jueves, 28 de septiembre de 2017

La esperanza de vida en el país: un argentino vive 6 años más que la media mundial

Según el último relevamiento sobre el estado sanitario en América, un habitante promedio de la región tiene una expectativa de 75 años. Los datos y las claves más relevantes del estudio, y los puntos salientes para Argentina.

La tecnología al servicio de la medicina contribuye al crecimiento de la esperanza de vida (iStock)La esperanza de vida en aumento es una constante que se repite en las últimas décadas. De la mano de las nuevas tecnologías al servicio de la rama medicinal, el período de existencia se prolonga cada vez más. La innovación en tratamientos y nuevos medicamentos ofrecen la posibilidad de incrementar la cantidad y calidad de años de vida promedio de un ser humano. Así lo reflejan los informes de la salud global.

Cada cinco años, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Organización Mundial de la Salud (OMS) hacen un relevamiento del estado en América, que saca a la luz las falencias y progresos en todas las aristas que atañen al sistema sanitario. En esta ocasión, el dato saliente se ubicó en la creciente expectativa: una persona que nace en el continente puede aspirar a vivir hasta los 75 años, casi cinco años más que el promedio mundial.

En la nueva actualización del ahora llamado "Salud en las Américas + 2017" se señaló que la población de las Américas ganó 16 años de vida como promedio en los últimos 45 años, es decir casi dos años por quinquenio. La publicación, que contó con la participación de 600 expertos y compiló estadísticas de 52 países, fue presentada durante la 29ª Conferencia Sanitaria Panamericana de la OPS en Washington, DC. 

En particular, en Argentina hubo un dato que acaparó la atención. En el desglose del informe, se aprecia la tendencia de la mayor cantidad de años que gozan los habitantes: el país tiene un promedio de esperanza de vida de 76,6 años, algo lejos de los 82,4 de Canadá, el primero de la lista. En tanto, el peor país de la región es Haití, con 63,4 años de promedio.

La cifra es casi coincidente con la establecida en la "World Health Statistics", una clasificación -también elaborada en este año- de los 194 estados miembro de la OMS, en la que se apuntó que la esperanza de vida en el país aumentó 10 meses en cinco años, pasando de 75,5 años a 76,3. Y ronda la media de otros estados sudamericanos, como en Chile (80), Uruguay (más de 77) o, en el otro extremo, Venezuela (74).

"A pesar de sus importantes fortalezas, el país tiene obstáculos que superar. Argentina tiene el sistema de salud que quizás sea de los más segmentados y fragmentados de las Américas. Esta situación exige esfuerzos enormes para la gobernanza del sector, y para un ejercicio de la rectoría que alinee a actores muy diversos para trabajar en objetivos sanitarios comunes", se describe en la investigación.

En otros puntos salientes se destacó que el rango de mortalidad materna oscila entre 8,1 (Salta) y 1,9 (CABA, Santa Fe y La Pampa), lo que revela profundas desigualdades entre las distintas provincias, aunque las causas de muerte no varían. También, que la enfermedad de Chagas es una prioridad por resolver.

Por otra parte, por la situación geográfica y estructura productiva, Argentina es uno de los países más afectados por el calentamiento global. En los últimos 50 años el aumento promedio de las temperaturas en el país alcanzó medio grado, con el caso particular de la Patagonia, donde superó un grado: el cambio climático se considera la principal amenaza para la salud mundial del siglo XXI.

El estudio analizó las tendencias, los retos y las condiciones de salud en la región. Advirtió que la tasa de obesidad, uno de los principales factores de riesgo para padecer una enfermedad crónica, duplica el promedio global (26,8% frente a 12,9%). Además, alertó que el 15% de la población mayor de 18 años (62 millones) vive con diabetes, un porcentaje que se triplicó durante la última década.

Entre los principales desafíos a enfrentar, se observaron que las enfermedades emergentes y las no transmisibles (las cardiovasculares, respiratorias crónicas, el cáncer o la diabetes) causan cuatro de cada cinco muertes anuales. Estos datos se correlacionan con los que se desprenden del último informe "Global Burden of Diseases" elaborado por un consorcio de centenares de científicos. Un estudio que reveló el panorama de la salud alrededor del planeta.

"Vivimos más años de vida y morimos menos por causas que podemos evitar, pero esa ganancia no ha sido equitativa", afirmó la Directora de la OPS/OMS, Carissa F. Etienne. "Debemos tomar medidas urgentes para combatir las inequidades y que todas las personas en las Américas tengan acceso a los servicios de salud que necesitan y a las condiciones que determinen una buena salud, como el acceso al agua potable, a la educación y a una vivienda digna", añadió. 

Por último y entre los éxitos, sobresale la reducción en la mortalidad materna, la mortalidad infantil (un 24% entre 2002 y 2013) y la tasa de mortalidad de menores de 5 años en los últimos 25 años (67%). Además, hubo una disminución de los casos de malaria (62% menos entre 2000 y 2015), lepra (10,1% menos entre 2010 y 2014), y de la mortalidad por sida (67% entre 2005 y 2015), así como mayor cobertura de la atención prenatal y del parto institucional.

Fuente: Infobae

miércoles, 27 de septiembre de 2017

Qué tener en cuenta si querés cambiar de obra social

Asalariados, monotributistas, personal de servicio doméstico y jubilados, tienen derecho a ir de una entidad de salud a otra una vez por año; cómo funciona el sistema.

Resultado de imagen para cambio obra socialLa elección de una obra social y, eventualmente, de una prepaga a través de la derivación de aportes, es un derecho que alcanza a trabajadores asalariados, monotribustistas, personal de servicio doméstico y jubilados. Puede ejercerse hasta una vez por año y el grupo de entidades entre las que se puede elegir varía según la situación laboral del interesado.

En 2016 y según los últimos datos de la Superintendencia de Servicios de Salud, un total de 597.294 personas efectivizaron su opción de cambio.

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En el caso de los asalariados, el sistema se financia con un aporte salarial que equivale el 3% del salario bruto, más una contribución patronal del 6%, calculada también sobre la remuneración. Este es el monto que, al hacer una opción de cambio, se deriva de una entidad a otra. Aunque, previamente, se descontará un importe para alimentar el Fondo Solidario de Redistribución, que tiene por misión solventar los tratamientos más costosos o de enfermedades crónicas que necesiten los afiliados del sistema.

Para hacer el cálculo del aporte personal del mencionado 3%, existe un salario tope, actualmente de $ 81.918,55. Así, cuando la remuneración supera ese monto, el descuento será siempre de $ 2457,55.

En el caso de los asalariados, hay dos sub-sistemas y, por tanto, dos listados diferentes de obras sociales entre las que se puede optar: por un lado, las de origen sindical; por el otro, las de personal jerárquico.

En el primer caso, la obra social elegida comenzará a dar sus servicios el primer día del tercer mes posterior al que se haya hecho la solicitud. En el segundo caso, la opción ya se hace efectiva el primer día del mes siguiente al de realizada la opción. También es diferente el lugar al que debe concurrirse para expresar la voluntad de cambio: en el régimen de obras sociales sindicales, se debe ir a la obra social elegida; en el sistema de personal jerárquico, a una oficina de la Anses, según puntualizan en la Superintendencia.

En el caso de los jubilados, que pueden elegir entre un listado específico, la entidad de salud elegida no recibirá el monto del descuento que se le haga a la persona de su haber previsional para financiar al PAMI, sino un monto fijado determinado por una regulación.

Es posible que la opción se realice por un trabajador para derivar sus aportes a una prepaga. En estos casos, la empresa puede cobrar la diferencia entre el precio de su plan de salud y el monto que recibe por el aporte y la contribución. Hay que saber entonces que ese valor se incrementará cada vez que el Gobierno autorice incrementos para el precio de los planes de salud. Para que sean válidas, esas subas deben ser notificadas por la prepaga con al menos 30 días de anticipación.

Para conocer cuáles son las obras sociales habilitadas para cada uno de los grupos de afiliados, se puede consultar en sssalud.gob.ar

Fuente: La Nación


martes, 26 de septiembre de 2017

Las agresiones en las guardias de los hospitales crecieron un 25% este año

Relevamiento de una ONG. En el primer semestre de 2017 contabilizan 406 ataques en centros médicos de la Ciudad y la Provincia.

Resultado de imagen para guardias medicasLa violencia en los hospitales del área metropolitana no cede. Así lo reveló la ONG Defendamos Buenos Aires, que contabilizó que los ataques a médicos y enfermeros en las guardias aumentaron un 25 por ciento si compara el promedio de agresiones mensuales de 2016 con la media de episodios del primer semestre de 2017.

Entre enero y junio de este año hubo en total 406 ataques: 205 en Provincia y 201 en la Ciudad. En todo 2016, en tanto, los casos llegaron a 684 (333 en Capital y 351 en Provincia), según enumera la organización que preside el abogado Javier Miglino.

Para combatir esta problemática, la Legislatura porteña ya sancionó una norma que modifica el artículo 53 del Código Contravencional y establece como agravante la agresión a trabajadores de la salud y la educación. Antes la condena era de 1 a 5 días de trabajo comunitario, una multa de 200 a 1.000 pesos ó 1 a 5 días de arresto. Ahora se duplicó ese castigo.

En la Legislatura bonaerense, en tanto, hay un proyecto de ley de la senadora Julieta Centeno que busca modificar el Código de Faltas provincial para incluir sanciones a quienes maltraten, agredan o perturben a médicos, enfermeras y profesionales tanto en hospitales públicos como privados. Aún le falta media sanción de Diputados pero antes de fin de año podría tratarse sobre tablas.

Alberto Mackin Vadell es el presidente de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología y reconoció que llegan denuncias en forma permanente. En la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas, por ejemplo, están recibiendo unos 400 traumatizados por día y los profesionales de la salud son frecuentemente agredidos. Mackin Vadell, además, agregó un dato clave que ayuda a entender la falta de controles: “Las guardias perdieron a los policías que las custodiaban”.

Por su parte, Martín Pedersoli, presidente de la Agremiación Médica Platense (AMP), explicó: “El hospital es violento contra los pacientes por las demoras en los turnos, la espera de las prótesis o de un instrumental para cirugía, entre otras cosas. Y lleva a tensiones. A su vez, están los problemas de inseguridad que vivimos y los hospitales no están exentos”.

Y amplió: “Las guardias están desbordadas. Hoy se necesitan más médicos y personal no médico para atender y contener a los pacientes. Cada vez cuesta más conseguir pediatras, neonatólogos, médicos clínicos, sobre todo en lugares muy inseguros”.

Ante esta situación, equipos técnicos de la cartera sanitaria bonaerense capacitaron a 2.000 agentes de unos 20 hospitales provinciales en la prevención de episodios de violencia externa e interna. Un médico de guardia gana entre 15 y 18 mil pesos por mes y, en general, es un residente que hace turnos de 24 horas.

En los protocolos de acción para abordar situaciones de agresión, los pasos a seguir por parte de la víctima son no responder a la agresión, presionar el botón antipánico si está a mano, interrumpir la actividad hasta tanto se controle la situación, avisar al superior jerárquico y realizar la denuncia penal, entre otras medidas.

“Es importante que el personal se sienta contenido frente a una situación de este tipo”, enfatizó la directora provincial de Salud Comunitaria y Entornos No Violentos del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Carmen Storani.

Fuente: Clarín

lunes, 25 de septiembre de 2017

5 claves para comprender los sistemas de salud en América Latina

Durante el 6to Congreso de la Sociedad Internacional de Farmacoeconomía e Investigación de Resultados (ISPOR) en San Pablo, médicos y especialistas de todo el mundo plantearon los problemas más importantes. Asignación de recursos, toma de decisiones, financiación y desafíos de la salud en Latinoamérica para los próximos años.

Según la Organización Panamericana de la Salud, el 30% de la población de América Latina y el Caribe no accede a servicios de atención médica por razones económicas (istock)Del 15 al 17 de septiembre se llevó a cabo en la ciudad de San Pablo, Brasil, el 6to Congreso de la Sociedad Internacional de Farmacoeconomía e Investigación de Resultados (ISPOR), en el cual médicos y especialistas de todo el mundo plantearon los problemas más importantes en cuanto a asignación de recursos, toma de decisiones, financiación y desafíos de la salud en Latinoamérica para los próximos años.

Infobae formó parte de este evento, para dilucidar cuáles son las cinco claves esenciales para comprender cómo funcionan los sistemas de salud en América Latina.

1-Cobertura Sanitaria Universal 

Según la Organización Panamericana de la Salud, el 30% de la población de América Latina y el Caribe no accede a servicios de atención médica por razones económicas, mientras que el 21% no lo hace debido a barreras geográficas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsa la cobertura universal con el objetivo de asegurar que todas las personas reciban los servicios sanitarios que necesitan, sin tener que pasar penurias financieras para pagarlos. Pero para lograrlo, cada país debe tener un sistema de salud sólido, con financiación que favorezca el acceso a medicamentos y tecnologías necesarias; y personal sanitario bien capacitado. "En Argentina hay cobertura universal pero es brutal la inequidad que existe en el acceso y los resultados. Y lo que se opone a la inequidad y la pobreza es la justicia", afirma el médico sanitarista Rubén Torres.

2-El gasto de los Estados en salud

En el 2014, según el Banco Mundial, en América Latina y el Caribe, el gasto por habitante fue en promedio de 713 dólares, pero en América del Norte fue de 8990 dólares. Sin embargo, el problema en América Latina no sólo es una cuestión de asignación de fondos.

Tomás Pippo Briants, integrante de la OPS de Brasil, aseguró durante el Congreso que el 30% de los gastos de salud en Latinoamérica son ineficientes. Por su parte, el doctor Esteban Lifschitz, director de la carrera de especialista en Evaluación tecnológica Sanitarias de la Facultad de Medicina de la UBA, afirmó que "el presupuesto de salud no explica necesariamente los resultados, por eso es fundamental cómo se gestionan". 

3-Las causas de mortalidad

El cáncer es la segunda causa de mortalidad por enfermedad en América Latina detrás de las enfermedades cardiovasculares. Para el año 2035 se estima que habrá 2 millones de casos nuevos de cáncer y más de 1,1 millones de muertes en la región, según un informe de GLOBOCAN.

Algunos datos sobre la incidencia del cáncer por país y la mortalidad permiten observar todo el trabajo que falta por hacer. Por ejemplo, Argentina tiene una incidencia de cáncer de 216,7 cada 100 mil habitantes y en Estados Unidos la proporción es de 318. Sin embargo, la mortalidad por cáncer en Argentina es de 115,1 y en Estados Unidos es de 105,8, en ambos casos, cada 100 mil habitantes, según el Centro Internacional de Investigación contra el Cáncer.

Algunos datos sobre el cáncer en Argentina:

En Argentina, en el 2014, fallecieron 60 mil personas a causa de esta enfermedad pero muchas de esas muertes eran potencialmente evitables. En nuestro país -según se desprende de datos oficiales del Instituto Nacional del Cáncer-, el cáncer más frecuente es el de pulmón cuya principal causa es el tabaco. El segundo es el cáncer de mamas y el tercero el colorrectal.

La prevención y la detección temprana son claves para el tratamiento de la enfermedad. Por ejemplo: la OMS estima que para lograr algún cambio, los programas de screening para cáncer de mama deben llegar a casi el 70% de la población objetivo. En Argentina está entre el 32% y el 46% y es una variable directamente asociada al nivel socioeconómico de las mujeres.

4-Cómo se evalúa y se incorporan los nuevos medicamentos y tecnologías en cada país

Cada país tiene sus procesos y sus agencias para la evaluación de tecnología sanitaria (ETS), que son quienes recomiendan qué se debe incorporar a las diferentes coberturas de salud. En el caso de la Argentina, es la ANMAT quien se encarga de la autorización, registro, vigilancia y fiscalización. Pero no hay una agencia que decida qué se incluye en las coberturas públicas.

"En la región hay agencias como el CONITEC en Brasil o el IETS en Colombia que, luego de la autorización para la comercialización, recomiendan si dichas tecnologías merecen ser financiadas con recursos públicos. Esto permite evaluar qué aportan en relación a las ya disponibles, si el beneficio justifica los costos incrementales y cuál es el impacto presupuestario de las mismas", explicó el doctor Esteban Lifschitz. Y agregó: "Los medicamentos tienen la potencialidad de mejorar los resultados en salud de la población pero al mismo tiempo son determinantes en el costo de los sistemas de salud. La evaluación permite saber el verdadero aporte a fin de hacer un uso adecuado de los recursos, que siempre son finitos".

¿Cuál es el modelo en el que se basa las decisiones de los diferentes organismos?

La mayoría de los criterios de evaluación en los países de la región está basada en el esquema costo – efectividad. Sin embargo, hay países de Latinoamérica que ya están haciendo sus primeros pasos en el modelo multicriterio de decisión y análisis (MCDA), que incluyen además de los costos y efectividad, otros criterios como la carga social de la enfermedad, la innovación, la seguridad, el impacto social, y el impacto económico en el hogar. Además, incorpora a los pacientes, sus familias, cuidadores y médicos en las decisiones. Y apunta a ser más abierto y transparente.

Brasil es uno de los países de Latinoamérica que ya comenzó a aplicar este criterio incluyendo en las decisiones de cobertura a representantes de los pacientes. "Es inevitable considerar aspectos económicos a la hora de evaluar la cobertura de tecnologías sanitarias pero el análisis está lejos de requerir solo eso. El análisis de decisión multicriterio plantea una mirada más abarcativa, donde se incluye el aporte de la tecnología para reducir inequidades y hasta las preferencias de los pacientes. Ya que no todos los actores involucrados pondera de igual manera cada uno de los conceptos que conducen a la toma de decisiones", afirmó el doctor Lifschitz

5-El paciente en el centro de las decisiones

"La FDA (Administración de alimentos y medicamentos de los Estados Unidos) incorporó pacientes a sus reuniones. También se incluye a familiares y cuidadores. La voz de los pacientes debe ser escuchada", aseguró la doctora Eleonor Perfetto del Consejo Nacional de Salud de Washington durante ISPOR San Pablo. Por su parte, Migdalia Denis (presidenta de la Sociedad de Hipertensión Pulmonar para América Latina) afirmó: "Un paciente activo se informa y es más consciente de su tratamiento. En Europa hay escuelas de pacientes con excelentes resultados en beneficio y retorno social en el sistema de salud y en Argentina se abrirá una escuela de pacientes latinoamericanos próximamente".

El paciente empoderado

Ángela Chavez, presidente de la Federación Colombiana de enfermedades raras de Bogotá compartió con Infobae su historia: "Mi hija Lucía murió en el 2009 de Leucodistrofia metacromática, una enfermedad considerada rara. Ella perdió todos sus sentidos y movimientos, y la demanda de atención que requerimos del sistema de salud era muy grande y nos la negaron. Así empecé a luchar para lograr el acceso a las necesidades que teníamos primero para nosotras, y luego para el resto de los enfermos". Y afirmó: "El paciente, si se informa, puede incidir en las decisiones con su médico para saber las consecuencias y opciones que tiene. También, puede defender sus derechos con las aseguradoras por temas administrativos. Para cada instancia se necesita preparación. Si te informas y empoderás podés incidir en las decisiones de gobierno para resolver problemas que estás viviendo junto a tu comunidad. Hay que salir de la queja, comprometerse e intentar transformar esa realidad".

Fuente: Infobae

viernes, 22 de septiembre de 2017

Finalmente, se reglamentó la ley que regula el uso de cannabis medicinal

El gobierno nacional publicó esta mañana en el Boletín Oficial el texto que reglamenta la normativa, que desde julio de este año espera este paso para entrar en plena vigencia. El programa que crea la ley no permite el autocultivo, y deja esa actividad en manos del CONICET y el INTI. Dará prioridad a los laboratorios públicos para la producción de medicamentos. 

Con la firma del presidente de la Nación y el ministro de Salud, se publicó esta mañana en el Boletín Oficial la reglamentación de la ley que regula el uso de cannabis medicinal, una norma largamente reclamada por organizaciones de pacientes, que promovieron su aprobación en marzo de este año. A partir de esto, se pone en marcha el denominado “Programa nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales”, que tendrá a cargo el desarrollo de la política estatal en cuanto a estos tratamientos. Como se había adelantado, la ley no permite el autocultivo, algo que reclaman las familias de pacientes. Esa actividad quedará en manos de dos organismos oficiales, como el CONICET y el INTI. Además, se dará prioridad a los laboratorios estatales para la producción de los tratamientos.

Luego de seis meses de reclamos, el gobierno finalmente reglamentó la ley 27.350, que regula la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de Cannabis y sus derivados. Lo hizo a través del decreto 738/2017, que fue publicado este viernes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Salud Jorge Lemus. "Resulta prioritario que la Autoridad de Aplicación cuente con información científicamente verificada respecto de las propiedades de la planta de Cannabis y sus derivados y su impacto en el organismo humano", indicó el decreto. En este sentido, se deterinó que el programa que regulará toda la actividad funcione en el ámbito de la secretaría de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud y "será dirigido por un profesional médico calificado y con experiencia en investigación o gestión de la investigación, o en especialidades afines, con rango de Director Nacional", dice el artículo 2 de la ley.

Por lo que se pudo ver, el gobierno reglamentó solo tres de los 12 artículos referidos a los objetivos del programa. El punto principal establece que "las acciones de promoción y prevención deben estar dirigidas a las personas que, por padecer una enfermedad bajo parámetros de diagnósticos específicos y clasificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se les prescriba como modalidad terapéutica el uso de las plantas de Cannabis y sus derivados". En ese marco, sólo fueron reglamentados los artículos 2°; parcialmente el 3°, que fija los objetivos del programa; 4°; 6°; 7°; 8° y 9°; mientras que quedaron sin reglamentar el 1°, 10°, 11°, 12° y 13°. "La provisión de aceite de Cannabis y sus derivados será gratuita para quienes se encuentren inscriptos en el Programa y se ajusten a sus requerimientos. Aquellos pacientes no inscriptos en el Programa que tuvieren como prescripción médica el uso de aceite de Cannabis y sus derivados, lo adquirirán bajo su cargo, debiendo ajustarse a los procedimientos para la solicitud del acceso de excepción de medicamentos que determine la Autoridad de Aplicación", indica la ley.

En otro de artículo reglamentado, se autoriza al CONICET y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) el cultivo de cannabis "con fines de investigación médica o científica para la elaboración de la sustancia que como medicamento sirva para proveer a quienes estuvieren incorporados al Programa". También, se deja en claro que "la provisión de aceite de cannabis y sus derivados será gratuita para quienes se encuentren inscriptos en el Programa y se ajusten a sus requerimientos". En este punto añade la ley que "aquellos pacientes no inscriptos en el Programa que tuvieren como prescripción médica el uso de aceite de cannabis y sus derivados, lo adquirirán bajo su cargo, debiendo ajustarse a los procedimientos para la solicitud del acceso de excepción de medicamentos que determine la Autoridad de Aplicación", es decir el Ministerio de Salud.

La norma fue aprobada por el Senado el 29 de marzo pasado después de casi cinco horas de debate, por 58 votos positivos y cero negativos. La iniciativa tuvo el apoyo de todos los bloques presentes luego de que en el plenario de las comisiones de Salud, Ciencia y Tecnología y Presupuesto y Hacienda se coincidiera en la urgencia para resolver la cuestión. Los senadores escucharon a médicos y madres de niños enfermos exponer sobre los beneficios del uso medicinal de la planta de marihuana, una práctica que tiene años.

Texto completo del decreto:

INVESTIGACIÓN MÉDICA Y CIENTÍFICA - Decreto 738/2017
Apruébase reglamentación de la Ley Nº 27.350.

Ciudad de Buenos Aires, 21/09/2017

VISTO el Expediente Nº EX-2017-15047384-APN-SSPRYF#MS, la Ley Nº 27.350, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley mencionada regula la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de Cannabis y sus derivados.
Que en su artículo 2º crea el “PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS, SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO COVENCIONALES”, en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, al tiempo que en el artículo siguiente describe sus objetivos.
Que entre sus propósitos se encuentra la necesidad de comprobar los beneficios y efectos adversos del uso de la planta de Cannabis y sus derivados como modalidad terapéutica y/o paliativa de enfermedades cuyo diagnóstico se ajuste a las normas aceptadas internacionalmente, y que sean objeto de atención en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).
Que resulta prioritario que la Autoridad de Aplicación cuente con información científicamente verificada respecto de las propiedades de la planta de Cannabis y sus derivados y su impacto en el organismo humano.
Que a los fines de dar cumplimiento a las previsiones de la citada Ley N° 27. 350 corresponde dictar las normas reglamentarias que permitan poner en efectivo funcionamiento el “PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS, SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO COVENCIONALES”.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SALUD ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1° y 2° de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 27.350 “INVESTIGACIÓN MÉDICA Y CIENTÍFICA DE USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS Y SUS DERIVADOS”, que como ANEXO I (IF-2017- 21401340-APN-DD#MS) forma parte del presente.
ARTÍCULO 2º.- Facúltase al señor Jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las reasignaciones presupuestarias que sean necesarias para atender las erogaciones que requiera el cumplimiento del presente.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Jorge Daniel Lemus.

ANEXO I
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY N° 27.350: “INVESTIGACIÓN MÉDICA Y CIENTÍFICA DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS Y SUS DERIVADOS”

ARTÍCULO 1°.- Sin reglamentar.
ARTÍCULO 2°.- El “PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS, SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO COVENCIONALES”, actuará en el ámbito de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTOS del MINISTERIO DE SALUD, y será dirigido por un profesional médico calificado y con experiencia en investigación o gestión de la investigación, o en especialidades afines, con rango de Director Nacional.
ARTÍCULO 3°.- Los objetivos del PROGRAMA comprenden:
a) Las acciones de promoción y prevención deben estar dirigidas a las personas que, por padecer una enfermedad bajo parámetros de diagnósticos específicos y clasificados por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), se les prescriba como modalidad terapéutica el uso de las plantas de Cannabis y sus derivados
b) Sin reglamentar.
c) La Autoridad de Aplicación aprobará y revisará periódicamente los lineamientos y guías de asistencia, tratamiento y accesibilidad.
d) Podrán incorporarse al PROGRAMA aquellos pacientes que se inscriban en el Registro a que se refiere el artículo 8° de la presente reglamentación.
e) Sin reglamentar.
f) Sin reglamentar.
g) Sin reglamentar.
h) Sin reglamentar.
i) Sin reglamentar.
j) Sin reglamentar.
k) Sin reglamentar.
l) Sin reglamentar.
ARTÍCULO 4°.- El Ministro de Salud será la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 27.350, y dictará las normas técnicas complementarias y demás disposiciones que fueren necesarias para su mejor cumplimiento.
ARTÍCULO 5°.- Sin reglamentar.
ARTÍCULO 6°.- Autorízase al CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) y al INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) el cultivo de Cannabis con fines de investigación médica o científica para la elaboración de la sustancia que como medicamento sirva para proveer a quienes estuvieren incorporados al PROGRAMA, pudiendo convocar al MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA a estos efectos para diseñar y ejecutar los planes de producción a llevarse a cabo en el marco del PROGRAMA. La Autoridad de Aplicación dictará las normas operativas y de procedimiento necesarias para hacer efectiva esta autorización
1. La autorización comprende:
a) Conservar y caracterizar el germoplasma de Cannabis medicinal a través de semillas, plantas y cultivo in vitro en lugares previamente establecidos en la autorización.
b) Plantar, cultivar, cosechar, acondicionar y acopiar plantas de Cannabis en lugares que cumplan con las condiciones establecidas en el PROGRAMA.
c) Producir semillas, flores, esquejes, plantines y plantas de Cannabis para su uso exclusivo en investigación médica y/o científica.
2. El CONICET podrá desarrollar un programa de investigación científica en las siguientes disciplinas:
a) Genética y mejoramiento genético de cultivares de Cannabis.
b) Evaluación de la interacción genotipo-ambiente en la producción de principios activos de diferentes cultivares de Cannabis.
c) Química de fitocannabinoides. Síntesis, extracción y purificación orientadas a preparaciones farmacéuticas.
d) Métodos de determinación cualitativa y cuantitativa de cannabinoides y sistemas de control de calidad.
e) Genética molecular y funcional del sistema de endocannabinoides
f) Farmacología y fisiología del sistema de endocannabinoides
g) Ensayos preclínicos in vitro y en animales de laboratorio con cannabinoides para el tratamiento de enfermedades humanas.
h) Cualquier otra actividad científico tecnológica relativa a la planta de Cannabis y el desarrollo de productos derivados de la misma, autorizada por la Autoridad de Aplicación.
3. El INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE) regulará las condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento de los órganos de propagación de esta especie.
Asimismo:
a) Entenderá en el cultivo de esta especie, sus productos y derivados a fin de contar con información y elementos de juicio que permitan mediante su trazabilidad conocer el origen del material de propagación.
b) Establecerá las condiciones reglamentarias para la importación y exportación de los órganos de propagación de esta especie, según disposiciones del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA).
4. El MINISTERIO DE SEGURIDAD establecerá las condiciones de habilitación que deberán observar el CONICET y el INTA, exclusivamente en materia de seguridad de los predios e instalaciones de cultivo de Cannabis a los fines previstos en la Ley N° 27.350.
5. Son considerados laboratorios de producción pública, los laboratorios del Estado Nacional, Provincial, Municipal y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de las Fuerzas Armadas y de las Instituciones Universitarias de gestión estatal, conforme a lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 26.688.
ARTÍCULO 7°.- La provisión de aceite de Cannabis y sus derivados será gratuita para quienes se encuentren inscriptos en el PROGRAMA y se ajusten a sus requerimientos. Aquellos pacientes no inscriptos en el PROGRAMA que tuvieren como prescripción médica el uso de aceite de Cannabis y sus derivados, lo adquirirán bajo su cargo, debiendo ajustarse a los procedimientos para la solicitud del acceso de excepción de medicamentos que determine la Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 8°.- El REGISTRO NACIONAL funcionará en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD y registrará a pacientes en tratamiento para estudio de casos y pacientes en protocolo de investigación, que voluntariamente soliciten su inscripción, o sus representantes legales en caso de corresponder, de acuerdo con las pautas que a continuación se indican:
1. PACIENTES EN TRATAMIENTO PARA ESTUDIO DE CASOS: Son aquellos pacientes que presenten las enfermedades que determine el PROGRAMA en base a la evidencia científica existente y que cuenten con indicación médica de tratamiento con Cannabis o alguno de sus derivados. Estos pacientes continuaran con el uso del Cannabis en el marco del estudio de casos con supervisión del PROGRAMA y con los requisitos que éste establezca.
2. PACIENTES EN PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN: Son aquellos pacientes que hayan sido incorporados como participantes en un protocolo de investigación objeto de la presente Ley, con los requisitos que se establezcan en el correspondiente PROGRAMA.
3. FAMILIARES: Los familiares que actúen en carácter de representante legal, cuando así correspondiere, en los términos de las disposiciones que dicte la Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 9°.- El CONSEJO CONSULTIVO HONORARIO (CCH) creado por la Ley N° 27.350 en el marco del PROGRAMA estará integrado por DIEZ (10) miembros titulares y DIEZ (10) miembros suplentes, designados por la Autoridad de Aplicación a propuesta de los organismos, áreas, instituciones y entes que a continuación se detallan:
a) UN (1) representante del MINISTERIO DE SALUD, que ejercerá la Presidencia del Consejo;
b) UN (1) representante del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNICAS (CONICET);
c) UN (1) representante de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT);
d) UN (1) representante de la AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS (ANLAP);
e) UN (1) representante del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA);
f) UN (1) representante del CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL (CIN).
g) TRES (3) representantes de asociaciones civiles con personalidad jurídica que tuvieran dentro de sus fines la investigación y uso terapéutico del Cannabis.
h) Un representante de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN.
El CCH funcionará en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD. Sus integrantes duran DOS (2) años en sus cargos y se desempeñan “ad honorem”.
Al momento de su incorporación al CCH, los integrantes deben presentar una declaración jurada manifestando que actúan sin patrocinio comercial, que no se encuentran en otros conflictos de intereses que afecten la transparencia y la buena fe de su participación, ni se encuentran alcanzados por las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la normativa vigente.
El CCH, a través de su Presidente, podrá convocar a otras instituciones, entidades públicas o privadas y organizaciones civiles a participar con carácter consultivo, según lo amerite el caso a discutir.
Son funciones del CCH:
1. Constituirse en espacio de consulta y participación activa de la sociedad civil en la temática del PROGRAMA.
2. Proporcionar e impulsar propuestas que atiendan a mejorar y facilitar los propósitos del PROGRAMA.
3. Facilitar y estimular los vínculos y el intercambio de información entre laboratorios y centros de investigación del Cannabis Medicinal en el ámbito nacional y regional.
4. Participar en la orientación y auditoría social de los avances del PROGRAMA.
5. Difundir material disponible del PROGRAMA y contribuir a generar el acceso a la información pública.
ARTÍCULO 10.- Sin reglamentar.
ARTÍCULO 11.- Sin reglamentar.
ARTÍCULO 12.- Sin reglamentar.
ARTÍCULO 13.- Sin reglamentar.
IF-2017-21401340-APN-DD#MS
e. 22/09/2017 N° 71513/17 v. 22/09/2017

Fuente: Mirada Profesional/Boletín Oficial

jueves, 21 de septiembre de 2017

La Justicia ordenó a una obra social cubrir el tratamiento de fertilidad a una mujer de 49 años

La jueza subrayó en su decisión que la demandante " tiene derecho a gozar de los beneficios del progreso científico"

Resultado de imagen para fertilizacion asistidaLa Justicia de Rosario ordenó al Instituto Autártico de Obra Social (Iapos) que reconozca un tratamiento de fertilidad de alta complejidad a una mujer de 49 años, que había presentado un recurso de amparo.

La jueza Delia Giles consideró que la Constitución protege a las personas para exigir la aplicación de nuevas tecnologías o tratamientos. 

Asimismo, sostuvo la magistrada, impide a las obras sociales negarse a solventar los costos, por lo cual ordenó que la obra social cubra el tratamiento con ovodonación, hasta tres intentos.

La jueza subrayó en su decisión que "la mujer tiene derecho a gozar de los beneficios del progreso científico". 

La abogada Carina Mazzeo, representante de la mujer, había interpuesto un recurso de amparo porque según los reglamentos de Iapos no le permitían la cobertura a pesar de lo que establece el criterio del médico.

"La única manera de obtener cobertura era a través de un amparo judicial. El límite de la edad lo fijan el médico y la paciente en base a un criterio de razonabilidad médica", manifestó.

"Si el médico encuentra a la paciente apta y está sana, le indica el tratamiento y la paciente lo acepta, queda en la órbita de esa relación médico-paciente y en la autonomía de voluntad de la paciente", argumentó en declaraciones a la radio LT8 de Rosario.

Mazzeo dijo que "la obra social no puede disponer hasta qué edad. Como no hay una limitación por ley, sí hay una disposición que elaboraron los centros de fertilización a nivel nacional y han puesto un límite, que no es obligatorio que lo cumplan".

"En nuestro país no hay casos de mujeres muy añosas que han tenido hijos. Sin embargo se han conocido casos en otras partes del mundo de mujeres que han sido madre a los 60 años", advirtió la abogada. En declaraciones a DyN, Julio Colabianchi, especialista en fertilización asistida, señaló que "el tema de la edad se trata de una cuestión cultural, donde las mujeres deciden más tarde que quieren ser madres. Gracias al método de ovodonación gestar un embarazo es posible, incluso en mujeres con menopausia".

Colabianchi destacó que "el dilema se traslada a una cuestión que roza lo ético. ¿Puede el cuerpo de una mujer de 50 años llevar adelante un embarazo a término? No obstante, a medida que pasa el tiempo el embarazo no es inocuo. Hay mayores complicaciones en el parto, no es lo mismo un hígado y un sistema endócrino en una persona de 65 años que en una de 35".

Fuente: Agencia DyN

miércoles, 20 de septiembre de 2017

Con un banderazo, entidades reclaman en el Congreso que se trate la nueva ley de Sida

Este miércoles a las 18 se concentrarán frente al parlamento nacional para exigir el tratamiento de la Ley de VIH, Hepatitis Virales e ITS, que actualiza los beneficios de las personas con estos males, entre ellos la cobertura de medicamentos y otros insumos. La norma tiene el visto bueno de la Comisión de Salud, pero está paralizada en legislación General y Presupuesto. 

Aprobada en 1990, la ley 23.798 protege a personas afectadas por el virus HIV. A más de 25 años de su puesta en marcha, un grupo de organizaciones presentaron una nueva norma, que actualiza los beneficios que reciben estos pacientes junto a las personas afectadas por hepatitis y enfermedades de trasmisión sexual. La misma llegó al Congreso el año pasado, y espera tratamiento en al menos dos comisiones. Ante la falta de voluntad para esto, los impulsores de la normativa se movilizarán hoy miércoles al Congreso, para presionar y pedir que se avance en la aprobación. Entre otras cuestiones, la nueva ley amplía la cobertura de medicamentos y otros insumos, además de otorgar otros beneficios a los pacientes.

El banderazo llamado por una veintena de organizaciones comenzará a las 18 frente a la sede del Congreso nacional (Rivadavia entre Callao y Riobamba), según informaron sus organizadores. El pedido es el “inmediato tratamiento” de la nueva Ley de VIH, Hepatitis Virales e ITS, que está frenada en las comisiones de Legislación General y de Presupuesto. El proyecto, que ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Salud desde junio de este año, debe ser tratado antes de que terminen las sesiones ordinarias en el resto de las comisiones para “que no pierda estado parlamentario”.

Desde el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, que está integrado por organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el campo del VIH, de las hepatitis virales y las infecciones de transmisión sexual, las redes de personas viviendo con VIH y afectadas; además de familiares y amigos se exige a los diputados “el urgente tratamiento del proyecto que permita una nueva ley acorde a los tiempos porque es de una importancia vital para la actual y futura realidad de la salud de las personas con VIH y Hepatitis, de quienes padecen alguna infección de transmisión sexual, así como también a los efectos de la prevención general y de la promoción de la salud para todas las personas”.

“Este proyecto de ley refleja el trabajo conjunto, sistemático y democrático que viene llevándose a cabo desde hace más de tres años, reuniendo los aportes y la participación de la sociedad civil, instituciones de la sociedad científica, organismos internacionales y de actuación estatal nacional y provincial”, informaron las entidades mediante un comunicado de prensa. La ley actual, sancionada en 1990, no prevé las circunstancias sociales que en la actualidad son la principal barrera de acceso a la salud de las personas afectadas por las epidemias. Hoy, 27 años después, quienes dan respuesta al VIH, las hepatitis y las ITS en Argentina, se reúnen y trabajan por una ley que sirva de herramienta para terminar con la discriminación en el acceso a la salud, a la educación y al empleo, y garantice el acceso a tratamientos sustentables, así como también a la prevención y a la promoción de la salud.

Fuente: Mirada Profesional 

martes, 19 de septiembre de 2017

Las 10 complicaciones más comunes que sufren los pacientes por la acción de los médicos

Los datos surgen de estadísticas oficiales sobre eventos adversos relacionados con la atención médica. 

Resultado de imagen para atencion medicaSon pocas las estadísticas que se difunden sobre eventos adversos relacionados con la atención médica. De hecho, el último dato oficial nacional al respecto es de hace siete años y hasta ahora no había tenido difusión.

Esos datos, señala hoy el diario La Nación, indican que el 12,1 % de los pacientes en el país sufre de una o más de esas complicaciones.

El país participó en 2007 y 2008 del Estudio Iberoamericano de Eventos Adversos (Ibeas), un proyecto dirigido por el Ministerio de Sanidad y Política Social de España y la Organización Mundial de la Salud en colaboración con los Ministerios de la Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú.

El trabajo, en el que se estudiaron los casos de 11.379 pacientes de 58 hospitales, reveló que en la región el 10 % de los pacientes internados sufre de uno o más eventos adversos durante la atención, y que el riesgo se duplica a medida que se prolonga la internación.La cifra argentina fue algo más alta: 12,1 %.

Infecciones, úlceras por presión, cirugía en una parte del cuerpo equivocada, complicaciones por demoras en el diagnóstico, lesiones en diferentes órganos, hemorragias o hematoma durante un procedimiento, errores en la administración de medicamentos y fracturas figuran entre los eventos adversos más comunes durante la atención médica, según los resultados del relevamiento.

El profesor José María Paganini, director del Centro Interdisciplinario Universitario para la Salud (INUS) de la Universidad Nacional de La Plata, le atribuyó a la "desorganización" del sistema unos 600.000 eventos adversos y 15.000 muertes anuales al extrapolar estadísticas que el INUS adaptó localmente.

La lista de los diez eventos adversos más comunes en la Argentina, según publicó La Nación, son:

1 - Úlcera por presión (áreas de piel lesionada por permanecer en una misma posición durante demasiado tiempo).

2 - Infección de herida quirúrgica.

3 - Neumonía nosocomial (adquirida en el hospital).

4 - Sepsis y shock séptico.

5 - Lesión en un órgano durante un procedimiento.

6 - Otros relacionados con infección nosocomial.

7 - Quemaduras, erosiones y contusiones (incluyendo fracturas consecuentes).

8 - Otros relacionados con los cuidados.

9 - Bacteriemia asociada a dispositivo (por ejemplo un cateter o un respirador).

10 - Intervención quirúrgica ineficaz o incompleta.

Fuente: Clarín

lunes, 18 de septiembre de 2017

Se declara desierto recurso de apelación de obra social ante demanda por cobertura de prestaciones

Partes: C. J. D. y otro c/ Obra Social Unión Personal de la Unión Personal s/ incumpl. de prestación de obra

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal 
Sala/Juzgado: II 
Fecha: 10-mar-2017

Si la obra social consideraba que el acto de afiliación se encontraba viciado por haberse falseado la declaración jurada, debió arbitrar los medios conducentes para así restarle la eficacia jurídica al acuerdo celebrado.

Sumario: 

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1.-Corresponde declarar desierto el recurso de apelación deducido contra la sentencia que hizo lugar a la demanda que perseguía de la obra social el reintegro de los gastos de tratamiento de internación del hijo de los actores, pues la apelante incurre en un evidente contrasentido, en la medida que cuestiona la aplicación de la ley 26682 y, posteriormente, se vale de lo allí dispuesto en el sentido que autoriza la rescisión contractual cuando un usuario haya falseado la declaración jurada, para darle así un marco jurídico a su defensa. (Del voto de la Dra. Medina, al que adhiere el Dr. Gusmán - mayoría)

2.-Si la obra social consideraba que el acto de afiliación se encontraba viciado por haberse falseado la declaración jurada, debió arbitrar los medios conducentes para así restarle la eficacia jurídica al acuerdo celebrado; ello, pues mal puede aquella parte pretender quitarle los efectos propios al acto jurídico cuya validez no ha sido cuestionada de acuerdo a lo que el propio ordenamiento prescribe al respecto. (Del voto de la Dra. Medina, al que adhiere el Dr. Gusmán - mayoría)

3.-No hay mérito para admitir las demandas por el cobro de las facturas que se reclaman por la internación del hijo de los actores, desde que ha quedado demostrado que la decisión de la accionada de resolver el contrato por falseamiento de la declaración jurada de salud no ha sido arbitraria ni abusiva, sino el ejercicio regular de la facultad resolutoria que surge del propio acuerdo y de la ley. (Del voto del Dr. Guarinoni - disidencia) 

Fallo:

En Buenos Aires, a los 10 días del mes de marzo de 2017, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor El doctor Ricardo Víctor Guarinoni dijo:

I.- La sentencia de fs. 252/257, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por J. D. C., por sí y en representación de su hijo D. Esteban C., contra la Obra Social Unión Personal, reclamando, en la causa acumulante n° 11.432/07, el pago de $ 64.000 ($14.500 en concepto de reintegro de los gastos de tratamiento de internación de su hijo -desde enero a julio de 2007- en la institución "Asociación Proyecto U.N.O.", debido a una crisis de salud provocada por el consumo de drogas y la suma de $ 50.000 por daño moral) y, en la causa acumulada n° 1955/09, el pago de 26.900 ($ 21.900 en concepto de reintegro de los gastos de internación de su hijo desde agosto de 2007 a julio de 2008, en la misma institución antes mencionada y la cantidad de $ 5.000 por daño moral).

II.- Para así decidir, el magistrado de la anterior instancia tuvo en cuenta que ambas partes coinciden en que el actor y su grupo familiar se afiliaron a la obra social en el mes de mayo de 2006, vínculo que se extendió hasta el mes de mayo de 2007, fecha en que la demandada decidió dar de baja al actor y a su grupo familiar, invocando falseamiento de la declaración jurada de antecedentes de salud. Luego señaló que, si bien surge de la prueba producida que el hijo del actor tenía antecedentes toxicológicos desde los quince años, habiendo realizado tratamientos de rehabilitación y que dicha circunstancia debía ser informada a la obra social, lo cierto es que la sentencia debe atender a las condiciones existentes en el momento en que se pronuncia, conforme lo prevé el art.163, inc. 6, 2° párr., del CPCC. Además, tuvo en cuenta la ley 26.682 en cuanto establece que las enfermedades preexistentes de quien aspire a contratar un plan de cobertura no pueden ser causa de rechazo de admisión por parte de las obras sociales. Por todo ello, admitió los reintegros solicitados en ambas causas hasta la suma de $ 14.500 y 21.900, respectivamente. Finalmente, rechazó el daño moral reclamado en ambas causas e impuso las costas a la demandada.

III.- Tal pronunciamiento fue apelado por la obra social, quien expresó agravios a fs. 273/274 vta., los que no merecieron respuesta de la contraria.

La demandada cuestiona lo resuelto por el a quo por considerar que aplicó erróneamente la ley 26.682. Ello así, pues entiende que el sentenciante omitió ponderar la facultad que le otorga el art. 9 de la mencionada norma, que autoriza la rescisión del contrato en caso de falsedad de la declaración jurada. Manifiesta que su parte no ha rechazado la solicitud de afiliación de los actores, sino que los ha dado de baja por haber admitido los antecedentes de droga dependencia.

IV.- Ahora bien, surge del examen de las actuaciones que en mayo de 2006 J. C. suscribió el formulario de solicitud de ingreso a Accord Salud -el plan privado de Unión Personal- junto con la declaración jurada de enfermedades (ver fs. 100 y 101), oportunidad en la cual declaró no tener enfermedades ni internaciones ni cirugías previas ningún miembro de su grupo familiar. En lo que aquí interesa, respondió negativamente a la siguiente consigna "Marque con una cruz en cada casillero, si padece o ha padecido las siguientes enfermedades y/o estados anormales.Droga dependencia u otra toxicomanía". Luego, a la pregunta ¿Ha tenido internaciones?, contestó nuevamente que no.

Empero, de la prueba producida resulta que el hijo del actor registra antecedentes de consumo de sustancias desde los 15 años y un tratamiento de rehabilitación previa a su ingreso al sistema de la Obra Social de la Unión Personal (ver informe del médico psiquiatra de Proyecto U.N.O. a fs. 187 y fotocopia de la Historia Clínica de Estaban D. C., fs. 205 y vta., emitida por el licenciado en psicología D. Paleari, del Centro Médico Nomed S.A.).

Los elementos detallados -a los que cabe estar en tanto no han recibido cuestionamientos ni objeciones de ningún tipo, confr. art. 386 del Código Procesal-, avalan la posición de la accionada en la medida en que demuestran que al tiempo en que se incorporó al sistema de salud demandada, J. C. -padre de D. Esteban C.- no ignoraba la adicción a los estupefacientes de su hijo, o cuanto menos, en términos de razonabilidad, no ignoraba que había participado de programas de rehabilitación por adicciones o toxicomanías, ello de acuerdo a lo que surge de los datos asentados en el informe de fs. 187/188 y la historia clínica adjuntada a fs. 204/205.

La valoración armónica de los documentos que integran el acuerdo al que se sujetaron las partes (solicitud de ingreso, declaración jurada de enfermedades y reglamento general de contratación de la demandada), evidencia que la declaración de las patologías preexistentes -y en concreto, el haber participado de programas de rehabilitación por adicciones o toxicomanías-, era un aspecto relevante de las obligaciones asumidas por el adherente (ver fs. 101 y fs. 118/119, puntos 1.6 y 1.10). De ahí que el silencio del interesado en esta cuestión de singular importancia no lo favorece, pues la regla in dubio pro consumidor que consagra el régimen legal de defensa y protección de los consumidores, ley 24.240 -aplicable al contrato de medicina prepaga (arts.2, 3 y 37)-, no puede interpretarse de modo que en el caso y por sus particularidades, signifique un desconocimiento de los principios generales del derecho.

En ese orden, es pertinente recordar que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que las partes verosímilmente entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión (art. 1198, primera parte, del Código Civil). Este principio cardinal de la buena fe que informa y fundamenta todo nuestro ordenamiento jurídico, tanto público como privado (CSJN doctr. Fallos 312:1725; 330:1649), resultaría vulnerado si se avalase la conducta del accionante, quien concurrió a celebrar un contrato de medicina prepaga y omitió declarar un aspecto relevante, puntual y claramente definido acerca de la historia de salud de su hijo, con entidad suficiente como para variar las condiciones del arreglo, y que -a tenor de la prueba producida-, no podía ignorar.

V.- Por las consideraciones reseñadas, se impone concluir que no hay mérito para admitir las demandas por el cobro de las facturas que se reclaman en ambas actuaciones por la internación de D. Esteban C. en la institución "Proyecto U.N.O.", desde que ha quedado demostrado que la decisión de la accionada de resolver el contrato por falseamiento de la declaración jurada de salud (confr. carta documento de fs. 35) no ha sido, en el caso, arbitraria ni abusiva, sino el ejercicio regular de la facultad resolutoria que surge del propio acuerdo y de la ley (art. 1204 del Código Civil).

Este temperamento, por lo demás, concuerda con el que rige en el actual marco regulatorio de la medicina prepaga (ley 26.682, BO 17-5-11), presidido por la idea de proteger a la parte más débil de la relación contractual, que autoriza a las empresas a rescindir el contrato con el usuario cuando haya falseado la declaración jurada (art.9). La reglamentación requiere que para que la entidad pueda resolver con justa causa el contrato, deberá acreditarse que el usuario no obró de buena fe en los términos del art. 1198 del Código Civil (art. 9, apartado 2 b, del anexo del decreto 1993/11).

Por último, importa puntualizar que no ignoro la compleja problemática que padece el interesado, en tanto es sabido que la drogadicción es uno de los mayores flagelos para la salud que soportan los habitantes del siglo XXI (confr. Sala III, causa 12.495/08 del 11-10-12), de ahí que el Estado Nacional haya diseñado diversas herramientas en orden a su tratamiento (v. gr. el Programa Terapéutico Básico para el Tratamiento de la Drogadicción previsto en la ley 24.455 y su decreto reglamentario 580/95), sin embargo, la decisión que toca adoptar en este ámbito debe estar necesariamente fundada en la ley (arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional y 163, inc. 5 del Código Procesal), y ello conduce en este caso, por las razones desarrolladas, al rechazo de las demandas deducidas.

VI.- En base a lo expuesto, propongo: admitir el recurso de la Obra Social Unión Personal de la Unión Personal y por ende, revocar la sentencia apelada, rechazando las demandas entabladas por J. D. C. -por sí y en representación de su hijo-, causas n° 11432/07 y n° 1955/09, dirigidas a obtener los reintegros por los gastos de tratamiento de rehabilitación de D. Esteban C., con costas de ambas instancias por su orden, en atención a la índole del derecho en juego y las particularidades del caso (arts. 70, 2do. párr., del Código Procesal, DJA).

La Doctora Graciela Medina dijo:

I.- En estos procesos acumulados, la sentencia única pronunciada a fs. 252/257 de la causa n°11432 hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por J. D. C., por sí y en representación de su hijo D. Esteban C.contra la OBRA SOCIAL DE LA UNIÓN PERSONAL -en adelante, la obra social- condenándola al pago de las sumas de $14.500 y $21.900 en concepto de reintegro de los gastos médicos de rehabilitación, con más sus intereses. Asimismo, dispuso que las costas se distribuyeran por su orden.

Para arribar a esa decisión, el "a quo" consideró que se encontraba acreditada la afiliación del actor y su grupo familiar, como así también que el vínculo se extendió desde el mes de mayo de 2006 hasta mayo de 2007, momento en que la demandada decidió darlo de baja, invocando falseamiento de la declaración jurada de antecedentes de salud. Asimismo, el sentenciante puntualizó que, de acuerdo a la declaración jurada obrante a fs. 101, el actor omitió informar que su hijo D. C. tenía antecedentes toxicológicos desde los qu ince años y que, con motivo de ello, había realizado tratamientos de rehabilitación. Sin embargo, ponderó que la sanción posterior a los hechos de la Ley N°26.682, constituyó una circunstancia sobreviniente con entidad suficiente para proyectar influencia en la decisión de la controversia. En ese sentido, entendió que, de conformidad con dicha normativa, la existencia de enfermedades preexistentes de quien aspire a contratar un plan de cobertura, no puede ser criterio de rechazo de admisión de los usuarios. Por ello, y siendo que actualmente la obra social no podría rechazar una solicitud de afiliación del actor y su grupo familiar, concluyó que la parte se encontraba obligada a afrontar los gastos del tratamiento, que debieron ser soportados por el accionante con motivo de la desafiliación. Por tal motivo, hizo lugar a la pretensión deducida respecto a los reintegros solicitados en ambas causas. Por otra parte, desestimó lo relativo al rubro daño moral, en tanto consideró que aquél no se encontraba acreditado.

II.- Dicha decisión fue apelada por la demandada vencida a fs. 264 de la causa n°11.432/07. La obra social expuso sus agravios a fs.273/274, los que, en sustancia, se basan en: a) Yerra el sentenciante al resolver la cuestión planteada aplicando para ello lo dispuesto en la Ley N°26.682, que fuera sancionada varios años después de los hechos que originaron la presente demanda; b) El "a quo" debió considerar que se trata de un supuesto de rescisión contractual por falseamiento en la declaración jurada y que, el propio artículo 9 de la citada norma contempla aquella posibilidad; c) El falseamiento en la información, conocido por el actor y omitido en oportunidad de solicitar su ingreso, genera un grave vicio en el consentimiento y en la voluntad que anula el acto. De este modo, existe un indiscutible dolo que origina la nulidad del negocio jurídico celebrado; d) Las costas del proceso deben ser impuestas al demandante, en virtud de lo dispuesto por el artículo 68 del C.P.C.C.

Estos agravios no merecieron réplica alguna por parte del demandante.

Por su parte, el Sr. C. interpuso los recursos de apelación obrantes a fs. 265 de la causa n°11.432/07 y a fs. 159 de la causa n°1955/09. Sin embargo, pese a encontrarse debidamente notificado a fs. 272, no cumplió con la carga impuesta por el art. 259 del Código Procesal, originando esto la deserción de su recurso conforme lo dispuesto en la providencia de fs. 276.

III.- Corresponde recordar, que las meras discrepancias o disconformidades con el criterio del Juez, sin fundamentar de manera adecuada la oposición o dar base a un distinto punto de vista, no constituyen técnicamente una expresión de agravios en los términos del art. 265 del Código Procesal, debiendo en tales casos, declararse desierto el recurso (conf. esta Sala, causa "Magnarelli" del 19.11.10).

Además, la finalidad de la actividad recursiva consiste en demostrar el desacierto de la resolución que se ataca y los motivos que se tienen para considerarla errónea.Y como dicha suficiencia se relaciona a su vez, con la necesidad de argumentaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre supuestos errores incurridos en la sentencia, son inadmisibles las quejas planteadas que sólo comportan la expresión de un mero desacuerdo con lo resuelto (conf. Sala I, causa n° 1250/00 del 14.02.06).

IV.- Tal es lo que ocurre con el libelo de fs. 273/274 en el que la recurrente se limita a esbozar argumentos insustanciales con el fin de que se revoque la sentencia de grado. Nótese en primer término, que la accionada reprocha al "a quo", en breves párrafos (fs. 273/273vta.), el haber fundado su veredicto en la Ley N°26.682, la cual no se encontraba vigente al momento en que se desvinculo al accionante de la obra social. Sin embargo, luego justifica la rescisión del contrato que lo unía con el afiliado y su grupo familiar, con sustento en el artículo 9 de dicha normativa. De este modo, la apelante incurre en un evidente contrasentido, en la medida que cuestiona la aplicación en el sub lite de la referida ley y, posteriormente, se vale de lo allí dispuesto en el sentido que autoriza la rescisión contractual cuando un usuario haya falseado la declaración jurada, para darle así un marco jurídico a su defensa.

Por otra parte, es válido resaltar que tampoco llega a comprenderse los alcances del cuestionamiento que la apelante vuelca en esta instancia. En ese sentido, luego de manifestar que se trata de un supuesto de rescisión contractual, introduce el instituto de la nulidad del negocio jurídico fundado en un supuesto vicio en su voluntad (v. fs. 273vta.).

Sobre este punto, creo necesario formular algunas aclaraciones, para que se comprenda el porqué dichas alegaciones no pueden ser atendidas por el Tribunal para revisar lo resuelto en la anterior instancia.En primer término, debo recordar que el artículo 1058bis del Código Velezano -retomado con alguna variación por el artículo 383 del nuevo Código Civil y Comercial-, prescribía que "la nulidad o anulabilidad, sea absoluta o relativa, puede oponerse por vía de acción o de excepción". De este modo, si la obra social consideraba que el Sr. C. actuó de forma dolosa al momento de la celebración del acto jurídico ahora impugnado, debió formular las peticiones conducentes y acreditar sus dichos en la anterior instancia, observando lo dispuesto en materia de excepciones en el Código de rito. Sin desconocer las manifestaciones genéricas efectuadas por la accionada en el escrito de responde de la demanda (v. fs. 132vta.), lo cierto es que no se introdujo planteo alguno de conformidad con lo normado por los artículos 346, 347 y 350 del Código Procesal para habilitar así su tratamiento en el presente pleito. Dicho de otro modo, si la obra social consideraba que aquel acto se encontraba viciado, debió arbitrar los medios conducentes para así restarle la eficacia jurídica al acuerdo celebrado. Y es que, mal puede aquella parte pretender quitarle los efectos propios al acto jurídico cuya validez no ha sido cuestionada de acuerdo a lo que el propio ordenamiento prescribe al respecto. En virtud de ello, las manifestaciones vertidas por la recurrente para peticionar la revocación de la sentencia, podrían implicar una introducción tardía de una excepción no incorporada, ni menos aún sustanciada, en oportunidad procesal pertinente. Ello bastaría, para que el Tribunal rechace aquel extremo en orden a lo dispuesto por el artículo 271 del Código Procesal.

Por otra parte, no puedo dejar de advertir la evidente contradicción en la fundamentación propuesta en el escrito obrante a fs. 273/274, la cual adolece de claridad para determinar cuál es la defensa que, en concreto, plantea la obra social.Tal es así, que quien se vale en primer término de una rescisión contractual y luego justifica su proceder en un acto nulo, afectado por un vicio en su génesis, parece desconocer que, entre otras cosas, se trata de institutos disimiles del derecho de fondo. En consecuencia, sus efectos variaran de acuerdo a la configuración de uno u otro supuesto de ineficacia del acto celebrado.

De lo expuesto se colige, que la manifiesta contradicción desde un enfoque jurídico de la cuestión en la que incurre el apelante, obstaculiza todo tipo de revisión en esta instancia. A lo que agrego, que los relatos fácticos a los que hace referencia a fs. 273 vta. -último párrafo-, siquiera se corresponden con las constancias de autos. En ese sentido, la quejosa manifiesta que "en el caso del actor y teniendo en cuenta que la misma no puede aducir no haber tenido conocimiento de su embarazo" (el subrayado me pertenece), cuando en rigor de verdad se imputó al demandante no haber informado los antecedentes toxicológicos de su hijo Diego.

Por último, la circunstancia de que la obra social no hubiera cuestionado en su expresión de agravios el hecho apuntado en la contestación de demanda, en cuanto a que la Institución Proyecto Uno a la que concurrió el afiliado, no figura entre su red de prestadores, impide a esta Alzada revisar lo resuelto, incluso desde este enfoque de la cuestión.

V.- Por lo expuesto, voto por declarar desierto el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia apelada. Las costas de ambas instancias deberán ser soportadas por la demandada en su calidad de vencida, pues no encuentro motivo para apartarme del principio objetivo de la derrota (art. 68 del Código Procesal).

El doctor Alfredo Silverio Gusman, por razones análogas a las expuestas por la doctora Graciela Medina, adhiere a su voto.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala RESUELVE: declarar desierto el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia apelada. Las costas de ambas instancias deberán ser soportadas por la demandada en su calidad de vencida, pues no encuentro motivo para apartarme del principio objetivo de la derrota (art. 68 del Código Procesal).

Regístrese, notifíquese y pasen los autos a resolver honorarios.

RICARDO VÍCTOR GUARINONI

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

GRACIELA MEDINA

Fuente: Microjuris

Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.

jueves, 14 de septiembre de 2017

Cambios en Salud: se oficializa el nuevo funcionario que manejará los fondos de obras sociales

El gobierno oficializó hoy el nombramiento de Sandro Taricco al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), entidad que controla los 30 mil millones de pesos de la seguridad social. Reemplazará a Luis Scervino, cercano a los gremios de la CGT, que salió de su cargo por la escalada de tensión entre las partes. 

En su pelea con los gremios, el gobierno nacional decidió cambiar al superintendente de Servicios de Salud, que hasta hace unos días estaba en manos de un hombre cercano a la CGT. Pero luego de la marcha de fines de agosto, ese cargo quedó vacante, hasta que en estas horas se oficializó la llegada de Sandro Taricco a esta dependencia, que tiene como una de sus principales tareas controlar los fondos de la seguridad social. Su llegada es entendida como un freno a las aspiraciones de los sindicatos de controlar esos fondos, que superan los 30 mil millones de pesos. Su llegada al gobierno profundizó la pelea entre las partes, y entre otras cosas dejó en suspenso el lanzamiento de la Cobertura Universal del salud (CUS), cuyos 8 mil millones de pesos iniciales salen de estos fondos.

Mediante el decreto 717/2017, publicado hoy miércoles en el Boletín Oficial, el gobierno nacional designó a Taricco al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), en reemplazo de Luis Scervino, hombre de la CGT que fue eyectado del gobierno luego de la escalada de tensión de las partes. El nombramiento de Taricco, quien es contador público y hasta el momento se desempeñaba como gerente general del ente que regula y controla a las obras sociales, fue dispuesto como parte de esta pelea.

En los hechos, el ahora superintendente de Servicios de Salud se encontraba al frente del organismo tras el desplazamiento de Scervino, producido hace 21 días tras la protesta cegetista a Plaza de Mayo, al igual que la salida del gabinete del viceministro de Trabajo Ezequiel Sabor. La Superintendencia de Servicios de Salud maneja un presupuesto de 7 mil millones de pesos y coordina la devolución de los 29 mil millones retenidos por el gobierno a las cajas del Banco Nación.               

Fuente: Mirada Profesional