismos pertinentes previstos por el Programa de Obesidad, efectuando múltiples  tratamientos médico/nutricional exigidos logrando un  descenso de peso, manteniendo controles mensuales con equipo interdisciplinario, para  lo cual se brindó opinión favorable por los expertos al pedido de intervención quirúrgica de bypass gástrico”.

Puntualmente, los jueces destacaron que la demandada dispuso una ”cobertura insuficiente e inadecuada a los fines  propios y específicos”, a pesar que la afiliada cumplió con los recaudos previstos a fin de poder acceder al tratamiento solicitado.

En este sentido, el tribunal consignó: “El derecho cuya tutela judicial se peticiona a través de esta medida cautelar posee raigambre constitucional, en tanto concierne a la salud psíquica y física de la accionante, que responde a un supuesto singular de hecho (relacionado con la obesidad y los efectos que dicha enfermedad produce en todos los órdenes de la vida diaria), que demanda una solución también propia, a fin de brindar el pleno goce del ejercicio del derecho involucrado”.

Por unanimidad, los jueces resaltaron la “importancia y trascendencia que reviste el derecho a la salud”, y concluyeron: “De nada sirve contar en la letra con derechos, si no es posible su ejercicio efectivo”.

Fuente: Diario Judicial - Fallo completo disponible en el portal de la citada fuente

Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.

martes, 10 de enero de 2017

PAMI: estiman que se revisarán 300.000 casos de jubilados con subsidio social

De los 1,6 millones que gozan de medicamentos comunes gratis, el instituto cree que poco menos del 20% no está en situación de vulnerabilidad.

El titular del PAMI, Carlos RegazzoniEl PAMI decidió revisar los criterios con los cuales entrega un subsidio social para la compra de medicamentos. El giro se da luego de registrar una serie de irregularidades en el plan. De los 1,6 millones de beneficiarios que hoy reciben remedios gratis, el titular del PAMI, Carlos Regazzoni, estimó que algo menos de 300.000 casos probablemente deban ser revisados.

"Creemos que puede haber entre 250.000 y 300.000 casos, como máximo, de gente que hoy está recibiendo el subsidio social y que no debería recibirlo porque tiene capacidad de estar dentro de la cobertura general que da PAMI", explicó Regazzoni a LA NACION. 

El PAMI da una cobertura del 100% para remedios oncológicos o de VIH, entre otras patologías, y luego ofrece descuentos que van del 50% al 80% para el resto de los medicamentos generales. Desde 2005, además, ofrece un subsidio social, que contempla la cobertura en un 100% de medicamentos generales, para determinada cantidad de afiliados.

La semana pasada, tal como adelantó LA NACION, el PAMI informó que revisaría los criterios con los cuales entrega su subsidio social, luego de detectar, por caso, que había 51 beneficiarios con aviones a su nombre o 2495 personas dueñas de embarcaciones. De los 5 millones de afiliados del instituto, 1,6 millones estaban recibiendo subsidio. 

Ahora, para recibir el subsidio será necesario cobrar como mucho 1,5 veces la jubilación mínima, pero además se tendrá en cuenta si esa persona está afiliada a una prepaga, si tiene un auto de menos de 10 años o si tiene embarcaciones o aeronaves a su nombre. En los casos en los que el jubilado o pensionado gane más que 1,5 veces la mínima o que gane eso, pero tenga prepaga o un auto de menos de 10 años, pero los remedios que consume representen el 5% o más de sus ingresos, también se mantendrá el subsidio. Habrá una vía para evaluar las excepciones: se exigirán un informe social, la escala de vulnerabilidad sociosanitaria y la revalidación médica. 

"Siempre vamos a priorizar a la persona", aseguró Regazzoni, que buscó aplacar el pánico de sus afiliados tras conocer la noticia. "Si la prepaga es suntuaria, esa persona quedará afuera y le corresponderá el descuento normal, de hasta el 80% del valor del remedio, pero no todos los que tengan prepaga quedarán afuera", aseguró.

Según señaló Regazzoni, el instituto destina mensualmente $ 1300 millones de su presupuesto a este subsidio social. De esa cifra, estimó, unos $ 130 millones al mes podrían no estar siendo destinados a personas en situación de vulnerabilidad.

"Había gente que lo estaba necesitando que había quedado fuera del subsidio o también gente que vimos que consumía anualmente más dosis de un medicamento de la que puede consumir por recomendación médica", explicó. "Por eso también vamos a investigar por qué el dinero del subsidio social llegó a personas con autos de lujo o hasta aviones", dijo. El subsidio caerá automáticamente para los casos de afiliados con barcos o aviones. Para el resto, se irá revisando cada seis meses.

El instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados es un sistema solidario, que se financia mediante el aporte obligatorio de todos los jubilados y pensionados, y empleados en relación de dependencia.

Fuente: La Nación

lunes, 9 de enero de 2017

Renunció un funcionario clave de Jorge Lemus y se agrava la crisis en el área de Salud

Se trata de Néstor Pérez Baliño, que era secretario de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria. Es el séptimo funcionario que deja el área en medio de las denuncias de subejecución y falta de insumos.

Uno de los principales funcionarios del Ministerio de Salud, Néstor Pérez Baliño, renunció hoy a su cargo. El secretario de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria, que operaba como virtual viceministro, se suma a la lista de profesionales que dejaron el área en medio de las denuncias de subejecución presupuestaria y falta de insumos y medicamentos. Según datos del Ministerio de Hacienda, la ejecución superó el 80 por ciento del presupuesto.

La salida de Pérez Baliño quedó formalizada mediante el decreto 22/2017 publicado en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Mauricio Macri y del ministro Jorge Lemus. "Agradécese al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo", se indicó en el artículo segundo.

Médico cardiólogo, Pérez Baliño manejaba el 70 por ciento del presupuesto de Salud. Es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y había sido designado en el puesto en diciembre de 2015 (incluso era uno de los posibles candidatos a Ministro), aunque anteriormente ya había ocupado otros cargos en la cartera sanitaria de la Ciudad cuando Macri era jefe de Gobierno. 

Antes de él, renunciaron Carlos Falistocco, a cargo del programa Lucha contra el SIDA, cuando asociaciones de profesionales denunciaron la falta de reactivos y distribución de preservativos. También Daniel Bosich, ex subsecretario de Coordinación Administrativa; Marina Kosacoff, ex subsecretaria de Prevención; Sebastián Laspiur, ex director de Promoción de Salud y Control de Enfermedades no transmisibles; Héctor Coto, ex director de Enfermedades Transmisibles por Vectores; Carla Vizzotti, ex directora de Enfermedades Inmunoprevenibles.
A principios de enero, la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) envió una carta al ministro de Salud, Jorge Lemus, para expresar su "profunda preocupación" ante la falta de provisión de drogas para la tuberculosis y advertir sobre las "graves consecuencias" de la interrupción del tratamiento. Además, en casi todas las provincias del país se registraron faltantes de insumos para la realización de estudios de VIH-Sida.

Pérez Baliño, consultado por radio El Mundo, señaló que su partida tuvo que ver con una "reestructuración en el Ministerio" y que el área que manejaba "se dividirá en dos unidades más pequeñas, con dos secretarios". "Yo quedaré en un rol de asesoría", agregó.  Las nuevas secretarías podrían quedar ocupadas por el radical Adolfo Rubinstein y por Sergio Epstein, que fue funcionario durante la gestión del tucumano Juan Manzur.

"Es cierto que tuvimos un año muy trabajoso. Cuando ingresamos en diciembre de 2015 teníamos más del 30 por ciento de los medicamentos o insumos en stock cero; medicamentos para el Sida, del ex programa Remediar, medicamentos para la tuberculosis", completó.

A mediados de diciembre, Jorge Lemus había advertido que el país atraviesa una crisis sanitaria "desde hace mucho tiempo" y había asegurado que la solución "llevará varios años". "Hace 12 años que estamos en emergencia sanitaria nacional, eso es terrible, no se logró solucionarlo en muchos años", afirmó.

Fuente: Infobae

viernes, 6 de enero de 2017

No hubo acuerdo y farmacias advierten que dejarán de atender PAMI desde febrero

El sector reclama un nuevo convenio de prestación de medicamentosTras una nueva reunión entre el titular de PAMI, Carlos Regazzoni, y representantes de las cuatro organizaciones que agrupan a colegios de farmacéuticos y farmacias de todo el país, no hubo acuerdo y una vez más peligra la provisión de medicamentos a jubilados y pensionados. "En estas condiciones en 2017 no se van a dispensar medicamentos a PAMI, no creemos que se pueda sostener más esta situación", dijo a ámbito.com María Isabel Reinoso, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (CoFa), a la vez que detalló que la deuda actual del Instituto con el sector es de $ 1.700 millones.

Los resultados del encuentro fueron detallados en un comunicado conjunto firmado por CoFa junto a las otras tres entidades: la Federación Argentina de Cámaras de Farmacia (Facaf), la Federación Farmacéutica de la República Argentina y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. "Nuestras necesidades nuevamente no fueron escuchadas por las autoridades del PAMI, no obteniendo soluciones de fondo a los problemas planteados, recordando que los mismos fueron abordados reiteradamente desde el 10 de diciembre de 2015. Sólo estaría en consideración incorporar a las entidades en una comisión de seguimiento y ver alguna alternativa para disminuir la carga financiera que tiene el convenio para las farmacias prestadoras", dijeron.

Reinoso mencionó que desde su sector plantean "desde hace bastante tiempo la participación en el convenio. Somos los prestadores de salud a los jubilados pero la sensación que tuvimos es que hay una voluntad de seguir el convenio con la industria. El mecanismo es que el PAMI le paga a la industria farmacéutica y después ellos nos pagan a nosotros. Ya nos ha pasado muchas veces que Regazzoni dice 'yo ya pagué' y el dinero no llega a las farmacias. La única manera es hacer un convenio como tenemos con el resto de la seguridad social, donde los mecanismos son más normales, donde participan las tres patas".

"Con esta situación, se lo dijimos, en 2017 no va a haber red de dispensa. Ya pasamos todo un 2016 de sobresaltos y no creemos que se pueda sostener más esta situación", añadió la presidenta de CoFa. Y aclaró: "La prestación no la va a tener no porque se trate de una medida de fuerza sino porque el farmacéutico no va a poder comprar los medicamentos".

Esta última crisis entre PAMI y las farmacias viene desde 2015, cuando la obra social de jubilados empezó a restringir los pagos. Así, los farmacéuticos pasaron a cobrar los medicamentos ya vendidos a afiliados en un lapso de hasta 120 días, contra los 45 días habituales. Sin embargo, el pago a sus proveedores, las droguerías, debían realizarlo puntualmente en un lapso de 10 a 20 días.

Por otra parte, en abril del año pasado el PAMI eliminó del vademecum 160 medicamentos que tenían una cobertura del 100% por considerar, de acuerdo a una evaluación médica, que no tenían eficacia. La polémica resolución afectó a 160 remedios que tenían cobertura total pero que, según el organismo, eran productos cosméticos en algunos casos y, en otros, combinaciones de drogas cuya interacción no produce el efecto deseado por el médico.

En diciembre, las farmacias suspendieron la atención a PAMI nuevamente tras denunciar que el Instituto no cumplió con sus compromisos de pago. Previo a las Fiestas, las entidades llegaron a un principio de acuerdo que estableció mantener el servicio activo hasta enero.

La prórroga del contrato entre el PAMI y el sector farmacéutico vence el 31 de enero y, hasta el momento, "no hay agendada ninguna reunión" para destrabar el conflicto. "Regazzoni plantea que tiene una situación económica con la cual no puede dar expectativas y que cualquier situación la tenemos que arreglar con la industria farmacéutica. Pero la cara con los jubilados la tenemos que poner nosotros", agregó Reinoso. "Siempre estamos abiertos al diálogo pero no llega una solución concreta", finalizó.

Fuente: Ámbito Financiero

jueves, 5 de enero de 2017

Se reglamenta la ley de de promoción de la reducción del consumo de sodio

Decreto 16/2017 - Apruébase la reglamentación de la Ley N° 26.905

Buenos Aires, 04/01/2017

Resultado de imagen para consumo de sodioVISTO el Expediente N° 12002-28571/14-5 del registro del MINISTERIO DE SALUD y la Ley N° 26.905, y

CONSIDERANDO:

Que la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud (OMS, 2004), reconoció la alta carga que impone la creciente prevalencia de las Enfermedades No Trasmisibles (ENT) en muchos sistemas de salud e hizo hincapié en la elevada prevalencia de enfermedades cardiovasculares y de sus factores de riesgo, en particular, la hipertensión.

Que la Declaración Política sobre la Prevención y el Control de las ENT (ONU, 2011) estableció que es esencial aunar los esfuerzos con el objetivo de reducir los factores de riegos de las enfermedades referidas.

Que, en particular, las ENT tienen CUATRO (4) principales factores de riesgo: la alimentación inadecuada, la inactividad física, el consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol.

Que, en lo concerniente a la alimentación inadecuada, resulta prioritario reducir el consumo de sodio, sea el incorporado en la elaboración de alimentos procesados como el adicionado al momento de la cocción y/o de forma previa a la ingesta de los mismos.

Que la ingesta de sodio se encuentra asociada con diversas ENT, como ser la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares, las cerebrovasculares y renales entre otras, las cuales constituyen la principal causa de morbimortalidad en el mundo.

Que el MINISTERIO DE SALUD por medio de la Resolución N° 1083/09 aprobó la “Estrategia Nacional para la Prevención y el Control de Enfermedades No Transmisibles” y el “Plan Nacional Argentina Saludable” con el objetivo de reducir los principales factores de riesgos de la ENT.

Que en ese sentido, en lo que refiere a la reducción del consumo de sodio, en el año 2009 se impulsó la incitativa “Menos Sal, Más Vida”, la cual propicia la reducción del consumo de sal por parte de la población argentina.

Que, en consecuencia, en el año 2011, se consolidó la iniciativa citada a través del acuerdo de reducciones de sodio en determinados grupos de alimentos procesados y envasados por medio de la suscripción de Convenios Marcos de Reducción Voluntaria y Progresiva del Contenido de Sodio de los Alimentos Procesados celebrados entre el MINISTERIO DE SALUD, el entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y las principales Cámaras e Industrias de Alimentos de nuestro país.

Que en el año 2013 se sancionó la Ley N° 26.905 que promueve la reducción del consumo de sodio de la población, en la cual se establecen diferentes líneas de acción con el fin de fortalecer las políticas públicas sanitarias.

Que, por la importancia que reviste el tema a tratar es necesario contar con un espacio de trabajo que brinde asesoramiento para la promoción de la reducción del consumo de sodio en la población, que debe integrarse con representantes de la DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES; del INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTOS de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA todos del MINISTERIO DE SALUD; del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA; del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA de dicha Jurisdicción; y del sector privado, Universidades y Centros de Investigación, organismos no gubernamentales y/o especialistas que el MINISTERIO DE SALUD considere necesario convocar.

Que de conformidad con las previsiones constitucionales y la normativa vigente en la materia, el control de los alimentos en la REPÚBLICA ARGENTINA se funda en la articulación entre los organismos sanitarios del nivel nacional, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, provincial y, por su intermedio, municipal.

Que la Ley N° 18.284 y sus modificatorios declara vigente en todo el territorio de la República, con la denominación de CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO (CAA) las disposiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial del Reglamento Alimentario aprobado por Decreto N° 141/53, con sus normas modificatorias y complementarias.

Que, asimismo, el Decreto N° 815/99 señala que el CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO (CAA) es la norma fundamental del Sistema Nacional de Control de Alimentos, y se incorporará al mismo toda la normativa vigente que haga a la elaboración, transformación, transporte, distribución y comercialización de todos los alimentos para el consumo humano.

Que dicho Decreto crea la Comisión Nacional del Alimentos encomendándole velar que los organismos integrantes del Sistema Nacional de Control de Alimentos hagan cumplir el CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO (CAA) en todo el territorio de la Nación Argentina.

Que mediante la Resolución N° 241/11 de la SECRETARIA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTOS del MINISTERIO DE SALUD se creó el Programa Federal de Control de los Alimentos, cuyos objetivos son priorizar la prevención, reforzar las actividades de vigilancia, auditoria y las acciones regulatorias y mejorar la respuesta ante incidentes alimentarios.

Que en este sentido resulta oportuno y conveniente propiciar la armonización de las normativas alimentarias para el cumplimiento de la Ley.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SALUD ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1° — Apruébase la reglamentación de la Ley N° 26.905 de promoción de la reducción del consumo de sodio en la población que, como ANEXO I (IF-2016-05284916-APN-MS), forma parte integrante del presente Decreto.
ARTÍCULO 2° — Facúltase al MINISTERIO DE SALUD a dictar las disposiciones complementarias que considere necesarias para garantizar el pleno funcionamiento de lo previsto por la Ley que se reglamenta.
ARTÍCULO 3° — Créase, en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD, la “COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA PROMOCIÓN DE LA REDUCCION DEL CONSUMO DE SODIO” con el objeto de asesorar en lo relativo a la promoción de la reducción del consumo de sodio en la población argentina. Dicha Comisión estará integrada por UN (1) representante de la Dirección de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles; UN (1) representante del Instituto Nacional de Alimentos de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA ambos del MINISTERIO DE SALUD; UN (1) representante del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA; UN (1) representante del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA de dicha Jurisdicción; y representantes del sector privado, Universidades y Centros de Investigación, Organismos no Gubernamentales y/o especialistas que el MINISTERIO DE SALUD considere necesario convocar. Una vez constituida la Comisión, ésta elaborará su reglamento de organización y funcionamiento.
ARTÍCULO 4° — El presente decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Jorge D. Lemus.
ANEXO I
ARTÍCULO 1°.- A los efectos de esta Ley entiéndese el término sodio al elemento químico cuyo número atómico es ONCE (11). Asimismo, a los efectos de los incisos d), e) y h) del artículo 5°, de la Ley que por el presente se reglamenta, entiéndase sodio como sal o cloruro de sodio de acuerdo a lo establecido por el CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO, Ley N° 18.284.
ARTICULO 2°.- Sin reglamentar.
ARTICULO 3°.- Sin reglamentar.
ARTICULO 4°.- Sin reglamentar.
ARTICULO 5°.-
a) El MINISTERIO DE SALUD coordinará, a través del CONSEJO FEDERAL DE SALUD, las estrategias de promoción de los hábitos saludables para la reducción del consumo de sodio con las autoridades sanitarias jurisdiccionales.
b) El MINISTERIO DE SALUD a través de la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA y del INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTOS, propiciará por medio del “Programa Federal de Control de Alimentos” el monitoreo periódico del contenido de sodio en los alimentos conforme lo determina la Ley que se reglamenta.
c) La “COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA PROMOCIÓN DE LA REDUCCION DEL CONSUMO DE SODIO” propondrá los valores máximos de sodio y su progresiva disminución para los productos no incluidos en el Anexo I de la Ley que se reglamenta, los que serán fijados por la Autoridad de Aplicación.
d) La “COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA PROMOCIÓN DE LA REDUCCION DEL CONSUMO DE SODIO” propondrá los mensajes sanitarios que deberán figurar en el rótulo de los envases en los que se comercializa la sal (cloruro de sodio) cuando corresponda, los que serán fijados por Resolución del Ministerio de Salud.
e) La “COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA PROMOCIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE SODIO” propondrá los mensajes sanitarios en la publicidad de los productos con contenido de sodio cuando corresponda, los que deberán ser autorizados por el Ministerio de Salud.
f) Sin reglamentar.
g) Sin reglamentar.
h) Sin reglamentar.
i) Sin reglamentar.
j) Sin reglamentar.
k) Sin reglamentar.
ARTÍCULO 6°- Sin reglamentar.
ARTICULO 7°.- El MINISTERIO DE SALUD a través de la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA por medio del INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTOS propiciará a la COMISION NACIONAL DE ALIMENTOS las adecuaciones del CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO y la armonización de las normativas alimentarias necesarias para el cumplimiento de lo prescripto en la Ley que se reglamenta y lo establecido en esta reglamentación.
ARTICULO 8°.- Sin reglamentar.
a) Sin reglamentar.
b) Sin reglamentar.
c) Sin reglamentar.
d) Sin reglamentar.
e) Sin reglamentar.
f) Sin reglamentar.
ARTICULO 9°.- Sin reglamentar.
ARTICULO 10.- Sin reglamentar.
ARTICULO 11.- Sin reglamentar.

Fecha de publicación 05/01/2017

miércoles, 4 de enero de 2017

La justicia obliga al PAMI a cubrir medicamentos contra el EPOC

Un fallo de cámara ratifica la decisión en primera instancia, y ordena a la obra social nacional a entregar un fármaco para nebulizaciones, que deberá cubrir en su totalidad. Los jueces consideraron “verosímil y urgente” el pedido del afiliado, afectado por el trastorno respiratorio. 

Desde el año 2000, Carlos (nombre ficticio) padece Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Hace un tiempo, su médico le recetó un medicamento para realizarse nebulizaciones, pero el PAMI, su obra social, le negó la cobertura. Ante esto, inició un reclamo judicial que tuvo éxito en primera instancia. Esta semana, un fallo de cámara ratificó esa primera decisión, y le ordenó a la entidad nacional que cubra la totalidad del medicamento. Según los argumentos del fallo, existe “urgencia” en el reclamo, y debe preservarse la salud del paciente.

El fallo de la Cámara Federal de San Martín le ordenó al PAMI que le provea al paciente de 71 años el medicamento específico para nebulizaciones, que se había negado en un primer momento. La Sala Segunda del tribunal, con las firmas de los jueces Daniel Rudi y Alberto Lugones, consideró que "ante valores tales como la preservación de la salud y de la vida misma, el derecho invocado por la peticionante aparece verosímil y urgente a primera vista y la medida solicitada como el medio idóneo para su resguardo provisional a fin de evitar de un modo razonable el peligro de un perjuicio irreparable".

La Cámara confirmó una decisión que ya le había ordenado a la obra social de los jubilados, a fines del año pasado, que "en forma inmediata asuma la totalidad del costo del tratamiento con Tobramicina 300 mg/5ml ampollas por 56/mes marca Bribul de acuerdo a lo que el profesional médico interviniente determine".

El fallo explica que la afiliada, de 71 años, posee certificación de discapacidad por "Insuficiencia respiratoria crónica. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada. Asma". Ese cuadro requiere de un tratamiento específico mediante un fármaco que la paciente no conseguía que le fuera suministrado, por lo que debió recurrir al Poder Judicial. "Frente a la específica indicación de la médica tratante, no existiría en el legajo ningún elemento de juicio que la desautorice para esta concreta paciente con EPOC reagudizado y tratamiento específico, según las reglas de la sana crítica", resumieron los jueces.

Fuente: Mirada Profesional

lunes, 2 de enero de 2017

Las actividades académicas más destacadas del Observatorio de Salud durante el 2016



7-Abr-2016 (CABA): se llevó a cabo el “Encuentro Argentino del Día Mundial de la Salud” donde siguiendo el lema propuesto por la OMS para el 2016, “Vence a la diabetes” el tema central del evento fue “Afrontar la diabetes desde la ciudadanía saludable” | Ver gacetilla



Resultado de imagen para XXXI congreso argentino de psiquiatria



28-Abr-2016 (Mar del Plata): XXXI Congreso Argentino de Psiquiatría. Foro del Observatorio de APSA: "Conversaciones: "La práctica clínica psiquiátrica desde la mirada del Derecho de la Salud" | Más información











3-Jun-2016 (Facultad de Derecho): tuvo lugar el “Encuentro entre el Observatorio de Salud y el Observatorio de Psiquiatría y Salud Mental (APSA)”, con el objetivo de continuar con el espacio de diálogo abierto para contextualizar la práctica psiquiátrica desde la mirada del Derecho de la Salud | Ver gacetilla









21-Jun-2016 (Facultad de Derecho): se llevó a cabo la jornada sobre "Cuidados paliativos en cirugía" de la que participaron destacados profesionales de las ciencias jurídicas y médicas quienes compartieron experiencias e inquietudes en el abordaje de esta disciplina | Ver gacetilla









23-Ago-2016 (Facultad de Derecho): el Observatorio organizó su segunda "Reunión Abierta" que dio paso luego a la “Jornada sobre buena praxis médica y nuevos perfiles de la responsabilidad profesional” | Ver gacetilla









12-Sep-2016 (Facultad de Derecho): tuvo lugar una jornada sobre "Los seguros de salud y el sistema de salud en Argentina" con la destacada disertación del Dr. Aldo Neri | Ver gacetilla










20-Sep-2016 (Facultad de Derecho): se realizó la "Jornada sobre Violencia Obstétrica. Un abuso invisible" que contó con la exposición de reconocidos profesionales, tanto del ámbito médico como legal | Ver gacetilla







11-Oct-2016 (Facultad de Derecho): se llevó a cabo la jornada denominada "Derribando mitos y tendiendo puentes en Cuidados Paliativos. Vivir y morir con dolor: por qué suceder así" organizada por el Observatorio en conjunto con la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos | Ver gacetilla








10 y 11-Nov-2016 (Mar del Plata): tuvieron lugar las tan esperadas "II Jornadas Nacionales de Derecho de la Salud" que se realizaron en esta ocasión en homenaje al Dr. Miguel Ángel Ciuro Caldani y a nuestra directora académica, la Dra. Marisa Aizenberg | Más información | Nota








19-Dic-2016 (Facultad de Derecho): tuvo lugar la "Última Reunión Abierta del Observatorio del año" con el objetivo de analizar qué nos dejó el 2016 y qué nos depara el 2017 en Derecho y Salud. Agradecemos a todos lo que participaron, incluyendo a aquellos que nos acompañan siempre como también a quienes han concurrido desde el interior del país ¡GRACIAS A TOD@S! 

Obra social deberá brindar cobertura de análisis genéticos a favor de menor afiliada con síndromes epilépticos

Partes: Z. D. c/ Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina s/ amparo contra actos de particulares

La obra social demandada debe cubrir los análisis genéticos a una menor que padece síndromes epilépticos generalizados, ya que se encuentra en juego el derecho a la salud e integridad física.

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario 
Sala/Juzgado: B 
Fecha: 17-nov-2016

Sumario:

Resultado de imagen para martillo juez1-Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la medida cautelar y ordeno a una Obra Social que otorgue la cobertura en un 100% de los análisis genéticos molecular que le fueran prescriptos a la menor que padece entre otras patologías de síndromes epilépticos generalizados, ya que la necesidad realizar el estudio prescrito es a los fines de determinar el tratamiento a seguir y hace que el derecho invocado luzca verosímil, en tanto está en juego la vida y la salud de la persona. 

Fallo:

Rosario, 17 de noviembre de 2016.

Visto, en Acuerdo de la Sala "B" el expediente n° FRO 27749/2016/1 caratulado Incidente de apelación en autos: "ZACCARI, Diego c/ Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina s/ Amparo contra actos de particulares", (del Juzgado Federal n° 2 de Rosario), del que resulta:

Vienen los autos a este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada (fs. 36) contra la resolución de fecha 12/08/16, mediante la cual se hizo lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando a la Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina -ANDAR- que otorgue la cobertura en un 100% de los análisis genéticos molecular que le fueran prescriptos a la menor A.M.Z. por su médico tratante (fs. 31/35).

Concedido el recurso de apelación con efecto devolutivo (fs. 37) y fundado por el apelante (fs. 38/41) se ordenó traslado a la contraria (fs. 42).

Elevadas las actuaciones a la Alzada (fs. 48/50) y recibidas en esta Sala "B", se llamó autos al Acuerdo (fs. 51).

El Dr. Toledo dijo:

1°) Sostiene la apelante que le agravia la sentencia dado que se encuentra desajustada con la normativa tuitiva que gobierna el acceso a las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad, como ser la ley 24.901, su decreto reglamentario 1193/98 y la resolución nro.428/199 del Ministerio de Salud de la Nación.

Sostiene que la resolución atacada invoca el concierto normativo de factura nacional y del derecho convencional internacional, de cuya vigencia nadie duda, pero en el llano -dice-, la realidad es que las prestaciones que corresponde dispensar se encuentran contenidas en una normativa que no malogra la intensidad tuitiva de las normas de estirpe constitucional mentadas por el magistrado de grado.

Invoca que a su juicio no se encuentra satisfecha la verosimilitud del derecho de cara a la admisibilidad de la medida cautelar dictada, en tanto surge de las constancias de autos que la relación jurídica substancial que vincula a las partes se nutre de la ley 23.660 de obras sociales.

Refiere que en dicho contexto normativo su representada satisface las obligaciones inherentes a su condición de agente de seguro de salud a favor de las personas con discapacidad.

Agrega por ello que la prestación que por imperio de la cautelar se ordena, no se encuentra comprendida dentro del Programa Médico Obligatorio, diseño normativo que comprende un abanico de prestaciones integrales a favor de la universalidad de la población afiliada.

Entiende que la verosimilitud del derecho no se satisface por la justificación del tratamiento por parte del médico interviniente, ni siquiera por haberse reconocido la condición de afiliado de la actora con la demandada.

Considera que el fallo tropieza y malogra sus efectos al encontrarse privado de legalidad, en tanto la tarea del juez es la de conocer el derecho, no debiendo solo sopesar el interés jurídico merecedor de tutela del peticionante en base a las escuetas exposiciones de los médicos de las que no se ha permitido control a su parte.

Advierte una extrema liviandad en el tratamiento de la medida cautelar, ya que no solo impone una prestación que carece de reglamentación en cuanto a su contenido, sino de definición conceptual por parte de los profesionales que la prescriben.

Concluye en tal sentido que no hay tratamiento del derecho invocado, sino sólo mención de la existencia de la patología y la opinión de los médicos.

Por último, en relación al peligro en la demora, cuestiona que el fallo solo se aboque a la existencia de la urgencia predicada por los profesionales en forma conteste, como único baluarte para conjurar cualquier crítica a sus argumentos.

2°) Cabe precisar que se examinarán los agravios de la recurrente con una limitada aproximación a la cuestión de fondo y de acuerdo con las circunstancias invocadas y las constancias obrantes en la causa en este estado liminar del juicio.

El Art. 230 del C.Pr.Civ.C.N. contiene los requisitos que deben reunirse para el dictado de la medida cautelar.

El primero está configurado por la verosimilitud del derecho o humo de buen derecho o ‘fumus bonis iuris’; éste se refiere a la posibilidad de que ese derecho exista, no una incontestable realidad, que sólo se logrará determinar al agotarse el trámite, lo cual propugna una amplitud de criterio a su respecto, sobre todo en materia de salud.

En este sentido, ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "...como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud, desde que el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no exceda del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad." (Fallos 306:2060).

Otro de los presupuestos indispensables es la existencia de peligro en la demora. Esto significa que debe existir un temor grave y fundado en el sentido de que el derecho que se va a reclamar se pierda, se deteriore o sufra un menoscabo durante la sustanciación del proceso (conf. Falcón, Enrique M.

"Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T. II, pág. 235, edit.Abeledo Perrot, 1983).

Y finalmente, que la cautela no pudiere obtenerse por medio de otra medida precautoria.

3°) Definidos conceptualmente los recaudos exigidos, corresponde establecer si en el caso en estudio ellos se encuentran configurados, atendiendo a la crítica expuesta por la demandada.

Ponderando las circunstancias reseñadas en el escrito de inicio y los elementos de juicio aportados (fs. 2/6), se estima que -dentro del estrecho marco cognoscitivo de la medida precautoria requerida-, el derecho invocado en el presente proceso cautelar luce, en principio, verosímil.

Así, surge del certificado médico acompañado que la menor A.M.Z padece entre otras patologías de síndromes epilépticos generalizados, surgiendo la necesidad de realizar análisis genéticos molecular que le fueran prescriptos por su médico tratante (fs. 5 y vta.).

En efecto, citado el especialista en neurología infantil Dr. Santiago Galicchio a prestar declaración testimonial expresó: "La niña padece una epilepsia de difícil control, con escasa respuesta a tratamientos farmacológicos utilizados y un deterioro neurológico en cuanto a los aspectos madurativos evidente. La necesidad del estudio genético versa en el diagnóstico específico de un síndrome epiléptico, llamado síndrome de dravet, cuyo diagnóstico determina un tratamiento específico -droga stinipentol- que daría lugar un trámite de importación de medicamento de uso compasivo que necesita el diagnóstico exacto de la enfermedad, siendo ello esencial a los fines del pronóstico de calidad de vida de la paciente, como así también el consejo genético a los progenitores por futuras recurrencias" (fs.23).

Por ello, acreditado el padecimiento de la menor, la necesidad de la realización del estudio prescrito a los fines de determinar el tratamiento a seguir, hacen que el derecho invocado luzca verosímil, teniéndose presente que cuando está en juego la vida y la salud de la persona, no hay justificación suficiente para dilaciones, y ese es el alcance que da a la responsabilidad de la Obra Social el sistema normativo que rige la materia, por lo que resultaría inadmisible desobligarse de la prestación indicada por el médico tratante.

Este Tribunal ha dicho que: "...En el ejercicio de las prestaciones médico-asistenciales las Obras Sociales integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud en calidad de agentes naturales del mismo y están sujetas a las disposiciones y normativas que lo regulen (art. 3º, ley 23.660), debiendo adecuarse a las directivas básicas de dicho seguro, que tienen "como objetivo fundamental proveer al otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones eliminando toda forma de discriminación en base a un criterio de justicia distributiva." (art. 2º, párrafo 1º, ley 23.661); (Confr. Vázquez Vialard, A., "Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", Ed. Astrea, Bs.As., 1992, tomo 2, págs. 599/600)..." (citado en Acuerdo nº 421/97, en autos "Freddi, O. c/ I.S.S.A.R.A").

Y además, el sistema de Obras Sociales, como parte de la Seguridad Social, comparte los fines de la misma, por lo que su implementación no debe concebirse en forma restrictiva sino procurando brindar prestaciones integrales (conf. art. 14 bis C.N.; art. 2 ley 23.661) (arg.Acuerdos n° 421/97, 242/00, 977/04, 2298/06 y 4/10 de esta Cámara).

4º) Expresa la recurrente que le agravia la sentencia dado que se encuentra desajustada con la normativa tuitiva que gobierna el acceso a las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad, como ser la ley 24.901.

Muy por el contrario a lo señalado, y en mérito a la condición de discapacitada de A.M.Z (ver fs. 3), corresponde examinar los alcances de las leyes 22.431 -que instituye el sistema de protección integral de las personas discapacitadas-, y 24.901, que establece un sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de aquéllas.

La ley 22.431 instauró un sistema de protección integral de las personas discapacitadas tendientes a abarcar todos los aspectos relativos a su situación dentro de la sociedad (atención médica, educación y seguridad social), tratando de establecer un régimen particular en relación con los derechos de los discapacitados, así como respecto de las obligaciones que se imponen a los órganos del Estado.

A su vez, la ley 24.901 -norma, entre otras, en la cual el accionante fundó su pretensión (fs. 9 vta.)-, instituye un sistema de prestaciones básicas de at ención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos (art. 1).

La norma establece además, prestaciones complementarias (cap. VII) de: cobertura económica (arts. 33 y 34); apoyo para facilitar o permitir la adquisición de elementos y/o instrumentos para acceder a la rehabilitación, educación, capacitación o inserción social, inherente a las necesidades de las personas con discapacidad (art. 35); atención psiquiátrica y tratamientos psicofarmacológicos (art. 37); cobertura total por los medicamentos indicados en el art. 38; estudios de diagnóstico y de control que no estén contemplados dentro de los servicios que brinden los entes obligados por esta ley (art.39, inc. b).

La amplitud de las prestaciones allí previstas resulta ajustada a su finalidad, que es la de lograr la integración social de las personas con discapacidad (ver arg. arts. 11, 15, 23 y 33).

Por su parte el art. 2 regula el ámbito de aplicación al disponer que las obras sociales, comprendiendo por tal concepto las entidades enunciadas en el artículo 1º de la ley 23.660, tendrán a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la ley, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a las mismas.

Del plexo normativo que componen las leyes precedentemente citadas se desprende que la obra social demandada forma parte de un sistema que les impone el otorgamiento de prestaciones entre las que se encontraría la requerida por la parte actora.

5º) Invoca además la demandada que la prestación ordenada por imperio de la cautelar, no se encuentra comprendida dentro del Programa Médico Obligatorio (P.M.O).

Se estima que corresponde rechazar el agravio en tanto como reiteradamente lo ha resuelto este tribunal, el P.M.O fue concebido como un régimen mínimo de prestaciones que las obras sociales deben garantizar; no constituye una limitación para los agentes del seguro de salud, sino que consiste en una enumeración no taxativa de la cobertura mínima que los beneficiarios están en condiciones de exigir a las obras sociales, y contiene un conjunto de servicios de carácter obligatorio como piso prestacional por debajo del cual ninguna persona debería ubicarse en ningún contexto (conf. Acuerdo 514/11Int., 161/12 Def.y Acuerdo de fecha 17 de marzo de 2015 en expediente nº FRO 28501/2014/1, entre otros).

6°) En cuanto al peligro en la demora se traduce en un estado de incertidumbre relacionado con los derechos de A.M.Z a obtener el tratamiento que mejor resguarde su salud y calidad de vida; en tanto su médico tratante ha señalado que "se necesita el diagnóstico exacto de la enfermedad, siendo ello esencial a los fines de calidad de vida de la paciente..." (fs. 23).

En definitiva, la medida cautelar recurrida -conforme lo resuelto por el a quo- ha reunido los requisitos exigidos por la norma de rito, no compartiendo por ello lo expresado por la recurrente en sus agravios en cuanto a que el fallo se encuentra desajustado con la normativa tuitiva que gobierna el acceso a las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad.

7°) En el caso se encuentra en juego la salud e integridad física de las personas (conf. CSJN, Fallos: 302:1284), reconocido por los pactos internacionales (art. 25, inc. 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y art. 12, inc. 2, ap. D, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional), tratándose además de resguardar la calidad de vida de una menor de edad.

Lo decidido -como se acaba de expresar- compromete el interés superior de un menor, cuya tutela encarece, elevándolo al rango de principio, la Convención sobre los Derechos del Niño, de jerarquía constitucional con arreglo al art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional (doctrina de Fallos:318:1269; 322:2701; 323:854; 325:292). Como lo señalaron los jueces Fayt y Moliné O’Connor en Fallos 318:1269 -a quienes se sumó el juez López en Fallos 318:1676- los menores, máxime en circunstancias en que se encuentra comprometida su salud y normal desarrollo, a más de la especial atención que necesitan de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda; siendo que la consideración primordial del interés del niño que la Convención citada impone a toda autoridad nacional en los asuntos concernientes a ellos, viene a orientar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento en estos casos.

En este marco, teniendo presente la doctrina antes reseñada, la jerarquía de los valores que se hallan en juego -la preservación de la salud de una niña, comprendida dentro del derecho a la vida-, se estima que no resulta razonable dejar sin efecto la disposición precautoria dictada en su resguardo.

La Dra. Vidal adhirió a los fundamentos y conclusiones del voto precedente.

Atento al resultado del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE:

Confirmar la resolución apelada del 12/08/16, obrante a fs. 31/35, difiriendo la cuestión relativa a las costas al momento de dictar la sentencia de fondo. Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta por Acordada nº 15/13 de la C.S.J.N. y oportunamente, devuélvanse los autos al Juzgado de origen. (Expte. n° FRO 27749/2016/1). Fdo.: Elida Vidal- José G. Toledo- (Jueces de Cámra)- Valeria Malgioglio -(Secretaria de Cámara).-

Fuente: Microjuris


Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.