jueves, 29 de junio de 2017

Polémica por un proyecto para sumar la homeopatía al plan médico obligatorio

Distintos especialistas cuestionan que aún no hay evidencia científica que compruebe la efectividad de su uso.

Polémica por un proyecto para sumar la homeopatía al plan médico obligatorioEl proyecto fue presentado ante la Cámara de Diputados el 23 de marzo de este año, pero cobró notoriedad por estos días. Su autora, la diputada Paula Urroz, que es parte del bloque oficialista Unión Pro, propone "la regulación de la medicina homeopática". En el texto del proyecto se insta a que la práctica de la homeopatía sea ejercida "en forma excluyente por profesionales de la salud habilitados" y que posean "certificación de las asociaciones médicas homeopáticas que cumplen con el programa curricular avalado por la Liga Médica Homeopática". Y propone incorporar, según el texto presentado, "las prestaciones homeopáticas, incluidos los medicamentos" al Programa Médico Obligatorio (PMO), que es aquel que obliga a los prestadores de salud -públicos y privados- a cubrir gratuitamente al paciente. El proyecto, que ya cuenta con 17 firmantes, 11 de los cuales son del bloque Unión Pro, reabre el debate sobre la efectividad de la homeopatía.

"En los últimos cien o doscientos años, se avanzó muchísimo en el conocimiento de cómo funciona el cuerpo. La crítica básica a la homeopatía es que no ha cambiado, en base a la nueva evidencia, su forma de ver el funcionamiento del organismo. Es una disciplina cerrada, que no interactúa con otras y que no sigue los pasos del método científico para obtener sus resultados", sostiene Ezequiel Arrieta, que es médico e investigador del Conicet. Enseguida agrega: "La crítica central es que jamás la homeopatía ha demostrado científicamente que funciona de la manera que funciona. Sus resultados pueden ser explicados a través del efecto placebo, cuando alguien cree que un tratamiento funciona, muchas veces en casos de síntomas de raíz psicosomática".

En 2015, el Consejo Nacional de Salud e Investigación Médica de Australia publicó un informe tras una investigación de once años en el que estableció que "no hay condiciones de salud para las cuales haya evidencia confiable de que la homeopatía es efectiva".

José Eizayaga es médico y jefe del Departamento de Homeopatía de la Universidad Maimónides. "Son crecientes los ensayos clínicos que demuestran los resultados de los tratamientos homeopáticos aunque a los homeópatas nos gustaría que hubiera más recursos para investigar, pero hay muchos tratamientos que ya llevan más de cien años, por lo que no se trata de algo reciente de ensayo y error", sostiene. Para Eizayaga, "los tratamientos homeopáticos tienen un grado de individualización tal respecto del paciente que eso dificulta llevarlos a ensayos clínicos".

Consultada por Clarín, la diputada Urroz sostuvo que el objetivo del proyecto es que "el ejercicio de la medicina homeopática sea regulado para evitar que cualquier persona no profesional la ejerza". "Entiendo que (los tratamientos homeopáticos) están autorizados por la Anmat", afirmó la autora del proyecto. Desde la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica aseguraron a este diario que la institución "no tiene competencia respecto a fórmulas magistrales". Sobre cómo se afrontarían los gastos en los que podría incurrir el Estado al incorporar las prácticas homeopáticas al PMO, dijo que no hay un aumento de presupuesto previsto y enfatizó: "El objetivo es evitar que parte de la población sea tratada por gente que no es profesional".

"Me encanta cómo los diputados en la Argentina se sientan a plantear incorporaciones al PMO y nunca se preguntan cómo se financian. Ven qué incorporan al PMO pero no pasan por un hospital a ver las carencias elementales que hay: de gasas, de suturas, de personal, de tomógrafos. En el caso de las prepagas, como la financiación es de los socios, esos costos se reflejan en el aumento de la cuota", advirtió Claudio Belacopitt, que es presidente de Swiss Medical Group.

Consultado sobre si la homeopatía cura el cáncer, Eizayaga aseguró: "No". Y respecto de si hay homeópatas que ofrecen esa cura, respondió: "Sí. Como también hay oncólogos que meten tratamientos tóxicos y carísimos a quienes no pueden hacerlos". El proyecto ya está en el Congreso: deben tratarlo las comisiones de Acción Social y Salud, y la de Presupuesto y Hacienda.

Fuente: Clarín

miércoles, 28 de junio de 2017

La historia detrás del primer juicio por violencia obstétrica del país

Agustina Petrella (43) inició un juicio sin precedentes: demandó por "violencia obstétrica" a la neonatóloga, al obstetra, a la obra social y a la clínica en la que nació su hija. Se trata de una forma de violencia de género reconocida en la ley.

La actriz y comediante Agustina Petrella junto a Milagros, su segunda hija, que hoy tiene dos años.Agustina Petrella tenía 38 años cuando quedó embarazada de su primer hijo. La experiencia del nacimiento no fue lo que había imaginado. Por eso, mientras estaba embarazada de Milagros, su segunda hija, una partera le comentó que podía presentar en la clínica un "plan de parto". Eso hizo: pidió por escrito que en el parto no hubiera gente de más, que las luces estuvieran bajas y que, salvo que la beba tuviera alguna complicación, la apoyaran en su pecho rápidamente, sin bañarla y sin pincharla, para respetar lo que se conoce como "la hora sagrada". Pero, otra vez, nada de lo que quiso sucedió.

"Quedé embarazada sorpresivamente a los 38 años y para mí fue un desconcierto total. Todo lo que decían de la maternidad me parecía una pavada. No me sentía especial ni tampoco me bancaba toda esa cosa de las mamis", arranca ella, que es actriz y comediante. Alguien le recomendó que hiciera un curso de pre-parto llamado "Mater Pater", donde le enseñaron qué es un parto seguro y respetuoso de la fisiología y cuáles son las necesidades físicas y emocionales del bebé y de la mamá.

Fue ahí que empezó a pensar cómo quería que fueran los primeros momentos de Pedro fuera de su vientre. "Leí sobre 'la hora sagrada', que es esa primera hora en la que el bebé es como una arcilla: todo lo que vive queda impregnado en su psiquis. Por eso decidí que no quería que se lo llevaran ni que lo pincharan sino que me lo pusieran en el pecho así como salía para poder hablarle, acariciarla y darle la teta".

Los informes de Unicef y del ministerio de Salud avalan lo que dice: los primeros 60 a 90 minutos posteriores al nacimiento son "de oro" y ese contacto piel con piel no sólo ayuda a los bebés a tolerar mejor la angustia de la separación y a sentirse más seguros sino que les ayuda a estabilizar la respiración y la presión, reduce las hormonas del estrés, evita la hipotermia y ayuda a "prenderse" de la teta.

Nada de eso sucedió. Agustina terminó en una cesárea de urgencia, con dos camilleros subidos a la panza, "cacheteándome porque me desmayaba". A Pedro se lo llevaron: no hubo contacto piel con piel. "Lo que tuve fue una hipertonía uterina y al bebé le salvaron la vida. Pero igual, con el tiempo, apareció la duda. El día de su nacimiento me habían hecho un monitoreo que indicaba que faltaban como 15 días más para el nacimiento. Y lo que terminé sospechando es que ese día, durante el tacto, el obstetra me colocó una cápsula de Prostaglandina para desencadenar el trabajo de parto". 

Cuando Pedro tenía un año quedó embarazada de Milagros. "Tardé 4 o 5 meses en tomar la decisión, pero decidí cambiar de obstetra. Me sentía traicionada y muy culpable porque sabía que mi hijo había sufrido mucho. El obstetra es considerado una eminencia y fue muy difícil decirle que iba a elegir a otro, una entra como en un estado de sumisión total", recuerda.

Le recomendaron otro médico y sus hermanos, ambos abogados, le contaron que existía una ley de "parto respetado". "En ese momento, una partera me dijo que podía hacer un plan de parto, que es una nota que se envía a la clínica en donde uno informa cómo quiere que sea el parto. Siempre y cuando no corra riesgo tu vida o la del bebé, ellos deben acatarlo", sigue.

La nota que presentó en la neonatología de la clínica de Palermo decía "que si la beba respiraba de manera independiente quería que la pusieran en mi pecho. Que en el parto bajaran las luces, que hubiera silencio y que sólo estuviera la gente imprescindible". Fue la jefa de neonatología quien la llamó por teléfono. Le dijo que "conocía la ley pero que ellos no hacían partos humanizados". Y que si en el momento no había habitación podían separarla de su hija por más de 8 horas.

"Me aterroricé. Existía una ley pero ellos me estaban diciendo 'acá adentro no hay más ley que la nuestra'. Era como si su derecho de no ser molestados fuera más importantes que los derechos de mi hija", dice. Llegó la semana 42 y Agustina no tenía dilatación, por eso programaron una cesárea. Y, cuando llegó la hora, efectivamente no había habitación. "Me puse muy mal, nos iban a separar y ya no podía hacer nada. Me sentí presa".

"Yo estaba aterrada y me hicieron subir sola. Me dijeron 'desvestite que ya estamos muy atrasados'. Les dije que necesitaba ir al baño, primero me dijeron que no y cuando finalmente me dejaron, empezaron a golpearme la puerta. En la sala había luz plena, estaba lleno de gente y una mujer, supongo que era la neonatóloga, me empezó a retar: cuando dije que estaba amamantando a Pedro me contestó: ¿pero vos estás loca?".

El obstetra, según su relato, entró haciendo chistes – "ay, yo nunca hice una cesárea"- y las asistentes le contestaban-"doctor, usted ya está para hacer cirugías estéticas"-. Milagros nació sin complicaciones pero no se la pusieron en el pecho. Una hora y 10 minutos después, seguía sin haberla visto. "Cuando fuimos a reclamar, la trajeron. Estaba dormida, bañada, aspirada y ya la habían pinchado. Al rato vomitó algo blanco y me di cuenta de que le habían dado leche de fórmula. Absolutamente todo lo contrario de lo que yo había pedido".

Agustina trató de tranquilizarse. "Al segundo día, vinieron a buscar a la beba para los controles. Tenía que tomar la teta, ellos te dicen que no puede estar más de tres horas sin comer, pero me dijeron que eran sólo unos minutos. A los 20 minutos, como no la traían, fui a ver qué pasaba. Y ahí en la nursery vi que había un montón de bebés llorando, algunos estaban desnudos, mientras que las que tenían que cuidarlos estaban llenando planillas. Pregunte qué pasaba y me trataron muy mal. Y al final una dijo 'dásela', así despectivamente".

Pasaron un par de horas hasta que entró la coordinadora de neonatología. "Lo primero que dijo fue: 'se van todos de la habitación'. Y siguió: "Acá sabemos bien quién sos vos, porque somos muy unidos y nos contamos todo, vos sos la que presentó la cartita. Acá no estamos para cumplir los caprichitos de los padres". Su marido dijo que no se iba a ir y la médica dio un paso más: "Dame a la nena por las buenas sino te la judicializo y te la saco por la fuerza".

Agustina dice que después entendió: "Le iba a decir a un juez que yo me negaba a que le hicieran los controles. Y yo no estaba diciendo eso, lo que no quería era que estuviera llorando ahí desnuda. Ella me contestó: 'los bebés lloran, querida, empezá a acostumbrarte'. Era un guardiacárcel dando órdenes. Yo entré en pánico, empecé a temblar, todo con la beba encima y adelante de mi hijo de dos años, que había ido a conocer a su hermana".

Después entró el obstetra: "Me dijo que me daba el alta, que en las cesáreas te dejaban internada por la madre y no por la beba y que, por cómo estaban las cosas, era mejor que me fuera. Él tampoco me defendió". Esto de la médica "guardiacárcel" es una vivencia que comparten muchas mujeres que cuentan sus historias en el grupo de Facebook "Parto humanizado/respetado Buenos Aires".

Cuando le dieron el alta, Agustina decidió hacer una denuncia por violencia obstétrica en la Defensoría del Pueblo de la Nación (También se pueden hacer en la Consavig, que pertenece al Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación). La Defensoría hizo una auditoría y determinó que, efectivamente, había existido violencia obstétrica.

La "violencia obstétrica" es una de las seis formas de violencia contra la mujer estipuladas en la "ley de violencia de género". La ley de parto respetado muestra, entre otras cosas, que ella tenía derecho a estar acompañada en la cesárea, a que haya intimidad, a ser protagonista de su propio parto y a estar informada luego sobre el estado de salud de su hija.

Como la Defensoría no tiene poder de sanción, Agustina decidió ver si podía ir por la vía judicial. Le dijeron que era difícil, que había menciones a la violencia obstétrica en casos de bebés o madres que murieron pero no existían antecedentes de alguien que hubiera hecho un juicio por violencia obstétrica en sí misma.

Agustina pasó noches juntando evidencia para convencer a una abogada de que tomara el caso. Quería ir a juicio y sentar un precedente. "Quería hacer un juicio penal para que no vuelvan a hacerle eso a otra mujer, pero no se pudo. Lo que sí se pudo es iniciar un juicio por daños y perjuicios contra todos: la obra social, el obstetra, la neonatóloga y la clínica. Pero no sólo yo los demando, Milagros también, porque tuvo un nacimiento tortuoso habiendo nacido sana".

Y lo que cuenta es que, con la representación de sus padres, Milagros los demandó a todos por "daño moral". "La violencia obstétrica también es una forma de violencia contra las mujeres. Mi caso es la regla, no es la excepción. La única diferencia es que yo enfrenté al sistema, pedí que se respeten mis derechos y ellos me lo hicieron pagar. El sistema quiere callar a quienes se les rebelan". La Justicia, con sus tiempos, dirá el resto.

Fuente: Infobae

martes, 27 de junio de 2017

Test de VIH: sólo se necesitan 10 minutos para obtener el resultado

En la Argentina se estima que 120 mil personas viven con el virus del sida y el 30% no conoce su diagnóstico. Las pruebas rápidas son gratuitas y permiten conocer el resultado en el momento. Por qué es importante el testeo periódico.

Los test rápidos son confidenciales, voluntarios y gratuitos (iStock)De las alrededor de 120 mil personas que viven con VIH en el país, sólo el 70% conoce su diagnóstico, y existe un 30% que lo desconoce.

En el marco del Día Nacional de la prueba de VIH y para mejorar el acceso al diagnóstico del VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) es fundamental que exista una demanda espontánea del diagnóstico promoviendo el testeo voluntario con asesoramiento para que, en caso de que el resultado sea reactivo para VIH, se pueda comenzar el tratamiento oportuno.

En los últimos años, los tests rápidos ganaron importancia debido a su especificidad comparable con las pruebas convencionales. Son totalmente confidenciales, voluntarios y gratuitos, y los resultados se conocen sólo 10 minutos después de que se obtiene una pequeña muestra de sangre con un pinchazo en el dedo. Antes de realizar la prueba se completa una breve encuesta de evaluación de riesgo y consentimiento informado.

Además, este tipo de intervención de atención primaria facilita el diagnóstico en lugares con accesibilidad reducida a los servicios de salud debido a las distancias.

En 2012 llegó a la Argentina la ONG AHF y ese año realizó un total de 3.733 pruebas de VIH. Con el paso del tiempo y el incansable trabajo de concientización los testeos aumentaron a 30.013 en 2016. Este año 12.734 personas se testearon y se estima que hacia fin de año las pruebas totalizarán cerca de 36.000.

Si bien se recomienda que todas las personas sexualmente activas realicen el test, existen situaciones en las que el riesgo es claro: mantener relaciones sexuales sin preservativo; compartir agujas, jeringas, máquinas de afeitar o canutos con otras personas. Además, es indispensable que tanto la mujer embarazada como su pareja se realicen la prueba para evitar la transmisión vertical de la madre al niño por nacer.

Es importante saber que existe un período de ventana que transcurre desde que el virus entra al cuerpo hasta que el test detecta los anticuerpos generados por las personas infectadas por VIH y se estima que dura aproximadamente un mes. Durante ese lapso, el resultado puede ser no reactivo para VIH aun cuando la persona tenga el virus. Por eso es fundamental realizarse tests periódicamente.

Los testeos de VIH son una herramienta fundamental para cumplir con las metas de la campaña "20×20" desarrollada desde AHF a nivel mundial y que se propone llegar a 20 millones de personas en tratamiento para el año 2020. Para lograrlo, el primer paso es informarse y tener un diagnóstico.

Fuente: Infobae

lunes, 26 de junio de 2017

Médicos y pacientes reclaman drogas contra la hepatitis C

Aseguran que hace un año el Ministerio de Salud no entrega los antivirales que logran curar la enfermedad. Hay 400 pacientes graves.

.Gustavo se enteró por casualidad de que tenía hepatitis C cuando fue a donar sangre al Hospital Garrahan. “Para mí y para toda mi familia la noticia fue un shock”. A Miguel Angel se le detectó la enfermedad en 1998. “Había sufrido un accidente ocho años atrás y me transfundieron sangre. Me hice una biopsia de hígado porque no me sentía bien, y se detectó que tenía cirrosis”.

Tanto Gustavo como Miguel Angel fueron trasplantados y combatieron la enfermedad con muchos medicamentos sin lograr inactivar el virus. Hasta que en 2016 lograron acceder a los nuevos tratamientos orales libres de interferón y se convirtieron en los primeros argentinos que se curaron de hepatitis C. Ahora hacen campaña a favor del testeo y para que más pacientes accedan a los antivirales. 

Es que aunque el Ministerio de Salud de la Nación entregó el año pasado 1.200 tratamientos para pacientes con estadios avanzados de fibrosis (F4), la provisión de medicamentos se detuvo. Desde las organizaciones de pacientes y la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado (AAEEH) se enviaron cartas al Ministerio denunciando esta situación, ya que hay 400 pacientes graves y con solicitudes aprobadas (F3 y F4) que esperan el tratamiento hace un año. “Se formuló una licitación desde 2016 que por diversas cuestiones se ha demorado muchísimo. Mientras hay 400 pacientes graves que siguen sin tratamiento y no saben cuándo lo van a poder recibir”, le dijo a PERFIL María Eugenia de Feo Moyano, presidenta de la Fundación HCV Sin Fronteras.

Desde la ONG también se denunció que el Ministerio no envía a los hospitales del país reactivos para genotipos y cargas virales, indispensables para conocer el estado de la infección por hepatitis C. Desde  la Dirección de Sida y ETS respondieron que hay una licitación en curso (ver recuadro).

“Existe, además, una donación de mil tratamientos por parte de la Fundación de Lionel Messi que no sabemos por qué no ingresó al país”, reclamó, por su parte, Rubén Cantelmi, de la Asociación Buena Vida. 

Impacto

La hepatitis C es una enfermedad viral que afecta progresivamente al hígado y se transmite por contacto directo con la sangre. Se calcula que en el país hay 400 mil personas infectadas. Pero la mitad no lo sabe. “Es una enfermedad sin síntomas y el paciente puede convivir con ella durante años sin saberlo. El desafío actual es detectar la hepatitis C en aquellos pacientes aún no diagnosticados. Por eso es clave testearse al menos una vez en la vida”, señaló Adrián Gadano, jefe de la Sección Hepatología del Hospital Italiano.

Los nuevos medicamentos cambiaron el paradigma de la enfermedad. Pero también abrieron un debate sobre los altos costos. El tratamiento hoy ronda los $ 450 mil. “Hay nuevos antivirales, originales y genéricos. Esto hizo que hayan bajado los precios. Son tratamientos de alto costo pero muy efectivos, cuestan menos que un trasplante o el tratamiento de una cirrosis”, opinó Gadano.

Actualmente el Ministerio sólo acepta solicitudes de personas en estado grave, lo mismo que obras sociales y prepagas. Eso hizo que argentinos optaran por viajar a Egipto para tratarse (ver recuadro).

Desde la AAEEI se solicita que se incorporen las recomendaciones de las sociedades médicas nacionales e internacionales que afirman los beneficios de tratar la enfermedad en estadios menos avanzados. “Hoy en día los pacientes más severamente enfermos han sido tratados y necesitamos ampliar el menú. Hay opciones muy accesibles, más cortas y efectivas, para pacientes con enfermedades leves. Por eso también estamos buscando que tanto el Ministerio como las coberturas médicas privadas amplíen el acceso”, indicó Ezequiel Ridruejo, presidente de la AAEEH. En este sentido, España anunció esta semana el acceso universal al tratamiento. Ese debería ser el objetivo de la Argentina.

Turismo sanitario

Veinte argentinos viajaron a Egipto para tratar el mal

El español Alfredo Puentes estuvo veinte años viviendo con hepatitis C hasta que decidió viajar a Egipto para acceder a los nuevos medicamentos y curarse. Su experiencia sirvió de inspiración para crear una peculiar agencia de viajes. Su nombre es Sanantur y ofrece turismo médico en El Cairo a los enfermos con hepatitis C. “Desde Argentina en un año han viajado veinte pacientes, normalmente tienen familiares en España. Salen desde Madrid o Barcelona o mandan un poder a través de un notario”, le contó Alfredo a PERFIL.

La agencia ofrece dos planes de viajes: uno de lujo y otro exprés, que varían entre los 5.600 y 3.600 euros. “Trabajamos con una clínica donde se le hacen las pruebas al paciente (fibroscan, ecografía hepática). En tres días tenemos los resultados, ve al médico y se le prescriben y entregan los medicamentos. Mientras tanto, hay una serie de tours a pirámides y museos”, explicó Alfredo. “Actualmente, se está haciendo más un viaje de 48 h. Hacen las pruebas en España o en Argentina, las traducimos al inglés, las enviamos a nuestro doctor y a partir de ahí se indica el tratamiento. El paciente va a Egipto sólo a ver al médico y a retirar la medicación”.

No es la única empresa que ofrece el servicio. Prime Pharma lanzó la campaña Tour N’ Cure, cuyo embajador es Lionel Messi, para promover el turismo sanitario a Egipto. ¿Por qué este país se promociona como un oasis para la cura de la hepatitis C? El tratamiento allí es mucho más barato que en otros países en virtud de un acuerdo firmado en 2014 con la farmacéutica Gilead (y que habría negociado el mismo creador del Sofosbuvir, el egipcio Raymond Schinazzi).

En Argentina, autoridades sanitarias desaconsejaron viajar a Egipto y remarcaron que obras sociales, prepagas y el Estado cubren el tratamiento. “Con esto de los tours realmente hay que tener cuidado, no sabemos quién lo ofrece, ni si es seguro”, sostuvo Sergio Maulen, del Ministerio de Salud. 

“Esperamos tenerlas en dos meses”

“Tenemos una licitación en curso, que está en su etapa final. Esperamos en dos meses tener la medicación disponible para poder entregársela a los pacientes”, le dijo a PERFIL Sergio Maulen, a cargo de la Dirección Nacional de Sida y ETS, y de quien depende el Programa Nacional de Hepatitis Virales. Maulen asumió su cargo hace tres meses y asegura que se reunió con pacientes y profesionales para explicarles la situación. “Las licitaciones como ésta, que son de $ 200 millones, son los procesos licitatorios más largos, exigen que se cumplan varios pasos”, excusó. El Ministerio planea comprar cerca de 1.200 tratamientos para los pacientes más graves y también reactivos. “Además, acabamos de armar un set de materiales de difusión preparados para las provincias y ONGs para utilizar en las redes sociales sobre prevención y detección de la hepatitis B y C”, concluyó Maulen.

Fuente: Perfil

viernes, 23 de junio de 2017

Medicamentos: el PAMI y los laboratorios, muy cerca de firmar un acuerdo hasta marzo

Las cámaras se reunieron ayer con el titular del instituto, Sergio Cassinotti; habrá más controles y protocolos en la venta de remedios; esperan bajar el gasto mensual en $ 300 millones.

El PAMI y los laboratorios, muy cerca de firmar un acuerdo hasta marzoCuando el PAMI anunció en abril pasado que rescindiría el acuerdo firmado con los laboratorios para la compra de medicamentos se desató entre las partes una lucha encarnizada. Pero la proximidad de las elecciones -y el temor a que el organismo con 5 millones de afiliados se viera envuelto en una crisis- terminó funcionando de paliativo. Según confirmaron a LA NACION fuentes de la industria, la obra social de los jubilados y pensionados dará marcha atrás con la rescisión del contrato para la compra de medicamentos que había anunciado, y estaría próximo a cerrar un nuevo acuerdo con los laboratorios, que se extendería hasta marzo del año próximo. 

Representantes de las tres cámaras de la industria farmacéutica -Caeme, Cilfa y Cooperala- se reunieron ayer hasta última hora con el titular del PAMI, Sergio Cassinotti, para terminar de delinear las condiciones del acuerdo, que anualmente supera los $ 31.200 millones.

"Hay voluntad de la industria nacional de cerrar. Seguramente ya la semana próxima estaremos firmando", anticipó el responsable de un laboratorio de capital nacional, con la condición de no ser identificado. "La perspectiva hoy es de un cierre de un acuerdo hasta marzo", coincidió, por su parte, el representante de un laboratorio extranjero, que también pidió mantener su nombre bajo reserva. En el PAMI, en tanto, confirmaron a LA NACION que "las negociaciones están avanzadas". 

Con un déficit mensual de entre $ 850 millones y $ 900 millones, Cassinotti decidió en abril pasado rescindir el acuerdo para la compra de medicamentos que su antecesor, Carlos Regazzoni, había firmado apenas tres meses antes. Pero la respuesta de la industria fue mucho más dura de lo que se esperaba: amenazó con dejar de proveer medicamentos con descuento a los afiliados del PAMI a partir del 30 de este mes -el día después del vencimiento del acuerdo actual- y conminó al instituto a que saldara de inmediato la millonaria deuda pendiente.

Jugar fuerte en un año electoral rindió sus frutos. El PAMI terminó por dar marcha atrás con la rescisión del acuerdo, y ahora estaría por firmar con las tres cámaras del sector una serie de adendas que lo ayudarían a mejorar sus finanzas. El PAMI venía desembolsando sólo en medicamentos unos $ 2700 millones por mes, y la intención de Cassinotti es llevar esa cifra a $ 2400 millones.

Para ello, uno de los puntos acordados sería trabajar para mejorar las eficiencias operativas. Por caso, en el PAMI estiman que se está pagando hoy entre $ 120 millones y $ 150 millones por medicamentos que sus afiliados ordenan y nunca retiran de las farmacias. Las empresas farmacéuticas habrían aceptado contribuir a reducir este costo.

También los laboratorios habrían aceptado moderar los aumentos de precios previstos en el acuerdo inicial, que había establecido que irían aumentando hasta cubrir en un 90% la inflación del año.

Otra modificación que incluiría el nuevo acuerdo sería la de establecer protocolos para que no pueda haber abusos en la elección de la marca de los medicamentos. "Esto es -explicó una fuente al tanto de las negociaciones-, no recetar los productos más caros cuando pueda haber una alternativa más barata".

Por su parte, las cámaras accederían a financiar al PAMI, cuando la obra social se exceda de su presupuesto mensual. "Lo que se está hablando es que si se excede el PAMI en el gasto, eso pase a una deuda que se pague en algunos meses, para ayudar a paliar la crisis financiera del instituto", detallaron en la industria. A su vez, habría algunos descuentos adicionales en medicamentos especiales.

A cambio de estas correcciones en el acuerdo firmado en enero pasado, los laboratorios habrían accedido a extender el contrato hasta marzo de 2018.

Para la industria farmacéutica, el acuerdo con el PAMI es uno de los más relevantes. El organismo es el principal comprador de medicamentos del país.

El presupuesto anual del PAMI es el quinto más grande del país, sólo superado por el de la Nación, el de la provincia de Buenos Aires, el de la Ciudad de Buenos Aires y el de la provincia de Santa Fe.

A comienzos de este año, el anterior titular del instituto había cerrado un acuerdo con la industria, pero, según afirmó Cassinotti, los gastos mensuales terminaron superando las expectativas.

Para achicar su déficit operativo, el PAMI no sólo decidió replantear su contrato con la industria farmacéutica, sino que también abrió una nueva negociación con los prestadores sanatoriales, con los que también tiene una deuda grande.

El conflicto por los remedios

Un problema de números

En abril pasado, luego de detectar un rojo de $ 900 millones por mes, el PAMI decidió rescindir y replantear el acuerdo que había firmado en enero de este año con los laboratorios para la compra anual de medicamentos.

La estrategia de la industria

La industria farmacéutica decidió jugar fuerte en el marco de un año electoral: advirtió que dejaría de entregar medicamentos con descuentos después del 29 de junio a los casi 5 millones de jubilados y pensionados afiliados al PAMI.

Un acuerdo negociado

PAMI dio marcha atrás con la rescisión del acuerdo, pero negoció sumarle algunos cambios. El nuevo contrato se firmaría la semana próxima. El organismo espera bajar su gasto mensual en remedios de $ 2700 millones a $ 2400 millones.

Fuente: La Nación

jueves, 22 de junio de 2017

Nuestros adultos mayores

Alrededor de 1.266.000 personas, integrantes de la franja de mayores de 60 años de nuestra población, padecen carencias fundamentales, ya sea en relación con el cuidado de su salud, de su alimentación o bien de su seguridad social. Muchos están ya inactivos y perciben una jubilación mínima o cuentan con empleos precarios; habitan en viviendas de nivel medio o bajo, y sus posibilidades de acceso a una vida mejor se encuentran restringidas por sus escasos ingresos, que en tantísimos casos ni siquiera les permite llegar a fin de mes, quedando a merced de la generosidad familiar o de su suerte.

Resultado de imagen para adultos mayoresEl 7,4% de la población corresponde a adultos mayores pobres, según mediciones del Indec de marzo pasado en función del nivel de ingresos general, pero que no contempla la canasta alternativa que en rigor les correspondería, por lo cual el número de quienes no llegan a fin de mes es muy superior. El enfoque multidimensional, que contempla las carencias anteriormente mencionadas, triplica ese porcentaje. 

Enrique Amadasi, coordinador del estudio encarado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA y la Fundación Navarro Viola sobre las diferentes formas de envejecer y las desiguales oportunidades para lograr una vejez digna, comentó que el 38% del segmento en cuestión afirma que sus ingresos no le alcanzan para vivir.

Surge del estudio, realizado en una veintena de ciudades del país, que la mayoría se ha visto obligada a reducir o eliminar los gastos de atención médica y medicamentos (12,1%) y otros condicionan su alimentación (9%) y se ven afectados por la falta de otros ingresos o ayuda social (8%). 

En relación con las prestaciones sanitarias recibidas o aconsejadas a los mayores, el equipo de especialistas de la UCA estimó que uno de cada cuatro estaba insatisfecho con la atención recibida.

Las tasas de envejecimiento, en franco crecimiento desde 1970, hoy se reflejan en que el 15,1% de los habitantes tiene más de 60 años. Para 2050, este segmento será más numeroso que el de niños y adolescentes, por lo cual urge pensar en políticas públicas que atiendan esta realidad. Para Amadasi, el mayor desafío es mejorar la situación económica, que conduce, lógicamente, a la mejora de los demás indicadores. 

En la actualidad, el sistema de jubilaciones y pensiones cubre a casi el 100% de los mayores, un esfuerzo que en la mayoría de los casos lejos está de alcanzar para garantizar la calidad de vida que merecen.

Inés Castro Almeyra, de la Fundación Navarro Viola, pone el acento en que hay muchas vejeces y que las necesidades por atender son múltiples y no sólo económicas, ya que los adultos mayores son un grupo altamente vulnerable que no ocupa hoy el lugar que le corresponde en la agenda pública.

Fuente: La Nación

miércoles, 21 de junio de 2017

Medicamentos: más caros y con menor cobertura

El promedio del incremento en los remedios fue, durante el último año y medio, de un 77%, situación que se agrava en el caso de la canasta para los adultos mayores. Cifras alarmantes, que necesitan medidas urgentes.

El aumento de los medicamentos en la Argentina superó ampliamente la inflación y durante el último año y medio incrementaron su valor en un 77,3%, según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav). Esta problemática, que se acopla a los cada vez más elevados precios de los alimentos y tarifas de los servicios, se agrava en el caso de los adultos mayores, para quienes los remedios subieron un 88%.

En este sentido, los especialistas afirman que en uno de cada tres medicamentos el precio se duplicó, dependiendo del tipo de droga. El fármaco que más aumentó es el utilizado para la terapéutica tiroidea, elevándose en un 152%, y el que menos subió fue el hipolipemiante, utilizado para disminuir los niveles de lípidos en sangre y controlar el colesterol, que se vende a un precio un 107% más caro.

La Argentina es uno de los países de menor capacidad de compra de remedios de la región, considerando el valor de la canasta en dólares. Esto demuestra que se está lejos de garantizar el acceso a los fármacos indispensables para la supervivencia de sus ciudadanos, siendo el valor en el país de la canasta de US$ 248,2.

Productos esenciales e insustituibles

En el último año y medio se profundizó el proceso inflacionario de la última década, potenciado por la suba en los productos y servicios indispensables para garantizar una vida digna. “La particularidad de la inflación 2016 y 2017 es que se dio con una mayor dispersión entre conjuntos de productos. Afectó en mayor medida a los precios de los alimentos, los mencionados servicios públicos y también a los medicamentos”, señala el estudio.

“Por ser productos esenciales e insustituibles, estos últimos adquieren un carácter distintivo sobre otro tipo de artículos”, apuntan los especialistas en referencia a los remedios, que todo Estado debe garantizar para respetar el derecho a la salud. Pero en el último año y medio, en el mercado confluyen dos factores: el alza imparable de precios y “la supresión o disminución en la cobertura de algunas obras sociales de grupos sensibles, como es el PAMI”.

En este contexto, se destacan subas por sobre el 100% en grupos de fármacos, tal es el caso de los ansiolíticos, que incrementaron un 135%, los broncodilatadores, que subieron un 124%, y los analgésicos que se alzaron un 116%, entre otros. Y de todos estos productos, el 15% de ellos sufrió un descenso en la cobertura por parte del PAMI, según la Undav.

Una política de Gobierno

El informe preocupa y genera alarma dado que el acceso a los medicamentos es vital para la salud pública de los argentinos, y la Organización Mundial de la Salud afirma que el acceso equitativo a remedios seguros y asequibles es de importancia vital para que todo el mundo goce del grado máximo de bienestar que se pueda lograr. Parte de la responsabilidad en el incremento desmedido de los precios de los fármacos es de los nuevos lineamientos de política económica, que implican la relajación de los controles de la Secretaría de Comercio, dirigida por Miguel Braun, primo del jefe de gabinete, Marcos Peña.

Como miembro de la OMS, la Argentina debería mejorar la difusión de todos los productos sanitarios y dispositivos médicos y el acceso a los mismos mediante la superación efectiva de los obstáculos a dicho acceso, que es lo contrario a lo que sucede en la realidad concreta. Otra de las razones del altísimo incremento en el precio de los medicamentos es “el alto grado de concentración del mercado, tanto en el ámbito de las droguerías como en la distribución”, concluyeron los especialistas.

Concentración del mercado, salud para pocos

La garantía de una óptima salud y el bienestar de las familias argentinas se ven perjudicados por los oligopolios que manejan el mercado. La cadena que determina el precio de los medicamentos comienza con la producción local o la importación de los mismos como bienes finales y, según la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del actual Ministerio de Hacienda y Finanzas 250, empresas conforman el sector farmacéutico del país, incluyendo firmas que producen localmente e importadoras.

El relevamiento de la Undav detalla que existen 110 establecimientos productivos, de los cuales 93, el 85%, pertenecen a laboratorios de origen nacional y el 15% restante a extranjeros. En el país se venden mensualmente 60 millones de unidades de remedios, siendo la producción nacional el 78% de las ventas y perteneciendo el 58% de la facturación a laboratorios de origen nacional.

La concentración es tal que tan solo 20 laboratorios concentran alrededor del 80% de la facturación, y de las diez principales firmas cinco son extranjeras, ocupando el primer lugar la firma Alemana Bayer, que a fin de año culminaría su fusión con la máxima compañía a nivel mundial en el mercado de las semillas transgénicas, denunciada en varios países por las negativas e irreparables consecuencias del uso de sus productos en el ambiente, los animales y en la salud humana.

El circuito continúa con la comercialización mayorista de los medicamentos, a través de distribuidoras y droguerías,que comercializan directamente a clínicas y hospitales, y finalmente con la venta minorista en farmacias. Actualmente, se encuentran registradas aproximadamente 445 droguerías, de las cuales cuatro concentran aproximadamente el 70% del mercado, detalla el informe.

“Este mismo efecto oligopólico se produce en las distribuidoras, ya que cuatro firmas concentran cerca del 99% de las ventas: Rofina, del laboratorio Roemmers; Disprofarma, vinculada con Bagó; Farmanet, sociedad del laboratorio Gador, Casasco, Bayer, Novartis y Boehringer Ingelheim; y Global Farm, vinculada a los laboratorios estadounidenses”, destacan los especialistas.

Los valores de los insumos importados se vieron afectados, además, por la devaluación del peso argentino, al mismo tiempo que el incremento de los costos por el alza de los servicios públicos que afectó a las empresas del sector y fue trasladado a los precios. Además, ante la concentración del mercado en las mencionadas empresas, las compañías establecen los precios según su conveniencia.

Principales subas según el tipo de fármaco

- Para la tiroides: 152%

- Ansiolítico: 135%

- Broncodilatador: 124%

- Antiinflamatorio bronquial: 113%

- Antibiótico antiinflamatorio: 108%

- Para el colesterol: 107%

- Antidepresivo: 105%

- Para el corazón: 100%

Valor de la canasta de medicamentos, en dólares

- Argentina: US$ 248,2

- Brasil: US$ 186,1

- Uruguay: US$ 181,6

- Paraguay: US$ 117,6

- Chile: US$ 92,0

Hay aumentos en algunos fármacos de más del 100%. Un medicamento de venta libre que los jubilados usan mucho, la simple aspirineta anticoagulante para los problemas cardíacos, aumentó en promedio más del cien por ciento, lo que afecta muy negativamente al bolsillo de los jubilados porque es de venta libre y no lo tienen en la cobertura del PAMI.

Recordemos que hoy la canasta básica alimentaria para la Tercera Edad es de 16.124 pesos, según precios tomados en abril y publicados en el mes de mayo por la defensoría de la tercera edad, y como segundo gasto mensual dentro del cálculo para esa canasta está el de los medicamentos con 3.860,27 pesos. A esto hay que sumarle que la restricción de los medicamentos por parte del PAMI se da cuando el ingreso del jubilado es de un haber y medio de una jubilación, cerca de 9.550 pesos.

El perjuicio que se generó en el bolsillo del jubilado es doble: por un lado, producto de la inflación, aumentaron todos los artículos de primera necesidad, incluidos los remedios y, por otro lado, la situación presente en cuanto a la mala atención en salud de los adultos mayores hace que se degrade aún más su calidad de vida.

Los medicamentos, como otros tantos rubros, aumentaron mucho más que la inflación y tienen menos cobertura por parte de las empresas de medicina prepaga y las obras sociales, y todo esto claramente en connivencia con la Superintendencia de Servicios de Salud, que es el organismo encargado de regular el servicio que brindan las prepagas y obras sociales pero no hace absolutamente nada, lo cual va en detrimento del consumidor.

La responsabilidad del aumento también recae mucho sobre los laboratorios, que han modificado la ley de genéricos, permitiendo a los médicos recetar con “nombres de fantasía” y no con la denominación de la droga. Esto hace que el paciente cuando va a comprar un remedio se encuentre con el panorama de que, si no tiene el recetado por su propio médico, no lleva ninguno, por el temor de equivocarse, siendo que todos los medicamentos de un mismo tipo tienen igual composición, por lo que pueden ser reemplazados por otro. Como esto también fue modificado a favor de los laboratorios, es doble el impedimento que sufren los consumidores.

Los laboratorios en Argentina hacen mucho lobby y vemos inacción por parte de las autoridades del Gobierno nacional, de la Superintendencia de Servicios de Salud, y de ANMAT, que muchas veces no hace el control adecuado de cada uno de los medicamentos. La libertad de mercado que proclama este Gobierno en definitiva es vista desde un solo punto: la libertad de los empresarios, que no da ninguna protección a la gente.

El Gobierno podría regular el aumento de los medicamentos, haciendo un análisis de las estructuras de costos, viendo las ganancias que ha tenido cada uno de los sectores que conforman un medicamento y lógicamente poniendo un precio máximo a un bien tan preciado como son los remedios en cuanto a la salud.  Sería muy bueno que se declare la emergencia farmacéutica, para este y para otros puntos, como lo es el incumplimiento de las prepagas en las prestaciones médicas obligatorias, que es altísimo en esta época.

Fuente: Diario Hoy

jueves, 15 de junio de 2017

Baja de pensiones: dos jueces ya fallaron en favor de personas con discapacidad

La Justicia ya comenzó a opinar sobre la baja de pensiones por incapacidad: dos jueces fallaron en favor de discapacitados y ordenaron que se restablezca de inmediato el pago de  las pensiones por no haberse respetado su derecho de defensa. En Rio Negro se presentó un amparo colectivo. "La pensión no es una dádiva, es un derecho", dijo el fiscal Gabriel De Vedia. El Estado había anulado cerca de 83.000 pensiones por incapacidad alegando irregularidades.

Estacionamiento discapacidadEn las últimas semanas miles de beneficiarios de pensiones no contributivas se vieron sorprendidos cuando, al ir a cobrar su haber, se encontraron con que no el mismo no se encontraba depositado. Tras consultas a diversos organismos se enteraron de que el Estado Nacional les quitó el beneficio por diversas razones: su cónyuge cobra una jubilación mínima, tienen un vehículo a su nombre o un familiar directo cobra un promedio de tres salarios mínimos. El fundamento legal de este accionar se encuentra reglado en el Decreto 432/97.

Lejos de ser casos aislados, esta semana se dio a conocer la noticia de que suman 83.000 las bajas de las pensiones. Varios beneficiarios que desde el mes pasado se vieron afectados por la medida iniciaron amparos solicitando que se revoquen las bajas y en estos días incluso legisladores de Rio Negro iniciaron un amparo colectivo con el objeto de que se anule la medida.

Los casos

Diario Judicial accedió a dos sentencias dictadas por los Juzgados Federales de Neuquén y General Roca, donde se hizo lugar a sendas cautelares que obligan al Ministerio de Desarrollo Social restablecer las pensiones hasta que no se sustancie debidamente el procedimiento administrativo necesario para adoptar la medida, de acuerdo con lo exigido por la Ley de Procedimiento Administrativo.

La primera fue dictada en autos “Bravo, Miguel Ricardo c/ Comision Nacional de Pensiones No Contributivas - Ministerio de Desarrollo Social de la Nacion - s/amparo ley 16.986” por el juez Hugo Horacio Greca, quien en principio rechazó otorgarle carácter colectivo al amparo presentado porque “no media una causa fáctica común que provoque lesión a derechos más allá que la propia del señor Bravo”.

Según surge del expediente, Bravo padece de un cuadro clínico patológico de hipertensión, hernia de disco y tratamiento prostático y cobraba hasta mayo de este año una pensión no contributiva por invalidez en el marco de la ley 18.910, y la suspensión se dio con fundamento de“cónyuge con beneficio”

Tras atender los argumentos del amparista, quien señaló que “no ha mediado acto administrativo alguno que respalde este accionar del Estado”, lo que convertía a su conducta “en una típica vía de hecho” , y la urgencia en el dictado de la medida innovativa obedecía al “absoluto desamparo” en el que se encontraba como resultado de la suspensión del beneficio, afectando no sólo la subsistencia misma del actor, “sino además de su grupo familiar”, el magistrado dictó la cautelar.

“Sería errado juzgar procedente este aparente actuar de la Administración sólo con fundamento en un posible incumplimiento de uno de los requisitos necesarios para obtener y retener el derecho de pensión de que se trata, como lo es que el cónyuge del beneficiario no esté amparado por un régimen de previsión (art. 1°, inc. f, del decreto 432/97), aun cuando la propia documental aportada revele esa circunstancia (ver fs. 14); pues esa incompatibilidad, lato sensu, nada predica sobre la procedencia del actuar del Estado Nacional, reglado en la LPA, que es de lo que en definitiva se trata en el presente amparo”, señala el fallo.

Del mismo modo, la jueza federal de Neuquén María Carolina Pandolfi hizo lo propio al ordenar la cautelar en autos“Carrasco Oscar Alberto c/ Estado Nacional (Ministerio de desarrollo social de la nacion) s/ amparo ley 16.986”. A diferencia del caso de Bravo, en este se encontraba en discusión la baja de una pensión no contributiva por invalidez dispuesta desde agosto de 2016.

Más allá de las diferencias puntuales, los argumentos fueron los mismos: no se dispuso la baja de acuerdo con los mecanismos legales exigidos para el dictado de un acto administrativo, lo que se veía agravado por la índole del haber que se estaba abonando, de evidente carácter alimentario.

De acuerdo con lo obrado en este expediente, se acreditó que Oscar Carrasco padece desde 2006 una paraplejia permanente, y por esa patología, que afecta su capacidad motriz, debe usar silla de ruedas, lo que “le impide obtener un empleo para proveerse lo necesario para su subsistencia”. En 2009 el amparista obtuvo la pensión, pero a mediados de septiembre y “sin aviso previo” se vio privado del haber. Todo ello “sin recibir notificación alguna ni comunicación de los motivos de la omisión”.

El beneficio fue dado de baja porque del cruce de datos en organismos públicos figuraba la inscripción a nombre de Carrasco de un automóvil marca Nissan, modelo 2015 con caja automática. Carrasco asegura que el vehículo le fue donado por sus hermanos. Carrasco además es viudo y tiene hijos pequeños, sin el transporte particular no puede movilizarse ni ayudar a su familia.

Tras observar la situación, la magistrada reconoció que en principio todo acto administrativo goza de legitimidad, pero que en este caso el Ministerio incurrió en una vía de hecho, por lo que se estaba en presencia de una excepción a la regla general.

“De acuerdo al relato de los hechos brindado, no nos encontraríamos con un acto administrativo del Estado Nacional (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) que con vista al interesado – para que ejerza su derecho de defensa - decide suspender el beneficio de pensión por la razón de que se trate, sino con una vía de hecho de la Administración, que habiendo emitido su voluntad en un sentido, actúa luego en el sentido contrario”, sostuvo la magistrada.

Para la magistrada no surgían de la causa constancias de que se haya dictado un acto administrativo posterior con el fin de “dejar sin efecto o modificar los términos”, en que el beneficio fue concedido, ni tampoco uno “tendiente a suspender la prestación”, por lo que “ante la ausencia de todo acto administrativo ulterior –con el fin de suspender los efectos del acto obtenido en el expediente antes mencionado - el incumplimiento denunciado por el Sr. Carrasco, configuraría un irregular comportamiento material por parte de la demandada prohibido por el ordenamiento legal”.

Repercusiones

Luego de conocerse lo resuelto en los casos particulares, las Organizaciones No Gubernamentales Asociación Civil Encuentro Solidario y Fundación Patagónica INAUN hicieron una presentación judicial para que se extienda a todo el grupo vulnerable de discapacitados la suspensión de las bajas que no se hayan dictado de acuerdo a los parámetros legales. A la misma luego se adhirió el diputado del Frente para la Victoria Martin Doñate. Para tramitar la causa fue sorteada la magistrada federal de Viedma, Mirta Filipuzzi, Según pudo saber este medio, se esperan presentaciones del mismo tenor en varias provincias.

Por otra parte, el fiscal Gabriel De Vedia, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (Ufises), cuestionó la legalidad de la medida y recordó que “estamos hablando de personas que están en una condición de vulnerabilidad estructural”. En declaraciones a la radio futurock, De Vedia sintetizó que la pensión por discapacidad “no es ni un subsidio ni una dádiva ni una limosna ni una caridad, es un derecho”.

Fuente: Diario Judicial (Sentencias disponibles en el portal web de la citada fuente)

Próximamente: "III Jornadas Nacionales de Derecho de la Salud" en homenaje a la Dra. Lily Flah y al Dr. Aldo Neri


 

miércoles, 14 de junio de 2017

Mitos y verdades sobre la donación de sangre

Hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre; por qué es importante sumarse y cuáles son los requisitos; el panorama en la región.

Hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra con el objetivo de concientizar sobre la necesidad de donar sangre con regularidad. La tasa de donación en la Argentina es de 24,36 por cada 1000 habitantes. En América Latina, el porcentaje de donantes voluntarios de sangre ha crecido entre 2013 y 2015, al pasar del 38,53% al 44,17%, pero aún se está a menos de la mitad del camino que busca alcanzar el 100% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que permitiría garantizar un suministro de sangre suficiente y seguro para transfusiones. 

Al momento de decidir si convertirse en donante, es importante informarse bien. Estos son algunos mitos y verdades sobre la donación de sangre: 
  • Si dono sangre ¿me voy a sentir mal? Sólo se extrae una unidad de sangre, que se remplaza en cuestión de horas, lo que no afectará a las actividades que realices en el día. 
  • Mi grupo sanguíneo es muy común ¿no es necesario que done? Si tu grupo sanguíneo es frecuente también es muy común para la mayoría de la población, por lo tanto es la que más se necesita. 
  • ¿Corro riesgos de contagiarme alguna enfermedad? Las bolsas de extracción son estériles y el procedimiento se realiza bajo estrictas normas de asepsia. Podés donar en todos los bancos de sangre y en ninguno te contagiarás enfermedades. 
  • Tengo bajo peso ¿puedo donar? El mínimo de peso apto para donar es 50 kg. 
  • ¿Soy muy joven/viejo para donar? El intervalo de edades para la donación es muy amplio, se encuentra entre los 18 y los 65 años. 
  • Este año ya doné, ¿puedo volver a hacerlo? Los hombres pueden donar hasta cuatro veces por año y las mujeres hasta tres veces por año. 
  • Tengo tatuajes, ¿puedo donar? Si tenés tatuajes o alguna perforación en el cuerpo podés donar después de un año de habértelos hecho. 
  • ¿El proceso de extracción es doloroso? No es doloroso y además es rápido. La extracción se hace a través de una pequeña punción de la piel y con una aguja se llega a la vena. El procedimiento no difiere de una extracción común, solo que en lugar de jeringa, se recolecta en la bolsa. 
  • ¿La sangre se necesita sólo para emergencias? Mucha gente pienso eso, por eso se reservapor si alguien de la familia lo necesita. Si alguien de tu familia necesita sangre con urgencia, tu donación llegará tarde. Necesitará contar con sangre lista y disponible ante una emergencia. 
(Fuente: Fundación Swiss Medical)

Cómo es el panorama en la región

Menos de la mitad de los donantes de sangre son voluntarios en América Latina y el Caribe, según un informe publicado esta semana por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Día Mundial del Donante de Sangre

El documento, titulado "Suministro de sangre para transfusiones en los países de Latinoamérica y del Caribe", resalta que el Caribe cuenta con un mayor porcentaje de donantes voluntarios (54,89%) que el resto de América Latina (43,28%), así como con un mayor número de personas que donan sangre habitualmente. El 71,7% de las donaciones voluntarias en 2015 en los países del Caribe se obtuvo de personas que donaron sangre o componentes sanguíneos por lo menos dos veces en el año.

El relevamiento incluye datos de 36 países de la región. Del total, sólo dos de América Latina y ocho del Caribe consiguieron que todas sus donaciones de sangre sean de donantes voluntarios (no remunerados). Se trata de Cuba y Nicaragua, y de Aruba, Bermuda, Curazao, Guadalupe, Guyana, Islas Caimán, Martinica y Surinam.

En diálogo con LA NACION, María Dolores Pérez-Rosales, asesora en Servicios de Sangre y Trasplantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), explicó: "Muchas personas todavía no reconocen la importancia de la donación de sangre voluntaria habitual y su potencial de salvar vidas".

"Todos en algún momento de nuestras vidas podemos necesitar una transfusión de sangre, y la única manera de obtenerla es a través de una persona que la ha donado sin presiones y sin requerir nada a cambio", señaló la especialista. Y añadió: "Es importante que la sociedad incorpore que esa sangre no se puede producir en un laboratorio, solo la podemos obtener si alguien nos la dona. Y las donaciones más seguras son las que vienen de donantes voluntarios y no remunerados".

El caso de la Argentina

"Argentina muestra un avance sostenido en los últimos años en el porcentaje de donaciones voluntarias de sangre, que pasaron del 27,23% en 2010 a 45,66% en 2015. Este aumento trasluce el esfuerzo de las autoridades del país y otras organizaciones por concientizar a la población, la cual se ha comprometido más con la donación", señaló Pérez-Rosales. "Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer para alcanzar el 100% de donaciones voluntarias no remuneradas para 2019, como plantea la meta regional establecida en la OPS", añadió.

"La tasa de donación en Argentina es de 24,36 donaciones por cada 1000 habitantes, lo que sitúa al país en la media de los países con ingresos medianos-altos. Según la información disponible más reciente (año 2015), Argentina colecta 1.026.845 unidades de sangre por año, de las cuales el 45.66% provienen de donantes voluntarios no remunerados de sangre, y el 54.34% provienen de donantes de reposición/familiares", detalló la especialista.

"Asimismo, alrededor del 60% de los donantes voluntarios de sangre en Argentina son donantes de repetición o habituales (realizan al menos 2 donaciones en un periodo de 12 meses), que es el grupo de donantes más seguros", agregó.

Sobre el pago para los donantes, la funcionaria resaltó: "La OPS/OMS no recomienda este tipo de donaciones. Que se pague por donaciones de sangre y componentes sanguíneos no sólo atenta contra la idea de que las personas tomen conciencia de que debe ser un acto altruista, sino que también amenaza a la seguridad sanguínea. Las donaciones remuneradas presentan una mayor prevalencia no solo a VIH sino también a otras enfermedades que se pueden transmitir por transfusión como son Hepatitis B, Hepatitis C, Enfermedad de Chagas, Sífilis, entre otras".

En la Argentina la donación remunerada está prohibida de acuerdo al Capítulo XV de la Ley N° 22.990, conocida como la Ley Nacional de Sangre..

El perfil de los donantes

Del total de donantes en 2015, tanto en América Latina como en el Caribe, alrededor del 62% fueron hombres y el 38% mujeres. Según información presentada por 12 países del Caribe, la mayoría de los donantes (48%) tienen entre 24 y 44 años, mientras que en Latinoamérica, según datos de seis países, el mayor número de quienes donan sangre (43%) tienen entre 18 y 24 años.

En comparación con 2011, donde sólo seis países estaban en condiciones de estimar sus necesidades de sangre a nivel nacional, los datos del reporte muestran que ahora hay 14 países que conocen sus necesidades de sangre, algo que facilita la planificación de las colectas.

Fuente: La Nación

martes, 13 de junio de 2017

Accidentes y suicidios, las principales causas de muerte entre los 15 y los 34 años

Así surge de un estudio sobre las cifras oficiales entre 2005 y 2015 del Ministerio de Salud de la Nación; entre los adultos prevalecen el cáncer y las enfermedades circulatorias.

En la Argentina muere una persona cada dos minutos, pero las razones varían de manera significativa según la edad. Entre los 15 y 34 años la principal causa de muerte son los accidentes de tránsito y los suicidios. Desde los 35 hasta los 44 se suman las enfermedades por VIH. En cambio, desde los 45 hasta los 64 son los tumores malignos de pulmón, mama, ovario y colon los que provocan la mayor cantidad de muertes. De los 65 en adelante, el motivo de defunción varía entre las enfermedades circulatorias, como el paro cardíaco, y las respiratorias.

Data.

Así lo determinan las cifras oficiales publicadas desde 2005 hasta 2015 por la Dirección de Estadística e Información de Salud. En estos 11 años, en nuestro país murieron 3.450.695 personas y el ranking total de causas de fallecimiento por tipo de enfermedad está liderado por la insuficiencia cardíaca, la neumonía e influenza y los infartos. Sin embargo, entre los jóvenes, por caso, los decesos por accidentes viales son muy altos. 

En 2015, un argentino murió cada dos horas en un incidente vial, y el 44% de las víctimas tenían entre 15 y 34 años. Si se suman los 11 años de registros oficiales, el número de fallecidos en accidentes viales llega a 53.623.

El titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias de la ciudad de Buenos Aires (SAME), Alberto Crescenti, manifestó que de las 800 salidas diarias, casi el 40% son incidentes de tránsito, y en la gran mayoría de los casos las víctimas son adolescentes o jóvenes adultos. Y agregó: "Hablan por celular, no respetan las velocidades máximas o conducen con alcohol en la sangre. Pese a todas las campañas que se hacen, el argentino es muy poco proclive a respetar las reglas".

Otra causa de muerte que predomina entre los jóvenes son los suicidios. Más de 3000 argentinos se quitan la vida por año y, en promedio, la mitad de ellos son personas de entre 15 y 34 años.

Según las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Argentina es el tercer país de América latina con la tasa de suicidios más alta. En primer lugar se encuentra Bolivia, con una tasa de 18,7 cada 100.000 habitantes, y le sigue Uruguay, con 17.

Ya entre los 35 y 44 años, además de los accidentes de tránsito, la principal causa de muerte son las enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Solamente en 2015, 1553 personas fallecieron por esta causa en la Argentina. En el mundo, en el mismo año, fallecieron 1,1 millones. Este tipo de enfermedades son conocidas como "infecciones oportunistas" ya que habitualmente requieren que la persona presente un bajo nivel de defensas para manifestarse. 

En el país, 33% de las víctimas que murieron por VIH en 2015, tenían entre 35 y 44 años, esto equivale a un total de 505 personas. La enfermedad en los pacientes no tratados tarda en promedio 10 años en desarrollarse, lo que significa que estos fallecidos se infectaron entre los 25 y 34 años. En total, durante 11 años, 15.541 ciudadanos perdieron sus vidas por este motivo.

Si bien el sida provoca una alta mortalidad en los pacientes no tratados, Marcelo Bases, médico infectólogo dedicado a la atención del VIH-sida en el hospital F. J. Muñiz, confirma que "en la actualidad es aceptado que la infección por el VIH se puede controlar".

"Incluso -dice Bases- se la puede considerar una enfermedad crónica, siempre y cuando el paciente reciba la terapéutica adecuada y cumpla con las indicaciones médicas. Si por cualquier motivo no recibe o abandona el tratamiento, el virus se reactiva, se multiplica nuevamente con velocidad y compromete el sistema inmunológico."

Entre los 45 y 64 años, por otro lado, el cáncer es la principal causa de defunción. Los tumores malignos que más muertes generan a esa edad son los de pulmón, mama, ovario y colon. Estos cuatro tipos causaron el 40% de los fallecimientos totales por cáncer. En cambio, en los menores de entre 1 y 14 años predomina el tumor maligno de leucemia y el de encéfalo y/o partes del sistema nervioso. Ambos costaron 32.438 vidas en ese lapso de 11 años. En promedio, por año mueren más de 50.000 personas víctimas de cáncer.

Con respecto a los factores de riesgo del cáncer, Matías Fosco, director médico del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro, explicó que el cigarrillo está asociado al de pulmón y el consumo excesivo de carne podría estar asociado al de colon. Además, el consumo de alcohol, algunos tipos de obesidad y de píldoras anticonceptivas, la terapia hormonal posmenopausia, antecedentes familiares y ciertas condiciones genéticas aparecen como causa frecuente del cáncer de mama.

Detección precoz

"Si bien no se han podido identificar de manera sistemática los factores de riesgo de algunos tumores, siempre es importante la pesquisa y la detección precoz", aclara Fosco. De ahí la importancia de realizar con regularidad diversos exámenes médicos, como mamografías, tomografías, radiografías y pruebas físicas en el caso de un cáncer dérmico.

En cuanto a las personas mayores de 65 años, la principal causa de defunción son las enfermedades circulatorias. Éstas fueron las responsables de la muerte de 836.092 personas de esas edades en los últimos 11 años. Predominan las isquemias del corazón, conocidas como infarto o ataque cardíaco, que tienen que ver con las enfermedades específicas de las arterias del corazón y que pueden causar una insuficiencia cardíaca.

Fosco expresó que ningún sexo está libre de padecer una enfermedad vascular, pero que hasta los 50 años el hombre es el más afectado, porque las mujeres tienen una protección hormonal natural hasta la menopausia.

Las enfermedades respiratorias son la segunda causa en importancia de muerte de los argentinos que superan los 65 años. Sobre todo por afecciones como la neumonía y la influenza, que provocaron la muerte de 185.031 personas de esa edad desde 2005 hasta 2015. La explicación es que durante la vejez la predisposición o la resistencia a las infecciones es menor.

"Es distinto enfrentar un cuadro de neumonía a los 20 años que a los 80, con una enfermedad cardíaca. La población tiende a ser más frágil en sus últimos años de vida", manifestó Fosco. En promedio, por año fallecen 48.200 personas por enfermedades respiratorias.

Fuente: La Nación

lunes, 12 de junio de 2017

Se desestimó reclamo de prepagas contra OSDE

MINISTERIO DE SALUD - Decreto 401/2017
Desestímase reclamo.

Ciudad de Buenos Aires, 07/06/2017
VISTO el Expediente N° 1-2001-198574/15-2 del registro de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, y
CONSIDERANDO:

Resultado de imagen para osde y prepagasQue por dicha actuación tramita el reclamo administrativo efectuado a través de sus apoderados por las Empresas SWISS MEDICAL S.A., GALENO ARGENTINA S.A., MEDICUS SOCIEDAD ANÓNIMA DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA y MEDICINA ESCENCIAL S.A. ó MEDICINA ESENCIAL S.A., denominadas en conjunto como Empresas de Medicina Prepaga, en los términos del artículo 24 inciso a) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, contra los artículos 5°, inciso g) y 17 del Anexo del Decreto N° 1993 de fecha 30 de noviembre de 2011.
Que no habiendo presentado la firma MEDICINA ESCENCIAL S.A. ó MEDICINA ESENCIAL S.A. poder suficiente, el MINISTERIO DE SALUD ha tenido por no presentado el reclamo pertinente.
Que el reclamo referido se interpone ante la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, impugnando los artículos 5° inciso g) y 17 del Anexo del Decreto N° 1993 de fecha 30 de noviembre de 2011, reglamentario de la Ley N° 26.682, alegando que se trata de un acto de alcance general que no tiene naturaleza legislativa sino administrativa, pues constituye un reglamento de ejecución cuya vigencia y efectos afectan en forma directa, cierta y actual a las Entidades de Medicina Prepaga, en sus derechos, intereses y garantías y ponen en riesgo el derecho a salud de los beneficiarios, concluyendo con la petición de la suspensión de los efectos de los artículos impugnados, su derogación y la reserva del Caso Federal.
Que la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD ha analizado exhaustivamente el reclamo efectuado, manifestando que el cuestionamiento central radica fundamentalmente, en el procedimiento llevado a cabo para el aumento de cuotas a aplicar a los usuarios conforme lo establecido en la Ley N° 26.682 y en el Decreto N° 1993/11.
Que asimismo la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD indicó que los planteos articulados por los recurrentes residen en que la reglamentación de la ley ha resultado insuficiente, por cuanto se omitió en el plazo ordenado por la misma, elaborar la estructura de costos a la cual deberían ajustarse los pedidos de autorización del incremento de cuotas, no habiéndose determinado por ende los mecanismos para que el procedimiento allí definido se ajustara a la realidad económica de las Entidades de Medicina Prepaga, atento al dinamismo que las mismas detentan y la coexistencia temporal de los incrementos de costos.
Que las recurrentes sostienen que tanto la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 26.682, el MINISTERIO DE SALUD, como el órgano específico designado por éste para llevar a cabo el procedimiento de aumento de cuotas, la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, han dictado resoluciones relacionadas con el régimen, pero sin efectuar una regulación específica que definiera una fórmula objetiva a utilizar para ajustar los costos.
Que la GERENCIA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD manifestó que para la elaboración de la propuesta de aumentos de cuotas, el organismo analiza la evolución del sector en su conjunto tomando como base el promedio de las estructuras de costos presentadas por las principales empresas, señalando enfáticamente que las presentadas por las CUATRO (4) empresas que inician el reclamo son consideradas dentro del promedio general del sector.
Que en base al análisis de dichas estructuras de costos se puede definir la distribución de costos prestacionales en un OCHENTA POR CIENTO (80%) y en un VEINTE POR CIENTO (20%) el resto de los costos.
Que sobre la base de esa estructura de costos promedio se analizan los impactos de los distintos rubros y se evalúan los requerimientos elevados al organismo por cada entidad de manera particular o agrupados en alguna de las principales cámaras del sector.
Que la metodología que se emplea para el cálculo de los aumentos de cuotas contempla las situaciones individuales, tanto en términos de estructuras de costos involucradas como de incrementos solicitados.
Que conforme lo indicó la GERENCIA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, los informes que acompañan las distintas propuestas de aumento, elaborados por la referida Gerencia, tienen en cuenta para su cálculo tanto la estructura de costos de las entidades referidas como los recursos humanos e insumos médicos, medicamentos y otros insumos y gastos generales.
Que dicha Gerencia también destacó que la totalidad de los aumentos fueron rigurosamente aplicados por las empresas de medicina prepaga, que hoy intentan deslegitimarlos mediante su presentación.
Que la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD manifestó que tal como surge de la Ley N° 26.682 y del Decreto N° 1993/11, esa SUPERINTENDENCIA eleva cada propuesta de aumento de cuota al MINISTERIO DE SALUD, previo dictamen vinculante de la ex-SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS, a fin de dictar el acto administrativo de autorización del incremento de cuotas.
Que en tal sentido, la Administración dentro de las competencias que legítimamente le fueron asignadas autoriza aumentos de cuotas para el sector respetando el procedimiento dispuesto por el marco regulatorio y dentro de un plazo razonable.
Que cada una de las resoluciones dictadas, cumple con los elementos esenciales contemplados en el artículo 7° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y su dictado obedece a razones de interés público con sustento en la normativa de rango superior que se cuestiona por el reclamo, destacando que dichos actos gozan de la presunción de legitimidad y ejecutoriedad conforme lo dispuesto por el artículo 12 de la citada ley.
Que los recurrentes realizan una interpretación confusa y arbitraria de la normativa que cuestionan, sin demostrar que las normas le ocasionan un daño concreto, actual, grave e inminente o que le causen alguna lesión patrimonial a consecuencia de un supuesto desequilibrio o distorsión significativa en la ecuación económica financiera.
Que por los argumentos expuestos, la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD opinó que el reclamo debería desestimarse y, en cuanto al fondo de la cuestión planteada, la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SALUD compartió lo expresado por dicha Gerencia, agregando que corresponde que se desestime el reclamo incoado toda vez que los recurrentes no han aportado argumentos que permitan inferir la ilegitimidad acusada, limitándose a postular una visión del tema, que no encuentra sustento jurídico ni fáctico.
Que por lo precedentemente expuesto corresponde desestimar el reclamo impropio interpuesto por las Empresas SWISS MEDICAL S.A., GALENO ARGENTINA S.A. y MEDICUS SOCIEDAD ANÓNIMA DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SALUD, ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 24, inciso a) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Desestímase el reclamo impropio interpuesto por los apoderados de las firmas SWISS MEDICAL S.A., GALENO ARGENTINA SA y MEDICUS SOCIEDAD ANÓNIMA DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA en los términos del artículo 24 inciso a) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, contra los artículos 5°, inciso g) y 17 del Anexo del Decreto N° 1993 de fecha 30 de noviembre de 2011, reglamentario de la Ley N° 26.682, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MACRI. — Jorge Daniel Lemus.