jueves, 31 de agosto de 2017

Un fallo a favor de la gestación por sustitución

En un amparo presentado por la Defensoría y la Federación Argentina LGB, la Justicia porteña ordenó al Registro Civil la anotación de niños gestados por sustitución a nombre de las personas que ejerzan la voluntad procreacional. Los detalles del fallo.

bebé menor niño niñaLa Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a una medida cautelar colectiva mediante la cual ordenó al Registro Civil que inscriba provisoriamente a los nacidos por técnicas de reproducción humana asistida de alta complejidad realizadas a través de la gestación por sustitución, a favor de las personas que ejerzan el derecho a la voluntad procreacional.

El proceso colectivo fue promovido por el Defensor del Pueblo porteño, la Federación LGTB y una pareja de copadres de mellizos nacidos por esta técnica, con el objetivo de resolver la inscripción registral de los menores, a favor de las personas que ejerzan el derecho a la voluntad procreacional expresando su consentimiento previo, libre e informado, sin emplazar como progenitora a la mujer gestante que previamente manifestó no titularizar ni ejercer voluntad procreacional alguna.

La jueza de primera instancia rechazó in totum e in limine litis la acción iniciada, con el argumento de que el amparo colectivo pretende “en abstracto, hacer un control de legalidad de la normativa involucrada y/o de la omisión del Estado Nacional –Poder Legislativo- de legislar casos como los aquí planteados”.

El fallo de grado agregó que “la presente acción, tal y como ella fue planteada, aun cuando ella pudiera llegar a tramitarse ante estos tribunales, ella no podría prosperar contra el GCBA por cuanto no advierto en su postura una acción u omisión arbitraria o manifiestamente ilegítima que la instituya como legitimada pasiva en esta acción”. También señaló que “el proceder del Registro (...) no fue sino la consecuencia de hacer cumplir la ley civil en los términos en los que ella ha sido dictada”.

En este escenario, el Tribunal de Alzada hizo hincapié en el interés superior del niño y concluyó que “no existen razones de orden público que impidan reconocer la filiación”. También destacó que el uso del vientre de un tercero sin voluntad procreacional está "limitado por el interés del menor y su no vulneración; y el consentimiento libre de los adultos".

El fallo -firmado por el juez Carlos Balbín y las juezas Fabiana Schafrik de Núñez y Mariana Díaz- ordenó al Registro Civil “que inscriba provisionalmente a los niños y niñas nacidos por técnicas de reproducción humana asistida de alta complejidad realizados en el país, denominados de gestación solidaria, a favor de los comitentes con voluntad procreacional, conforme el consentimiento previo, libre e informado expresado por éstos, y sin emplazar como progenitora a la gestante que expresó previa y fehacientemente no tener voluntad procreacional”.

Fuente: Diario Judicial - Fallo completo disponible en el portal de la fuente citada

Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.

miércoles, 30 de agosto de 2017

La COFA reclama que las farmacias no sean incluidas en el registro de precursores químicos

El nuevo Registro Nacional de Precursores Químicos podría incluir a los mostradores, algo que la Confederación Farmacéutica Argentina rechaza. Por eso, realiza varias acciones para evitar esta nueva normativa. Hubo encuentro con funcionarios nacionales y un pedido de audiencia con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

En marzo de este año, el gobierno nacional dispuso una serie de reformas en el denominado Registro Nacional de Precursores Químicos (REMPRE), que controla estos productos, muchas veces usados para producir drogas de diseño. Entre los cambios, se incluyeron a las farmacias entre los establecimientos obligados a realizar una declaración jurada de sus actividades. Ante esto, la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) viene realizando tareas para pedir que tanto las farmacias comunitarias, hospitalarias, de clínicas y sanatorios queden afuera del registro, los mismo que las universidades que cuentan con la carrera de farmacia, unidades académicas formadoras de profesionales farmacéuticos. Se pidió una reunión con la ministra de Seguridad nacional para tratare la temática.

En estos días, la COFA difundió las tareas realizadas para evitar que las farmacias sean parte del Registro Nacional de Precursores Químicos. Entre las tareas realizadas se mantuvo una reunión con el Director Nacional del Registro, Análisis técnico y control del uso de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad, Carlos Brum y Ignacio Cichello, director del Registro de Precursores Químicos, haciéndose un análisis de las leyes provinciales y nacionales del ejercicio profesional farmacéutico, decretos reglamentarios, resoluciones, etc., que otorgan y determinan al profesional farmacéutico la incumbencia de la elaboración de las especialidades medicinales. Posteriormente se envió la normativa a las autoridades del REMPRE, para su estudio y análisis, siempre buscando la no superposición de controles por parte de los poderes del estado y sus respectivos ministerios, sobre los establecimientos farmacéuticos.

Además, la COFA solicitó, además, asesoramiento e informe a profesional de Ingeniería, quien concluyó que los capsuleros manual y semiautomático no estarían alcanzados por esta resolución, debido a que los mismos no revisten condición de ser máquinas. “Luego de tres meses de trabajo individual y conjunto donde se hizo un acabado análisis de la legislación, fuimos convocados por el REMPRE, junto a todas las entidades representantes de las farmacias, y el organismo aún está analizando, simplificar los trámites de inscripción y los aranceles a determinar, cuestión que fue rechazada por COFA”, destacó la entidad farmacéutica nacional.

A raíz de esto, el jueves último, la COFA convocó a la Comisión de Asuntos Profesionales de la entidad, abordando la temática en el orden nacional, acordando el trabajo en conjunto con todos los Colegios de Farmacéuticos integrantes de la institución, donde se contempló informar del asunto, a todos los Ministerios de Salud de las Provincias y a las Universidades donde se dicta la carrera de Farmacia. “Cada uno de las Colegios de Farmacéuticos agrupados en la Confederación Farmacéutica Argentina recibirán la presentación jurídica elaborada por la entidad y analizarán la oportunidad y conveniencia de adaptarla, según la ley sanitaria local, debido a que en algunas provincias es obligatorio el uso de estas herramientas mientras que en otras no lo es”, agregó la entidad.

Por último, la COFA está elaborando la impugnación a dicha resolución, presentación con alcance nacional contemplando la legislación nacional y de las provincias, “planteando a su vez, el exceso de reglamentación, el vicio en la resolución sancionada y el poder de controlador que posee cada Ministerio de Salud sobre los establecimientos farmacéuticos, destacando el servicio farmacéutico como servicio público impropio”.

Fuente: Mirada Profesional

martes, 29 de agosto de 2017

Empezó la primera cátedra universitaria que trata el tema del aborto

La semana pasada, este debate debutó en la currícula universitaria con la materia "El aborto como problema de salud" que se dicta en la Universidad Nacional de Rosario.

Facultad de Medicina de RosarioLa Universidad Nacional de Rosario (UNR) decidió incluir el aborto dentro del listado de materias que ofrece la Facultad de Medicina y la respuesta entre los alumnos fue contundente. A pesar de tratarse de una asignatura optativa, los 80 cupos disponibles para anotarse en "El aborto como problema de salud" no fueron suficientes para saciar la gran demanda de los estudiantes por inscribirse, por lo que ya hay alumnos de cuarto y quinto año en la lista de espera.

De esta manera y por una decisión unánime del Consejo Directivo, desde ayer a las 18, el aborto se sumó formalmente a la currícula educativa. Para acompañar este cambio, un grupo de mujeres, que lucían unos pañuelos verdes, desplegaron una bandera del mismo color que decía: "Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, Rosario". 

Tal como publicó el medio local La Capital, la vicedecana de la facultad, Alejandra Chervo, explicó que para la facultad esta decisión "significa poner en blanco sobre el papel algunas cuestiones muy importantes que están pasando hoy, todos los días, en cada uno de los centros de salud de la región". 

Y agregó: "La idea es brindar un marco teórico para los estudiantes. En otras materias, también se da el tema, pero las situaciones que se viven son muy graves, muy comunes, muy duras, y los futuros profesionales tienen que saber trabajar sobre esta problemática". Por eso, quienes se encargarán de dictar esta materia serán docentes vinculados con la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.

Además, confesó que desde la institución se sintieron "sobrepasados" por la repercusión que tuvo esta medida: "Es la primera en el país que lo encara de esta manera. Es algo histórico y ha causado mucho más revuelo del que imaginábamos".

Aclaró, también, que la decisión "no representa una cuestión de valores": "Sabemos que causa resistencia en algunos sectores sociales, pero nosotros pensamos que las mujeres son las que mejor conocen estas situaciones. Por supuesto que hay una cuestión de creencia, pero esa no es nuestra intención. No queremos avasallar sobre las cuestiones de conciencia".

Fuente: La Nación

jueves, 24 de agosto de 2017

Falta de médicos e inseguridad en las guardias

Los bajos sueldos, las crecientes demandas sociales y la falta de protección física dificultan la debida cobertura y reclaman replanificar el sistema.

A pesar de sus recursos, la ciudad de Buenos Aires encuentra serias dificultades para cubrir la falta de personal en las guardias de los hospitales públicos, cuyas vacantes son nada menos que 200. El hecho llamativo es que se ha ido reduciendo el número de interesados en esos puestos, sobre todo en las especialidades de anestesiología, cuidados intensivos neonatales, pediatría y terapia intensiva.

La actual ministra de Salud Pública porteña, Ana María Bou Pérez, había hecho saber el año pasado que era necesario acrecentar en 315 nuevos miembros el personal de emergentólogos para el plantel del SAME, ya que en ese momento los médicos que iban en las ambulancias provenían de los hospitales. También, que urgía hacer crecer en 107 médicos la plantilla de las guardias. 

El subsecretario de Atención Hospitalaria, Aldo Caridi, señaló que al SAME le falta alrededor de un 30% del plantel necesario, en tanto que en los hospitales sería necesario un 20% más de profesionales a fin de completar las vacantes.

Según se ha venido comprobando en la actualidad, el punto más débil del sistema se revela en las guardias y ese problema se reitera cada vez que se reabre una convocatoria, no sólo por una cuestión de sueldos, sino porque "la sociedad está más querellante y los hospitales sufren de cierto grado de inseguridad", según lo manifestado por el doctor Caridi. 

Lamentablemente, una tradición de respeto por la institución hospitalaria se ha debilitado y han crecido la violencia y el vandalismo que afectan, sobre todo, a los residentes que cumplen la guardia nocturna. En el sector privado, en cambio, se observa mayor protección.

En suma, experiencias como las señaladas suelen desalentar especialmente a los médicos que se inician.

Citar algunas cifras del sistema público hospitalario se torna necesario. En datos cuantitativos se trata de un total de 19.751 médicos, que atienden en un año 9 millones de consultas y, en igual lapso, efectúan 300.000 cirugías, que se cumplen en 14 hospitales generales, 2 pediátricos y 19 nosocomios especializados; esto es, un total de 35 establecimientos públicos, además de 40 centros de salud.

El sueldo que percibe un profesional recién ingresado es de $ 28.853 con la residencia completa y de $ 5926 por módulo de 24 horas de atención.

El asesor regional de Medicamentos y Sistemas de Salud de las Naciones Unidas, Federico Tobar, comentó que en países donde existen sistemas sanitarios "más planificados" se toman en cuenta diversos parámetros cuando se crean vacantes, ya sea de demanda de los servicios o de cantidad de médicos en relación con la de habitantes. Ocurre en pocos países de América latina y no se verifica en nuestro país, donde más puestos médicos se han creado. Y concluye Tobar: "De hecho, es la ciudad del mundo con más médicos, camas y hospitales por habitante, en especial en las guardias". Según ese especialista, se trata de "un sistema hipertrofiado, más centrado en la atención de emergencias que de la salud, con atención primaria y prevención".

Este comentario merece ser considerado para un análisis adecuado, a fin de apreciar la necesidad de introducir o no modificaciones en lo concerniente al ordenamiento del sistema de trabajo hospitalario.

Desde ya que resulta también indispensable que los médicos cuenten con la protección necesaria a la hora de realizar su labor y que la violencia y el vandalismo dejen de ser una amenaza para quienes realizan guardias nocturnas.

Fuente: La Nación

martes, 22 de agosto de 2017

Salta: acción de amparo por cobertura integral de prestaciones en favor de menor afiliado a obra social provincial

Partes: O. M. F. c/ Instituto Provincial de Salud de Salta s/ amparo - recurso de apelación

Tribunal: Corte de Justicia de la Provincia de Salta 
Fecha: 29-mar-2017

Resultado de imagen para IPS saltaAdmisibilidad de la acción de amparo tendiente a que la obra social demandada brinde cobertura integral de las prestaciones de kinesio y neuro rehabilitación con el profesional que actualmente viene tratando al menor.

Sumario: 

1.-Corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por la obra social contra la sentencia que la condenó a brindar de inmediato y sin dilación alguna, la cobertura integral (100 % de los costos) de los tratamientos de kinesio y de fisioterapia de neuro rehabilitación, con el profesional que actualmente viene tratando al menor, de conformidad con lo establecido por la Ley Nacional Nº 24.901  toda vez que en el caso se encuentra comprometido el derecho de un menor discapacitado a la protección integral de la salud y su consiguiente calidad de vida.

2.-Toda vez que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, debe atenderse en forma primordial al interés superior del menor, cabe confirmar la sentencia que admitió la acción de amparo obligó a la obra social demanda a brindar cobertura con el profesional que hace dos años viene tratando al menor discapacitado.

3.-Cuando como en el caso, no se cuestionó la existencia de la discapacidad del menor, su condición de beneficiario de la obra social, ni que está recibiendo un tratamiento médico adecuado a su patología, a raíz del cual evolucionó favorablemente y por el contrario, la obra social reconoció expresamente el problema de salud que afecta al hijo de los amparistas, sin controvertir la necesidad de que para mejorar su calidad de vida el niño debe continuar el tratamiento médico que desde hace tiempo recibe, e incluso destacó que no se desentendió sino que viene reconociendo prestaciones tendientes a contemplar esa situación médica, no cabe sino admitir la acción de amparo que obliga a la obra social a garantizar la cobertura del tratamiento con el profesional que actualmente viene tratando al menor.

4.-Debe aplicarse al caso del principio de la no interrupción del tratamiento desde que frente a una modificación del prestador, tal como lo propone la obra social demandada, ésta no aseguró ni garantizó que tal cambio no pueda tener repercusiones negativas en la salud del menor ni que el nuevo profesional pueda continuar el tratamiento en la mismas condiciones que lo viene realizando el médico tratante, sin riesgo de retroceso para el menor, según el cual no se debe discontinuar una situación favorable al paciente que se venía produciendo, tal como -lo que sucede en la especie- la realización de un tratamiento a resultas del cual se está produciendo una mejora en el estado de su salud. 

Fallo:

Salta, 29 de marzo de 2017.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "O., M. F.; T., R. J. VS. INSTITUTO PROVINCIAL DE SALUD DE SALTA - AMPARO - RECURSO DE APELACIÓN"

(Expte. Nº CJS 38.404/16), y CONSIDERANDO:

Los Dres. Abel Cornejo, Susana Graciela Kauffman, Guillermo Alberto Posadas, Ernesto R. Samsón, Sergio Fabián Vittar y Guillermo Alberto Catalano, dijeron:

1º) Que contra la sentencia de fs. 177/188 que hizo lugar a la acción de amparo e impuso las costas a la demandada, esta interpuso recurso de apelación a fs. 189. _ En la sentencia se condenó al Instituto Provincial de Salud de Salta a brindar a J.T. de inmediato y sin dilación alguna, la cobertura integral (100 % de los costos) de los tratamientos de kinesio y de fisioterapia de neuro rehabilitación, con el licenciado Carlos Jorge Vacaflor, a valores de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, de conformidad con lo establecido por la Ley Nacional Nº 24.901 y la Resolución del Ministerio de Salud de la Nación Nº 1859/2013 -modificada por Resoluciones Nos. 1151/14, 1104/15 y 1126/15, por un plazo inicial de dieciocho meses, computados a partir de la firma de la sentencia.

Para así decidir, el "a quo" entendió que la demanda se fundó en el derecho constitucional a la salud de un menor discapacitado, cuya condición de afiliado a la obra social la demandada no discutió, como así tampoco el tipo de tratamiento aplicado y su evolución.Manifestó que el menor cuenta con Certificado de Discapacidad otorgado por la Junta Evaluadora de la Discapacidad de la Provincia de Salta, con el siguiente diagnóstico "anormalidades de la marcha y de la movilidad paraplejia, no especificada", y en atención a su patología diagnosticada a los 7 años como "encefalopatía crónica no evolutiva y diparesia espástica", se le prescribió un tratamiento de neuro rehabilitación.

Sostuvo que la acción de amparo debe prosperar, dado que las normas constitucionales y legales citadas en su pronunciamiento, ponen énfasis en la rehabilitación de las personas discapacitadas y, en particular, la Convención de los Derechos del Niño reconoce que el infante mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, que le permita llegar a bastarse por sí mismo y faciliten su participación activa en la sociedad, estableciendo que a tal fin debe brindársele asistencia destinada a asegurarle el acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento, tendiendo a su integración social y desarrollo individual en la máxima medida posible (art. 23) y, a la vez reconoce el derecho del niño al disfrute del nivel más alto posible de salud y a servicios para el tratamiento de enfermedades.

Concluyó que los avances logrados en la salud y bienestar de Joaquín aparecen vinculados con el tratamiento brindado por el Lic. Vacaflor, lo que muestra la inconveniencia de modificar el profesional, más allá de que no se encuentre entre la nómina de médicos prestadores de la accionada, en tanto ello podría generar una regresión del niño, por lo que consideró que debe aplicarse el denominado principio de la no interrupción. _ En cuanto a las costas, consideró que deben ser soportadas por la demandada de conformidad con el art. 67 del C.P.C.C.

Al expresar agravios (v. fs.196/199 vta.) la demandada afirmó que el fallo emitido carecía de debida fundamentación. Entendió que las Leyes 23660 y 23661 no le son aplicables -como consideró el juez del amparo-, porque el I.P.S. no se encuentra dentro de las entidades enunciadas por el art. 1º de la Ley 23660 y, a su vez, con relación al prestador solicitado por los amparistas, afirmó que existen una gran variedad de profesionales médicos de la salud que pueden brindar exitosamente la práctica a favor de su hijo y sostuvo que la sentencia convalidó el mayor precio desmedido cobrado por el licenciado Vacaflor, quien factura sus prácticas a valores superiores a los establecidos conforme nomenclador para Personas con Discapacidad (Resolución I-78/10), dictada en el marco de la Ley Provincial Nº 7600 de Discapacidad. Con relación a las costas, solicitó que se realice un nuevo análisis que admita la apelación deducida y ordene su aplicación a la contraria. _ A fs. 215/219 y 221/222 vta. se incorporaron los dictámenes de la Sra. Asesora General de Incapaces y del Sr. Fiscal ante la Corte Nº 1. Conforme a los argumentos que allí expusieron, ambos se pronunciaron por el rechazo del recurso de apelación.

2º) Que a tenor de lo dispuesto por el art. 87 de la Constitución de la Provincia, la acción de amparo procede ante actos u omisiones ilegales de la autoridad o de particulares restrictivos o negatorios de las garantías y derechos subjetivos explícita o implícitamente allí consagrados. La viabilidad de esta acción requiere, en consecuencia, la invocación de un derecho indiscutible, cierto, preciso, de jerarquía constitucional, pero además, que la conducta impugnada sea manifiestamente arbitraria o ilegítima, y que el daño no pueda evitarse o repararse adecuadamente por medio de otras vías (cfr.esta Corte, Tomo 61:917; 64:137; 65:629; 127: 315, entre otros). _ El amparo, por lo demás, constituye un proceso excepcional que exige, para su apertura, circunstancias muy particulares, caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta que, ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, origina un daño grave sólo eventualmente reparable por este procedimiento urgente y expeditivo. Debe tratarse de una vulneración de garantías constitucionales, pues la razón de ser de la acción de amparo no es someter a la vigilancia judicial el desempeño de los funcionarios y organismos administrativos, ni el contralor del acierto o error con que ellos cumplen la función que la ley les encomienda, sino proveer el remedio adecuado contra la arbitraria violación de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución (cfr. doctrina de la CSJN en Fallos, 305:2237; 306:788, entre muchos otros).

El objeto de la demanda de amparo, en resumen, es la tutela inmediata de los derechos fundamentales acogidos por la Carta Magna frente a una transgresión que cause daño irreparable en tiempo oportuno y que exige urgentes remedios (esta Corte, Tomo 112:451, entre otros). _ 3º) Que hasta la reforma de la Constitución Nacional de 1994, no existía en el ámbito nacional texto alguno de jerarquía constitucional que consagrara explícitamente el derecho a la salud.

Si bien las obligaciones del Estado en la materia podían inferirse de la mención del carácter integral de la seguridad social, el otorgamiento de jerarquía constitucional al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales modificó sensiblemente el panorama legal en cuestión (art. 75 inc. 22 de la C.N.).

En el mencionado Pacto, los Estados Partes se comprometieron a propender al derecho de todas las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, adoptando medidas para hacer efectivos tales derechos (CSJN, "Campodónico de Beviacqua, Ana Carina vs.Ministerio de Salud y Acción Social", 24/10/2000, LL, 2001-C, 32). Asume así el Estado tales obligaciones con características proyectivas, comprometiendo la aplicación progresiva del máximo de los recursos posibles. Esto significa un esfuerzo constante que asume el Estado y que no se agota en un acto concreto, sino que debe ser una política continua y comprometida._ Es así que el goce de la salud, entendido en sentido amplio, importa la defensa del derecho a la vida y a la preservación de aquélla, que dimana de normas de la más alta jerarquía (cfr. Preámbulo y arts. 31, 33, 42, 43, 75 inc. 22 C.N.; 3º y 8º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 12, incs. 1º y 2º ap. "d", del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 4º inc. 1º, 5º inc. 1º y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos).

A su vez, nuestra Carta Magna Provincial, en sus arts. 41 y 42, contiene disposiciones concretas y claras referidas a la protección del derecho a la vida y a la atención de la salud.

4º) Que en el caso bajo examen, se encuentra comprometido el derecho de un menor discapacitado a la protección integral de la salud y, por consiguiente, a una adecuada calidad de vida, derecho que debe ser tutelado por sobre otras consideraciones.En efecto, en la Convención sobre los Derechos del Niño se reconoció que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten su participación activa en la comunidad, así como su derecho a recibir cuidados especiales, comprometiéndose los estados a alentar y asegurar, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él (art. 23). Asimismo, se hizo expreso reconocimiento del derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud (art. 24) y a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social (art. 27.1). _ En ese sentido, esta Corte sostuvo que "en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, debe atenderse en forma primordial al interés superior del menor" (esta Corte, Tomo 99:185, entre otros).

5º) Que bajo esas premisas cabe señalar que el agravio manifestado por la recurrente en cuanto a la insuficiencia de fundamentación en la sentencia impugn ada, no puede ser atendido, teniendo en cuenta que se advierte que el Sr. juez del amparo efectuó un análisis detallado de la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso tanto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como de este Tribunal y a su vez, efectuó el estudio de la prueba acompañada por las partes en el proceso. Razón por la cual corresponde su rechazo. _ 6º) Que en lo atinente a las alegaciones de la recurrente acerca de que las Leyes Nos.23660 y 23661 no son aplicables al caso porque el Instituto Provincial de Salud de Salta no se encuentra dentro de las entidades enunciadas en el art. 1 de la Ley 23660 y que el menor discapacitado se encuentra alcanzado por la Ley Provincial de Discapacidad Nº 7600 y su modificatoria y la Resolución Nº 078-I/10, esta Corte ya ha destacado (en Tomo 159:879), con cita de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos, 327:2127), que por el carácter operativo de las normas de la Constitución Nacional y de los tratados con rango constitucional que protegen el derecho a la vida y la salud, la no adhesión por parte de la demandada al sistema de las Leyes Nos. 23660, 23661 y 24901 no determina que le resulte ajena la carga de adoptar las medidas razonables a su alcance para lograr la realización plena de los derechos del discapacitado a los beneficios de la seguridad social, con el alcance integral que estatuye la normativa tutelar en la materia.

Cabe agregar que la citada doctrina del Alto Tribunal Federal fue reiterada en un caso en el que se demandó a la obra social de la Provincia de Buenos Aires -Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA)-, y en el cual además recordó precedentes donde sostuvo que las obligaciones que incumben a la Nación en materia sanitaria no son exclusivas ni excluyentes de las que competen a sus unidades políticas en sus esferas de actuación sino que, en estados de estructura federal, pesan sobre ellas responsabilidades semejantes, que también se proyectan sobre las entidades públicas y privadas que se desenvuelven en este ámbito, sosteniendo que, de lo contrario, las leyes sancionadas en la materia no dejarían de ser sino enfáticas enumeraciones programáticas vacías de operatividad (Fallos, 331:2135).

7º) Que en lo relativo al agravio vinculado a que el tratamiento sea continuado con el Licenciado Carlos Jorge Vacaflor cuando existen una gran variedad de prestadores médicos y profesionales de la salud en la nómina del I.P.S. y que pueden brindar exitosamente la práctica a favor del hijo de los amparistas, tampoco puede prosperar. _ Tal como lo manifestó el Sr. juez del amparo, en el "sub lite" no se cuestionó la existencia de la discapacidad del menor J. T., su condición de beneficiario de la obra social, ni que está recibiendo un tratamiento médico adecuado a su patología, como consecuencia del cual evolucionó favorablemente. _ Por el contrario, la obra social reconoció expresamente el problema de salud que afecta al hijo de los amparistas, sin controvertir la necesidad de que para mejorar su calidad de vida el niño debe continuar el tratamiento médico que desde hace tiempo recibe, e incluso destacó que no se desentendió sino que viene reconociendo prestaciones tendientes a contemplar esa situación médica.

En ese sentido, cabe mencionar que surge de la constancia emitida por el Lic. Carlos Jorge Vacaflor (v. fs. 10) que a través de la metodología de trabajo empleada -técnica bobath- se ha logrado una "evolución sensorio motriz favorable". Asimismo, se observa en los certificados que constan en autos (v. fs. 19 y vta. y (Expte. CJS 38.404/16 - Ochoa) 5 20 y vta.) que la enfermedad fue diagnosticada a los 7 años de edad y que desde ese entonces el tratamiento ha estado a cargo del licenciado Vacaflor (v. fs. 21/22). Conforme el Acta de nacimiento obrante a fs. 5 el menor tiene a la fecha 9 años de edad. _ Así las cosas, resulta pertinente presumir -conforme las constancias médicas acompañadas- que los avances logrados en la salud y bienestar del niño J. T. aparecen como consecuencia del tratamiento brindado por el profesional mencionado, por lo que la inconveniencia de cambiar el prestador y la posibilidad de ocasionar una regresión en los avances logrados, son conclusiones a las que arribó el Sr. juez de grado (v. fs. 186 vta.), que no han sido cuestionadas por la apelante y constituyen el fundamento principal para sostener la procedencia de la acción intentada._ Por otra parte, surge de las constancias de autos que los padres realizaron la elección de este profesional al momento del diagnóstico -en virtud de las recomendaciones que se les efectuaron-, y que el éxito de la técnica utilizada dependió en gran parte del trabajo en equipo con otros profesionales, el aprendizaje de la familia y el acompañante terapéutico (v. fs. 11), por lo cual frente a una modificación del prestador, tal como lo propone la demandada, ésta no aseguró ni garantizó que tal cambio no pueda tener repercusiones negativas en la salud del menor ni que el nuevo profesional pueda continuar el tratamiento en la mismas condiciones que lo viene realizando el licenciado Vacaflor, sin riesgo de retroceso para el menor. _ Tales conclusiones obligan a aplicar el denominado "principio de la no interrupción", que esta Corte ya ha mencionado en otras oportunidades (Tomo 111:031; 119:957; 126:271, entre otros) y que consiste en no discontinuar una situación favorable al paciente que se venía produciendo, tal como -lo que sucede en la especie- la realización de un tratamiento a resultas del cual se está produciendo una mejora en el estado de su salud. La jerarquía del principio de no interrupción -ha dicho también esta Corte en los casos citados, con cita de María Claudia Caputi ("La Tutela Judicial de la Salud y su reivindicación contra los entes estatales", LL, 2005-B)- encuentra su base en el principio de no regresividad y progresividad imperante en los pactos de derechos humanos._ 8º) Que en cuanto al agravio dirigido a controvertir la aplicación de costas, el apelante se limitó a esgrimir sucintamente que en caso que frente a un nuevo análisis se admita la apelación deducida, el condenado en costas debe ser la contraria, argumento insuficiente para que proceda su análisis.

9º) Que por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar la sentencia de fs. 177/188. Con costas, por aplicación del principio objetivo de la derrota (art.67 del C.P.C.C.).

El Dr. Guillermo Félix Díaz, dijo:

Que comparto la relación de causa efectuada en el voto que abre el presente acuerdo y la solución jurídica que se propicia por los fundamentos esgrimidos en los considerandos 2º a 6º y 8º.

En relación a los agravios vinculados con el tratamiento médico a favor del menor en cabeza de un profesional no prestador de la demandada, me expido del modo que sigue.

Al respecto cabe precisar que el sistema de cobertura brindado por la demandada no contempla la libre elección de médicos y prestadores, es decir se estructura en función de los profesiona( Expte. CJS 6 38.404/16 - Ochoa) les e instituciones incluidos en su padrón (art. 8º de la Ley 7127 y art. 2º de la Ley 7600), sin embargo, ante la petición de los amparistas de continuar el tratamiento en cabeza de un profesional no incluido en aquellas nóminas, es la parte demandada a quien le incumbe probar -y poner a disposición- una alternativa entre sus prestadores, que proporcione un servicio análogo al que se persigue en juicio y asimismo -a contrario sensu- que la elección del afiliado resulta exorbitante o irrazonable (Fallos, 327:2413; 331: 2135; 332:1394 y R. 104, XVLII, "R., D. y otros c/Obra Social del Personal de Sanidad s/amparo", fallo del 27/11/12), extremos que no han acontecido en autos y que autorizan a apartarse del principio antes mencionado. _ En efecto, la accionada no ha acreditado que los profesionales que componen la nómina de sus prestadores y cuya copia obra a fs. 40, realicen prácticas análogas o equivalentes a las que recibe, desde hace dos años, el hijo de la amparista, en atención a su especial patología. Por lo demás, tampoco ha garantizado que el cambio que propende pueda redundar en un beneficio y lo sea en las mismas condiciones que lo viene realizando el licenciado Vacaflor con la metodología de trabajo empleada y descripta a fs. 10._ Con tales bases, se evidencia el concreto perjuicio que podría acarrear, en las condiciones descriptas, el cambio propuesto, por lo que corresponde su desestimación. _ Por lo demás, cabe aplicar el denominado "principio de no interrupción", que esta Corte ya ha mencionado en otras oportunidades (Tomo 111:31; 119:957; 126:271, entre otros) y que consiste en no discontinuar una situación favorable al paciente que se venía produciendo, tal como -lo que sucede en la especie- la realización de un tratamiento a resultas del cual se está produciendo una mejora en el estado de su salud. La jerarquía del principio de no interrupción -ha dicho también esta Corte en los casos citados, con cita de María Claudia Caputi ("La tutela Judicial de la salud y su reivindicación contra los entes estatales", LL, 2005-B)- encuentra su base en el principio de no regresividad y progresividad imperante en los pactos de derechos humanos.

Finalmente, cabe señalar que los propósitos de la legislación en torno al desarrollo del menor, a su educación e integración en la comunidad, "suponen por definición una cierta estabilidad, donde el vínculo con un determinado profesional puede no resultar indiferente" (CSJN, R. 104, XVLII, "R., D. y otros c/Obra Social del Personal de Sanidad s/amparo", fallo del 27/11/12).

Por lo que resulta de la votación que antecede,_ LA CORTE DE JUSTICIA, _

RESUELVE: _

I. RECHAZAR el recurso de apelación de fs. 189, y en su mérito, confirmar la sentencia de fs. 177/188 en lo que fue materia de agravios. Con costas.

II. MANDAR que se registre y notifique._ (Fdo.: Dres. Abel Cornejo, Susana Graciela Kauffma n, Guillermo Alberto Posadas, Ernesto R. Samsón, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Catalano -Presidente-, y Guillermo Félix Díaz, -Jueces de Corte-. Ante mí: Dr. Gerardo J. H. Sosa -Secretario de Corte de Actuación-).

Fuente: Microjuris

Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa. 

miércoles, 16 de agosto de 2017

Por estudios fallidos, la ANMAT retira del mercado cinco lotes de popular antiespasmódico

La agencia reguladora informó que junto al laboratorio productor Boehringer Ingelheim inició el retiro de la versión gotas de Buscapina, luego que unos estudios de estabilidad dieran por fuera de los estándares normales. Además, la entidad nacional volvió a realizar un retiro masivo de una marca de ibuprofeno. 

Resultado de imagen para buscapina compositum gotasCon dos disposiciones difundidas en las últimas horas, el Ministerio de Salud nacional puso la mira en dos populares medicamentos de venta libre, y retiró varios lotes del mercado argentino. La intervención de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) retiró por un lado cinco lotes de la versión gotas de Buscapina, el tratamiento para las dolencias estomacales, cuyo laboratorio productos decidió iniciar el retiro luego de una serie de estudios fallidos. Además, como ya sucedió varias veces durante este y el año anterior, la entidad hizo un retiro masivo de una marca de ibuprofeno, que no cumple con las normas de buenas prácticas farmacéuticas. Detalles de los lotes en cuestión y las recomendaciones lanzadas para evitar consumir estos medicamentos.

La decisión de la ANMAT respecto de estos dos productos de venta libre se conoció en las últimas horas. En el caso de la Buscapina, el medicamento producido por Boehringer Ingelheim –utilizado como antiespasmódico y analgésico de los tractos gastrointestinal, biliar y genitourinario –tuvo problemas en una serie de estudios, por lo que se retiraron cinco lotes. La medida recae en la versión gotas , que contiene cada 100 ml NButilbromuro de Hioscina 0,667 g y Dipirona (metamizol sódico) 33,340 g. Los lotes retirados son los A31344, con vencimiento agosto de 2017; A35312, vencimiento septiembre de 2017; A38540, vencimiento octubre de 2017; A38548, vencimiento noviembre de 2017 y A38549, con vencimiento también en noviembre de2017.

Según la disposición de la ANMAT, la medida fue adoptada” luego que se obtuvieran resultados fuera de especificación, en la valoración de N-butilbromuro de hioscina durante los estudios de estabilidad”. “Esta Administración Nacional se encuentra realizando el seguimiento del retiro del mercado y recomienda a la población que se abstenga de utilizar las unidades correspondientes a los lotes detallados”, remarcó el texto.

En tanto, casi al mismo tiempo, la agencia reguladora realizó el retiro masivo de 45 lotes de la marca ILAB de ibuprofeno, por problemas en sus prácticas de producción. “La ANMAT informa a la población que, a requerimiento de esta administración, la firma Inmunolab ha iniciado el retiro del mercado de 45 lotes de la ibuprofeno ILAB 600 mg, comprimidos en envase por 10 y envase hospitalario por 1.000 comprimidos”, remarcó la disposición de la agencia, que remarcó que la medida recae a los medicamentos bajo el certificado 39292.

“La medida fue adoptada luego de detectarse incumplimientos críticos y mayores a las normas de Buenas Prácticas de Fabricación y Control durante su elaboración”, destacó la ANMAT, que recordó que se encuentra realizando “el seguimiento del retiro del mercado y recomienda a la población que se abstenga de utilizar las unidades correspondientes a los lotes retirados (VER LOTES)

Fuente: Mirada Profesional 

martes, 15 de agosto de 2017

Reclaman que Tierra del Fuego se sume a la cobertura de medicamentos e insumos para trasplantados

Un proyecto busca que la provincia adhiera a la ley nacional que crea un programa de beneficios para las personas en lista de espera para recibir un órgano o ya lo recibieron. La normativa nacional crea un régimen integral que protege a los pacientes, y le garantiza mejores condiciones de vida. La obra social estatal será la encargada junto al Ministerio de Salud provincial de llevar adelante la futura ley. 

Desde hace unos años, existe en el país una ley que protege los derechos de las personas trasplantadas. La norma, reglamentada en 2015, entrega medicamentos y otros insumos a personas que están en listas de espera, o quienes recibieron ya un trasplante. El régimen nacional está llegando a las provincias, a través de leyes locales. La semana pasada, en Tierra del Fuego presentó un proyecto para sumarse a esta iniciativa, que crea un programa de protección integral para las personas trasplantadas, de acuerdo a los que determina la legislación nacional en la materia.

Las legisladoras del bloque FPV-PJ Angelina Carrasco y Marcela Gómez impulsan un proyecto para adherir a la ley nacional 26.928, que entrega medicamentos y otros insumos de manera gratuita. La norma prevé la cobertura del 100 por ciento en la provisión de medicamentos, estudios diagnósticos y prácticas de atención de todas aquellas patologías que estén directa o indirectamente relacionadas con el trasplante; el otorgamiento de pasajes gratuitos de transporte terrestre o fluvial de pasajeros en el trayecto que medie entre el domicilio de aquéllas y cualquier destino al que deban concurrir por razones asistenciales debidamente acreditadas; acceso a una adecuada vivienda o su adaptación a las exigencias que su condición les demande a través de planes o medidas promovidos por la autoridad de aplicación, entre otras cuestiones.

La ley de adhesión que se impulsa en el orden local establece que será el Ministerio de Salud, o aquel que en el futuro lo reemplace, la autoridad de aplicación y debe coordinar su accionar con el Ministerio de Salud de la Nación y con los organismos nacionales, provinciales y municipales competentes en razón de la materia. Estipula también que la obra social de la Provincia de Tierra del Fuego (OSPTDF) “debe otorgar a sus afiliados las prestaciones médicas previstas por la ley nacional 26928, garantizando la cobertura integral del 100 por ciento”, como así también que el Estado Provincial articule “con el Estado nacional las acciones tendientes a garantizar las prestaciones médicas previstas en la Ley nacional 26928 a las personas beneficiarías del sistema que carecieran de cobertura de obra social”, a la vez que obliga a “las obras sociales radicadas en la Provincia” a que garanticen “a sus afiliados las prestaciones médicas previstas en la Ley nacional”.

La iniciativa fueguina obliga al Estado provincial a “garantizar a las personas” beneficiarias del régimen “que concurran a establecimientos asistenciales por razones debidamente acreditadas, cualquiera sea el trayecto y el horario, el uso gratuito de los servicios de transporte público sometidos a jurisdicción provincial”, debiendo además coordinar “con el Estado nacional y los Estados municipales las condiciones para garantizar la accesibilidad al transporte público en sus respectivos ámbitos de competencia”. Contempla también que en materia de vivienda el IPV promueva “la preferencia en el acceso a una solución habitacional a las personas beneficiarías del sistema en condiciones de vulnerabilidad y que acrediten la residencia mínima en la Provincia, conforme a los criterios y lineamientos establecidos en la normativa vigente”.

Además determina que desde el Estado se coordine con “organismos nacionales, provinciales y municipales, con competencia en materia laboral y de producción, con el objeto de incentivar la generación y mantenimiento del empleo de las personas trasplantadas o en lista de espera para trasplantes, y en especial promover programas de empleo y creación de talleres protegidos de producción y de emprendimientos” y fomentará “la capacitación laboral de dichas personas, con especial atención en su protección y cuidado en el ámbito de trabajo”.              

Fuente: Mirada Profesional 

lunes, 14 de agosto de 2017

Elecciones 2017. Récord solidario: casi 8000 donantes de órganos en un día

El Incucai instaló 376 mesas en 15 provincias; se sumaron 20.000 desde julio.

Récord solidario: casi 8000 donantes de órganos en un díaLa solidaridad sumó un nuevo récord en el país: 7933 personas expresaron, durante las PASO , su voluntad de donar órganos. Fue mediante las 376 mesas que instaló el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) en escuelas de 15 provincias, el sitio online y la línea gratuita que habilitó el organismo. 

"Pudimos demostrar, como imaginábamos, que nuestra sociedad es extremadamente solidaria y que, ante el estímulo de una campaña para informarse y expresarse, responde. Ya sumamos 20.000 donantes más en julio y agosto", dijo la directora del Incucai, María del Carmen Bacqué.

Expresar la voluntad es clave porque en el país rige el consentimiento presunto de donación. "Para aplicarlo de manera ética, hay que saber que somos donantes", agregó. 

Las mesas estuvieron en escuelas de 78 localidades de Formosa, San Juan, Catamarca, Salta, La Rioja, Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Jujuy, Misiones y la ciudad de Buenos Aires. Allí, los mayores de 18 años podían completar las actas de donación.

Según informó el Ministerio de Salud porteño, en las mesas de las 60 escuelas donde trabajaron los técnicos del Instituto de Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires "se confeccionaron 1500 actas".

La Red Solidaria , que ayudó a motorizar la iniciativa, celebraba este nuevo récord solidario. En las 12 mesas que la entidad tenía distribuidas en el país, un promedio de entre 30 y 40 donantes al mediodía anticipaba el éxito de una campaña que se repetirá en las elecciones de octubre próximo.

"Nos conformábamos con alcanzar hoy el récord de 4000 donantes de los últimos ocho años. Pero lo superamos ampliamente. Nuestro pueblo sigue conmoviendo -dijo Juan Carr a LA NACION, cuando aún no se conocía el resultado oficial-. El Estado y la comunidad nos pusimos en marcha. Es un gran mérito del Incucai haber podido habilitar más de 350 mesas en 15 provincias. Mi homenaje a los que donaron y un abrazo a los casi 8000 que esperan un órgano. Ahora, vamos por octubre."

En el país, 7880 personas esperan un trasplante de órganos y 3038, de córneas. Ya hay 2,7 millones de argentinos Récord solidario: casi 8000 donantes en un día en el registro de donantes.

Para más información sobre la donación de órganos, se puede llamar al 0800-555-4628.

Fuente: La Nación

jueves, 10 de agosto de 2017

Reclaman a la obra social riojana que cubra un medicamento de alta complejidad

Un afiliado que padece hemoglobinuria paroxística nocturna reclama que la Administración Provincial de Obra Social (APOS) cumpla la orden judicial que obliga a cubrir el tratamiento necesario para su dolencia. Desde la entidad aseguran que el fármaco no está autorizado para ser usado en el país. 

Una persona que sufre hemoglobinuria paroxística nocturna tiene células sanguíneas a las cuales les falta un gen, llamado PIG-A. Como resultado, los glóbulos rojos se descomponen demasiado temprano, y secretan hemoglobina hacia la sangre, la cual puede pasar a la orina, en especial durante la noche o a la mañana temprano. El mal se combate con transfusiones de sangre, y fármacos de alta complejidad, que en el caso de nuestro país llegan del exterior. Un afiliado de la obra social riojana que padece esta patología lucha desde hace tiempo para que se cumpla el fallo judicial que obliga a la entidad a entregar el tratamiento, que se importa de Inglaterra.

Los reclamos para que la Administración Provincial de Obra Social (APOS) cubra el medicamento que necesita un afiliado que padece esta patología se hicieron escuchar con fuerza en los últimos días, cuando su familia realizó una protesta frente de la sede de la entidad. Su padre explicó que hay una resolución de un juez federal que ordena a APOS y Unión Personal a cubrir la medicación por el tiempo que sea necesario. Sin embargo, en los últimos meses ninguna obra social le suministra los medicamentos y al no tener el tratamiento adecuado su salud se ve seriamente perjudicada, por lo que actualmente permanece internado en Buenos Aires.

“La familia presentó la documentación a desarrollo social de la nación para que gestionen la medicación, ellos pagaron la medicación a la droguería, pero APOS ni Unión Personal nunca se hicieron cargo, siempre se negaron, APOS nunca se hizo cargo de mi hermano, siempre recurrimos a desarrollo social de la nación pero ellos dicen que la obra social tiene que hacerse cargo”, dijo por su parte la hermana del pacientes, en la protesta realizada en la provincia de La Rioja.

Por su parte, el administrador de APOS, Emilio Castro, explicó que la medicación que el joven necesita “no está autorizada para ser comercializada en Argentina, por lo que del único modo que puede entrar es mediante el ministerio de desarrollo social”. “La única vía es mediante un programa de desarrollo social de la nación, que con una serie de requisitos puede importar la medicación”, dijo y aclaró que APOS si se encargó del tema y se ofreció a hacer los trámites para facilitar el tratamiento del joven.

Asimismo, Castro, explicó que el organismo que debe autorizar la comercialización del medicamento es ANMAT y en el caso de este medicamento, solo autoriza al ministerio de desarrollo social. “Lo que nosotros podemos hacer es, solamente ayudarlos con la cuestión administrativa, poner la logística al servicio de ese expediente, pero APOS no puede proveer el medicamento, solo ayuda en la gestión mediante de un programa que se denomina de uso compasivo”, concluyó.    

Fuente: Mirada Profesional

martes, 8 de agosto de 2017

Los dilemas éticos de la maternidad subrogada

Las nuevas posibilidades de procrear que ofrece la ciencia abren debates difíciles y plantean desafíos legales que todavía no tienen respuesta.

Foto: Eulogia Merle
Como técnica de fertilización asistida, la maternidad subrogada permite formar una familia a parejas de un mismo sexo, a hombres solos y a mujeres solas o parejas que padecen problemas de infertilidad. Es decir, es una técnica que da respuestas a deseos y necesidades muy profundas de las personas. Y salvo para posiciones muy conservadoras, estas técnicas son valoradas y bienvenidas.

No obstante, se plantean dilemas y desafíos que obligan a analizar cada uno de los componentes de esta práctica. 

En primer lugar, la maternidad subrogada plantea una novedad: combina un nuevo contrato social con una técnica de reproducción asistida. Y puede realizarse de manera altruista o comercial. Además, puede abarcar desde la inseminación artificial con el propio óvulo de la mujer gestadora hasta la transferencia de embriones no relacionados genéticamente por una fertilización asistida que puede realizarse a través de una ICSI (una inyección de un espermatozoide en el citoplasma de un óvulo) o a través de una fertilización in vitro.

Cada una de estas prácticas suscita problemas diferentes. Gestar el embrión de otra pareja no conlleva las implicancias que tiene que la mujer gestadora aporte el propio óvulo. En la segunda opción, se plantea la posibilidad de incrementar los vínculos emocionales durante la gestación y la posterior entrega del bebe. Frente a ello, algunos centros directamente la descartan. 

Otro tipo de desafío se plantea cuando se utilizan gametos (óvulos o espermatozoides) donados. Como en cualquier otra técnica de reproducción asistida con donación de gametos, una de las cuestiones que surge es la del derecho a la identidad del niño que nacerá. Llamativamente este problema es silenciado en nuestro país, donde, por ejemplo, no existe un registro único de donantes. En la Argentina, cada centro particular mantiene los datos, con el consiguiente riesgo de que se pierda la información cuando esos centros cierren. Y se trata de información que muchas veces puede necesitarse décadas más tarde.

Dado que para muchas personas nacidas gracias a estas técnicas es importante poder acceder a los datos sobre sus orígenes, Inglaterra y Suecia, entre otros países, no adhieren al requisito de anonimato de los donantes. Además, a nivel internacional existen diferentes tipos de registros privados y públicos que promueven la transparencia y la honestidad y vinculan a estas personas con sus donantes. En la Argentina, en los últimos años han surgido los programas de identidad abierta (PIA), que por un costo adicional mantienen información de los donantes. Sin embargo, esto no puede quedar librado al deseo del consumidor o de la clínica privada. Responder adecuadamente a este desafío (teniendo en cuenta el mejor interés del niño y sus necesidades identitarias y psicológicas) es una asignatura pendiente en nuestro país.

Uno de los puntos delicados de la maternidad subrogada es que puede realizarse de manera altruista o comercial. En general, hay consenso en considerar el modelo altruista éticamente aceptable: implica ayudar de forma desinteresada a una mujer o a un hombre o a una pareja a tener un hijo. En la modalidad altruista, quienes llevan el embarazo suelen ser hermanas, madres o, en algunas circunstancias, amigas que se ofrecen como voluntarias para gestar el bebe de su familiar o amigos con problemas.

La mayor parte de las críticas a la maternidad subrogada se dirigen a la modalidad comercial, ya que involucra una mercantilización de la gestación. Por un lado se plantea un problema de justicia. Es una opción sólo para los privilegiados que pueden costearla (requiere el pago de sumas elevadas). Pero, además, genera la posibilidad de explotación de mujeres de menores recursos, sobre todo en países en desarrollo, en donde la desigualdad impera y las condiciones de vida pueden resultar muy difíciles. En estos países, son las mujeres de escasos recursos quienes se someten a estas técnicas por necesidad.

Esto abre una compleja polémica. Hay quienes argumentan sobre el derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo. Señalan que se trata de mujeres que tuvieron experiencias positivas en los embarazos y que esta práctica les permite modificar sus vidas cotidianas (pagar un adelanto para comprar un terreno o una casa, costear los estudios de los hijos, etc.). Sin embargo, lamentablemente, no siempre es así y lo que finalmente reciben estas mujeres es muy poco, dado que quienes terminan haciendo buenos negocios son los intermediarios. Una rápida recorrida por Internet muestra empresas que ofrecen esta técnica en México, Ucrania, Georgia (en estos países, los valores van de 35.000 a 45.000 euros), en Estados Unidos (con precios que oscilan entre los 80.000 y los 120.000 euros) o en Canadá (donde supuestamente sólo se acepta el modelo altruista, pero se ofrecen estos servicios con gastos que van de 50.000 a 90.000 euros).

Indudablemente se trata de un negocio próspero y floreciente. La respuesta automática ante este problema consiste en prohibir esta modalidad. Pero la cuestión no se soluciona tan fácilmente. Vivimos en un mundo globalizado con acceso a Internet en donde no sólo se difunden múltiples ofertas, sino que se promueve este tipo de reproducción. Prohibir la técnica en un país no termina con el problema, ya que debería haber un consenso internacional al respecto, y esto es prácticamente imposible. Prohibir lo único que parece lograr es un mercado negro o la mudanza a otro país frecuentemente con peores condiciones para las mujeres portadoras. Esto fue lo que sucedió en la India: cuando en 2015 reguló e introdujo restricciones a los pedidos internacionales generó que el negocio migrara a Nepal.

Así, hay quienes abogan por una concientización de los problemas que la comercialización de esta técnica implica para lograr así una disminución en la demanda. Pero la estrategia parece condenada al fracaso, ya que resulta muy difícil, si no imposible, autolimitar el propio interés en sociedades que permanentemente promueven la satisfacción inmediata de todo deseo.

Otros prefieren abogar por una regulación que trate el problema en términos de leyes laborales estipulando condiciones para llevar a cabo este servicio. La idea es evitar conductas explotadoras y buscar una adecuada protección de las mujeres gestadoras. Respuesta que, por un lado, no todos comparten y que, por otro, resulta muy complicada de implementar.

No menores son los desafíos cuando surgen problemas inesperados (bebes con enfermedades o algún serio problema de salud de la mujer) para los cuales los involucrados no están preparados y muchas veces no quieren hacerse cargo de la situación. Algunos de estos casos terminan en las cortes judiciales. El problema es que en el medio de la batalla legal quien queda olvidado es el niño. Aunque seguramente no está en la intención de los involucrados, los niños terminan siendo tratados, quizás inconscientemente, como commodities que pueden comprarse o venderse, y esto tiñe conductas y expectativas.

Lo que no debería perderse de vista en el debate sobre el tema es que la implementación de esta práctica debe proteger a todos los involucrados, pero especialmente a dos actores que pueden ser dañados o tratados de manera injusta e inapropiada: los niños que nacerán y las mujeres que llevan a cabo la gestación. ¿Podremos en tanto sociedad dar una buena respuesta a estos desafíos?

Fuente: La Nación - Por Florencia Luna - Directora de la Maestría Bioética (Flacso), investigadora principal (Conicet)

lunes, 7 de agosto de 2017

Defensoría porteña reclama que se cumpla el plazo para notificar aumento de prepagas

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires reclamó el viernes al Gobierno nacional que explique "cómo debe aplicarse la normativa vigente para los nuevos aumentos autorizados" en las cuotas de las prepagas, ya que no se cumplió con la ley que regula a la medicina privada.

Defensoría porteña reclama que se cumpla el plazo para notificar aumento de prepagasCon ese fin, la Defensoría remitió un oficio a la Superintendencia de Salud y a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, "para que se expidan con celeridad sobre cómo debe interpretarse y aplicarse la normativa vigente para los nuevos aumentos autorizados para la medicina prepaga, teniendo en cuenta que las notificaciones debidas no cumplen con los 30 días de antelación que exige la ley".   

"Esta iniciativa surge tras la Resolución E 613/17 publicada en el Boletín Oficial el 23 de mayo, por la cual el Ministerio de Salud autorizó a las entidades de medicina prepaga a aplicar un nuevo aumento general de un 6% a partir del 1 de julio de 2017 y del 5% a partir del 1 de agosto de este año", explicó el organismo.   

En un comunicado, aclaró que esa resolución "establece que el aumento podrá percibirse una vez que las entidades prepagas cumplan con la debida notificación fehaciente a los usuarios para que estos tengan cabal información de los aumentos".   

Por ese motivo, indicó que la ley 26.682 (Marco Regulatorio de Medicina Prepaga) dispone que las entidades de medicina prepaga "deberán, una vez autorizado el aumento informar a los usuarios los incrementos que se registrarán en el monto de las cuotas con una antelación no inferior a los 30 días hábiles, contados desde de la fecha en que la nueva cuota comenzará a regir".   

Además, la norma estipula que el deber de información se dará por cumplido con la notificación incorporada en la factura del mes precedente y/o carta informativa, subrayó la defensoría porteña.

Fuente: El Argentino

jueves, 3 de agosto de 2017

Padres luchan por una ley nacional para el TDAH

Las prepagas no cubren el tratamiento para Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Desde la fundación "Por un Mañana Mejor Salta", impulsan una ley nacional para aquellos chicos que padecen este problema neurobiológico de carácter crónico.

Resultado de imagen para TDAHA Paula Fernández comenzaron a citarla las autoridades del jardín desde que su hijo Donato arrancó en sala de 3. Se escapaba del aula, era inquieto, no respetaba las normas, se enojaba. Ella comenzó a sospechar, pero recién cuando su hijo cumplió los seis años le diagnosticaron el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), un problema neurobiológico de carácter crónico que se manifiesta principalmente en tres síntomas: falta de atención, comportamiento impulsivo e hiperactividad. Como otras madres en su misma condición, Paula debe lidiar con un sinfín de obstáculos. Por eso, agrupadas en la fundación "Por un Mañana Mejor Salta", impulsan una ley nacional para el TDAH.

"Cuando me llamaron del jardín empezó la aventura, no sabíamos para dónde correr", relata Paula a Crónica. "El pediatra me sugirió empezar con una psicopedagoga, y ella nos empezó a dar herramientas. Pero es muy difícil. Cuando estaba en salita de 5 me citaron del colegio y me dijeron que no lo mande más. Incluso me pidieron que firme que no iba a renovar la vacante", señala.

"El TDAH es algo crónico, no se cura. Mi hijo vive enchufado a 220 todo el día. Le doy dos fármacos bajo receta controlada (metilfenidato)", precisa, y agrega: "No a todos les hace bien el mismo medicamento. Yo pasé por 3 antes de encontrar este; tenés que esperar 6 meses hasta que haga efecto".

Hoy Donato tiene 9 años, y sigue un costoso tratamiento que incluye un acompañante personal para ir al colegio, consultas semanales con la psicóloga y la psicopedagoga, taller de actividades y taller para padres, además de la medicación. Pero las obras sociales no están dispuestas a reconocerlo, porque no está en el nomenclador. "Es una pelea continua con la obra social", admite, aunque dice que en ocasiones tuvieron que presentar recursos de amparo. Pero su situación no le impide ver más allá. "A nivel público no hay políticas, si no tenés obra social no hay terapia gratuita. Además, aunque acceder al certificado de discapacidad es relativamente sencillo en Capital, en algunas provincias se hace más difícil".

"Por eso estamos peleando por una ley nacional, para que los TDAH no tengan que sacar certificado de discapacidad", remarca. "Además la ley también contempla que se capacite a los docentes, ya que, si bien el colegio público es inclusivo, depende de la voluntad del docente. Y en los privados directamente no los incluyen", completa.

Fuente: Crónica

miércoles, 2 de agosto de 2017

La obra social responde por la falta de camas

En una demanda por mala praxis médica, la Justicia porteña condenó a una obra social por la demora en la aplicación de un tratamiento quirúrgico debido a la falta de camas en la terapia intensiva de un sanatorio. "Existió una falta de servicio y una violación al deber de seguridad", indicó el fallo.

Resultado de imagen para camas hospitalEn los autos "F., J. R. c/ GCBA s/ Responsabilidad Médica", la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires por mayoría condenó a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) por una demanda por mala praxis médica.

Al presentar la demanda, al actor afirmó que había existido "un grave caso de mala praxis médica" en la atención brindada en el Sanatorio "Dr. Julio Méndez" y atribuyó responsabilidad al personal actuante y a la obra social que lo derivó a dicho nosocomio.

En este escenario, el Tribunal que destacó que las operaciones programadas para los días 18 de abril y 11 de septiembre de 2012 “no fueron llevadas a cabo debido a un episodio de uretrorragia - hemorragia de la uretra-  y la falta de camas en terapia intensiva”.

“La suspensión de la intervención quirúrgica programada para el 11 de septiembre de 2012 por falta de cama, en tanto, entrañó otra demora en el tratamiento debido imputable a la Obra Social”, continuó el fallo.

Asimismo, los jueces consignaron que “atento que el actor padecía de una enfermedad dolorosa e incapacitante, es dable presumir la existencia de daño a raíz de la demora en la aplicación del tratamiento”.

Para los jueces, el demandado “ni siquiera alegó la existencia de una causa ajena que lo exonere de responsabilidad”, por lo que los magistrados concluyeron que “existió una falta de servicio y una violación al deber de seguridad por parte de la OSBA y que por ende, esta es objetivamente responsable por daños sufridos por el actor”.

Fuente: Diario Judicial - Fallo disponible en el portal de la fuente citada

Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.

martes, 1 de agosto de 2017

Lactancia: la Argentina está por debajo del promedio mundial

Apenas uno de cada tres bebes recibe leche materna de manera exclusiva en los seis primeros meses de vida; así lo revela un informe de la OMS y de Unicef.

Apenas uno de cada tres bebes recibe leche materna de manera exclusiva en los seis primeros meses de vidaTan sólo 23 países cumplen con la meta de que por lo menos el 60% de los bebes reciban leche materna como único alimento en los seis primeros meses. Y la Argentina no aparece en esa lista, de acuerdo con una evaluación de un grupo de ONG dirigido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef. 

En nuestro país, apenas un 33% de las madres amamanta a su bebe en los seis primeros meses de vida, comparado con el 53% que empieza a alimentarlo dentro de la primera hora de vida. Ya en el primer año, la práctica repunta al 43% y cae al 29% en el segundo año de vida de los chicos.

"La lactancia les da a los bebes el mejor comienzo de vida posible. La leche materna actúa como la primera vacuna que reciben, ya que los protege de enfermedades potencialmente fatales y les proporciona todos los nutrientes que necesitan para subsistir y crecer", describió Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

El informe internacional que difunde hoy el Colectivo Global por la Lactancia revisó siete prioridades en los 194 Estados miembros de ambos organismos de las Naciones Unidas. Los resultados aparecen en una planilla de metas agrupadas en tres categorías: entorno amigable, informes de gestión y prácticas.

En estas últimas, se evaluaron cuatro prioridades que deberían promoverse con políticas de salud pública por sus beneficios para la salud materna e infantil. Son los porcentajes de bebes amamantados en la primera hora de vida, los que reciben leche materna exclusivamente en los seis primeros meses y los que continúan con la lactancia combinada con otros alimentos al año y a los dos años.

Según los resultados, sólo el 12% de los países logran que, cada año, el 60% o más de los recién nacidos accedan a la lactancia exclusiva. La mayoría que alcanzó esa meta son Estados africanos y asiáticos. De América latina, sólo Perú (68%) y Bolivia (64%).

Hace tres años, los gobiernos se comprometieron en la Asamblea Mundial de la Salud a lograr el 50% de cobertura con lactancia exclusiva para 2025. El colectivo de ONG se propone mejorar ese objetivo para 2030, junto con otras prioridades: prolongar la licencia por maternidad a 4,5 meses; aumentar la cantidad de partos en maternidades amigas de la madre y el niño; regular el marketing de las fórmulas infantiles o sucedáneos de la leche materna (nuestro país cumple parcialmente), y mejorar el monitoreo de la lactancia materna exclusiva (el último informe es de 2012).

"Las tasas de lactancia en América latina son más bajas que el promedio mundial y la de la Argentina es aún más baja que el promedio de su región", indicó a LA NACION el epidemiólogo Laurence Grummer-Strawn, del Departamento de Nutrición para la Salud y el Desarrollo de la OMS.

Grummer-Strawn participó de la conferencia de prensa en la que se presentaron estos resultados. Lo hizo junto con France Begin, consejera senior de nutrición infantil de Unicef; Lucy Sullivan, directora ejecutiva de 1000 Días, una ONG del Colectivo Global por la Lactancia; Aisha Muhammadu Buhari, primera dama de Nigeria, y Nila Moeloek, ministro de Salud de Indonesia.

"Muy pocos hospitales latinoamericanos adhieren a los 10 Pasos para una Lactancia Materna Eficaz, un conjunto de prácticas para promover la lactancia en el hospital (sólo el 3,5% de los bebes argentinos nacen en hospitales que adhieren a esos estándares) -agregó el especialista-. Además, excepto en unos pocos países, la legislación que restringe el marketing de los sucedáneos de la leche materna (fórmulas) es muy débil en América latina."

Al respecto, específicamente sobre nuestro país, Grummer-Strawn explicó que la OMS no pudo obtener una copia de la norma vigente para revisar "en detalle el contenido para identificar los puntos que falta regular" de acuerdo con el Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna.

Treinta y nueve países cumplen con ese código. "Nos preocupa mucho que la promoción de la fórmula infantil y otros sustitutos de la leche materna convenzan a las mujeres de no amamantar y debiliten su confianza en la capacidad que tienen de hacerlo -indicó Grummer-Strawn-. Además, crea en la sociedad la noción de que la lactancia materna no es importante y, por lo tanto, la población piensa que protegerla (por ejemplo, con mejores leyes, profesionales especializados o formación del personal de la salud) no vale la pena."

Además, consideró que el presupuesto de los gobiernos para informar a las madres y a la población general "es diminuto con respecto al presupuesto de las empresas de fórmula para la publicidad. El Código de la OMS es una política internacional para frenar esa promoción", dijo el especialista.

En tanto, Sullivan explicó que por cada dólar que un país invierte en promover la lactancia materna recupera 35 en costos asociados con la salud, la educación y el trabajo.

Fuente: La Nación