martes, 31 de octubre de 2017

Mauricio Macri le pidió la renuncia al ministro de Salud, Jorge Lemus

La decisión la tomó el Presidente. Había disconformidad con su gestión. Su lugar lo ocupará quien era hasta ahora su número dos.

Mauricio Macri le pidió la renuncia al ministro de Salud, Jorge Lemus“No, no hay previsto cambios, esta semana”. La respuesta del jefe de Gabinete Marcos Peña en el búnker de Costa Salguero pasó desapercibida. Sólo para los más detallistas, que advirtieron que aclaró “por esta semana” y aventuraron que allí encontró la manera para evitar un anticipo rimbombante y, al mismo tiempo, tener que mentir.

Con todo, hoy el Presidente le pidió la renuncia al ministro de Salud Jorge Lemus. Así lo confirmaron a Clarín altas fuentes oficiales, que precisaron que la misma se hará efectiva tras un viaje que el ministro tiene previsto hacer luego del 20 de noviembre, cuando el funcionario regrese de un viaje a Europa.

Se trata de la salida elegante para un hombre por el que Mauricio Macri guarda un profundo agradecimiento, desde lo profesional, por haberlo acompañado tantos años en la Ciudad; y en lo personal, por haberle salvado la vida cuando le sacó el bigote postizo que se tragó -y le impedía respirar- en su fiesta de casamiento.

Pero ya desde el año pasado en el Gobierno no ocultaban su disconformidad con la gestión de Lemus. Incluso, el jefe de Gabinete puso como vices a Adolfo Rubinstein y Andrés Scarsi, un hombre de su confianza, para intentar apuntalarlo. Pero Scarsi debió partir a Provincia, convocado por María Eugenia Vidal, y nuevamente la gestión se resintió.

Ahora, en lugar de Lemus asumirá Rubinstein, actual vice de la cartera que ingresó al Gobierno impulsado por el líder radical Ernesto Sanz.

Lemus ya se lo comunicó a sus colaboradores. “Me pidieron la renuncia”, se lamentó en la intimidad.

Fuente: Clarín

lunes, 30 de octubre de 2017

Advierten que podría perder estado parlamentario la nueva ley de VIH

El proyecto había obtenido dictamen favorable de la Comisión de Salud de Diputados, pero quedó frenado en la de Legislación General. Si no es tratado antes de fin de año, alertaron los activistas, “habría que recomenzar de cero”.

La norma actual, de los 90, quedó desactualizada.Las ONG que trabajan en los temas de salud, especialmente con las enfermedades de transmisión sexual (ETS), nucleadas en el Frente por la Salud de Personas con VIH, advirtieron que el país necesita actualizar la ley que rige y garantiza tratamientos en estos casos, porque la normativa vigente data de los años 90 y no contempla los aspectos sociales y laborales de la enfermedad ni tampoco a las hepatitis virales. “Es urgente  contar con una nueva ley que tenga enfoque integral y perspectiva de derechos humanos y necesitamos el compromiso de nuestros representantes en el Congreso para lograrlo”, expresó Lorena Di Giano, directora ejecutiva de Fundación GEP (Grupo Efecto Positivo). En Argentina aproximadamente 126.000 personas viven con VIH y 800.000, con hepatitis C.

La ley vigente actualmente es la 23.798. Sancionada en la década del 90, en su momento fue innovadora y eficaz, pero ahora –aseguran los integrantes del Frente, es obsoleta e insuficiente.

El 13 de junio, la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable a un proyecto presentado por las organizaciones, pero desde entonces el texto quedó frenado y a la espera de tratamiento en la Comisión de Legislación General. En caso de que no sea tratado antes de fin de año, advirtieron los activistas del Frente, podría perder estado parlamentario y volver a foja cero.

El proyecto presentado (N° E6139-D-16) es una reforma de la ley existente y fue trabajado y consensuado durante más de tres años por redes y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en VIH y hepatitis, instituciones de la sociedad científica, organismos internacionales y de actuación estatal nacional y provincial.

Uno de los avances de ese texto con respecto a la ley vigente es que  incorpora garantías para la prevención y tratamiento de las hepatitis virales y las ETS. Actualmente, las hepatitis no cuentan con marco normativo; hay faltantes de medicamentos para hepatitis C y 500 personas están en lista de espera para acceder a la cura. Además, el proyecto contempla los aspectos sociales de las enfermedades con perspectiva de derechos humanos; contempla a niños y niñas, adolescentes y jóvenes nacidos con VIH; prevé la conformación de un observatorio contra el estigma que aún afecta a las personas con VIH y su entorno; y establece, también, sanciones ante la discriminación en el acceso al empleo.

“Una de las cosas importantes de modificar la ley vigente es que incluye la lucha contra las ETS y las hepatitis virales dentro de la declaración de interés nacional. Esta declaración obliga al Estado a tener stock y a entregar los medicamentos y los insumos necesarios para el tratamiento de estas enfermedades. En este momento hay personas en período terminal por hepatitis C y los medicamentos están faltando. El problema es que son carísimos. Desde el 2014 hay cura para esta enfermedad, pero cuesta a razón de mil dólares la pastilla”, detalló José María Di Bello, secretario del GEP.

Di Bello señaló que, desde el 13 de junio, cuando la Comisión de Salud dio dictamen favorable al proyecto, los activistas esperaron “la reunión conjunta de comisiones para que pueda acceder al recinto”. “Pero cajonean todas las leyes que propendan a la mejor atención y al acceso. Incluso pedimos una reunión con Jefatura de Gabinete. Nos la dieron, y después la pospusieron para después de las elecciones”, añadió.

“Exigimos que la Comisión de Legislación General y la Comisión de Presupuesto y Hacienda convoquen a una reunión conjunta para darle tratamiento y dictamen al proyecto en el que las organizaciones de afectados hemos venido trabajando consensuadamente hace más de tres años, a fin de llegar a tiempo al recinto y que no pierda estado parlamentario. Ya tenemos el compromiso del presidente de la Comisión de Legislación General, el diputado Daniel Lipovetzky. Estamos esperando que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado Luciano Laspina, acepte realizar esta reunión conjunta de comisiones. Mientras tanto en Argentina hay personas que en fases avanzadas de hepatitis C esperan un tratamiento que no llega y se les va la vida”, insiste Di Bello.

Todos los años, la ONU destaca la necesidad de controlar la estigmatización y la discriminación de las personas con VIH y otras ETS como un aspecto fundamental para mejorar la calidad de vida. En este sentido, el conjunto de organizaciones que desarrolló este proyecto de modificación a la Ley 23.798 hizo hincapié en la prohibición de tests obligatorios en el ámbito laboral, de educación y sanitario.

“Si tenemos en cuenta que en la Argentina el 30 por ciento de los infectados con el VIH y el 70 por ciento de los que tienen el virus de la hepatitis C desconocen su situación, queda clara la necesidad de la prevención y la protección de estas personas. Por eso además el proyecto incluye la protección de niños y adolescentes con estos virus y avanza en los aspectos sociales de esta protección”, concluyó Di Bello.

Fuente: Página 12

jueves, 26 de octubre de 2017

La ANMAT reformula el Instituto Nacional de Alimentos para mejorar los controles

La agencia reguladora anunció que creará la denominada Red Federal de Laboratorios de Alimentos, que reemplazará la estructura actual, y que coordinará el trabajo de laboratorios públicos, universidades y otras entidades para mejorar la calidad de los productos que circulan en el mercado local.

El actual Instituto Nacional de Alimentos es parte de la estructura de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y forma con otros institutos y direcciones la línea de control de los productos que circulan en el país. Creado en la década del 90, “realiza tareas de vigilancia de los productos de su competencia y da respuesta a las inquietudes y reclamos recibidos, elabora recomendaciones y emite alertas sanitarios ante situaciones de riesgo motivadas por productos o procedimientos potencialmente peligrosos”, según la página web de la agencia reguladora. A partir de ahora, su estructura se transformará, y comenzará a funcionar como una red que nuclee los esfuerzos de los principales laboratorios públicos del país, que hacen tareas similares. El anuncio cuenta con el aval de las empresas del sector, y se hace bajo una misión final, según las autoridades: mejorar los controles de calidad.

La creación de la denominada la Red Federal de Laboratorios de Alimentos fue anunciada por el titular de la ANMAT, Carlos Chiale, y el jefe de gabinete del Ministerio de Salud, Enrique Chiantore. Juntos, le presentaron los planeas futuros en materia de control de medicamentos a los integrantes de las autoridades de la Coordinadora de las Industrias Alimenticias (COPAL), la Cámara de Importadores de la República Argentina y la Asociación de Supermercados Unidos.

"Estas reformas se inscriben en el marco de otras que viene realizando el ministerio de Salud y la ANMAT y que tienen que ver con los paradigmas que ha fijado el presidente (Mauricio) Macri, tendientes a desburocratizar y modernizar la administración pública, poniendo en el centro al ciudadano", dijo en la presentación Chiantore. Además, afirmó que "nuestro rol regulador en la industria de la alimentación se rige por una meta que nos ha fijado el Presidente y es que la Argentina tiene que ser el supermercado del mundo, entonces las regulaciones tienen que ser amigables en torno de este objetivo".

“Esta modernización implica que el ciudadano tenga mayor acceso a los trámites y que los controles sigan siendo serios y eficientes”, indicó por su parte Chiale, titular de la ANMAT, quien agregó que “nuestro rol regulador en la industria de la alimentación se rige por una meta que nos ha fijado el Presidente y es que la Argentina tiene que ser el supermercado del mundo, entonces las regulaciones tienen que ser amigables en torno de este objetivo”. Antes, Chiale explicó que la novedad de esta red es que desde ahora estará constituida por los laboratorios oficialmente autorizados dependientes de los organismos centralizados o descentralizados del Estado Nacional, Provincial o Municipal, de las universidades estatales o privadas y por laboratorios propiedad de personas humanas o jurídicas. Esta Red permitirá contar con laboratorios acreditados y que posean planes de control adecuados en toda la cadena de producción y asegurar estándares de reconocimiento y de equivalencias entre sistemas de control de otros países por contar con laboratorios que se hallen acreditados según norma ISO/IEC 17.025 como recomienda la Comisión del Codex Alimentarius.

Este Plan tiene como objetivos: promover la articulación e integración de acciones y programas aplicados por las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de garantizar el desarrollo de políticas públicas con mayor grado de eficiencia, eficacia y calidad, garantizando la protección de la salud de la población; desarrollar, armonizar y vincular los programas de control oficial en el ámbito de los productos de su competencia, en conformidad con lo establecido en el Código Alimentario Argentino y sus decretos reglamentarios; reducir los riesgos presentes en los alimentos que podrían amenazar a la salud de la población a niveles razonablemente posibles y aceptables y; garantizar la obtención de un elevado nivel de calidad alimentaria de los productos argentinos.      

Fuente: Mirada Profesional 

miércoles, 25 de octubre de 2017

VPH: sólo tres de cada diez varones de 11 años se vacunaron

La vacuna es gratuita y obligatoria desde enero para todos los que cumplan esa edad. También se debe mejorar la cobertura en nenas, ya que el 40% no completa el esquema.

A los 11 años, después de un buen tiempo sin pinchazos, los chicos tienen que volver a poner el brazo. Una de las vacunas que se les debe aplicar es la que protege contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), que desde 2011 se da en forma gratuita y obligatoria en hospitales y centros públicos de salud a todas las niñas nacidas a partir de 2000 que cumplan esa edad. La estrategia se amplió este año a los varones nacidos a partir de 2006, pero en el arranque los números están lejos de ser óptimos: sólo tres de cada diez nenes cumplieron con la primera dosis, de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud. Y en las nenas tampoco se logra el objetivo de cobertura.

Para pasarlo en limpio: si su hija tiene entre 11 y 16 años tiene que iniciar o completar el esquema de vacunación contra el VPH, al igual que si su hijo cumple 11 a partir de enero de este año. Son dos dosis separadas al menos por seis meses si la primera aplicación se da antes de los 14, sino se requiere una tercera. La vacuna también está disponible para quienes tengan entre 11 y 26 años que vivan con VIH o hayan sido trasplantados. Eso es lo que indica el Calendario Nacional. Sin embargo, en lo que va de 2017, en el ámbito público se aplicaron la primera dosis el 28,8% de los varones que deberían vacunarse (103.435 nenes) y el 46,6% de las nenas (163.368), según datos aportados por la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI) a Clarín. No obstante, aclararon que no se trata de números definitivos, dado que las provincias tienen margen para cargar sus registros hasta fin de año.

“Es muy bajo”, dice Eduardo López, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica (Sadip), sobre el número de varones que empezaron a vacunarse. “Desde el punto de vista de la salud pública, estas cifras no generan impacto, sólo impacta en los que se vacunaron, pero que requieren la segunda dosis para estar adecuadamente protegidos.”

Argentina fue el tercer país de Latinoamérica (después de Brasil y Panamá) en ampliar la cobertura a varones. Se busca, por un lado, disminuir la mortalidad de mujeres por cáncer de cuello de útero por efecto indirecto y prevenir en los varones otro tipo de afecciones y cánceres asociados al virus, además de contribuir a la equidad de género, ya que tanto mujeres como varones son responsables de la transmisión del virus y se benefician con la inmunización. 


La vacuna incluida en el calendario es la cuadrivalente, que protege contra cuatro tipos del VPH: 16 y 18, que son responsables casi 8 de cada 10 casos de cáncer de cuello de útero, enfermedad que provoca 5.000 nuevos casos y unas 2.000 muertes anuales en el país; además de 6 y 11, causantes del 90% de las verrugas genitales. Se transmite por vía sexual y también puede provocar cáncer anal, de pene y orofaríngeo. Se contagia a través de las mucosas, por lo que el preservativo ofrece una protección parcial. En Argentina, 1,4 varones cada 100 mil desarrolla cáncer de pene al año. El mismo porcentaje aplica para el de orofaringe, asociado en la mayoría de los casos al tabaco y al alcohol, pero también vinculado a infecciones por VPH, que se encuentran en aumento por la ampliación de la práctica de sexo oral sin protección. En cáncer anal, pese a que su incidencia es más alta en mujeres, la detección en hombres también está en ascenso y se diagnostican entre 0,2 y 0,7 casos anuales cada 100 mil.

“Es fundamental que tanto varones como nenas tengan las dosis aplicadas porque sin la segunda no hay cobertura”, advierten desde el Ministerio. La DiCEI informó que, en lo que va de 2017, 57.119 nenas completaron el esquema, lo que se traduce en una cobertura del 16,3%. En niños, dado que se necesitan al menos seis meses entre una y otra aplicación, todavía son muy pocos los que recibieron las dos.

La cobertura de vacunación en 2016 -sólo estaban contempladas las nenas- teniendo en cuenta primera y última dosis fue del 85% y 57%, respectivamente. “Si hay más de un 40% que no recibe la segunda dosis hay una falsa seguridad de protección”, alerta López. “En el caso del VPH, la Organización Mundial de la Salud recomienda sostener coberturas de vacunación del esquema completo superiores al 60% para lograr la inmunidad de rebaño, es decir, para que quienes no están vacunados reciban el beneficio indirecto de quienes sí lo están. Desde su incorporación al Calendario de Vacunación en 2011, no se logró el objetivo en mujeres”, apunta en ese sentido Carla Vizzotti, miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), consultora para el Análisis de Estrategias Sanitarias de Fundación Huésped y ex funcionaria de la Dirección de Enfermedades Inmunoprevenibles. “Según nuestros registros, la vacuna se la da el 50% de los chicos que deberían aplicársela”, dice Romina Gigliotti, presidenta de Vacunar, que ofrece un panorama de lo que ocurre en el sector privado. 

Un aspecto positivo es que no hay un intervalo máximo para completar el esquema, por lo que la segunda dosis es efectiva incluso si se la aplica en forma tardía.

Para el presidente de la Sadip, se debe visibilizar el tema como una necesidad de salud pública. “Hay que implementar un verdadero programa para adolescentes, sostener campañas en los colegios y en los lugares que los nuclean (clubes, por ejemplo), e incorporar en sexto grado el tema de la importancia de las enfermedades prevenibles por vacunas. Desde el Estado no hay propaganda sostenida en el tiempo para este tema y los programas son demasiado federales, por lo que la responsabilidad recae en municipios y provincias”. El infectólogo trae un caso de éxito: en el partido bonaerense de General Viamonte se logró una cobertura del 91% gracias a jornadas de vacunación en las escuelas.

A los 11 años también se deben aplicar otras vacunas del calendario: triple bacteriana acelular (contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa), meningococo cuadrivalente (incluida para esta edad a partir de 2017) y recupero de esquemas de las vacunas contra la hepatitis B y triple viral (contra el sarampión, la rubéola y las paperas). Están disponibles en forma gratuita en hospitales y centros públicos de todo el país.

Fuente: Clarín

lunes, 23 de octubre de 2017

Monotributistas con cobertura de salud

La Obra Social del Choferes de Camiones deberá afrontar una multa por no brindar cobertura a un beneficiario que había solicitado su afiliación en carácter de monotributista. Los jueces resaltaron que la recurrente se negó a afiliar, aunque “los aportes fueron efectivamente transferidos”.

Resultado de imagen para cobertura de saludLa Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una multa interpuesta por la Superintendente de Servicios de Salud contra la Obra Social del Choferes de Camiones por no brindar cobertura a un beneficiario que había solicitado su afiliación en carácter de monotributista.

En 2015, el Superintendente de Servicios de Salud le impuso a la Obra Social del Choferes de Camiones (OSCHOCA) una multa de 180 mil pesos, equivalente a 42 veces el monto del haber mínimo de jubilación ordinaria establecido en el Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones para trabajadores en relación de dependencia.

De este modo, consideró que esa obra social había infringido la Ley N° 23.661, al no haber dado cumplimiento a la resolución 1127/12, mediante la cual se la había intimado a dar cobertura en forma inmediata a todas de las prestaciones requeridas por un beneficiario, quien había solicitado su afiliación en carácter de monotributista.

La obra social interpuso un recurso de apelación en los autos "OSCHOCA c/ Superintendencia de Servicios de Salud s/Obras Sociales - Ley 23661 - Art 45”, y así cuestionó el régimen integral establecido por las leyes que regulan la obligación de las obras sociales de afiliar a los monotributistas que opten por alguna de ellas.

También sostuvo que dicha obligación le ocasiona un perjuicio a su patrimonio, y que su negativa a cumplir con la intimación de la autoridad se fundó en la “imposibilidad material de otorgarles cobertura asistencial, debido al desequilibrio financiero que implicaría solventar el costo de las prestaciones que requeriría esa clase de afiliados”.

En este escenario, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal señaló, en primer lugar, que aunque la recurrente se negó a afiliar al actor “los aportes realizados fueron efectivamente transferidos a la obra social”.

Los jueces consideraron, además, que la argumentación de que la obligación de afiliar a los monotributistas le ocasiona un perjuicio económico en razón de que valor de los aportes individuales realizados por ellos es menor que el que realizan los trabajadores afiliados “tiene carácter genérico”.

“Si bien puede constituir un motivo para solicitar la modificación del régimen legal vigente, no es suficiente para eximir a la obra social de la sanción aplicada en virtud de la infracción cometida”, concluyó el tribunal.

Fuente: Diario Judicial - Fallo completo

Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.

miércoles, 18 de octubre de 2017

Aumenta la capacitación en RCP en las escuelas, pero falta reglamentar una ley clave

La norma que exige desfibriladores en lugares públicos se sancionó en 2015, pero no se aplica.

Aumenta la capacitación en RCP en las escuelas, pero falta reglamentar una ley claveCuando tenía 18 años y estaba a punto de obtener el registro profesional para conducir, Diego Cioffa pensó que aprender primeros auxilios sería una buena herramienta en caso de tener que ayudar a alguien en la calle. El sábado, a los 43, Diego salvó la vida de Mailén gracias a las maniobras de RCP que aprendió hace un cuarto de siglo. Como él, en los últimos años miles de personas se han capacitado en primeros auxilios y en reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, una ley sancionada en julio de 2015 -la ley 27.159- cuyo objetivo es “regular un sistema de prevención integral de eventos por muerte súbita en espacios públicos y privados de acceso público” sigue sin reglamentar y no está vigente.

“La formación en primeros auxilios y RCP va creciendo, pero especialmente a instancias de la población civil. El Estado se ocupó, a través de una ley de 2012, de que en las escuelas hubiera capacitación para docentes y alumnos. Pero todavía falta, ya que la ley que aún no reglamentaron implica nada menos que en los espacios de gran concurrencia tenga que haber sí o sí un desfibrilador bien señalizado y alguien capacitado para usarlo que a la vez tenga conocimientos de RCP de la mejor calidad”, explica Jorge Bombau, médico y padre de Beltrán, que a los 14 años padeció muerte súbita mientras participaba de una competencia deportiva del colegio Palermo Chico en el Club de Amigos. Ese episodio convirtió a Jorge en un activista en favor de la instalación de desfibriladores y de la capacitación en RCP y primeros auxilios.

Consultadas por Clarín, fuentes del Ministerio de Salud de la Nación no pudieron responder por qué la ley 27.159 aún no fue reglamentada. A la vez, aseguraron que distintas direcciones de esa cartera trabajan en la puesta en marcha de la ley: son la de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles, la de Regulación Sanitaria y Calidad en Servicio de Salud, y la de Emergencia Sanitaria, entre otras. Antes de fin de año podría esperarse la reglamentación, arriesgaron las fuentes.

Sólo durante 2015, y a través de la ley 26.835 cuyo objetivo es que se enseñe RCP en las escuelas secundarias, se logró que 284.376 docentes y alumnos recibieran instrucciones para practicar ese tipo de reanimación. “Pero aunque creció el interés del ciudadano común por aprender, todavía hay que presionar para que el Estado ponga en marcha esto: el gobierno de la Ciudad no ofrece cursos gratuitos de RCP para la población en general. Somos argentinos y tomamos la muerte súbita como algo natural, que no se puede combatir: hay 40.000 de esas muertes por año y se puede hacer mucho por evitarlas”, sostiene Bombau.

El crecimiento de ese interés por aprender a salvar la vida de otros se refleja en las estadísticas de las instituciones privadas que ofrecen cursos de RCP y primeros auxilios. Uno de ellos, Reanimar, capacitó a 800 personas en 2013. En 2016, ese cifra fue de 7.900 personas, y en lo que va del año el número de personas que tomaron el curso ya se duplicó: fueron 16.350 interesados. “El 80% de quienes vienen son mujeres, sobre todo de entre 20 y 40 años. Creemos que es porque están especialmente interesadas en saber cómo reanimar a los chicos en caso de que haga falta”, explica Julieta Cartocio, coordinadora de capacitación del lugar.

La ley que aún no se reglamentó establece que quien intenta ayudar en una situación de posible muerte súbita no puede ser luego implicado judicialmente. Las maniobras de RCP practicadas entre los 4 y 6 minutos de ocurrida la falla cardíaca pueden prevenir la muerte cerebral.

Fuente: Clarín

jueves, 12 de octubre de 2017

Tras apelar la medida, quedó en suspenso la multa a 15 clínicas

La sanción fue por más de 22 millones de pesos. La resolución de la Cámara de Comercio de la Nación fue apelada ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. 

A fines de agosto pasado se conoció que la Secretaría de Comercio de la Nación había multado a 15 clínicas salteñas y a la asociación que las nuclea, por "cartelización de precios" contra una empresa de medicina prepaga. Lo cierto es que la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la Provincia de Salta (Aclisasa) apeló la medida y el pago de la multa quedó en suspenso hasta que resuelva la Justicia.

La multa que se le aplicó a las clínicas fue de $22.768.860. Desde la Nación, en tanto, afirmaron que "las sanciones fueron graduadas tomando en cuenta la capacidad patrimonial y financiera de las empresas". Aclisasa recibió una multa de $491.480 y la clínica Santa Clara de Asís, de $3.472.499.

Ante este escenario, Aclisasa realizó presentaciones ante la Secretaría de Comercio de la Nación, que dispuso:

La excepción al depósito del pago previo de la multa, atento a que ello afectaría irreparablemente la situación económica-financiera de las clínicas. Además, envió las actuaciones a la Cámara de Federal de Apelaciones y por esta razón, el pago de la multa quedó en suspenso hasta que haya una sentencia de este fuero judicial.

"Ahora hay que esperar los tiempos de la Justicia. Se giró todo el cuerpo del expediente a la Cámara y depende de ellos el tiempo que tomen para resolver", le dijo a El Tribuno Matías Ormeño, titular de Aclisasa.

La defensa

En su momento, Aclisasa emitió un comunicado en el que calificó de "improcedentes, ilegítimas, arbitrarias, estólidas y discriminatorias" las penalidades.

La Secretaría de Comercio aplicó la multa por denuncias recibidas entre 2011 y 2013. Según afirmaron, la gente se quejaba porque las clínicas no recibían a los afiliados a la prepaga Swiss Medical. A este punto, desde Aclisasa señalan que "la prepaga imponía el precio de las prestaciones que abona por los servicios de salud, que estaban por debajo de los costos". Y que se negaban a incrementarlo, ante el pedido de las empresas.

"Todo el proceso administrativo partió de una falaz denuncia de Swiss Medical que no estuvo bien investigado. la Secretaría de Comercio tiene un desconocimiento del sistema de salud en la provincia. Esta secretaría no supo leer y hacer las investigaciones para determinar cómo fueron las cosas", dijo Ormeño.

Respecto de la situación actual de las clínicas, Ormeño dijo que no hubo muchos cambios con relación a los últimos años. "Desde 2001 continúa la emergencia sanitaria, lo que es un reflejo fiel de cuál es la situación de todos los prestadores de la salud", aseguró.

Además dijo que el sector no está pasando su mejor momento y que en los últimos 20 años se perdieron casi la mitad de las camas que había en el sector privado. "Hablar de sobreprecios, es desconocer la realidad que se vive. Si habría sobreprecios no hubiésemos perdido tantas camas", afirmó.

La denuncia que se realizó en Salta llevó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a realizar investigaciones sobre este aspecto en distintas provincias argentinas, para ver si las clínicas manejaban precios de referencia.

Fuente: El Tribuno

miércoles, 11 de octubre de 2017

Con una inversión de 100 pesos por paciente se podría mejorar la salud de 800 mil hipertensos

Ayudaría a un 20% de los hipertensos con la presión; son cinco medidas con las que más de 800.000 adultos podrían reducir uno de los principales factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, renales y ACV.

En nuestro país, más de 800.000 hipertensos con la presión sin controlar podrían normalizarla con cinco medidas económicas a cargo de promotores de salud entrenados y una inversión del sistema de salud de unos $ 100 más por mes por paciente de lo que paga hasta ahora. 

En la Argentina, uno de cada tres mayores de 18 años es hipertenso, lo que equivale a 9.261.116 adultos. Un 58% está en tratamiento, lo que quiere decir que hay un 3,9 millones de hipertensos. Según la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (2013), esta enfermedad y, a la vez, factor de riesgo, afecta al 38,5% de los hogares de bajos ingresos y al 29% de las familias con mejores ingreso.

En un estudio sobre casi 2000 pacientes de bajos ingresos, ese enfoque combinado logró que un 20,6% de los participantes con hipertensión disminuyera sus valores de presión a menos de 140-80 mmHg. 

El secreto, de acuerdo con el trabajo publicado por la Journal of the American Medical Association (JAMA), estaría en los cinco componentes de esta estrategia y su aplicación simultánea. "A las enfermedades complejas (como la hipertensión) hay que abordarlas con intervenciones complejas. La combinación de estas medidas produce mayores efectos que la suma de medidas individuales aisladas", asegura Vilma Irazola, coautora del estudio y directora del Departamento de Enfermedades Crónicas del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).

Cómo es el programa

El programa está a cargo de un promotor de salud o agente sanitario entrenado en el control de la presión. Luego de orientar al paciente y su familia en cómo modificar hábitos, tomarse la presión y usar los fármacos indicados, los pacientes reciben gratuitamente un tensiómetro y un pastillero para no saltearse los medicamentos durante la semana.

El promotor los visitará durante una hora cada dos o tres meses para repasar los cambios y, a través de mensajes de texto individualizados, se reforzarán los consejos del promotor y se motivarán los cambios.

Finalmente, está la capacitación online y presencial de los médicos de atención primaria en el manejo de la hipertensión para revisar los registros de la presión de cada paciente que le entregan los promotores y ajustar el tratamiento según sea necesario.

El estudio se hizo en 18 centros de atención primaria de cinco provincias: Buenos Aires, Misiones, Tucumán, Entre Ríos y Corrientes. Participaron 1954 pacientes de bajos ingresos y sin cobertura; 1432 eran hipertensos, tenían 56 años en promedio y ninguno tenía la presión bien controlada, lo que aumentaba el riesgo de complicaciones cardiovasculares y cerebrovasculares. El resto no era hipertenso, lo que le permitió a los investigadores del IECS y de la Universidad de Tulane, de los Estados Unidos, comparar los resultados.

El equipo organizó dos grupos: 743 pacientes usaron la estrategia combinada y 689 pacientes accedieron al tratamiento clínico habitual con antihipertensivos. El primer grupo tenía valores de presión promedio más altos que el segundo (151,7/92,2 y 149,8/90,1 mmHg).

En un año y medio, hasta octubre del año pasado, el trabajo de los promotores resultó más efectivo que el tratamiento convencional, al reducir la presión sistólica (máxima) unos 19,3 mmHg y la presión diastólica (mínima) unos 12,2 mmHg, lo suficiente como para salir de la zona de riesgo con valores más cercanos a los 130-80 mmHg recomendados. La diferencia con el tratamiento habitual fue de 6,6 mmHg para la máxima y de 5,4 mmHg para la mínima.

Al final del estudio, el 20,6% de los hipertensos que había trabajado con los promotores tenía valores normales de presión. "La aplicación a mayor escala de esta intervención, de probada eficacia en países de medianos y bajos ingresos como la Argentina, debería traer aparejada una reducción sustancial de la hipertensión mal controlada y la enfermedad cardiovascular asociada", escriben los autores. Además, para Irazola, "no hay dudas" de que el modelo se podría trasladar a otras enfermedades, como "la diabetes, entre otras efermedades crónicas".

Más de 9 millones de hipertensos en Argentina

En el país, la hipertensión es un problema de salud pública grave: 9.261.116 mayores de 18 años -uno de cada tres adultos- convive con esta enfermedad, que a la vez es un factor de riesgo de complicaciones que producen muerte o discapacidad prematura, como el infarto, el ACV o la insuficiencia renal.

Pero sólo un 58% recibe tratamiento, según la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, que es de 2013. El 42% restante, o 3.889.669 de adultos, no tiene la presión controlada. Si este programa se aplicara sobre esa población, por lo menos 801.272 hipertensos normalizarían sus valores de presión en 18 meses y con un costo para el sistema de salud de $ 1746 más por persona que con medidas aisladas. "Es una intervención muy costo efectiva", afirmó la autora.

Un estudio epidemiológico en zonas rurales y urbanas de 17 países, incluida la Argentina, dio cuenta en 2013 de que apenas un tercio de los hipertensos en tratamiento tiene valores normales de presión, según se publicó, entonces, en la revista JAMA. Por lo tanto, la población que podría beneficiarse podría ser aún mayor.

Para un grupo de editorialistas dirigido por Mark Huffman, del Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad de Northwestern, Estados Unidos, los nuevos resultados "demuestran que existe una intervención efectiva, comunitaria y dirigida por agentes sanitarios, que debería ser parte de cualquier programa de los sistemas nacionales de salud para lograr esas metas tan ambiciosas, incluidos los países de altos ingresos".

Fuente: La Nación

martes, 10 de octubre de 2017

Derecho al agua

La Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires admitió un recurso de amparo colectivo contra Aguas Bonaerenses para que se provea a los habitantes de 9 de julio la cantidad de agua potable necesaria para cubrir sus necesidades.

Derecho al agua En los autos "Kersich, Juan Gabriel y otros c/ Aguas Bonaerenses S.A. y otros s/ amparo", la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires admitió un recurso de amparo colectivo contra Aguas Bonaerenses para que se provea a los habitantes de 9 de julio la cantidad de agua potable necesaria para cubrir sus necesidades.

La denuncia fue efectuada por un grupo de vecinos por el mal funcionamiento del servicio y por los niveles de arsénico detectados en el agua, superiores a los permitidos en los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud y solicitaron que se realicen los trabajos necesarios para adecuar la calidad y potabilidad del agua de uso domiciliario.

Los miembros del Máximo Tribunal, presidido por Hilda Kogan, sostuvieron que el amparo colectivo debe ser admitido, ya que cumple con el requisito básico de este tipo de recursos, que es lograr beneficios colectivos.

Agregaron que, en este caso, resulta de fundamental importancia el derecho de acceso al agua potable y la aplicación del principio de prevención y, aun en la duda técnica, del principio precautorio, como sustento de ese derecho.

Los magistrados explicaron que el acceso al agua potable incide directamente sobre la vida y la salud de las personas, razón por la cual debe ser tutelado por los jueces.

En esa línea, los jueces añadieron que en el campo de los derechos de incidencia colectiva, es fundamental la protección del agua para que la naturaleza mantenga su funcionamiento como sistema y su capacidad de resiliencia.

Finalmente, los miembros de la Corte bonaerense remitieron la causa tribunal de origen a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento que de una solución al conflicto.

Fuente: Diario Judicial - Ver fallo completo

lunes, 9 de octubre de 2017

Obras sociales provinciales pidieron a Nación regular el mercado de medicamentos

En el marco de un nuevo encuentro del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA), pidieron que el Estado nacional intervenga en el mercado, para evitar los abusos de la industria farmacéutico.

Con la participación de directivos y representantes de unas 17 entidades, se llevó a cabo la pasada semana en la ciudad de Resistencia una nueva reunión el Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA). Durante la apertura, diversos discursos y análisis apuntaron al impacto que tiene el valor de los medicamentos en la fortaleza financiera de estos organismos, que dependen de los estados provinciales, lo que atenta contra el sistema actual de la seguridad social. Por esto, as entidades presentes pidieron a Nación que haya una regulación del valor de los fármacos, para evitar los abusos de la industria farmacéutica, en especial en los tratamientos de alta complejidad.

Con la presencia del gobernador de Chaco, Domingo Peppo y el ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García, la nueva reunión del COSSPRA comenzó analizando el impacto de los fármacos en la salud financiera de las obras sociales provinciales. En este punto, se habló de la cobertura que pueden ofrecer las entidades, y se pidió la intervención del Estado nacional. “El gobierno nacional debe tomar cartas en el asunto, que fije los precios de los medicamentos y que regule el mercado”, sostuvo en su presentación Fernando Cañete, titular del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER).

“Fue intenso el debate sobre las innovaciones tecnológicas que están llegando al mercado argentino y que las obras sociales debemos cubrir. Ponen en riesgo el sistema de solidario de salud. Pretendemos que los recursos que tienen las obras sociales provinciales alcancen para todos los afiliados y no para unos pocos”, remarcó Cañete en su discurso. El funcionario dijo que la COSSPRA concluyó en que el Estado “debe generar políticas que resguarden el sistema solidario, puesto en riesgo por los avances tecnológicos y el alto costo de la industria del medicamento”. Además, agregó que “el Estado nacional no ha tomado intervención, por lo que concretamente, le pedimos que deje sin efecto el decreto 150/92, que se refiere al registro, elaboración, fraccionamiento, prescripción, expendio, comercialización, exportación e importación de medicamentos”.

En rigor, el decreto autoriza a laboratorios, droguerías, farmacias, obras sociales con farmacias propias y a organismos públicos de salud que los soliciten, a importar aquellas especialidades medicinales o farmacéuticas inscriptas en el registro de la autoridad sanitaria nacional. “Pedimos que tome cartas en el asunto, que fije los precios de los medicamentos y que regulen el mercado”. “Necesitamos previsibilidad en el sistema”. El funcionario entrerriano detalló que los equipos técnicos analizaron “la situación que se genera por los amparos que reciben las obras sociales, cada vez con mayor asiduidad, que los obliga a realizar coberturas de distinta naturaleza. Por otra parte, los equipos prestacionales estudiaron el avance tecnológico y de medicamentos y trabaja en la consolidación de protocolos”.

Por su parte, Ginés Gonzales García brindó una charla sobre la evolución de la tecnología en la salud y su costo en el sistema. El médico afirmó además que no se trata de un problema de ricos o pobres, aclaró que el sistema no basta y aseveró que el problema debe tomarse con la seriedad que merece. “No se puede legislar redactando leyes para resolver patologías, sino que hay que preservar el sistema solidario. Para eso hay que sentarse y evaluar cómo se puede seguir financiando el sistema solidario, para seguir manteniendo la cobertura que le damos a todos los afiliados en el país”, explicó.

Fuente: Mirada Profesional 

viernes, 6 de octubre de 2017

Los dolores de cabeza de los médicos particulares: agendas apretadas, gastos fijos en alza y pagos demorados

Especialistas adheridos al sistema de prepagas y consultados por LA NACION expusieron los conflictos que enfrentan a diario; las empresas evitaron contestar las críticas del sector.

Los médicos que prestan sus servicios a las empresas de medicina prepaga reciben un honorario de entre 150 y 250 pesos por consultaLos problemas que enfrentan a diario los médicos particulares en sus consultorios se acrecientan sin tener una solución clara o respuesta por parte del sistema de salud. Agendas apretadas, gastos fijos en alza y demoras en los pagos son algunos de los ribetes que adquiere un escenario complejo en aumento que repercute en la relación entre el especialista y el paciente.

"Las empresas de medicina prepaga fijan nuestros honorarios", explica Analía Tablado, ginecóloga del centro médico Santa Rita. El médico recibe de la empresa a la que presta sus servicios un honorario promedio de entre 150 y 250 pesos por consulta. A esa ganancia, explica la médica, hay que restarle los gastos por el alquiler del consultorio y los impuestos. Es así que "el 50-60% de lo que se recibe se va en gastos".
  
El tesorero del Colegio de Médicos, Juan Marchetti, opina que "la retribución para los médicos es paupérrima". "No puede ser que un plomero cobre 500 pesos por cada visita a una casa y un médico reciba solo 140 pesos por consulta". Para dar cuenta de esta situación, el tesorero cuenta que del total de gastos que incurre una empresa para una internación, el trabajo que realiza el profesional solo representa un 5%: "Para la prepaga, el médico es lo más barato".

Pero ese no representa el mayor problema. Lo más preocupante para los médicos, según testimonios recogidos por LA NACION, es que su poder de negociación frente a las prepagas es casi nulo. "Si yo no acepto el precio, me dicen, «váyase»", cuenta Tablado, ya que "la lista de espera de médicos que buscan trabajar para estas empresas es infinita". Javier Martel, médico pediatra, afirma lo mismo: "No hay forma de pedir aumento".

Frente a estas críticas, LA NACIÓN intentó comunicarse con las prepagas mencionadas por los especialistas (Osde, Swiss Medical, Omint, Medicus, Osmecon, Osdipp y Galeno). Cuando se les consultó sobre este panorama y se les pidió una evaluación, se abstuvieron de realizar comentarios al respecto.

En la vereda opuesta: los centros médicos

Los únicos que tienen más poder de negociación son los centros médicos de internación porque cuentan con un bien muy preciado y escaso: las camas. Esa es su moneda de cambio.

Una especialidad que logró agremiarse y sumar fuerzas aquí es la anestesiología, unidos bajo la Asociación Argentina de Anestesia. Al ser pocos, un total de 3.500 anestesiólogos, y dedicarse "a un práctica tan crítica y urgente", dice el presidente del Femeba, Guillermo Cobian, tienen un enorme poder de presión con el que logran negociar mejores convenios con las empresas de medicina prepaga. "Ganan en promedio cinco veces más que los médicos de otras ramas y son ellos mismos los únicos que certifican a nuevos especialistas, con cuentagotas", dice.

En este contexto, un especialista del sanatorio Mater Dei explica que una de las razones por los bajos honorarios se vincula con que hay una sobreoferta de médicos. "En 2013 en Argentina había un médico cada 262 habitantes, una de las tasas más altas del mundo", explica el especialista. "Al saturar la oferta, la demanda es dueña absoluta de las condiciones laborales", agrega.

A partir de los datos provistos por el Ministerio de Salud de la Nación, en 2013 había 3,94 médicos cada 1.000 habitantes en la Argentina. Si se compara al país con el resto del mundo, aparece posicionada al mismo nivel que varios países europeos, como España, Suiza, Italia, y también Australia. En relación con los restantes países del continente americano, a excepción de Cuba que encabeza la lista de cantidad de médicos y Uruguay, la Argentina se encuentra en una situación muy ventajosa en la región, duplicando la cantidad de médicos cada mil habitantes con que cuenta Brasil, por ejemplo, y casi cuadruplicando los de Chile y Perú, según la información que brinda OMS para ese año.

La alternativa de abrirse de la prepaga y trabajar de forma autónoma no es viable, ya que "los pacientes particulares casi no existen", dice Tablado. "Nadie quiere pagar una consulta particular si tiene alguna cobertura de salud". "Y si la hacen es para confirmar un diagnóstico y volver al sistema prepago", agrega el especialista del Mater Dei. Sin las empresas, los médicos no tienen pacientes. Se lo llama un "sistema cautivo", ya que los médicos no pueden irse y los pacientes tampoco quieren salir. Y cuánto más grandes son las empresas de seguridad social, más clientes incorporan y más poder tienen.

Agenda apretada

Una de las consecuencias de la vulnerabilidad del sistema es que el médico debe llenar su agenda al máximo colocando un paciente detrás de otro, y así, la calidad de la consulta se deteriora. Una médica que hizo su residencia en el CEMIC reconoció haber sido testigo de la mala atención que reciben los pacientes producto de estas agendas demasiado apretadas que además dificultan el conseguir turnos.

"Las empresas justifican el bajo honorario médico con la expectativa de proveerles de un gran número de pacientes, pero esto abarrota los consultorios, que siempre se atrasan y lo peor: la calidad de la atención se deteriora", aclara el especialista del Mater Dei.

Otro aspecto del sistema médico actual es que la relación entre el médico y el paciente no se fideliza en el tiempo. Los pacientes saltan de médico en médico según lo que les ofrecen sus cartillas médicas. Tablado menciona que muchas veces sus pacientes no se acuerdan de quiénes los atendieron anteriormente. "Al paciente no le importa quién es el médico, si es bueno o no con tal de que esté en su cartilla y no tenga que pagar".

Demora en los pagos

Otro inconveniente que padecen los profesionales médicos que dependen de las prepagas es la demora en los pagos. Martel explica que el plazo para cobrar es de 30 días pero muchas veces se extiende a 60 o 90. El especialista del Mater Dei confirma esta tendencia. "Si la consulta se hace el primero de octubre, recién se presenta la factura a la prepaga en noviembre, y algunas de las prepagas más grandes recién depositan los honorarios hasta 90 días después, es decir, ¡en febrero!". En tiempos de alta inflación, los sueldos pierden su valor al correr de las semanas.

Además ocurre de manera frecuente que la obra social, después de no pagarle a sus médicos durante varios meses, arregla pagarles pero con un descuento. "«Si querés te pagamos pero con un descuento», te dicen", aclara Martel.

«Si querés te pagamos pero con un descuento», te dicen las prepagas"

Las especialidades que incluyen urgencias, como las cirugías o la obstetricia, fueron aún más perjudicados en el último tiempo. Por una disposición reciente se les quitó el 25% adicional que cobraban por realizar un parto en horario nocturno o durante el fin de semana, reconociéndoles solo el mismo honorario que en horario laboral normal.

Los bajos sueldos también se sienten en las residencias. Marchetti señala que se liberaron muchas vacantes para estas instancias de posgrado porque los médicos recién recibidos, ante sueldos insuficientes, prefieren saltear esa etapa. Según la médica del CEMIC, un sueldo promedio para un residente de primer año en un hospital privado es de $17.203 y no se derivan aportes mientras que en los hospitales públicos arrancan en $22.000 con aportes. Los residentes del CEMIC tienen un horario de 8 a 17 horas pero eso "nunca se cumple, te vas cuando terminas", concluye.

Fuente: La Nación

miércoles, 4 de octubre de 2017

Por primera vez, el Hospital de Niños de La Plata tratará a un adolescente transgénero

Tras el reclamo de los padres, el menor de 13 años hará el tratamiento inhibidor de hormonas.

(Shutterstock)Por primera vez en sus 127 años de historia, el Hospital de Niños de La Plata "Sor María Ludovica" brindará un tratamiento inhibidor de hormonas a un adolescente transgénero, de 13 años, tras oír el reclamo de la familia del menor, que necesita adecuar su cuerpo tal como prevé la ley nacional de Identidad de Género.

"Está viviendo su identidad más o menos desde hace 7 meses con nosotros, aunque en las redes y con sus amigos salió del closet antes, como él dice", dijo a Télam Mauro Alarcón, papá de Gonzalo, el nombre que responde a su identidad autopercibida.

Fue en ese momento cuando la familia habló con la escuela y el conservatorio de música al que asiste e iniciaron el trámite del DNI, para que se lo llame con su nombre autopercibido. "Hace dos meses él nos planteó que algunas cosas de su cuerpo le empezaron a molestar, y empezamos a ver opciones para ayudarlo", señaló Alarcón.

El lunes próximo las autoridades de la institución pediátrica de La Plata, se reunirán con los padres de Gonzalo, para brindarles detalles de cómo se le proporcionará el tratamiento, que inicialmente se habían negado a realizar, según informaron familiares del niño.

El director Ejecutivo del Hospital de Niños de La Plata, José Pujol explicó que "se hará el tratamiento en este hospital; es la primera vez que se realizará y por ello consultaremos al Hospital General de Niños Pedro de Elizalde (de la ciudad de Buenos Aires), que tiene más experiencia".

"Confiamos que haya una respuesta institucional no sólo para Gonzalo sino para cada chico transgénero que lo necesite" explicó Alarcón, que contó que debieron sortear múltiples obstáculos para conseguir atención médica. Por eso acudieron al área de Género del Ministerio de Salud bonaerense y luego a la Defensoría del Pueblo.

Respecto al procedimiento, Alarcón detalló que desde el centro de salud "nos dijeron que el estándar es hacer un tratamiento con bloqueadores hormonales, que se suministra todos los meses y vuelve al cuerpo a un estado prepuberal. Se usa, por ejemplo, para detener el desarrollo hormonal precoz en niños".

El reclamo de los padres de Gonzalo se ampara en la Ley de Identidad de Género (26.743), que garantiza la cobertura de tratamientos médicos de adecuación a través del sistema de salud tanto público como privado.

La norma establece en su artículo 11 que en el caso de los menores de 18 años podrán "acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida" bajo ciertos requisitos, como que el trámite lo realicen sus representantes legales y con su expresa conformidad.

Fuente: Infobae

martes, 3 de octubre de 2017

“III Jornadas Nacionales de Derecho de la Salud” y “I Jornadas Sanjuaninas de Derecho de la Salud”

El Jueves, 2 y el Viernes, 3 de Noviembre, de 08:00 a 20:00 hs, se desarrollarán las “III Jornadas Nacionales de Derecho de la Salud” y las “I Jornadas Sanjuaninas de Derecho de la Salud”, en las instalaciones del Foro de Abogados de San Juan.

Estas jornadas son organizadas por el Observatorio de Salud, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y por el Instituto de Derecho de la Salud, del Foro de Abogados de San Juan.



Han sido invitados los más distinguidos profesionales de las ciencias jurídicas y medicas de nuestro país y de la región, todos ellos catedráticos reconocidos en el ámbito científico de sus países de origen y notables figuras dentro del Derecho de la Salud.

Correo electrónico para informes e inscripción: institutodederechodelasalud@gmail.com

Organizadores

Estas jornadas son organizadas por el Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, dirigido por la Dra. Marisa Aizenberg, en conjunto con el Instituto de Derecho de la Salud del Foro de Abogados de San Juan, dirigido por el Dr. Marcos Ibarra.

El Observatorio de Salud

El 14 de Septiembre de 2009, mediante la Resolución Nº22839/2009, el Decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, resolvió la creación del “Observatorio de Salud”, que funciona dentro del ámbito de la Secretaría de Extensión Universitaria. Se consideró para ello, la especial importancia que reviste para toda la sociedad asegurar la eficiencia, eficacia y equidad en el acceso al sistema sanitario, así como la garantía del pleno goce al derecho humano a la salud, siendo necesario a tal fin fortalecer los lazos entre la salud y el derecho mediante la creación de un ámbito propicio para la investigación, el análisis y el debate interdisciplinario del derecho de la salud, a fin de producir fuentes de conocimiento útiles para la comunidad en su conjunto.

El Instituto de Derecho de la Salud

Algunas cuestiones en torno al hombre merecen ser repensadas desde lógicas distintas, los métodos y las formas de abordaje de la cuestión salud, afectaciones de la dignidad humana, la autonomía para decidir, la relación médico paciente, la biomedicina, la bioética, la genética, la tecnología, entre otras cuestiones,  nos exigen nuevos esfuerzos intelectuales.

La potencia que han adquirido los derechos humanos, ha permitido resignificar al hombre, pero aun así, ni la medicina, ni el derecho, ni la política, ni otras ciencias,  en sus miradas individuales y particulares, han logrado dar verdadera respuesta al hombre de hoy.

Para un abordaje más completo de esta problemática se requieren nuevas herramientas, pero sobre todo nuevos enfoques, valoraciones múltiples que nos permitan conjugar lo social y lo individual, y adquirir nuevas capacidades para afrontar la era moderna.

Los nuevos fenómenos deben situarse en contextos de protección de los derechos humanos, en especial los nuevos contenidos del derecho fundamental a la salud, y promover la voluntad política, en contextos de diálogo,  que  aseguren una distribución adecuada de valores y beneficios, para mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas y de la sociedad en su conjunto.

Esta visión con alcance colectivo comprende, también, al diseño de las políticas públicas y la aplicación institucional del derecho en el campo de la salud, considera la incidencia de los marcos regulatorios, de los instrumentos contractuales de las organizaciones del sector salud,  y pretende  dotar a los actores políticos, sociales y sectoriales con herramientas e instrumentos necesarios para enfrentar estos nuevos desafíos de nuestra sociedad.

En este sentido promovimos la creación de un Instituto de Derecho a la Salud,  que busca asegurar el respeto y la vigencia de los derechos humanos, y promover un desarrollo social más equitativo, entendiendo que para ello se requiere  de instituciones dinámicas, con capacidad de aprender y dialogar, que mediante la divulgación científica y la formación de capital humano logren una presencia cada vez más protagónica en los distintos ámbitos profesionales  de las ciencias jurídicas, médicas y otras, de estrecha vinculación.

Autoridades

Presidente de las III Jornadas: Dr. Marcos Javier Ibarra

Presidentes Honorarios: Dra. Marisa Aizenberg; Dr. Miguel Ángel Ciuro Caldani; Dra. Ana Inés Díaz

Comité Ejecutivo: Dr. Lucas Amín; Dr. Mauricio Gallardo; Dra. Eliana Fernández; Dr. Julio Andino; Dra. Valeria Recabarren; Dra. María Soledad Ales; Dra. Emma Ferrero; Dr. Juan Manuel Colla; Dr. Maximiliano Nitto; Dr. Marcia Pareto; Dr. Mónica Pires, Dr. Andrés Brandolini, Dr. Martin Testa, Dr. Jonathan Brodsky

Homenajeados

Dra. Lily Flah

Abogada. Ex Titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 90. Profesora consulta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Resolución 2036/ 03. Representante de la Facultad de Derecho ante la Comisión de Maestría en Salud Pública (Rectorado Universidad de Buenos Aires), desde el año 1994. Subdirectora  del Dto. de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a partir del año 1994. Directora del Posgrado  “Actualización y profundización Derecho de  Salud” de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Integrante de la Cátedra Bioética de la U.N.E.S.C.O. Integrante de la Fundación Foro de Derecho Privado Latinoamericano, dirigido por el Dr. Ricardo Lorenzetti. Investigadora. Actuación en jornadas y congresos nacionales e internacionales. Integrante Comisión Mercosur de la Asociación de Magistrados y    Funcionarios de la Justicia Nacional. Actuación en universidades e institutos nacionales, provinciales y privados registrados en el país y en el extranjero.  Dictado de cursos y conferencias. Participación en la elaboración del Digesto Jurídico Argentino, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Autora de publicaciones en editoriales del país y del exterior, entre otras actividades y honores.

Dr. Aldo Neri

Médico y Diplomado en Salud Pública por la Universidad de Buenos Aires, de la que fue luego profesor y Director de su Escuela de Salud Pública. Fue Ministro de Salud y Acción Social de la República Argentina entre los años 1983 y 1986. Diputado Nacional en dos períodos (1987- 1991 y 2001-2005). Se desempeñó como consultor de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Banco Mundial (BM) y la Organización de Estados Americanos (OEA). Ha publicado tres libros y diversos capítulos en libros, folletos y artículos sobre temas sanitarios, sociales en general, y políticos.

Programa preliminar

Jueves 02 De Noviembre

Sede: Foro de Abogados de San Juan – Salón Sarmiento – Jujuy 51/63 Norte –San Juan

08:00 A 08:30 hs.; Acreditaciones
08:30 A 09:30 hs.; Panel de Bienvenida – Apertura de las Jornadas
09:30 A 10:30  – Conferencia de apertura “Potencias e impotencias, normas y valores en relación al Derecho de la salud”, a cargo del Dr. Miguel Ángel Ciuro Caldani. Presenta: Instituto de Derecho de la Salud del Foro de Abogados de San Juan
10:30 A 11:00  – Receso

Coffee Break

11:00 A 12:00 hs.; Panel “La Dignidad Humana como fundamento de los Derechos Humanos” a cargo de Dr. Ricardo Rabinovich-Berkman – (Abogado, UBA), Dr. Carlos Ignacio Massini Correas – (Abogado, UNC), Dr. Marcelo Fernández Peralta (Abogado, UCC). Coordina: Instituto de Derecho de la Salud del Foro de Abogados de San Juan
12:00 A 13:00 hs. Conversatorio “Pasado, Presente y Futuro de la Salud en Argentina” a cargo de Dra. Viviana Bonpland (Abogada, Ministerio de Salud de la Nación), Lic. Alberto Bozzolo (Lic. En Economía – Observatorio de Salud UBA) – Dr. Alejandro Yesurón (Secretario de Planeamiento y Control de Gestión Sanitaria del Ministerio  de Salud de San Juan), Coordina: Instituto de Derecho de la Salud del Foro de Abogados de San Juan
13:00 A 15:00 – Receso

Coffee Break

16:00 A 17:00 – Panel “Vulnerabilidad y Derechos” a cargo de Dra. María Silvia Villaverde (Juez civil), Dr. Juan Antonio Seda (Abogado, UBA), Dr. Adrian Helien (Psiquiatra, especialista en problemática de genero), Dra. Eleonora Lamm (Abogada, Sub-Directora de Derechos Humanos de Suprema Corte de Justicia de Mendoza) Coordina: Instituto de Discapacidad del Foro de Abogados de San Juan
17:00 A 18:00 – Panel “Desafíos del Bioderecho en Siglo XXI” a cargo de Dr. Daniel Chávez – (Medico, Universidad de Morón), Dra. Marisa Aizenberg – Directora Académica del Observatorio de Salud (UBA), Dra. Fabiana Marcela Quiani – (Abogada, Universidad de la Plata), Dra. Mónica Teresita del Cerro (Abogada, Jefa de Área Salud, Defensoría del pueblo de la Nación) Coordina: Instituto de Derecho de la Salud del Foro de Abogados de San Juan
18:00 A 18:30 – Receso

Coffe Break

18:30 A 19:30 – Conferencia Magistral  del Dr. Erick Valdez ( Abogado, OMS) Presenta: Instituto de Derecho de la Salud del Foro de Abogados de San Juan
19:30 A 20:30 – Ponencias

Viernes 03 De Noviembre

Sede: Foro de Abogados de San Juan – Salón Sarmiento – Jujuy 51/63 Norte –San Juan

08:30 A 09:00 – Ponencias
09:00 A 10:00  –  Panel “Salud y Tecnología: Fronteras y retos de la Telemedicina” a cardo de Dr. Roberto Debbag – (Médico, Coordinador del programa de Telemedicina del Hospital Garrahan), Dr. Juan Fuselli (Médico, CEMIC), Dr. Alan Gobato – (Abogado, Instituto de Derecho de la Salud, CASI), Dr. Daniel Luna (Médico, Hospital Italiano) Coordina: Instituto de Derecho de la Salud del Foro de Abogados de San Juan
10:00 A 11:00 – Panel “Derechos de los pacientes en contexto” a cargo de Dr.Luis Enrique Abbiati – (Abogado, Presidente de la Asociación Argentina de Bioética), Mg.Alfredo Dantiacq Sanchez – (Juez, Miembro del Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Bioética), Dra. Eugenia Ensabella (Médica, Comité de Bioética Hospital Dr. Guillermo Rawson). Coordina: Instituto de Derecho de la Salud del Foro de Abogados de San Juan
11:00 A 11:30 – Receso

Coffee Break

11:30 A 12:30 – Panel “Los limites en el mantenimiento de la vida” a cargo de Dra. Susana Ciruzzi – (Abogada, Hospital J.P. Garrahan), Dra. María Arrieta – (Médica, FUNDAME), Dra. María Soledad Ales – (Médica, cuidados paliativos), Miembro de Casa de la Bondad (Fundación Manos Abiertas). Coordina: Instituto de Derecho de la Salud del Foro de Abogados de San Juan
13:00 A 16:00 – Receso

Coffee Break

16:00 A 17:00  – Panel “Cambios en el sistema de responsabilidad civil médica a dos años del Código Civil y Comercial de la Nación” a cargo Dr. Jorge Meza – (Abogado, UBA), Dr. Juan Carlos Boragina – (Abogado, UBA), Dr. Marcelo López Mesa – (Abogado, Asesor General de la Provincia de Buenos Aires), Dr. Rubén Pontoriero (Abogado), Dr. Raúl Gustavo Sillero (Abogado, UCCuyo). Coordina: Instituto de Derecho de la Salud del Foro de Abogados de San Juan
17:00 A 18:00 – Panel “Perfilando la salud como derecho, el rol de la judicatura en los conflictos de Salud” a cargo de Dra. Lily Flah – (Ex Jueza), Dr. Gustavo Caramelo (Juez Nacional en lo Civil), Dr. Roberto Pagés Lloveras – (Juez, Cámara de Paz letrada de la Provincia de San Juan),  Dra. Ana Inés Díaz (Abogada, especialista en conflicto Sanitario, Directora del instituto de Derecho de la Salud del Colegio de abogados de Mar del Plata). Coordina: Instituto de Derecho de la Salud del Foro de Abogados de San Juan
18:00 A 18:30 – Receso

Coffee Break

18:30 A 19:30 hs. Conferencia de Clausura a cargo de la Dra. Marisa Aizenberg. Presenta: Instituto de Derecho de la Salud del Foro de Abogados de San Juan
19:30  A 20:30 –  Palabras de Cierre y Conclusiones finales

Paneles y ejes temáticos 

La dignidad humana como fundamento de los derechos 
Dignidad y  derechos
Dignidad y Bioética
La salud como cuestión social

Cambios en el sistema de responsabilidad civil médica a dos años de la sanción del Código Civil y Comercial. 
La acción preventiva de daños
Transferencias de riesgos
Nuevos legitimados para demandar por daño extrapatrimonial
La responsabilidad profesional. Límites
Deberes y Derechos del profesional médico. El error de diagnostico
La responsabilidad de las instituciones de salud
Análisis jurisprudencial en materia de responsabilidad civil medica

Vulnerabilidad y derechos 
La Autonomía. El derecho al ejercicio de la toma de decisiones sobre el propio cuerpo
El después de la Ley de Salud Mental
El fin de la sustitución de derechos, el sistema de apoyos
Demandas en Salud a partir de la Ley de identidad de Genero
Discapacidad, inclusión y accesibilidad

Diálogos institucionales, repensando la salud como sistema 
Fórmulas para la cohesión de un sistema fragmentado, pensando en clave de salida
Realidades, mitos, y desafíos de cada subsistema
Cobertura Universal en salud, perspectivas y alcances
La salud privada: El financiador, el consumo y la irracionalidad en la asistencia médica

Salud y tecnología, fronteras y retos de la telemedicina 
La telemedicina como modalidad de atención
Salud 4G
Regulación legal de la telemedicina
La intromisión de la tecnología. El alejamiento del cuerpo
El paciente (des) informado en la era de la tecnología
El ciberpaciente
Medicina Bioelectrónica
Seguridad de la información en ámbitos y aplicaciones electrónicas de salud

Desafíos del bioderecho en el Siglo XXI 
La introducción de la bioética en el Código Civil, el puente entre la ciencia y la ética
Manipulación genética
Maternidad subrogada
La investigación en seres humanos y su regulación en el CCyC
Trasplantes de órganos
Bioderechos

Perfilando la salud como derecho, el rol de la judicatura 
Judicialización de la salud
El Problema de la asignación de recursos salud en términos de justicia
Racionalidad: Salud o rentabilidad
Tratamientos y medicamentos experimentales. Cannabis
Resolución de conflicto sanitario

Los derechos de los pacientes en contexto 
Ley de Derechos del Paciente
Trato digno y no discriminatorio del paciente crónico
Asistencia médica y objeción de conciencia
¿Qué es lo importante en la relación médico paciente?
El Consentimiento informado, la autonomía y el proceso de toma de decisiones.
Directivas médicas anticipadas
La relación equipo de salud-paciente- familia

Los límites en el manteamiento de la vida 
Encarnizamiento terapéutico y encarnizamiento judicial
Cuidados paliativos
Pacientes terminales y derechos vulnerados
La protección jurídica del paciente terminal
Los derechos del paciente terminal como derecho humano fundamental